DESIGUALDAD Y

CLASES SOCIALES

Estudios sobre la estructura social paraguaya

Luis Ortiz (Coordinador)

Fernando Cortés

Ramón Fogel

Luis Galeano

Carlos Gómez

Marcello Lachi

Luis Ortiz

Marielle Palau

Milda Rivarola

José C. Rodríguez

Verónica Serafini

Clyde Soto

Fabricio Vázquez

Desigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya / Fernando Cortés [et al.]; Coordinación general de Luis Ortiz - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Asunción: CEADUC-Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción; Asunción: ICSO-Instituto de Ciencias Sociales, 2016.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-722-214-2

1. Desigualdad. 2. Clases Sociales. 3. Paraguay. I. Cortés, Fernando II. Ortiz, Luis, coord. CDD 305.5.

Biblioteca de Estudios Paraguayos

Director: Nilo Zárate

Volumen 106

CEADUC – Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” Independencia Nacional y Comuneros

Asunción – Paraguay

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Colección Estudios sobre las Desigualdades (CLACSO)

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© CEADUC/CLACSO/ICSO/Luis Ortiz (Coordinador)

Desigualdad y Clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya

ISBN 978-987-722-214-2

Hecho el depósito que prescribe la Ley Derechos reservados conforme a la Ley

Diseño Gráfico

Jorge Almada Toñánez jor.almada@gmail.com

Noviembre, 2016

Índice

Presentación

Prólogo. Un aporte fundamental al estudio de la desigualdad, las clases y la estructura social

Introducción

Luis Ortiz

Discusiones sobre desigualdad y clases sociales en América Latina en los albores del siglo XXI

Fernando Cortés

Castas y clases. Una lectura de la estructura social paraguaya

Milda Rivarola

Sobre castas y clases. Complementos de una lectura sobre la estructura social paraguaya

Carlos Gómez

La estructura social y su reflejo en el campo político paraguayo

Ramón B. Fogel Pedroso

La clase: más que estructura, una relación de explotación

Marielle Palau

Clase obrera en el Paraguay. Herencia y legado post-autoritario

José Carlos Rodríguez

Sobre la existencia de la “clase trabajadora” en Paraguay. Un análisis empírico

Marcello Lachi

Transformación del modelo agrícola y cambios en la estructura de clases

Luis A. Galeano

Nuevos escenarios rurales y agrícolas: lectura crítica sobre la estructura agraria y las clases sociales

Fabricio Vázquez

Clase, género y pobreza. Algunas ideas para el debate

Verónica Serafini Geoghegan

Género y clase, una imbricación ineludible

Clyde Soto

Apuntes para el estudio de las clases en la sociedad paraguaya

Luis Ortiz

Sobre los autores

Presentación

La obra que presentamos, Desigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya, es una contribución significativa al conocimiento de la sociedad paraguaya, en la cual las diferencias sociales entre los sectores que la conforman resultan en límites para la construcción de un país equitativo, además porque refuerza otras inequidades que en su conjunto afectan al sentido de comunidad nacional, difícilmente imaginada sin condiciones de vida y oportunidades sociales para todos los habitantes.

El trabajo de coordinación, a cargo del Dr. Luis Ortiz, destaca por el cuidado en la articulación de las áreas temáticas en las que se trata la desigualdad social y su expresión de clase, haciendo posible, en primer lugar, disponer de un contexto general sobre la discusión a propósito de la cuestión en América latina, para luego concatenar una ilación histórica, política y sociocultural de la problemática abordada en el libro. Esto permite contar con un panorama sobre las condiciones sociales e institucionales en las cuales la sociedad paraguaya se desenvuelve hallando en una estructura de relaciones sociales los límites pero también los desafíos para un cambio que haga posible otras condiciones, favorables para toda la población o al menos, propiciar la disminución, en el mediano plazo, de los efectos negativos de la desigualdad, la exclusión y la pobreza.

Desde el punto de vista teórico, el trabajo resalta por la combinación de conceptos y discusiones que desde distintos ángulos –según las temáticas tratadas– hacen posible un abordaje multidimensional de las clases sociales y la repercusión de las relaciones sociales evocadas por todos los autores, en la producción y reproducción de las desigualdades en la sociedad. Asimismo, desde el punto de vista metodológico, la mayoría de los capítulos se caracterizan por arrimar evidencias empíricas para sostener los argumentos, lo cual suma fuerza al desarrollo de los planteamientos movilizados.

El libro tiene la virtud de dar lugar a un abordaje multidisciplinario en la comprensión y explicación de la estructura de clases, de modo que hay miradas que provienen tanto de la sociología como de la geografía, de la ciencia política como de la economía, de la historia como de la perspectiva cultural. Esto, con el corolario de la variedad y amplitud bibliográfica, que aportan al campo de las ciencias sociales un verdadero “estado de la cuestión” para todos aquellos que buscaran abordar la problemática científica aquí tratada con referencias pertinentes pero también oportunas.

Finalmente, es para nosotros una satisfacción coordinar una coedición con el Instituto de Ciencias Sociales, marco institucional desde el cual las reflexiones vertidas en los textos de esta compilación tuvieron lugar, al exponer las ideas y las discusiones del Primer Foro Interdisciplinario de Ciencias Sociales. Asimismo, celebramos la participación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en este esfuerzo, que da prestigio académico así como divulgación internacional a una contribución científica que no se limita sólo a la sociedad paraguaya sino suma al acervo de conocimiento latinoamericano sobre la cuestión.

Dr. Nilo D. Zárate López, sdb

Director del CEADUC

Prólogo

Un aporte fundamental al estudio de la desigualdad, las clases y la estructura social

Desde inicios de los años 2000, América Latina ha vivido un período de transformaciones profundas. La reducción de los altos niveles de pobreza fue quizás uno de los avances democráticos más notables. Sin embargo, América Latina continúa siendo la región más injusta y desigual del mundo, un mérito que comparte con el África Subsahariana. En algunos países de la región, la desigualdad ha aumentado y se ha hecho más compleja, al mismo tiempo que los niveles de pobreza disminuían y la democracia se hacía más estable. Una evidencia que puso en cuestión algunas ideas convencionales de las ciencias sociales y que no parecían tener otro fundamento que las buenas intenciones. La desigualdad corroe las bases de sustentación de la democracia y pone en peligro las importantes conquistas sociales de un conjunto de políticas de inclusión cuyos beneficios se amortiguan y desestabilizan mientras no se transforman las causas que producen y reproducen la injusticia y la exclusión social.

Siendo así, develar las dinámicas históricas, económicas, políticas, sociales, culturales y territoriales de la desigualdad es, además de un inmenso desafío analítico, una urgente necesidad política. Para transformar democráticamente nuestras sociedades no alcanza con entender las razones que explican por qué se reproducen y persisten la explotación, la dominación y la humillación que sufren cotidianamente millones de latinoamericanos y latinoamericanas. Pero si no comprendemos cómo operan estos mecanismos históricos de opresión, difícilmente podremos cambiarlos. Las ciencias sociales evidencian así su valor político y la profundidad de los desafíos teóricos que deben enfrentar.

Por eso este libro constituye un aporte de enorme relevancia. Los méritos de la obra coordinada por Luis Ortiz y realizada gracias al excelente trabajo académico que lleva a cabo el Instituto de Ciencias Sociales de Paraguay, son diversos y notables. Por un lado, y a contramano de enfoques que abandonan el necesario debate y revisión teórica de las categorías centrales del pensamiento social crítico, este libro examina los procesos de producción de desigualdades, de reproducción de la pobreza y la exclusión, a la luz de la categoría de clase, analizada e indagada desde múltiples abordajes y referencias analíticas de destacado valor. Una contribución importantísima, ya que nos ayuda a comprender que la relación entre las categorías de clase y desigualdad resulta imprescindible para entender no sólo cómo se reproducen, construyen y configuran las formas de dominación, sino sobre qué estructuras ellas se edifican y persisten. Esta obra contribuye a poner en evidencia que no sólo se trata de denunciar la desigualdad, sino de entender su origen y sus múltiples causalidades. Y que, para esto, el retorno a la categoría de clase resulta fundamental.

Luis Ortiz ha convocado para este volumen a algunos de los más destacados intelectuales paraguayos contemporáneos, autores y autoras que, en los últimos años, han sido fundamentales para entender la compleja realidad social y política de su país así como la de América Latina. Lamentablemente, no son frecuentes en nuestra región obras como ésta, en la que aportes y enfoques tan diversos, plurales y no siempre coincidentes, se amalgaman para ofrecer un cuadro analítico riguroso y fundamentado sobre la estructura social de un país.

En esto último reside uno de los principales méritos de Desigualdad y Clases Sociales. Se trata de un libro sobre la realidad paraguaya contemporánea, que examina la compleja estructuración histórica de una

sociedad cuyo desarrollo autónomo y soberano fue interrumpido por una guerra infame y vergonzosa en el siglo XIX y por una sistémica fragilidad institucional democrática derivada de las sucesivas dictaduras que marcaron su tránsito por el siglo XX, siendo una de ellas de las más crueles y largas de las que ha vivido la región. Sin embargo, y sin desconsiderar las especificidades analíticas que hacen de ésta una obra fundamental para comprender la sociedad paraguaya, se trata de un aporte imprescindible, por su densidad teórica y por el rigor de sus enfoques metodológicos, para entender cuestiones fundamentales de las ciencias sociales críticas contemporáneas. Quien lea este libro podrá conocer y comprender de manera profunda el Paraguay que se edificó en la post-dictadura, desde 1989 hasta la actualidad. Pero también, podrá aproximarse a un amplio inventario de temas y conceptos de las ciencias sociales, como el análisis de abordajes innovadores y provocativos de los procesos de movilización y lucha social; el estudio de la discriminación de género y sus relaciones con la pobreza y la exclusión; el examen de las formas de explotación y las de resistencia de la clase obrera; o las dinámicas que estructuran la propiedad de la tierra y la explotación campesina; los procesos de transición a la democracia y la complejidad del sistema político en un país marcado por el autoritarismo; o la importancia de un enfoque histórico crítico en el abordaje de la estructura social nacional, entre tantos otros.

Este libro expresa además la riqueza y vitalidad de las ciencias sociales en Paraguay. Uno de los tantos efectos negativos de la larga dictadura que sufrió el país hasta casi inicios de la década del noventa, fue la dificultad de estructurar un campo académico estable, con recursos y aportes públicos que permitan la investigación autónoma, la formación de nuevas generaciones de investigadores e investigadoras sociales, así como el desarrollo de programas de postgrado donde anclar la investigación social. Sin embargo, esta obra es una elocuente evidencia de cómo las y los intelectuales paraguayos críticos no se han dejado doblegar por las adversidades, muchas de las cuales aún persisten casi treinta años después de terminada la larga y tenebrosa dictadura. Hacer análisis social crítico, científicamente fundamentado y metodológicamente riguroso, es siempre difícil, en cualquier sitio. Pero hacerlo en Paraguay, quizás lo sea muchísimo más. De tal forma, Desigualdad y Clases Sociales constituye una clara expresión de que podrían desarrollarse en el país unas ciencias sociales de excelente calidad si los gobiernos y las instituciones de educación superior apostaran, confiaran y contribuyeran con el desarrollo de trabajos como éste. En este sentido, todo el apoyo académico externo que pueda recibir el país debería ser bienvenido. Entre tanto, este libro muestra que el principal activo que tienen las ciencias sociales paraguayas, son los y las cientistas sociales que hacen ciencia rigurosa y de excelencia en el país, enfrentando a menudo la indiferencia oficial, la falta de recursos y la frágil inserción institucional para el desarrollo de sus programas de investigación y formación.

CLACSO se enorgullece de coeditar esta obra con el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica, de Paraguay, por la calidad académica de cada uno de sus capítulos y por el compromiso político de sus autores y autoras, realizando así un aporte fundamental a las luchas por un Paraguay más justo, más igualitario y democrático. Estamos convencidos que la obra coordinada por Luis Ortiz se transformará en una referencia obligada de las ciencias sociales críticas latinoamericanas. No es poca cosa, en un país que erróneamente ha sido definido como “cementerio de las teorías” y nunca ha dejado de aportar intelectuales sofisticados y rigurosos, así como obras inspiradoras, originales y complejas, como ésta y como tantas otras que estarán por venir.

Dr. Pablo Gentili1

Secretario Ejecutivo de CLACSO

1 Profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro

Introducción

Luis Ortiz

Este libro busca contribuir en la ruptura con una tradición académica: la que se caracteriza por abordar la cuestión social, es decir, la desigualdad, la exclusión y la pobreza, abstraída de la totalidad de la estructura social, sin cuya referencia pierde sentido las relaciones y las instituciones que se hallan en la base de su reproducción.

Con ese propósito, el Instituto de Ciencias Sociales promovió un foro de discusión, en octubre de 2014, sobre una categoría clave en el estudio de la estructura social paraguaya: las clases. Los investigadores convocados para el evento abordaron las implicaciones de las clases desde diferentes ángulos, resultando en una aproximación interdisciplinaria, con perspectivas y análisis complementarios.

Los textos de esta obra aportan ideas, conceptos y críticas a los abordajes establecidos sobre la estructuración de las clases en el marco de las transformaciones que experimentó la sociedad paraguaya en el periodo posterior al derrocamiento del régimen autoritario en 1989. En este abanico de lecturas y miradas sobre la estructura social paraguaya, se exponen las actuales discusiones en torno a la desigualdad social, la pobreza y la exclusión, procesos persistentes y limitantes de la expansión de las oportunidades sociales y derechos de ciudadanía en el país, que socavan los horizontes de su democratización social y política.

Se hace pertinente, para dar cuenta de la sociedad paraguaya desde las ciencias sociales, superar la visión provinciana según la cual ciertas teorías y ciertos abordajes no tienen plausibilidad para dar cuenta de la especificidad de la estructura social. De esta visión es tributaria la idea de que “Paraguay es el cementerio de las teorías”, es decir, que ciertas problemáticas comunes en los casos históricos a nivel internacional no pueden indagarse en este país debido a una supuesta “excepción cultural”. Sin embargo, la única excepción de su historia social es la relativamente reciente institucionalización del campo científico en cuyo marco se impone la necesidad de revisar ciertas perspectivas teóricas y metodológicas para introducir en la sociedad ciertas discusiones científicas, que requieren un esfuerzo crítico, para contribuir en su desarrollo cultural.

Los enfoques y abordajes que en otras partes tuvieron fecundos resultados en la explicación de las estructuras y los procesos sociales pueden, en el caso paraguayo, adquirir plausibilidad y pertinencia, a condición de controlar escrupulosamente, desde una epistemología reflexiva y crítica, el empleo de las categorías en diálogo con la realidad histórico-concreta y de la mano de la investigación científica. A este respecto, la categoría de clase social, con sus antecedentes y despliegues, constituye una problemática crucial de la que las ciencias sociales pospusieron su atención en el país.

A propósito, se requiere escrutar los distintos aspectos de la categoría al constatar que las sociedades de América latina y Paraguay basan en las clases sociales los fundamentos de sus estructuras sociales: las desigualdades más empotradas y que más clivajes socioeconómicos, políticos y culturales generan son las desigualdades de clase. Con ese propósito, los planteamientos de esta compilación proceden de las contribuciones clásicas de las ciencias sociales sobre la estructuración de clases sociales en la sociedad capitalista, así como las discusiones que tuvieron lugar en los estudios latinoamericanos desde mediados del siglo XX acerca de la especificidad del desarrollo capitalista en América latina. El centro de esta obra se halla, así, en las contradicciones del mercado capitalista y sus trabazones con los regímenes político-institucionales.

En esta línea, la contribución de Fernando Cortés da cuenta de la discusión sobre la relación entre desigualdad y clases sociales en América latina, indicando en primer lugar las formulaciones de la economía clásica a propósito de la correspondencia entre crecimiento económico y desigualdad social, seguido de la crítica desde la perspectiva estructuralista cepalina del abordaje clásico en cuestión. Posteriormente expone la discusión sobre las clases sociales procedente también de dos tradiciones teórico-políticas marcadamente diferentes: la del pensamiento neoconservador auspiciado por organismos multilaterales de cooperación y la de la teoría social latinoamericana, en el seno de la cual Cortés esboza las implicaciones de una y otra perspectiva, proponiendo como síntesis un horizonte de posibilidad para la renovación de la teoría social en su abordaje de la desigualdad social, tomando el análisis del poder como eje fundamental, tal como lo planteó el enfoque de la heterogeneidad estructural. La tesis de Cortés es que las categorías dominantes para dar cuenta de la desigualdad social y ésta de clases, no permitieron vislumbrar todos los aspectos plausibles y las potencialidades heurísticas a propósito de los determinantes de la reproducción de la estructura social y de proposiciones adecuadas sobre políticas públicas redistributivas y compensadoras para avizorar su transformación democrática.

El trabajo de Milda Rivarola expone las formas históricas de la diferenciación social en la estructura social paraguaya. Indica, con base en evidencias historiográficas, de qué modo la construcción de una distinción étnica de la población marcó durante más de tres siglos una forma estamental de organización social, en la cual el linaje y las instituciones jurídico-políticas delineaban la pertenencia a los diferentes grupos sociales en la sociedad. Con la debacle que sucedió a la Guerra de la Triple Alianza en el siglo XX, los criterios de diferenciación social dejaron de responder predominantemente a la ascendencia étnica (concreta o imaginaria) debilitándose sus instituciones históricas. Sin embargo, la tesis de la autora es que indirectamente la sociedad paraguaya continuó, hasta la actualidad, a entretejer formas estamentales con formas basadas en mecanismos de mercado para la definición de su estructura social.

Por su parte, Carlos Gómez amplia ciertas vetas del análisis histórico de Rivarola, discutiendo en especial la problemática del autoritarismo en el siglo XX y la ideología nacionalista. Según Gómez, la construcción del Estado bajo el declive de la economía extractivista desplazó la visibilidad de la estructura de clases a un imaginario comunitarista, producto de una construcción ideológica deliberada, la del discurso nacionalista, con la que las diferentes clases y sectores de la sociedad paraguaya, fragmentados y arrinconados por el poder establecido, se convirtieron en objeto de políticas públicas que buscaron afanosamente desplazar el conflicto social –y la amenaza comunista– hacia una estructura social con fuerte control estatal.

El texto de Ramón Fogel da cuenta de las trabazones entre la estructura social y el campo político paraguayo en los veinticinco años que sucedieron al inicio del proceso de democratización. Concentra el planteamiento en la caracterización de las clases desde un enfoque de estructuración tripartita de la sociedad paraguaya: clases dominantes, clases medias y clases populares. En la exposición de las características de cada una, el autor expone tipo concretos de participación de los sectores y los actores sociales en la estructura de poder, indicando los alcances y límites que presenta cada uno en el difícil tránsito hacia escenarios de mayor igualdad y justicia social que impriman su sello democrático al régimen político.

Marielle Palau adhiere a las consideraciones de Fogel pero lleva la discusión sobre la definición de las relaciones de clase hasta el límite crítico de su estructuración: la explotación social. En clave de la autora, la clase no implica sólo una relación social que puede atenerse a formas atenuadas del conflicto sino que, para entender su expresión histórico-concreta en la sociedad paraguaya, la disputa por el excedente adquiere formas recurrentes de conflicto que lleva a sectores sociales a movilizarse por la reivindicación de condiciones de vida que aseguren su existencia y su reproducción, en una estructura social en la que el poder es extremadamente agresivo bajo la lógica de la concentración económica y la tentativa constante del sometimiento político.

En su contribución, José C. Rodríguez plantea la tesis de que en la historia moderna paraguaya, que emerge con la instauración del capitalismo en la sociedad, las clases trabajadoras se hallaron en una tensión entre la autonomía de sus organizaciones -y su acción colectivay la sujeción a los poderes fácticos que buscaron recurrentemente someter y cooptar al sector obrero manufacturero, durante los diferentes momentos del desenvolvimiento de las fuerzas productivas en el país y del desarrollo de la lucha de clases, que conjuga las expresiones organizativas con la conciencia de clase.

Marcello Lachi, sin embargo, discute las tesis de José C. Rodríguez en tanto y en cuanto la definición de las “clases trabajadoras” no se ajusta a la experiencia histórica del periodo de democratización desde 1989, en la que la constante ha sido el paulatino debilitamiento de la acción colectiva de los actores sindicalizados y, en consecuencia, no cuajó en el régimen institucional la conquista de derechos sociales y económicos propios de una democracia con bienestar. La discusión sobre las características de las clases sociales en Paraguay, según el autor, remite a la constante interpelación del proceso histórico en el cual la definición de las identidades de clase involucra la formación política para la instauración de conciencia, pero cuyo margen de maniobra está dado por el orden social y político que tiende a concentrar y monopolizar los recursos y las posibilidades factuales de ejercicio de los derechos.

En su artículo de análisis de la estructura agraria, Luis Galeano delinea las características de los sectores sociales, privilegiados y desfavorecidos, que constituyen los escenarios rurales, esbozando los procesos en los que unos y otros traban relaciones sociales conflictivas, basadas fundamentalmente en la disputa por la tierra. En el caso de los establecimientos agropecuarios de gran porte, el acaparamiento de los recursos productivos se da como condición de la concentración del poder en la estructura social rural, mientras que los establecimientos minifundistas buscan afanosamente perdurar en sus economías y lógicas sociales. En el caso de estos últimos, según Galeano, opera un proceso de diferenciación interna correlativa con la expansión del modelo agroexportador, de modo que las tendencias pueden entreverse en algunos tipos ideales que encierran las claves de prospección del porvenir de la población campesina.

En el texto de Fabricio Vázquez, el abordaje de la estructura agraria se sitúa en otro punto de vista. Según este autor, el “inventario” del mundo rural no depende tanto del análisis del tamaño de la finca y de la exposición de clivajes sustantivos, sino implica más bien reconocer los mecanismos por los cuales los sectores agropecuarios que introducen una lógica socioeconómica de eficiencia resultan favorecidos en la ampliación de sus oportunidades de negocios y por lo tanto de expansión territorial de sus establecimientos. El contrafactual de Vázquez a este respecto es que no se trata necesariamente de las fincas situadas en los rangos más altos de superficie sino en las de rango medio donde la acumulación y prosperidad económica opera en la estructuración de las condiciones productivas y comerciales. Según este autor -a contracorriente de las tesis de la sociología rural sobre la trabazón entre estructura social y procesos políticos-, los sectores minifundistas responden a estrategias atávicas, no aggiornadas a las características de un mercado agropecuario internacional, lo que explicaría su rezago y progresiva retracción en la estructura social paraguaya.

En su ensayo, Verónica Serafini expone las formas dinámicas que adquieren la pobreza y la exclusión en la sociedad paraguaya a partir de la consideración de la categoría de género. En los términos de la autora, la reproducción social cobra un carácter central en el análisis de la estructura de clases en tanto y en cuanto la posición relegada de las mujeres comporta un sistema de dominación que refuerza –o incluso explica– el de las relaciones de clase. Entender las instituciones del patriarcado como expresión de una lógica social de dominación económica y política invita al análisis histórico a revisar el entroncamiento de las relaciones de clase y las relaciones de género como dos caras de una misma moneda en el análisis de los determinantes de la desigualdad social.

En el texto de Clyde Soto, la autora sitúa la discusión conceptual entre las categorías de género y clase en la estructura social donde se entiende el trabajo de producción y de reproducción que, asignados en función de una división sexual del trabajo propia del capitalismo, permiten dar cuenta de la estructura de desigualdades sociales. A este respecto, los factores históricos y políticos que se hallan en la base de la construcción social de la diferenciación de clase son homólogas a los que se hallan en la construcción social de la diferencia sexual, el género, que estructura en esferas concretas de la experiencia social, la lógica de la desigualdad, la discriminación y de la limitación a la justicia social.

Finalmente, en el trabajo de Luis Ortiz se expone una discusión general sobre la estructuración de clases en la sociedad paraguaya, conjugando formulaciones teóricas desde la tradición sociológica clásica

–Marx y Weber– así como desde la bibliografía internacional, en la cual el peso de la producción latinoamericana resalta en función de exponer los debates de larga data en el continente para dar cuenta de la estructura social. El análisis del caso histórico-concreto paraguayo se informa también de obras y autores de las ciencias sociales de ese país, en especial de las contribuciones que se despliegan a lo largo de este libro. La tesis del capítulo es que las transformaciones de la sociedad paraguaya comportaron paulatinamente cambios en los criterios de estructuración de las clases sociales, que redefinen en la actualidad las relaciones sociales así como generan lógicas de acción colectiva que ponen presión sobre el orden social para su orientación igualitarista y su democratización política.

En suma, tras el conjunto de análisis expuestos, las hipótesis de los diferentes autores y autoras se someterán –como corresponde– al arbitraje de la crítica que podrá invitar a nuevos debates y propiciar a su vez el avance de la investigación y la discusión sobre las implicaciones de la estructura de clases en la sociedad paraguaya. La necesidad de profundizar este aspecto apela al conocimiento de las relaciones de clase y las alternativas políticas para revisar las condiciones de desigualdad que recurrentemente impregnan el tejido social de este país. La contribución específica de las ciencias sociales y en particular el diálogo entre diferentes disciplinas y enfoques, es la de dar cuenta, como exhortaba Marx, de la totalidad de lo real en el abordaje de la estructura social y las relaciones subyacentes, condición de posibilidad de una incidencia política pertinente y acertada para avizorar su transformación.

Discusiones sobre desigualdad y clases sociales en América Latina en los albores del siglo XXI

Fernando Cortés

1. Introducción

América Latina es la región del mundo con las mayores desigualdades en la distribución del ingreso. Las estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no dejan lugar a dudas: alrededor de los años noventa, la región presentaba, en el concierto mundial, niveles de desigualdad más pronunciados aún que en África.1 Un informe del Banco Mundial apunta en la misma dirección (De Ferranti et al., 2003). Considerando un conjunto de datos comparable –muestras estadísticas comunes para los distintos países, con metodologías consistentes y empleando únicamente el ingreso como indicador del estándar de vida− concluye que América Latina y el Caribe presentan índices de desigualdad2 mayores que Asia, que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que los de Europa del Este3.

En ese mismo informe se señala que la brecha de la desigualdad de ingresos tendió a ampliarse entre los años setenta y los noventa con respecto a los países de la ocde y Asia, y a reducirse en comparación con los países de Europa del Este. Esto último no se debió a que hubiese disminuido la desigualdad en la distribución del ingreso en América Latina y el Caribe4, sino que se originó en el fuerte aumento en la inequidad que experimentaron los países que formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, después de la caída del muro de Berlín.

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en el año 2005 los países de muy alta desigualdad en la distribución del ingreso fueron Bolivia, Brasil, Honduras y Colombia, seguido por el grupo de altos niveles de desigualdad formado por México, Nicaragua, República Dominicana, Chile, Guatemala, Paraguay y Argentina5 (CEPAL, 2006, pág. 90).

La combinación de los altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso con el avance del mercado sobre el estado tiende a repercutir sobre la desigualdad social, tanto en el empleo, como en la educación, la salud, la vivienda, el espacio público y residencial, etc., y segmenta la vida social. Los estratos sociales tienden a residir en sectores cada vez más circunscritos de las ciudades, asistir a espectáculos específicos donde la mezcla social es mínima, los hospitales se jerarquizan y lo mismo ocurre con las escuelas, los lugares de entretenimiento, etc. Así los países se transforman poco a poco, concentrando el poder, la riqueza y los ingresos, pero pagando el costo de la pérdida de cohesión social: cada vez es menor el número de nacionales de un país que comparten un mismo proyecto social, a la vez que aumenta el número y fracciones de los “otros”, ajenos y desconocidos.

La creación de empleos y las condiciones de trabajo también han sufrido las consecuencias de las políticas de apertura comercial, contracción de los salarios y reducción de la seguridad social. El incumplimiento de los derechos laborales, los bajos niveles de remuneración y la inestabilidad laboral, aunados a los sectores de la población forzados a generar sus propios empleos (auto-empleo), merman las posibilidades de inclusión ciudadana de los trabajadores, generando procesos de exclusión y acentuación de las inequidades sociales. Particularmente preocupante es, también, el caso de la educación, pues no sólo es un factor de integración social, sino la puerta de entrada a las nuevas tecnologías productivas y de la información y la comunicación, pilares del desarrollo económico del siglo xxi. Al papel económico que juega la educación en la actualidad hay que agregar la evidencia sobre la importancia de la salud y la nutrición en el crecimiento del producto interno bruto (OMS, 2002).

Por otro lado, en los últimos años hemos asistido a la discusión de conceptos tales como exclusión social, vulnerabilidad, marginación, cohesión social, capital social, integración, equidad y algunos más. En la actualidad, en nuestros países está en el tapete de la controversia la identificación, tamaño y evolución de las clases sociales, el comportamiento de la movilidad social, las tendencias de la desigualdad y de la pobreza, así como el combate al trabajo informal. Estos son los temas que preocupan a una corriente de pensamiento impulsada desde los Estados Unidos que trata de avalar la idea de que el modelo económico dominante empieza a rendir frutos ya que en los países de América Latina, la desigualdad en la distribución del ingreso ha empezado a declinar (Lopez Calva & Lustig, 2010), la sociedad se ha hecho más fluida y las clases medias han tendido a crecer (Ferreira, y otros, 2013), lo que significaría que la pobreza habría decaído, pero que es necesario profundizar las reformas económicas para abatir el peso del sector informal que impide el crecimiento de la productividad y por esa vía de la economía (Bolio, y otros, 2014).

El estado de la cuestión es una consecuencia lógica de la tendencia a discutir conceptos aislados de su contexto teórico. No fue así en el pasado, por ejemplo, las disputas en torno a la marginalidad que tuvieron lugar a fines de los sesenta y comienzos de los setenta se libró en el marco de la teoría de la modernización y del marxismo académico, explícitamente vinculados a dos proyectos políticos antagónicos (Cortés, 2000). Debemos tomar consciencia que detrás de las diversas perspectivas teóricas hay una carga ideológica no explicitada en lo que respecta al modelo de desarrollo y la política social (Yocelevsky, 2013).

La metodología de las ciencias enseña que los conceptos pueden ser vagos o precisos, aplicables o inaplicables, iluminadores o no para organizar la experiencia, estériles o fecundos; pero no pueden ser verdaderos o falsos, sólo los enunciados, proposiciones o hipótesis pueden serlo. El sentido de un enunciado teórico no enraíza en su falsación sino está dado por las proposiciones antecedentes y por las que se derivan de él (Bunge, 1999, págs. 83-95) lo que es equivalente a plantear que el sentido de los conceptos y las proposiciones está dado por la teoría en que se hallan situados. El significado pleno de un enunciado está dado no sólo por el sentido sino también por su clase de referencia que equivale a la colección de objetos contenidos en los dominios de los predicados que forman parte de la proposición.

La reducción de los enfrentamientos “teóricos” a conceptos desligados de los cuerpos teóricos que le dan significado y su limitación al campo de los indicadores lleva a que los argumentos se envuelvan en un hálito de “objetividad” en que pareciera que las teorías y las posiciones político-ideológicas no intervinieran y que el problema central se reduce a discusiones técnicas circunscritas a las características que deben satisfacer los buenos indicadores o índices.

Sobre la base de estas ideas, en la quinta sección se abordarán dos maneras de concebir las clases sociales en América Latina, pero para llegar a esa discusión se examinará en el segundo apartado cómo concibe la economía política inspirada en la economía ortodoxa la desigualdad en la distribución del ingreso, y en el tercero se presentará el pensamiento cepalino sobre la heterogeneidad estructural. En el cuarto, incluiremos el tema del poder y finalizaremos examinando las concepciones de clases sociales que derivan de ambos paradigmas y sus relaciones con las clases sociales.

2. El pensamiento económico ortodoxo

Iniciaremos este apartado examinando sucintamente la vieja teoría de Simon Kuznets, teoría que dio sostén a la tesis del derrame que tuvo amplia vigencia en América Latina durante la época en que la región estuvo sumida bajo el poder de las dictaduras. Posteriormente volcaremos la atención sobre los desarrollos actuales del pensamiento económico ortodoxo.

2.1. El modelo de Kuznets

Durante la década de los setenta y hasta la primera parte de la década de los noventa los regímenes políticos autoritarios florecieron en América Latina. En la misma época se hizo popular en esta zona del planeta la tesis del derrame derivada de una lectura particular de la teoría de Kuznets, la cual relaciona la evolución del ingreso con la desigualdad en su distribución.

El estudio del proceso de industrialización que se llevó a cabo en algunos países hoy desarrollados (Estados Unidos, Alemania e Inglaterra) le permitió observar una relación en forma de una U invertida entre la desigualdad en la distribución del ingreso y el ingreso per cápita. En los comienzos del desarrollo, cuando prevalece la sociedad agraria, coexisten niveles bajos de desigualdad y de ingreso; en las etapas intermedias, en la medida que tiene lugar el proceso de industrialización, ambas variables crecen y, en los niveles altos de desarrollo, la concentración del ingreso decrece. Con base en esta relación se popularizó la tesis del derrame. La versión que se diseminó es que la concentración del ingreso es necesaria para que la economía entre en un proceso de crecimiento sostenido; se argumenta que una vez que el ingreso per cápita crezca lo suficiente tendrá lugar un proceso de redistribución de los frutos acrecentados de la actividad económica en favor de los sectores sociales localizados en la base de la pirámide social.

Según Kuznets (Kuznets, 1979, págs. 263-269) la regularidad estadística que observó en los tres casos analizados es resultado de la operación de dos grupos de rasgos que operan durante el cambio en la estructura productiva, uno de los cuales tiende a aumentar la desigualdad y el otro a disminuirla. En el primero incluye la propensión marginal al ahorro, que es mayor en los sectores de mayores ingresos y la desigualdad en la distribución del ingreso que es mayor en las zonas urbanas que en las rurales. El segundo paquete en que se encuentran los factores que tienden a disminuir la desigualdad incluye tres procesos: 1) tendencia a la igualación de las productividades marginales; 2) disminución de la importancia relativa de los ingresos de la propiedad dentro del ingreso total, y 3) los cambios institucionales que refleja la preocupación estatal por la seguridad social y el pleno empleo.

Su modelo supone que en el inicio del proceso la economía es dual aunque predominantemente agraria. El crecimiento económico liderado por la industria, financiada con el ingreso de los sectores sociales que tienen capacidad de ahorro y que se asientan en las zonas urbanas, provoca el desplazamiento de la población desde el campo hacia la ciudad. Al aumentar el peso relativo de la población en las ciudades, que se caracteriza por mayores niveles de desigualdad –debido a la variedad y dispersión de la actividad económica– se profundiza la concentración del ingreso.

En la medida que la industrialización avanza y sigue creciendo, el ingreso per cápita intensifica la competencia, especialmente en el sector moderno, lo que lleva a una disminución en el abanico de las discrepancias sectoriales. Este proceso, junto con la caída relativa del sector agrícola y de la renta de la tierra, hace que se atenúe la dispersión de los ingresos. Ambos procesos se ven reforzados según Kuznets por la preocupación del Estado por el pleno empleo y la seguridad social.

Resulta sorprendente que la idea “La desigualdad es buena para el crecimiento económico” haya sido esparcida desde las diversas trincheras ocupadas por la corriente ortodoxa de pensamiento (coloquialmente llamada neoliberal) que desbancó al pensamiento económico desarrollista de inspiración keynesiana, acusándola de sostener posiciones ideológicas (carentes de objetividad), es decir, no basadas en el conocimiento científico. Sorprende por tres razones:

a. El modelo de Kuznets supone la presencia de un estado benefactor, no uno residual como el que propugna la corriente de pensamiento económico hoy dominante; no se dio el trabajo de examinar las consecuencias que podría tener para el modelo que no opere uno de los tres mecanismos que llevan a una menor desigualdad en los estadios avanzados del desarrollo.

b. Se hizo caso omiso de las precauciones señaladas por Kuznets quien sostiene:

“Existe peligro en las analogías simples, en argumentar que puesto que en el pasado hubo una distribución desigual del ingreso en Europa occidental y ésta produjo la acumulación de ahorros y el financiamiento de la formación básica de capital, mantener o acentuar las desigualdades del ingreso existentes en los países subdesarrollados es necesario para asegurar el mismo resultado. Aun haciendo de lado las implicaciones para los grupos de menor ingreso, podemos hallar que en al menos algunos de estos países hoy día las propensiones al consumo de los grupos de altos ingresos son mucho mayores y las propensiones al ahorro mucho menores que las que tuvieron aquellos grupos de altos ingresos más puritanos, en los países desarrollados del presente. Es peligroso argumentar que en virtud de que probaron ser favorables en el pasado los mercados completamente libres, la falta de penalidades implícitas en los impuestos progresivos y similares, son indispensables para los países ahora subdesarrollados. Bajo las condiciones presentes los resultados pueden ser totalmente opuestos: retiro de los activos acumulados hacia canales más ‘seguros’, ya sea a través de la fuga de capitales o bienes raíces, y la incapacidad de los gobiernos de servir como agentes básicos del tipo de formación de capital indispensable para el crecimiento económico” (Kuznets, 1979, pág. 284).

En América Latina se impuso la analogía simple, la regla histórica elemental, que recuerda las etapas del crecimiento económico de Rostow (1960). No se hicieron las adecuaciones a la teoría considerando que en el último cuarto del siglo XX los capitalistas están expuestos a mayores “tentaciones” de mercados que las que vivieron los sectores de altos ingresos de desarrollo originario que estudió Kuznets. ¿Pereza mental o ideología?

c. Un estudio publicado en 1990 realizado por Sundrum confirma las precauciones de Kuznets. Un análisis detallado de la base empírica de las investigaciones que dieron validez a la hipótesis de la U invertida en las décadas de 1960 y 1970, lo llevó a concluir, en primer lugar, que cometieron el error metodológico de dinamizar resultados de investigaciones sincrónicas y, en segundo lugar, refiere a una serie de estudios con datos temporales que ponen en duda que dicha relación exista (Sundrum, 1990, págs. 80-85). Después de realizar una revisión exhaustiva y detallada de la bibliografía sobre el tema concluye:

La desigualdad no está afectada por el nivel de crecimiento económico.

La desigualdad en la distribución del ingreso está influida por factores más profundos que cambian con lentitud a menos que haya revoluciones, por lo que tiende a mantenerse estable por largos períodos, y

La relación entre ingreso per cápita y desigualdad que observaron los estudios realizados a partir de datos sincrónicos se debe a que en los años sesenta y setenta los países asiáticos tenían los más bajos niveles de desigualdad y de ingreso per cápita; los países de América Latina se caracterizaban por alta desigualdad e ingreso per cápita medio, y los países desarrollados exhibían los más altos ingresos 

per cápita y baja concentración. Si se ponen los ingresos per cápita en el eje de las abscisas y la desigualdad (normalmente medida por el índice de Gini) en el eje de las ordenadas, la línea en la gráfica asume la forma de una U invertida (Sundrum, 1990, pág. 86).

Estudios recientes, basados en información de impuestos de más de 20 países, han planteado que la desigualdad en la distribución del ingreso tiende a reducirse en períodos de convulsiones económicas, crisis políticas y guerras, debido a que en esos casos suele decaer la participación relativa de los ingresos del capital (Piketty, 1995, págs. 554-592; Piketty, 2007, págs. 8-12; Piketty, 2014).

La tesis del derrame conviene a los sistemas sociales autoritarios6 en la medida que es un bálsamo para los sectores sociales sacrificados en las primeras etapas del proceso, especialmente para los trabajadores organizados ya sea mediatizados o reprimidos, bálsamo que ayuda a dar legitimidad a los sacrificios en el presente ante la perspectiva de alcanzar mayor bienestar en el futuro.

2.2. El vuelco: la desigualdad es mala para el crecimiento

En la década de los noventa la democracia vuelve a América Latina, unos países antes otros después; en México la alternancia tiene lugar a partir del 2000, año en que el Partido Acción Nacional (PAN) desplazó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) del gobierno nacional del país.

La corriente de pensamiento económico que sostuvo que la desigualdad en la distribución del ingreso era “buena para el crecimiento económico” plantea ahora que es “mala para el crecimiento económico”. De Ferranti et al. (2003), autores de un documento del Banco Mundial, no sólo concuerdan con la idea de que la equidad en la distribución del ingreso es “buena para el crecimiento económico”, sino que también devela los mecanismos que estarían explicando esa relación; sostienen:

Antes de iniciar un volumen completo sobre la desigualdad, convendría detenerse y plantear la siguiente pregunta: ¿Por qué debemos preocuparnos? La misión del Banco Mundial es ayudar a los países a eliminar la pobreza. Sin embargo, la pobreza y la desigualdad aunque son temas relacionados son diferentes. Por lo tanto, la pregunta de por qué el Banco Mundial debe preocuparse es válida y las respuestas clave son tres: a los pueblos y los gobiernos en el Banco Mundial les disgusta la desigualdad; dado un nivel de ingreso a mayor desigualdad mayor pobreza, aún más, mayor desigualdad significa una tasa más lenta de reducción de la pobreza, y el alto nivel de desigualdad reduce la propia tasa de crecimiento (De Ferrari, y otros, 2003, págs. 10-11).

En esta cita, la tercera respuesta clave: “el alto nivel de desigualdad reduce la propia tasa de crecimiento” sostiene que la relación entre desigualdad y crecimiento ahora es inversa y no directa como en el pasado. Los mecanismos que estarían detrás de esta correlación serían: a) los mercados imperfectos de créditos o de seguros impedirían que los ricos presten a los pobres, en cuyo caso la solución de mercado no es la óptima, pues no se aprovecharían las mejores iniciativas de inversión y por tanto el producto alcanzado es subóptimo, lo cual reforzaría la desigualdad porque las tasas de rentabilidad serían mayores para los ricos que para los pobres y b) la concentración de la riqueza y del poder en manos de las élites hace que éstas tengan mayor libertad para elegir estrategias que les favorezcan (De Ferrari, y otros, 2003, págs. 14-18; 171-189).

Por otro lado, Bourguignon en la misma línea argumental plantea que se podría generar menor desigualdad en la distribución del ingreso si se redistribuye el capital –incluido el capital humano– en favor de los pobres que suelen tener acceso restringido a los mercados de capitales por falta de colaterales. Las buenas ideas de inversión surgidas en esos sectores sociales aumentaría la eficiencia de la inversión y por tanto el producto. Afirma que demasiada desigualdad en una democracia lleva a más concentración y menos acumulación de capital, provocando, además, tensión social (Bourguignon, 2004, pág. 15). En este tono, un artículo del Center for Global Development, que somete a una revisión crítica al Consenso de Washington, señala:

Altos niveles de desigualdad no sólo dificultan el crecimiento y la reducción de la pobreza sino pueden contribuir a disminuir el crecimiento lo cual, a su vez, hace difícil reducir la desigualdad. Instituciones y políticas en contextos con altas tasas de pobreza y marcada concentración del ingreso pueden ser fuentes de ineficiencias y crecimiento exiguo. Bajo estas condiciones, el interjuego entre los partidos políticos, las organizaciones de los negocios y uniones sindicales poderosas, puede resultar en búsquedas de rentas y comportamiento monopólico que minan las ganancias del crecimiento, lo que quiere decir que las ganancias de las reformas son capturadas (Birdsall, De la Torre, & Valencia Caicedo, 2010, pág. 31).

En síntesis, el pensamiento económico ortodoxo plantea en la actualidad que la desigualdad es mala para el crecimiento pues es un obstáculo al funcionamiento del libre mercado, especialmente del mercado financiero, pero abandona el campo propiamente económico e incursiona en el campo de la política o si se quiere de la economía política.

3. La distribución del ingreso en América Latina según la CEPAL

Los primeros planteamientos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre las condicionantes de la desigualdad en la distribución del ingreso se remontan a Prebisch (1949), quien en disputa con las teorías dualistas dominantes en aquella época (Lewis, 1955) sostuvo que el subdesarrollo era un modo de funcionamiento y no un simple atraso, lo que abría también un frente con la teorías que suponían que el crecimiento seguía etapas férreas, las que serían sistematizadas años después por Rostow (1960).

La tesis original combinaba el efecto negativo de la inelasticidad de la demanda de las materias primas sobre los términos del intercambio y las asimetrías en el funcionamiento de los mercados laborales del centro y de la periferia (Ocampos & Parra, 2003). Dada la inserción de los países de América Latina en el mercado mundial se generaba asimetrías estructurales entre los sectores vinculados con las exportaciones y con el mercado interno que devenían de la especialización, en contraste con la homogeneidad estructural en los países centrales. El deterioro tendencial de los términos del intercambio ponía límites al ahorro y la inversión interna y la desigual distribución del progreso científico-técnico llevaba a que los países desarrollados se apropiasen de los aumentos en la productividad del trabajo.

El concepto heterogeneidad estructural alude a la dispersión del desarrollo tecnológico en las economías periféricas que conlleva un amplio abanico de la productividad del trabajo y por tanto a una desigual distribución del ingreso. Este argumento lleva a la conclusión que de persistir la especialización productiva –explotando las ventajas comparativas– los países de América Latina caerán en una trampa de subdesarrollo con altos niveles de desigualdad económica.

Aníbal Pinto (Pinto, 1970; Pinto, 1971; Pinto, 1972; Pinto, 1972; Pinto, 1973), teniendo como referencia a América Latina y basado en las ideas de Prebisch, sostuvo que la heterogeneidad estructural tiene su origen en los enclaves económicos. Los países de la región que mostraban un alto grado de especialización y que estaban orientados al mercado externo (explotaciones mineras y economía de plantación) tendían a presentar mayor heterogeneidad estructural que aquellas economías cuyos aparatos productivos estaban orientados tanto al mercado interno como al externo. Además, en los países de América Latina donde había un Estado nacional más o menos independiente hubo mayores posibilidades de transferir el dinamismo del sector externo al interno y en consecuencia mitigar la tendencia hacia la mayor dispersión de los ingresos.

Hacia finales de los años ochenta, después de las fuertes recesiones económicas en la región, bajo el embate de las ideas que cristalizarán en el Consenso de Washington (Williamson, 1990; Kuczynski & Williamson, 2003), que en esencia abogaban a favor del cambio de la orientación del modelo económico dominante en América Latina, que consistía en liberar las fuerzas de los mercados y limitar la participación del Estado, Fajnzylber (1990) estudió las posibilidades de que los países de América Latina lograran el desarrollo económico autosostenido a través de la industrialización y con la conducción del Estado.

Sostuvo que el proceso de cambio debía empezar con la transformación estructural del sector agrícola, ya que así se podría incorporar al campesinado a las actividades económicas más productivas y a la vez modificar sus relaciones con la industria:

Hoy en día las dos escuelas de pensamiento que más penetración tienen en América Latin coinciden en que la desigualdad es “mala” para el crecimiento económico. El apartado que sigue está dedicado a considerar la relación entre la desigualdad y la distribución de los activos y del poder.

4. El poder y la desigualdad

Jorge Graciarena, autor inscrito en la corriente de pensamiento de la CEPAL, sostenía en 1972, que por debajo de la desigualdad en la distribución del ingreso subyace la estructura del poder, que si bien éste no es un factor determinante, sí es un condicionante que opera a través de los siguientes mecanismos: garantiza la reproducción de las relaciones de propiedad, actúa a través de la política social (educación, seguridad social, etcétera) y de la política económica (de gasto, inversión pública, etcétera) e incide en la capacidad de negociación de los grupos que controlan la oferta y demanda de bienes y servicios (Graciarena, 1972, págs. 203-204). Por otra parte, Fajnzilber (Fajnzylber, 1990, pág. 65) apunta hacia las relaciones entre distribución del poder y del ingreso:

En ciertos países la élite rentista influye en algún grado en perjuicio de la equidad, tanto directamente, por la concentración de la propiedad, como en forma difusa por la existencia de una institucionalidad y de políticas económicas que tienden a consolidar un sistema de distribución de los beneficios del progreso coherente con la distribución primitiva del poder. Una apertura radical del mercado interno podría poner en tela de juicio o racionalizar el sistema industrial rentista, pero si no se modifica la distribución primitiva del poder y éste se concentra, el retroceso industrial consiguiente hará que se acentúe la integración en el mercado internacional con base en los recursos naturales y del desarrollo de intermediación comercial y financiera.

En esta cita el autor explora la posibilidad de modificar la desigualdad económica reduciendo la concentración de la propiedad; no se limita al capital humano, al capital social o a las restricciones en el funcionamiento del mercado financiero7. Su preocupación por las limitaciones que impone el poder a las políticas económicas, especialmente si en su concepción del desarrollo el Estado debía promover la transformación estructural de la agricultura y jugar un papel central en estimular la industrialización, apunta hacia los vínculos entre los actores sociales que emergen de la heterogeneidad de las actividades productivas – élite económica— y su influencia o representación de sus intereses en las instancias decisorias del poder –élite política.

En la segunda parte de la cita Fajnzylber hace un pronóstico de los peligros de la apertura comercial si no se modifica la estructura del poder, predicción que examinada con la perspectiva del paso de los años resulta premonitoria.

El pensamiento económico ortodoxo también ha puesto atención sobre las relaciones entre la concentración de la riqueza y el poder y sus vínculos con la desigualdad y el crecimiento económico. En efecto, (Levy & Walton, 2009, pág. 16) argumentan que las interacciones entre la desigual distribución de la riqueza y del poder, por un lado, y las imperfecciones del mercado, por otro, influyen sobre las políticas y el diseño de las instituciones. Los vínculos entre el poder (y su distribución), las instituciones que estructuran las oportunidades, así como la elección de las políticas económicas, llevan a que los mercados no asignen los recursos en función de la eficacia sino de otros criterios, como, por ejemplo, mantener el poder de los que ya lo detentan en lugar de alcanzar el crecimiento económico sostenido con armonía social.

Esta línea argumental, aterrizada en el caso mexicano, concluye que la distribución desigual del poder, expresada en la riqueza extrema y en el control operativo en el sector empresarial, por un lado, y en los sindicatos heredados de la época del corporativismo, por otro, se han constituido en condicionantes de la desigualdad y obstáculos para el desarrollo de México, impidiendo el diseño de políticas y el funcionamiento de las instituciones que lesionen sus intereses (Guerrero, López, & Walton, 2009, págs. 112-152). Estos autores se plantean la pregunta: ¿Cómo puede escapar México a la trampa de la desigualdad? Si bien no dan una respuesta puntual delinean las características que deben satisfacer las políticas para emprender el camino que lleve a neutralizar los efectos del poder sobre la eficiencia económica y la desigualdad en la distribución del ingreso que:

sean políticamente factibles en el sentido que sean consistentes con el equilibrio político inicial;

sean diseñadas para tener resiliencia a la captura y promover el aumento de la competencia, y

ayuden a cambiar el sistema a un equilibrio político que sea más equitativo y dé más apoyo al diseño de políticas más eficientes, reduzca la influencia de la desigualdad y que 

mueva a la sociedad fuera de la trampa de la desigualdad (Guerrero, López, & Walton, 2009, pág. 153).

Son consistentes con estos principios las propuestas que emanan de los organismos internacionales y de la corriente dominante en la ciencia económica que suelen privilegiar, como se ha visto, las acciones que tienen incidencia sobre la distribución del capital financiero allanando los obstáculos para que los sectores sociales que cuentan con menos recursos económicos tengan acceso al financiamiento. Se intenta corregir las imperfecciones del mercado de capitales mediante políticas educativas, de salud y de nutrición que aumenten el capital humano, siempre y cuando pueda hacerse uso de los conocimientos en caso de que existan puestos de trabajo suficientes en calidad y cantidad, pues en caso contrario no inciden sobre la desigualdad (Sorokin, 1962; Boudon, 1974), o bien incentivando la extensión y densificación del capital social. En tanto los beneficios de estas medidas no queden capturados por los sectores sociales dominantes –condición de resiliencia– se llegaría paulatinamente a un equilibrio de poder consistente con niveles menores de desigualdad.

Aunque la terminología sea distinta: “La concentración de la riqueza y del poder es un obstáculo al crecimiento económico” (De Ferrari, y otros, 2003, págs. 14-18; 171-189), “Los vínculos entre el poder (y su distribución), las instituciones que estructuran las oportunidades, así como la elección de las políticas económicas, llevan a que los mercados no asignen los recursos en función de la eficacia sino de otros criterios, como, por ejemplo, mantener el poder de los que ya lo detentan en lugar de alcanzar el crecimiento económico sostenido con armonía social” (Levy & Walton, 2009, pág. 16), o que “el interjuego entre los partidos políticos, las organizaciones de los negocios y uniones sindicales poderosas, puede resultar en búsquedas de rentas y comportamiento monopólico que minan las ganancias del crecimiento lo que quiere decir que las ganancias de las reformas son capturadas” (Birdsall, De la Torre, & Valencia Caicedo, 2010, pág. 31), todos ellos están señalando las determinantes políticas de la desigualdad y su relación con el crecimiento o con la tensión social (Bourguignon, 2004) que atentaría contra la estabilidad de la democracia.

5. Clases sociales y desigualdad en la distribución del ingreso

En esta sección se examinan dos maneras distintas en que se vincula la discusión sobre clases sociales y la desigualdad en la distribución del ingreso. En el próximo apartado (sección 5.1) se exponen las ideas sobre clases sociales que surgen desde el ámbito del pensamiento económico ortodoxo, mientras que en el subsiguiente (sección 5.2) se revisará el análisis de clases sociales consistente con la teoría de la heterogeneidad estructural.

5.1 La discusión sobre las clases en América Latina hoy. El Pensamiento económico ortodoxo

En la actualidad, en nuestros países está en el tapete de la controversia la identificación, tamaño y evolución de las clases sociales, junto con la movilidad social, las tendencias de la desigualdad y de la pobreza, así como el combate al trabajo informal. Estos son los temas que preocupan a una corriente de pensamiento impulsada desde los Estados Unidos que trata de avalar la idea de que el modelo económico dominante empieza a rendir frutos.

En cuanto a las clases medias encontramos que desde la Economía se plantea que la estimación del tamaño de la clase media se puede abordar por dos vías: (i) clasificar como clase media a los hogares cuyo ingreso (absoluto) cae dentro de un intervalo previamente definido (ii) o bien estaría formada por los hogares localizados en percentiles preestablecidos de la distribución del ingreso (relativo).

Desde la primera de estas perspectivas basta con identificar dos valores de ingreso, uno mínimo (que debe ser superior al de pobreza) y otro máximo (elevado pero inferior al de riqueza) para determinar si un hogar o una persona pertenece o no a la clase media. Para Banerjee y Dufflo (2007) estaría formada por los miembros de los hogares que tienen un ingreso per cápita diario entre 2 y 10 dólares mientras que para (Ravallion, 2009) el rango estaría entre los 2 y 13 dólares diarios8.

Con la intención de disminuir la arbitrariedad en la determinación del valor de los umbrales mínimo y máximo que limitan a las clases medias López Calva et al (López-Calva, Lustig, & Ortiz-Juarez, 2011) han propuesto emplear el concepto de vulnerabilidad y Cruces y López Calva et al (2011) el de polarización que en combinación con criterios estadísticos permiten identificar los puntos de corte de la distribución. También se ha empleado como cota inferior la vulnerabilidad a la pobreza (Ferreira, y otros, 2013, pág. 2).

Quiénes han seguido el segundo camino suelen definir como cota inferior de clase media el segundo o tercer deciles, y como cota superior el quintil o decil más alto. La idea es que aquellos hogares cuyos ingresos están por debajo del umbral mínimo no son de la clase media por ser pobres y los que están por encima del umbral superior tampoco, por tener un ingreso muy elevado9. Ahora bien, los umbrales suelen ser distintos para diferentes autores, así por ejemplo, para Barro (1999) y Easterly (2001) la clase media estaría formada por los hogares del cuarto al sexto deciles, mientras que para Solimano (2008) por los del tercero al noveno deciles de hogares, ordenados según ingreso per cápita. Nótese que si estos diversos criterios se aplicaran a una misma distribución de ingresos se obtendrían tantas clases medias como definiciones. Birdsall (2010) emplea un método híbrido. El umbral inferior es de 10 dólares por día y el superior el percentil de ingreso 95.

Detrás de esta forma de cuantificar el tamaño de las clases medias y su evolución subyace la teoría del bienestar. La versión más estrecha plantea que el bienestar de las personas depende de su consumo de bienes y servicios que estaría determinado por el ingreso y los precios de mercado. Habría un nivel de bienestar tal que cualquier persona que no lo alcanzara sería pobre, las personas de clase media estarían por encima de ese nivel; habría en la distribución del bienestar un punto superior a partir del cual finaliza la clase media e inicia la clase alta. La discusión sobre los indicadores hace borrosa la teoría subyacente, su forma de concebir lo real y su movimiento.

Siguiendo con el tema, De la Calle y Rubio (2010) en una publicación que ha tenido amplias reverberaciones en diversos círculos mexicanos, consideran que los sectores medios estarían conformados por personas que viven en hogares con un nivel de ingreso medio, cuyo jefe tiene escolaridad de preparatoria, un automóvil y posibilidad de realizar un viaje al año; y por personas con ingreso un poco por debajo del ingreso medio, educación secundaria y sin automóvil (De la Calle & Rubio, 2010, pág. 17)10. Por otro lado también sostienen que: “En suma, la clase media se puede concebir como un conjunto de estratos diferenciados cuyas características comunes son esencialmente culturales, de actitud y de patrones de consumo” (De la Calle & Rubio, 2010, pág. 18). Ahora bien, en este caso al bienestar económico (medido por gasto) se adicionan los valores y las actitudes. Y agregan que “para académicos muy formales, esta caracterización es sin duda imprecisa, pero para analistas de fenómenos políticos y estrategas electorales –y para no pocos expertos en mercadotecnia-, estos elementos pueden hacer la diferencia entre ganar y perder una elección, o entre un negocio viable y uno que no lo es”. Nuevamente lo central son los indicadores aunque también descansa en la teoría económica del bienestar y agregan los valores.

EL Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) organismo que produce las cifras oficiales en México, también ha terciado en la discusión y ha calculado que la clase media agrupaba al 39.1 por ciento de las personas en el año 2010 y alcanzaba al 35.2 por ciento de la población en 2000.

“El cálculo se realizó empleando técnicas de aglomeración multidimensional utilizando 17 variables de las correspondientes Encuestas Nacional de Ingresos y Gastos. Cabe resaltar que en este estudio nunca se tiene que prejuzgar cuáles son los umbrales de nivel de vida (sean en términos de gasto o de ingresos) que separan a las clases sociales ni tampoco los porcentajes que deben haber en ellas de personas con escolaridad o en la jerarquía ocupacional del mercado laboral. Simplemente los resultados de la estratificación a los que se llega sugieren cuántos y cuáles son los niveles a tomar en cuenta y el análisis ulterior verifica en dónde se detectan diferencias cualitativas (instrucción, posición e inserción laboral y acceso a la propiedad) tras las diferencias meramente cuantitativas (gastos o ingresos). En esto la presente investigación es radicalmente diferente –desde el punto de vista metodológico– a cualquier otra que se ha emprendido con respecto a la información referida a México ya que no requiere de acotamientos de gasto o de ingreso fijados de antemano o establecidos como una precondición antes de clasificar los hogares. Dicho de otra manera, las fronteras que se identifican entre los estratos para determinar en cuál de ellos comienza y en cuál otro termina la clase media son un resultado al que se llega no una premisa de la que se depende en este estudio” (INEGI, 2014).

Como se aprecia en esta cita de nuevo, el énfasis está puesto en los indicadores y en la técnica utilizada para “hacer hablar a los datos” (Yaschine, 2014) manteniendo la apariencia de neutralidad. Hemos vuelto a la noción que creíamos superada de que el dato es un hecho dado.

Ahora bien, en contraposición a estas aproximaciones modernas a las clases sociales, hay que recordar que la división de la sociedad en clases ha sido una de las preocupaciones centrales de la Sociología. En esta disciplina se observa con claridad que el concepto adquiere sentidos distintos en teorías diferentes.

Según Marx en el modo de producción capitalista la propiedad de los medios de producción divide a la población activa en propietarios (burgueses o capitalistas) y no propietarios (trabajadores o proletarios) que sólo disponen de su fuerza de trabajo. Sin embargo, el mismo Marx reconoce (en su tratamiento de la plusvalía) que el propio desarrollo del capitalismo generaría la necesidad de actividades de control y por lo tanto de puestos de gerentes y supervisores, para asegurar la circulación de capital, de trabajadores “improductivos” como servidores públicos, trabajadores en las finanzas y la banca. Esta parte de la teoría marxista ha quedado sepultada por la visión de la sociedad organizada en torno a las dos clases fundamentales (Benza, 2012).

Por otra parte, para comprender cabalmente la noción de clase en Weber es necesario precisar algunos conceptos antecedentes. La situación de clase es una forma de división social que refleja las relaciones de poder en la esfera mercantil y agrupa a los individuos con una situación de mercado común en función de sus bienes y sus capacidades. El volumen, tasas de usos y precios de mercado de los activos físicos, financieros y de sus capacidades laborales valorizables en el mercado determinan sus oportunidades de vida, entendidas como el conjunto de probabilidades típicas de provisión de bienes, de posición externa a sus fuentes de ingreso y de destino personal. En síntesis la situación de clase va más allá de los individuos y está conformada por las relaciones de producción y de adquisición en el mercado. La clase social corresponde a un conjunto de situaciones de clase pero por su movilidad social inter e intrageneracional se acerca a un estamento.

El estructural funcionalismo en lugar del concepto de clase social emplea la noción de estrato social que al formar parte de una pirámide social da la idea de un continuo que atraviesa desde la base a la cúspide. De acuerdo con esta concepción los roles ocupacionales que gozarían de mayor estimación social serían los que mayor importancia tendrían para la reproducción del sistema social. Como consecuencia la jerarquía de reconocimientos y retribuciones serían poderosos alicientes para que los individuos más talentosos ocupen las posiciones más importantes garantizando la eficiencia en el funcionamiento del sistema.

Esta concepción suponía que la evolución de las sociedades industriales aumentaría constantemente los empleos que requieren de personal técnico y profesional altamente calificado, y que este proceso estaría acompañado por una alta movilidad social. Como consecuencia de ambos procesos tendían a eliminarse las diferencias de clase limando así una de las causas de la conflictividad.

5.2 Heterogeneidad estructural, desigualdad y clases sociales

Tomando pie en la teoría cepalina Agustín Salvia (2012) se propuso hacer observable la relación entre heterogeneidad estructural y desigualdad en la distribución del ingreso, empleando datos provenientes de encuestas de hogares. A diferencia de los estudios de clase referidos en el acápite 5.1, esta perspectiva establece con claridad los vínculos entre la teoría, los conceptos y su medición.

En esta enfoque conceptual el ingreso se concibe como “la suma de las formas en que los distintos sectores sociales participan de la distribución del producto generado en el proceso económico, lo cual remite en primera instancia a las diferencias que surgen de las relaciones sociales de producción y a los mecanismos que reproducen esas condiciones de existencia”. (Salvia, 2012, pág. 157) El ingreso deja de ser un indicador del bienestar de las personas para serlo de la participación de los sectores sociales en la producción y en su reproducción.

Para dar cuenta de la heterogeneidad estructural, tomando en cuenta el origen de los datos, se consideran las distintas fuentes de ingreso clasificadas según su origen sectorial y económico-ocupacional. En este enfoque se optó por una perspectiva que toma en cuenta la fuente de los ingresos según su origen sea laboral o no laboral, provenga del sector público o privado y el carácter formal o informal de acuerdo con las definiciones de PREALC-OIT, esto quiere decir que para clasificar a una actividad como formal o informal se debe considerar el sector de actividad, la categoría ocupacional, el tamaño del establecimiento y la calificación de la tarea de los ocupados (Salvia, 2012, pág. 163).

En síntesis, para dar cuenta de la dispersión de las productividades, se distinguen los ingresos que derivan del sector privado formal, el sector privado informal y el sector público. Dentro de cada uno de ellos se diferencia entre los ingresos de los asalariados y de los no asalariados. Por ejemplo, en el sector privado formal (actividades laborales de alta productividad integradas a los procesos de modernización) son percibidos por obreros y empleados que trabajan en establecimientos productivos grandes, mientras que los no asalariados de este sector obtienen utilidades por actividades como cuenta propia profesional o bien ganancias como patrones profesionales en establecimientos grandes. En el sector privado informal (compuesto por actividades de baja productividad, alta rotación de trabajadores, no funcionalidad al sector formal; se trata de ocupaciones en establecimientos pequeños, actividades de servicio doméstico o actividades independientes no profesionales) son asalariados los que reciben un pago como obreros o empleados en establecimientos pequeños y no asalariados los que perciben utilidades como cuenta propia o ayuda familiar sin calificación, ganancias como patrón en establecimientos pequeños con calificación no profesional y en esta categoría también se consideran los trabajadores que prestan servicio doméstico. (Salvia, 2012, pág. 165)

Para dar cuenta de la segmentación del mercado de trabajo el autor distingue entre el segmento primario, formado por los empleos registrados en el sistema de seguridad social (ya sean dependientes o independientes) y con un ingreso igual o superior a la canasta básica. El segmento secundario formado por los empleos que no contribuyen a la seguridad social (sin importar si son o no independientes), o trabajadores dependientes sin contrato laboral, pero con un ingreso superior o igual a la canasta básica. El segmento terciario está formado por las actividades económicas no registradas en la seguridad social, cuyo ingreso es inferior a la canasta básica (Salvia, 2012, pág. 167).

Sobre la base del origen de los ingresos el autor distingue, grupos, estratos, clases o categorías socio-ocupacionales, que le permiten analizar cómo los cambios en la economía, afectan la heterogeneidad estructural y las consecuentes variaciones en la distribución del ingreso.

Presentar los vínculos detallados del concepto de heterogeneidad estructural con sus indicadores excede con mucho los límites de este escrito, sin embargo, vale la pena examinar a modo de ejemplo las predicciones teóricas que derivan de la tesis de heterogeneidad estructural y su diferencia con la teoría neoliberal.

Según la teoría estructuralista latinoamericana si el régimen de acumulación es liderado por un sector capitalista extranjerizado, cada vez más concentrado, tiende a impedir que los frutos del crecimiento se difundan sobre el resto de la economía creando así una barrera para que el país usufructúe de las ventajas comparativas y competitivas, a través del aumento en las remuneraciones y del empleo en el sector más productivo. En consecuencia, la apertura hacia el exterior tenderá a provocar una caída en los ingresos de los sectores modernos e informales tradicionales incapaces de enfrentar con éxito la competencia internacional, a la vez que tendrá lugar un aumento en la productividad en los sectores modernos insertos en el mercado internacional que ya tienen los más altos niveles, en consecuencia se desencadenan procesos que presionan hacia una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. A su vez la apertura se traduciría en mayores excedentes de población, sumidos en la pobreza, excluidos de la seguridad social y de la información, educación e integración ciudadana, por lo que no tienen otra posibilidad sino dedicarse a las actividades de refugio de muy baja productividad, altamente intensivas en el uso de fuerza de trabajo pero de muy baja remuneración. Este conjunto de cambios modifican la estructura del mercado de trabajo, se produce una mayor concentración de empleos regulados en el sector formal, aumento en la tasa de desempleo del sector moderno rezagado y crecimiento en las actividades de autoempleo (Salvia, 2012, págs. 150-152).

Para la teoría neoclásica la apertura al comercio exterior de los países atrasados debería provocar una disminución de la desigualdad en la distribución del ingreso ya sea porque al explotar sus ventajas comparativas se exportarían los bienes intensivos en mano de obra, lo que acrecentaría su demanda y por esa vía provocaría aumento en los salarios y se capitalizarían las actividades del sector no agrícola (Heckscher-Ohlin) o bien debido a que con la apertura comercial el capital se mueve de las zonas donde es más abundante (y por tanto tiene rendimientos menores) a aquellos en que es más escaso (con rendimientos mayores), mientras que la mano de obra lo hará en sentido inverso, con ello los rendimientos de los factores de producción tendería a igualarse entre países y dentro de un mismo país. Dadas las restricciones para la movilidad internacional de la mano de obra no así dentro de cada uno de nuestros países, deberíamos haber asistido por lo menos a la convergencia territorial del desarrollo, fenómeno que hasta ahora no ha sido visible a pesar de que los cambios en el modelo económico se empezaron a poner en práctica desde los años ochenta del siglo pasado.

6. Conclusión

Para el enfoque económico dualista el tránsito de las economías agrarias a las economías industriales modernas lleva, en una primera etapa, a un aumento en la dispersión de las productividades y por tanto a la desigualdad en la distribución del ingreso, y en una segunda fase a su disminución provocada por una tendencia a la igualación de las productividades originada en la libre movilidad interna en los factores de la producción. Esta tendencia se vería reforzada por la apertura al comercio internacional ya que las remuneraciones de la fuerza de trabajo menos calificada tenderían a crecer por aumentos en su demanda derivada de la explotación de las ventajas comparativas. Adicionalmente, el análisis histórico de la evolución en la distribución en el ingreso vis à vis el crecimiento económico, mostró que en las primeras etapas el aumento en la desigualdad se tradujo en inversiones (a consecuencias de los aumentos en los niveles de ahorro) que alentaron el crecimiento económico, aunque Kuznets pone en duda que sería esperable un comportamiento similar de los capitalistas en la actualidad, especialmente de los países en vía de crecimiento. A pesar de ello por mucho tiempo se sostuvo que “la desigualdad es buena para el crecimiento”.

Los planteamientos de la heterogeneidad estructural, que nacen en el seno de la CEPAL en la década del cincuenta, sostienen que la inserción de los países latinoamericanos en el mercado mundial genera en-

claves económicos y que las retribuciones a sus factores productivos (dados sus niveles de productividad), corresponden a las de los países centrales. La falta de encadenamientos productivos con la actividad económica nacional, impide que los beneficios de las innovaciones e inversiones en los sectores agro-minero exportadores se esparzan por la sociedad nacional. La desigual distribución del ingreso es un reflejo de la dispersión de la productividad que se debe en gran medida a la vinculación con el mercado internacional. La actualización del pensamiento cepalino agrega que la apertura comercial, después de años de desarrollo sustitutivo de importaciones, acentúa la desigualdad debido a que parte de la industria nacional perece por la competencia de los productos importados, sus contingentes laborales se agrega al sector privado informal donde tienden a crecer los no asalariados que perciben retribuciones magras.

De esta apretada síntesis, de los planteamientos de la economía ortodoxa y del pensamiento latinoamericano, se deriva que ambos enfoques basan sus argumentos en la dispersión de las productividades, pero difieren en el papel que juega el vínculo económico con el mercado internacional.

A pesar de ello ambos planteamientos coinciden en cuanto el papel que juega la desigualdad en la distribución del poder sobre la concentración en el ingreso. Desde el ángulo del pensamiento cepalino Jorge Graciarena en los años sesenta (aunque la fecha de publicación del texto es 1972) la condensación del poder en unos pocos tiene varias funciones: garantizar las relaciones de propiedad, moldear (pero no determinar) la política social y la política económica, e incidir en las negociaciones de los grupos que controlan la oferta de bienes y servicios. Por otra parte, la perspectiva económica ortodoxa sostiene que

la distribución de la riqueza y del poder afecta a la desigualdad en la distribución del ingreso al interferir en el libre funcionamiento de los mercados y al actuar sobre el diseño de las instituciones que estructuran las oportunidades. Aunque las razones que esgrime una u otra posición sobre los efectos de la monopolización de la riqueza y del poder sobre la desigualdad sean distintas, ambas corrientes de pensamiento concluyen que la concentración de poder se emplea en promover las políticas favorables y obstaculizar las perjudiciales a sus intereses.

En los últimos años el pensamiento económico ortodoxo ha utilizado el ingreso y su distribución para estudiar la evolución de las clases media: si el bienestar es función del ingreso entonces habrá que determinar quiénes, en función de su nivel de ingresos o por el lugar que ocupan en la distribución, pertenecen a la clase media.

Para el pensamiento latinoamericano el ingreso es un indicador de la posición de las personas en las relaciones sociales de producción y de los mecanismos que reproducen sus condiciones de existencia. En esencia, es la estructura socio-ocupacional (sectores productivos, condición laboral, segmentación de las actividades productivas) la que despliega el conjunto diferenciado de lugares productivos que dan origen a las clases sociales, cuya dinámica marca los límites de su evolución temporal. La desigualdad en la distribución del ingreso y sus cambios en el tiempo, serían un reflejo de las marcadas diferenciales de productividad, diferenciales que no convergen sino que siguen los avatares que sufren las economías de nuestros países.

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Bibliografía

Banerjee, A., & Duflo, E. (2007). What is middle class about the middle classes around the world? MIT.

Barro, R. (1999). Determinants of Democracy. Journal of Political Economy, 107(6), 129-158.

Benza, G. (2012). Estructura de clases y movilidad intergeneracional en Buenos Aires: ¿el fin de una sociedad de ‘amplias clases medias’? México: El Colegio de México.

Birdsall, N., De la Torre, A., & Valencia Caicedo, F. (2010). The Washington Consensus: Assessing a Damaged Brand. Washington: Center for Global Development.

Bolio, E., Remes, J., Lajous, T., Manyika, J., Rossé, M., & Ramirez, E. (2014). A tale of two Mexicos: Growth and prosperity in a two-speed economy. Mexico: McKinsey & Company.

Boudon, R. (1974). Education, Opportunity, and Social Inequality: Changing Prospects in Western Society. New York: Wiley-Interscience.

Bourguignon, F. (2004). The Poverty-Growth-Inequality Triangle. New Delhi: Indian Council for Research on International Economic Relations.

Bunge, M. (1999). Buscar la Filosofia en las Ciencias Sociales. México: Siglo XXI.

CEPAL (2006). Panorama Social de América Latina. Santiago: CEPAL-ECLAC.

Cortés, F. (2000). Procesos sociales y desigualdad económica en México. México: Siglo XXI.

De Ferrari, D., Perry, G., Ferreira, F., Walton, M., Coady, D., Cunningham, W., . . . Wodon, Q. (2003). Inequality in Latin America and the Caribbean: Breaking with History? Washington: World Bank.

De la Calle, L., & Rubio, L. (2010). Clasemediero. Pobre nomás, desarrollado aún no. México: CIDAC.

Easterly, W. (2001). The middle class consensus and economic development. Journal of Economic Growth(6).

Fajnzylber, F. (1990). Industrialización en América Latina: de la ‘caja negra al ‘casillero vacío’: comparación de patrones contemporáneos de industrialización”. Santiago: CEPAL.

Ferreira, F., Messina, J., Rigolini, J., López-Calva, L., Lugo, M. A., & Vakis, R. (2013). La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América latina. Washington: Banco Mundial.

Graciarena, J. (1972). Poder y clases sociales en el desarrollo de América latina. Barcelona: Paidos.

Guerrero, I., López, L., & Walton, M. (2009). The inequality trap and its links to low growth in Mexico. En S. Levy, & M. Walton, No growth without equity? Inequality, interests, and competition in Mexico. Washington: Palgrave Macmillan & The World Bank.

INEGI (2014). http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/experimentales/clase_media/presentacion.aspx. Consultado el 22 de junio de 2014.

Kliksberg, B. (Octubre de 2002). Hacia una nueva política social en América latina. Revista Sociedad y Economía(3).

Kuczynski, P. P., & Williamson, J. (2003). After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America. Washington: Institute for International Economics.

Kuznets, S. (1979). Growth, Population, and Income Distribution: Selected Essays. New York: W.W. Norton & Co.

Levy, S., & Walton, M. (2009). No growth without equity? Inequality, interests and competition in Mexico. Washington: Palgrave Macmillan & The World Bank.

Lewis, W. A. (1955). The Theory of Economic Growth. Homewood: Irwin.

Lopez Calva, L., & Lustig, N. (2010). Declining Inequality in Latin America. A Decade of Progress? Washington: Brookings Institution Press.

López-Calva, L., Lustig, N., & Ortiz-Juarez, E. (2011). The decline in inequality in Latin America: How much, since when and why. Washington: ECINEQ.

Ocampos, J. A., & Parra, M. A. (Abril de 2003). Los términos de intercambio de los productos básicos en el siglo XX. Revista de la CEPAL.

OMS, O. M. (2002). Informe sobre la Salud en el mundo. Ginebra: OMS.

Piketty, T. (August de 1995). Social mobility and Redistributive Politics. Quarterly Journal of Economics, 110(3).

Piketty, T. (2007). Top incomes over the twentieth century : a summary of main findings. En T. Piketty, Top incomes over the twentieth century : a contrast between continental european and english-speaking countries. Oxford: Oxford University Press.

Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, Massachussets: The Belnak Press of Harvard University Press.

Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge: The Belnak Press of Harvard University Press.

Pinto, A. (1970). Naturaleza e implicaciones de la heterogeneidad estructural de América latina. El Trimestre económico(145).

Pinto, A. (1971). El modelo de desarrollo reciente de América latina. El Trimestre económico.

Pinto, A. (Diciembre de 1972). Factores estructurales y modalidades del desarrollo: su incidencia sobre la distribución del ingreso. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales(4), 33-54.

Pinto, A. (1973). Heterogeneidad estructural y el modelo de desarrollo reciente de la América latina. En A. Pinto, Inflación, raíces estructurales (págs. 104-140). México: Fondo de Cultura Económica.

Pinto, A. (1973). Marginalización y dependencia de América latina. En A. Pinto, & J. Kñakal, América latina y el cambio en la economía mundial (págs. 19-141). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Pinto, A. (1973). Notas sobre la estrategia de la distribución y la redistribución del ingreso en América latina. Santiago: CEPLAN.

Pinto, A. (1974). El progreso técnico y el desarrollo de América latina. Santiago: CEPAL.

Pinto, A. (1974). La heterogeneidad estructural: aspecto fundamental del desarrollo latinoamericano. En G. Drekonja, Modelos de desarrollo en América latina (págs. 1-29). Berlin: Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional.

Pinto, A., & Di Filippo, A. (Julio-Septiembre de 1979). Desarrollo y pobreza en América latina: un enfoque histórico estructural. El Trimestre económico, 46(183), 569-590.

Pinto, A., & Kñakal, J. (1970). Notas alrededor del sistema centro-periferia. Santiago: CEPAL.

Pinto, A., & Kñakal, J. (1972). La inversión de capitales extranjeros en el sistema centro-periferia. En K. H. Stanzick, & H. Godoy, Inversiones extranjeras y transferencia de tecnología en América latina. Santiago: ILDIS-FLACSO.

Prebisch, R. (1949). El desarrollo económico de la América latina y algunos de sus principales problemas. Santiago: CEPAL.

Ravallion, M. (2009). The Developing World’s Bulging (but Vulnerable) “Middle Class”. Washington: The World Bank.

Rostow, W. W. (1960). The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press.

Salvia, A. (2012). La trampa neoliberal: un estudio sobre los cambios en la heterogeneidad estructural y la distribución del ingreso en Argentina 1990-2003. Buenos Aires: EUDEBA.

Solimano, A. (2008). The International Mobility of Talent. Types, Causes, and Development Impact. Oxford: UNU-Wider Studies in Development Economics.

Sorokin, P. (1962). Dinámica social y cultural. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

Sundrum, R. (1990). Income distribution in less developed countries. New York: Routledge.

Williamson, J. (1990). Latin American Adjustment: How Much Has Happened?. Washington: Institute for International Economics.

Yaschine, I. (2014). Impacto del programa Oportunidades en el logro ocupacional de jóvenes de origen rural en México. México: El Colegio de México.

Yocelevsky, R. (Abril de 2013). Immanuel Wallerstein y las ciencias sociales latinoamericanas. Revista Reencuentro [en línea](66).

1 En efecto, en esta última región, el 5% más rico se apropia de 23.8% del ingreso total, mientras que en nuestra región alcanza casi 25 por ciento. En el otro extremo de la distribución, 30% de los africanos más pobres participan con 11.5%, mientras que los latinoamericanos apenas llegan al 7.5% (Kliksberg, 2002, pág. 24).

2 La desigualdad en la distribución del ingreso es medida por el índice de Gini, un coeficiente que varía entre 0 y 1. Alcanza el límite inferior (0) cuando la distribución es equitativa y el valor superior (1) cuando el ingreso está total y absolutamente concentrado.

3 El índice de Gini para América Latina fue del orden de 0.50 para el periodo comprendido entre la década de los setenta y la de los noventa, comparado con 0.40 en Asia. Los países de la OCDE presentaban coeficientes de Gini del orden de 0.33 y el índice promedio de los países de Europa del Este fue de 0.30 (De Ferrari, y otros, 2003, pág. 57).

4 Las mediciones arrojaron para nuestra región coeficientes de Gini promedio de 0.484 en los años setenta y 0.522 en los noventa.

5 La medición en Argentina es sólo para el área urbana. Además, es conveniente recordar que este país en 2002 fue afectado por una profunda crisis económica.

6 El uso político de la U invertida de Kuznets es una hoja de la tijera; la otra es la tesis de Huntington (1968) que sostiene que los países autoritarios crecen más rápidamente que los democráticos, en la medida que no distraen recursos para financiar la inversión. Przeworski et al. (2000) demostraron con una amplia base empírica la falsedad de esta relación, ya que si bien es cierto que los gobiernos autoritarios invierten más que los democráticos la eficacia de la inversión es más reducida de modo que, concluyen, no hay relación entre tipos de regímenes y crecimiento económico.

7 Esto no quiere decir que el autor no considere la necesidad de contar con mano de obra capacitada y creativa; por el contrario a lo largo de todo el texto enfatiza la necesidad de crear las condiciones para promover la innovación tecnológica.

8 Los autores usan dólares “purchase parity power” que es un tipo de cambio de paridad que permite las comparaciones internacionales.

9 Por construcción este camino para definir la clase media no permite registrar su evolución a lo largo del tiempo, porque se define a partir de una proporción que no se modifica.

10 Sus estimaciones se basan en los estratos sociales construidos por la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y de Opinión Pública (AMAI).

Castas y clases. Una lectura de la estructura social paraguaya

Milda Rivarola

1. Introducción

Desde en el surgimiento de la nación paraguaya por la conquista española, hasta su tardía y traumática constitución como república –no la formal de 1814, sino la efectiva, tras la derrota de la Guerra Grande en 1870la sociedad paraguaya se estructuró y fue percibida como una sociedad de castas. La división feudal de señores y siervos fue reestructurada aquí –como en el resto de la colonia española– básicamente a través de criterios étnicos, o como se pensaba en esos siglos, de patrones raciales.

Como entre hindúes, se trataba de grupos sociales a los que se pertenecía de nacimiento, de cierta unidad étnica, de carácter endogámico. Suponían una férrea jerarquía -en la cúspide, los españoles peninsulares blancos de linaje, en la base, esclavos negros, de origen africano-. La estructura carecía de mecanismos como los que hoy denominamos movilidad social: la posibilidad de cambiar de castas era mínima o excepcional.

En 1570, cuando el poblado asunceno ya albergaba una segunda generación, el geógrafo López de Velazco contabilizó allí 300 españoles peninsulares, más unos 2.900 criollos (de padres españoles, nacidos en América) y mestizos (hijos de peninsulares con indígenas). No mencionaba -por desinterés censal, más que por ausenciaa pobladores indígenas.

Un memorándum del obispo Faustino de Casas de 1682, fue más atento a la diversidad de los habitantes de la provincia del Paraguay. De sus casi 39.000 pobladores, un 18% era español, criollo o mestizo, en su inmensa mayoría viviendo en Asunción. Como aún existía abundante servidumbre indígena, los esclavos afroamericanos no llegaban al 3%.

Pero la base de esa pirámide de castas era indígena, cuatro de cada cinco paraguayos de fines del XVII: un 6%, esclavos yanaconas o siervos mitayos en Asunción y Villarrica; un 9%, mitayos en pueblos de seglares y otro 14% de tavas franciscanos. La mitad de la población censada (49%) era Guarani –liberada de la encomienda a criollos y peninsulares, pero sometida a trabajo servil para la Compañía de Jesús– de las misiones de la margen derecha del río Paraná.

Varios factores alteran la proporción de nativos en el sistema durante el siglo XVIII: la caída demográfica de la población mitaya, por exterminio en las “minas” yerbateras o fuga y conchavo en las embarcaciones de la Carrera del Paraguay y la expulsión de los jesuitas, que provocó el drenaje de estos Guarani hacia la provincias del sur. Por otra, el incremento de la población esclava negra, traída para sustituir la cada vez más escasa servidumbre indígena.

Las reformas borbónicas generaron un auge de la economía mercantil a fines de ese siglo, con el fortalecimiento de una “burguesía mercantil y burocrática” de origen peninsular, de creciente poder político y económico (Velazquez, 1994). Paralelamente, se ampliaba el sector de trabajadores calificados –asalariados libres– y una nueva forma de servidumbre, la de mensues yerbateros (enganche por deudas, truck system o tienda de raya).

Los censos de Aguirre y Azara en el siglo XVIII se basan en la misma estratificación por castas del siglo anterior, pero con proporciones bien alteradas. Ahora, las tres quintas partes de los 97.000 habitantes de la provincia (un 57%) eran ya españoles (peninsulares, criollos o mestizos). Los indígenas –de las villas de españoles, pueblos franciscanos o de seglares y de las ex misiones jesuíticas– habían caído a apenas un 29%, mientras la de “color” subió al 11% del total (unos 7.000 mulatos y negros, libres, con otros 4.000, esclavos) (Kegler Krug, 1994).

Según Juan Carlos Garavaglia, esta movilidad social de una estructura social tan duramente estratificada en el lapso de apenas un siglo, obedecería al intenso “mestizaje geográfico” de la segunda mitad del siglo XVIII: mestizos pobres que se afincaban en los pueblos de indios atraídos por sus tierras comunales y ganados, indios fugados de las ex misiones jesuíticas o de la mita que, a su vez, se “arrimaban” a pueblos de españoles en busca de libertad y trabajo (Garavaglia J. C., 1983; Garavaglia J. C., 1987).

Otras tendencias empeoraron las condiciones de las “castas inferiores” en ese siglo: se trasladaron coactivamente centenares de negros y mulatos libres a los pueblos de Villeta y Emboscada, para defender esos territorios. Y miles de criollos pobres perdieron su libertad en los yerbales y obrajes, a través del sistema de enganche por deudas. Este proceso continuará en el XIX debido a causas políticas, en que indios y esclavos también sufrirían la degradación de su situación.

La nueva “burguesía mercantil y burocrática” referida por Velázquez, recién migrada a la provincia, se agregó –no sin conflictos– a la vieja “clase directiva colonial” constituyendo el sector que agrupó a los “peninsulares” del Paraguay. Ese autor menciona también una “clase media rural y pueblo llano”, criollos o mestizos integrantes del común, la llamada gente rei, así como una última categoría de “indios y pardos”, que estaba reduciéndose. Curiosamente, Velázquez no cita a los esclavos en su estudio de la sociedad a fines de la colonia (Velazquez, 1994).

2. Cambios y persistencias de la primera República

Luego de la independencia y antes de las políticas económicas del Dr. Francia, los ingleses Robertson hablan de las “clases” -en sentido pre-marxistaexistentes en una Asunción de apenas 10.000 habitantes. Unas 300 familias (en su cálculo, 1.200 habitantes) pertenecían a la elite: se lista a miembros del cuerpo político, a oficiales del ejército, el clero, abogados, médicos, notarios, comerciantes, “hombres de posición importante” y almaceneros (Robertson & Robertson, 1838, págs. 291-292)

Otras 500 familias (2.000 habitantes) estaban constituidas por “pequeños propietarios rurales o campesinos de las vecindades”; el grupo mayoritario, de 1.000 familias (4.000 habitantes) era el de “trabajadores libres (incluyendo hombres que trabajan en la navegación fluvial y en los yerbales)”, seguidos por lo que estos viajeros denominaban “indios domesticados”, así como 700 familias (2.800 habitantes) en servidumbre doméstica o de granjerías del entorno urbano.

Se entiende que, al circunscribirse a la capital, estos comerciantes no contabilizaran la población indígena de los pueblos; pero es difícil entender que no incluyeran alguna categoría de esclavos negrosbien presentes en Asuncióno que trataran de “trabajadores libres” a los peones de yerbales.

Pese al mito socializante que rodea la Dictadura Perpetua, las castas “inferiores” no vieron mejorías de su status durante ese lapso. De acuerdo a Carlos Pastore, respecto a los indios “florecieron, como benéficos y paternales, el sistema de encomienda y la toma de yanaconas” (Pastore, 1972, pág. 99).

La creación de una Esclavatura del Estado prolongó legalmente el comercio de esclavos bajo esta Primera República y el dictador solía declarar “mulatos” a familias criollas no afectas a su gobierno, para restarles derechos de las castas superiores. El comercio exterior estaba restringido a la casta superior, ya que al memorial elevado a este Gobierno para obtener permisos de exportación debía adjuntarse un certificado del Juez del distrito de “ser el interesado blanco de linaje” (Molas, 1957, pág. 72).

Tanto en este gobierno como en el siguiente, cada casta mantenía sus parroquias o iglesias diferenciadas –cuando no sus propios santos como San Baltasar–, vestía de diferente manera así como poseía derechos y obligaciones distintas. Usualmente los matrimonios –que requerían un permiso gubernamental– sólo podían realizarse al interior de las castas (endogamia).

Si el servicio militar se abrió a los mulatos libres y luego a indios “liberados” de la comunidad de sus pueblos, la educación seguía siendo privilegio de mestizos y criollos de clases altas. También las penas y castigos físicos continuaban siendo -de acuerdo a la legislación colonial aún vigentemucho más duras (las “penas degradantes”) para las castas inferiores.

Bajo el gobierno de Carlos A. López, una fuente local repite la lectura de castas de la colonia: el censo eclesiástico de 1846 contabilizaba los hogares, distinguiendo la condición étnica-social de sus miembros: además de las familias de origen criollo o indígena, se detallaba en número de libertos, esclavos y “otros” –¿mitayos, domésticos, “arrimados”? – residiendo en cada hogar. En algunos pueblos, los curas diferenciaban en las hojas censales a pobladores “blancos, de color y naturales” (Kegler Krug, 1994).

Dos medidas liberalizadoras de la estructura de castas de la Primera República no contribuyeron a eliminarla. La primera, que al cumplirse los veinticinco años de hijos de esclavos, libres a partir de allí según la ley de “Libertad de Vientres” expedida por el Consulado (1842), los mismos fueron enrolados y fallecieron en casi la totalidad durante la Guerra Grande. La segunda, que consistió en otorgar ciudadanía y derecho a portar armas a los indios de los veintiun pueblos (1848) estuvo acompañada de la expropiación de sus tierras comunales y ganados, los indios de comunidades debieron convertirse en peones servilizados.

Bajo el gobierno de F. Solano López, el embajador Washburn hizo una lectura indirecta de la estructura social paraguaya. A las fiestas oficiales asistían miembros de las “diferentes clases de la sociedad”1, con las distancias y jerarquías inherentes.

En los bailes de la Plaza Mayor había

“tres compartimentos distintos para las diversas clases de gentes. El primero tenía sillas en torno, y alfombras cubriendo el suelo. En ese sector podía encontrarse al Vicepresidente, al Gabinete de Ministros, al Jefe de Plaza y Jefe de Policía, y, por supuesto, a las clases altas de ciudadanos con sus mujeres e hijas. (...)

Cerca de esta área se hallaba el siguiente recinto, muy semejante al primero, excepto por el hecho que no tenía alfombras.

Era el destinado a las peinetas de oro, a militares que se habían elevado del rango de soldados rasos, a artesanos y a otros pertenecientes a la clase de los peones. (…). Tanto hombres como mujeres iban descalzos.

La siguiente división estaba asignada a las clases más pobres desde mujeres que se ganaban la vida como aguateras, o tenían un pequeño puesto en el mercado, las del servicio doméstico, hasta gentes que bajo algún concepto permanecían alejadas en la decencia o de la moral. Los hombres que bailaban con ellas eran soldados rasos, peones o esclavos” (Washburn, 1871, pág. 100).

3. El ocaso de las castas y el fin del antiguo régimen

La derrota de la guerra contra la Triple Alianza significó el fin del antiguo régimen (Primera República incluida) y el de la estructura social de castas que durante siglos le fue propio. Las leyes, registros oficiales y censos olvidaron los caracteres étnicos (indios, negros o “de color”, blancos de linaje, etc.) y al menos constitucionalmente, los ciudadanos paraguayos no se distinguían ya por criterios de nacimiento o linaje.

La liberalización económica supuso privatizar empresas públicas – como el ferrocarril– y tierras fiscales, que a fines del XIX dieron lugar a inmensas ciudades fabriles tanineras y a una explotación masiva de la yerba mate y los montes de madera. A esto se sumó la inmigración hacia las ciudades de artesanos y pequeños industriales, de origen argentino o europeo.

Dos décadas después de la guerra, estas clases trabajadoras “modernas” –es decir, asalariadas y no sometidas a mecanismos extraeconómicos de extracción del excedente producido por el trabajo– tenían ya sus Uniones, Sociedades de Socorros Mutuos o de Resistencia y empleaban el instrumento clásico de obtención de derechos laborales: la huelga.

El censo oficial levantado por J. Jacquet en 1886 dio una lectura social basada en criterios no étnicos sino de relación con el capital, la tierra y el trabajo. Un 3,4 % de los 105.000 individuos mayores de 15 años –lo que hoy llamaríamos “población económicamente activa”– era industrial, hacendado o comerciante. Entre artesanos, trabajadores asalariados y no calificados, peones estacionales y servidumbre sumaban más del 13%, mientras cuatro de cada cinco paraguayos (82,7%) seguían siendo campesinos agricultores (Jacquet, 1886).

Ciertamente, la tradición de oficios anterior a la guerra fue destruida con el exterminio de la población masculina adulta y, tanto los artesanos calificados como buena parte de la burguesía era entonces de origen extranjero. Por otra parte, el liberalismo económico no llegaba a las clases trabajadoras rurales, sometidas de nuevo -como a fines de la colonia los duros mecanismos de “enganche por deuda”.

En eso consistió la “esclavitud de los yerbales” -que desde los tiempos de Rafael Barret su denuncia movilizó a los trabajadores organizados asuncenosa la que estaban sometidos unos 25.000 a 30.000 mensúes. Además, otro factor violentaba la libertad de peones de obrajes, yerbales y ciudades industriales del interior: el enrolamiento forzoso en las decenas de sublevaciones que sacudieron al país hasta la guerra civil de 1922.

Surgió de este modo una clase -o más bien, unas clases trabajadorasbien diferenciada, con un sector urbano calificado, con organizaciones, periódicos, ideologías y tradiciones combativas propias así como un liderazgo inicial de artesanos inmigrantes, contemporáneamente con otro vasto sector rural –guaraní parlante– sometido a condiciones semiserviles de explotación del trabajo, desprotegido de la ley y sin organizaciones sindicales ni mecanismos para la defensa de derechos.

Como en otras naciones occidentales, estas clases trabajadoras urbanas nacieron con ideología anarquista: el acta de creación de la Federación Obrera Regional del Paraguay (1906) estipulaba como objetivo de largo alcance: “cuando se haya verificado la transformación económica que destruya los antagonismos de clase que convierten hoy al hombre en el lobo del hombre y funde un pueblo de productores libres para que, al fin, el siervo y el señor, el aristócrata y el plebeyo, el burgués y el proletario, el amo y el esclavo, que con sus diferencias han ensangrentado la historia, se abracen bajo la sola denominación de hermanos”2.

La reacción inicial de las clases opuestas -la de industriales y hacendados, así como los intelectuales a su serviciofue la de negar la “cuestión social” y por ende, la nueva estructura de clases, alegando tanto la “haraganería e indolencia” ancestral del peón paraguayo. Esas costumbres más la escasez de mano de obra calificada justificarían el control de la fuerza de trabajo por medios violentos que -en teoríaderivaban en buenas condiciones de trabajo.

Pero la constitución de esas clases trabajadoras, asumidas como tales con un discurso de clase, repercutió forzosamente sobre la percepción oficial. En su discurso ante las cámaras, el presidente Cecilio Báez admitía su existencia: “El progreso político se hace visible, además, en la organización de las clases obreras con el fin de reclamar de sus patrones una más justa remuneración del trabajo”3.

Y reflexionando en Ginebra sobre las condiciones de vida de los trabajadores asuncenos, el pensador liberal Eligio Ayala escribiría en la década siguiente: “En los periódicos de la capital, nada hace presentir las miserias del proletariado asunceno, hacinado en las covachas sin muebles, sin aire, sin luz, en las pequeñas grutas húmedas y malsanas que les sirven de hogar” (Ayala, 1941, pág. 70).

De cualquier modo, un abismo se abría entre los obreros asuncenos -algunos sindicatos como el de carpinteros o marítimos lograron que sólo se contratara a trabajadores afiliadosy el peonaje rural de obrajes y yerbales, retribuido apenas en ropas y provistas, reclutado contra su voluntad en guerras civiles y pasible de sufrir torturas físicas y ejecuciones por fuga. De cierto modo, esos lejanos descendientes de los “indios de los pueblos” habían heredado las duras desigualdades de casta de sus ancestros.

Del anarquismo inicial, la clase trabajadora organizada tomó en los años ‘20 las banderas del socialismo y, luego de la Guerra del Chaco, las del comunismo. En la década del ’60 aparecían en Buenos Aires las primeras lecturas de la historia paraguaya en perspectiva clasista: la del dirigente intelectual comunista Oscar Creydt, con su Formación histórica de la nación paraguaya (1963) y la del dirigente socialista Francisco Gaona, con su Introducción a la historia gremial y social del Paraguay (1967). Ambos habían sido activos protagonistas de luchas obreras y estudiantiles de la preguerra del Chaco.

4. Las permanencias del presente

En ocasión de una fiesta del interior la autora de estas líneas escuchaba –de boca de un criollo– la despectiva expresión de gente vai, refiriéndose a campesinos y “orilleros” del pueblo que asistían a la reunión. Pronto se aclaró el sentido: no se trataba de delincuentes potenciales ni de personas físicamente feas. La expresión mantenía la misma connotación que la de gente rei del siglo XVIII, la que se usaba para designar a quienes no eran blancos de linaje o que, pese a una tez clara, resultaban campesinos guarani parlantes y pobres.

Un reciente estudio del PNUD sobre desigualdades mostró que la dimensión socialmente más desigualadora en Paraguay de inicios del siglo XXI no era el sexo ni la geografía sino la lengua materna. La población guaraní parlante sigue acumulando todas las brechas negativas de educación, ingresos, salud, seguridad social, tipo de vivienda y condiciones de empleo (PNUD, 2008).

De haber estadísticas adecuadas, la persistencia de desigualdades étnicas o lingüísticas –o sea, finalmente, de casta– quizá podría verificarse en la tasa mayoritaria de pobres guarani parlantes respecto a los hispano parlantes de clase alta dentro de la población carcelaria. El lema judicial parecería fuera el de “clases pobres, clases peligrosas”.

Y pese a los acuerdos internacionales firmados por el país sobre derechos humanos, la represión fiscal-policial que se desata en la actualidad sobre los campesinos -guaraní parlantes y pobresen el norte del país sigue empleando impunemente formas de tortura así como tratos inhumanos y degradantes propios del viejo Paraguay de castas.

En un país que apenas benefició de procesos de industrialización, con mínima clase obrera, con una burguesía altamente dependiente de los privilegios del poder político –es difícil no recordar la definición de “burguesia fraudulenta” con la que la caracterizó Juan C. Herken hace cuatro décadas (Herken, 1972)– y un resto de clases campesinas en proceso de disolución, persisten las formas de las antiguas desigualdades de castas compitiendo con la difícil lectura en clave de clases sociales de la estructura social paraguaya.

Bibliografía

Ayala, E. (1941). Migraciones. Santiago: La Sudamericana.

Garavaglia, J. C. (1983). Mercado interno y Economía colonial. México: Grijalbo.

Garavaglia, J. C. (1987). Economía, sociedad y regiones. Buenos Aires: La Flor.

Herken, J. C. (1972). La realidad económica paraguaya. Revista Paraguaya de Sociología.

Jacquet, J. (1886). Anuario Estadístico. Primer Censo de postguerra contra la Triple Alianza. Oficina General de Estadística. Asunción: Oficina General de Estadística.

Kegler Krug, A. (1994). Alcance histórico demográfico del Censo de 1846. En M. Rivarola, Pasado y Presente de la Realidad social paraguaya (págs. 707-729). Asunción: CPES.

Kegler Krug, A. (1994). La población del Paraguay a través de los censos de Azara y Aguirre. En M. Rivarola, Pasado y Presente de la Realidad social paraguaya (págs. 649-683). Asunción: CPES.

Molas, M. A. (1957). Descripción histórica de la antigua Provincia del Paraguay. Asunción: Ediciones Nizza.

Pastore, C. (1972). La lucha por la tierra en el Paraguay. Montevideo: Antequera.

PNUD. (2008). Equidad para el desarrollo. Informe de Desarrollo Humano 2008. Asunción: PNUD.

Robertson, W., & Robertson, J. (1838). Letters on Paraguay, comprising an account of a four years’s residence in that Republic, under the Gouvernment of the Dictator Francia. London: Murray & Co.

Velazquez, R. E. (1994). La sociedad paraguaya en la época de la Independencia. En M. Rivarola, Pasado y Presente de la Realidad social paraguaya (págs. 253-265). Asunción: CPES.

Washburn, C. A. (1871). The History of Paraguay, with notes of personal observations and reminiscenses of Diplomacy under difficulties (Vol. 2). Boston: Lee and Shepard Publishers.

1 El término “clases sociales” aparece con frecuencia en el periódico oficial El Semanario.

2 Acta y Texto fundacional de la FORP en El Despertar, Nº 2, Asunción, 1 junio 1906, págs. 2-4.

3 Discurso del Presidente Báez ante las Cámaras, abril de 1906, en: El Estado General de la Nación durante los Gobiernos Liberales, pág. 20, Tomo I, Asunción, Archivo del Liberalismo,1987.

Sobre castas y clases. Complementos de una lectura sobre la estructura social paraguaya

Carlos Gómez

Trabajando desde su vasta experiencia en la historiografía social del Paraguay hasta sus análisis políticos más recientes, Milda Rivarola concluye que existe una sociedad de castas que exhibe continuidad histórica entre el Paraguay colonial y el actual (Rivarola, 2016). Así, Rivarola plantea que la identidad guaraní determina la pertenencia a un sector social pauperizado en esa sociedad estamental que persiste en el Paraguay.

Podríamos replantear esta problemática para Rivarola. Se podría sugerir a la autora delinear el proceso de evolución de las clases sociales y la desigualdad en el Paraguay del siglo veinte, lo que a principios de siglo -como la misma lo refierese denominaba la “cuestión social”, preguntando sobre la adecuación histórica de los contornos de clase y etnia. ¿Es casi idéntica? En algunas partes de su planteamiento uno puede subentenderlo. O ¿hay deslizamientos que permiten el salto de un grupo a otro? El salto hacia atrás o hacia adelante, si se pudiera hablar de la movilidad social dentro del capitalismo.

Por otra parte, siguiendo con la misma línea de adecuación entre clase y etnia, ¿cómo se modifica? Si es el caso, esta relación atraviesa una transformación sensible del Paraguay rural de la década de 1950 cuando sube Stroessner, al Paraguay de principios del siglo veintiuno, más urbano que rural, si bien no dentro de las líneas de oposición absoluta que nos presentaban los enfoques tradicionales de la sociología rural y urbana. Asimismo, existen líneas de continuidad entre el campo y la ciudad, un urbanismo ruralizado y viceversa, un campo urbanizado, todo esto como obra de las nuevas tecnologías y también a razón de la migración masiva del campo a la ciudad. ¿Qué efecto tiene esto sobre la composición y el cambio en las relaciones entre etnia y clase social?

También se hace necesario plantear una línea de reflexión sobre las relaciones entre Estado, capital privado, clases sociales y pertenencia étnica en el Paraguay del siglo veinte a partir de la mirada de Rivarola. Como uno puede leer en su obra historiográfica, los movimientos sociales de principios de siglo se dan al margen del Estado que, entonces incapaz de cooptar a las clases sociales marginadas, le fue costoso domesticarlo para su propio beneficio. Esta es justamente la época en que, como bien nos indica Rivarola, el pensamiento liberal y el pensamiento socialista, principalmente comunista pero también anarquista en su origen, lleva a cuestionar el lugar del Estado sobre la autonomía de las clases sociales (Rivarola, 1994; Rivarola, 1993).

De hecho, como señala Rivarola, la forma principal del poder público para incorporar a las clases sociales pobres es la guerra civil, donde se recluta por la fuerza con la promesa de distribuir luego, al menos para los dirigentes, los trofeos de guerra. Así ocurre en 1904; 1911; 1922-23. La conscripción obligatoria, entrenada en el proceso de estas disputas por el control del gobierno, se facilitó cuando llegó la Guerra del Chaco (1932-1935) en la cual las clases sociales pauperizadas, principalmente campesinas –esos campesinos que son exclusivamente guaraní parlantes a los que refiere Rivarola–, participaron en el conflicto sometiéndose en muchos casos por primera vez al control estatal. Antes habían vivido en campos abandonados, propiedad de terratenientes especuladores que vivían fuera del país o habían tenido un proceso de incorporación al capitalismo vía economías de enclave, las tanineras en el Chaco, las yerbateras en el Alto Paraná, y las empresas madereras.

Así se da el principal cambio cualitativo del siglo veinte. El Estado lidera un proceso de disciplinamiento de las clases campesinas pobres. Lo hace al concentrar en lugares como el escenario de conflicto en el Chaco y el espacio de reclutamiento en Asunción, haciendo convivir a grupos urbanos con experiencia en la formación en luchas obreras tanto contra sus patronales como contra el Estado, con grupos rurales sin experiencia de lucha organizada en el campo. El resultado de este encuentro es la dificultosa incorporación de las masas a la arena política paraguaya, proceso que se extiende por un período de veinte años aproximadamente (Pérez Cáceres, 2004; Paredes, 2006).

Entre la incapacidad del capital organizado para incorporar adecuadamente a estas masas al sistema económico y la incapacidad estatal de cooptar a los movimientos sociales organizados, tanto por la debilidad de sus fuerzas del orden como por sus diferencias internas y en última instancia, su falta de recursos como estado empresario en un mundo donde las economías nacionales vecinas crecían por la industrialización por substitución de importaciones (y el Estado empresario), el país vive su etapa más anárquica. Esta transición y esta fase de incertidumbre social aquí evocada, que va entre 1930 y 1950, se sostiene en el cambio de paradigma dentro del mundo de las ideas políticas más significativo del siglo veinte en Paraguay. Dicho cambio se da con la imposición de la fórmula nacionalista que sostiene a las diferentes corrientes ideológicas ahora unificadas sobre una misma base que es el “Paraguay Eterno” de J. Natalicio González, por lo menos en su variante republicana.

El nacionalismo en este contexto es importante porque articula el Estado intervencionista y el Estado corporativista, moldeado por Estigarribia y ensayado principalmente por Morínigo, que se consolida con Stroessner, quien le da una legitimidad fundamentada en una concepción étnica de lo nacional. El Estado en este marco tiene una salida excepcional, justificada por la excepcionalidad paraguaya, que incorpora etnia con nación de forma simétrica, bajo el orden provisto por el Estado autoritario, el mismo de Rodríguez de Francia, de los López y de Stroessner. En este punto se deberá plantear a Rivarola exponer el efecto de esta continuidad histórica entre clase y casta dentro del esquema discursivo nacionalista autoritario consolidado durante la dictadura stronista. ¿Desde qué lugar podría la “gente vai”, de la que refiere Rivarola, interpelar este esquema discursivo nacionalista con la reivindicación de una sociedad de castas desde el Estado y enunciando las posibilidades emancipatorias como colectivo social?

Volviendo al papel del Estado, es significativo destacar el papel jugado por la guerra civil de 1947 en este proceso de disciplinamiento de la sociedad paraguaya. Fue ese conflicto el que filtró la sociedad política paraguaya al eliminar actores rurales radicalizados y urbanos de partidos opositores, igual que los militares institucionalistas. Todo esto facilitó la imposición del orden bajo Stroessner. A éste en el poder lo único que le faltaba ordenar era su propio partido, cosa que hace con mucha habilidad y rapidez, para consolidar su poder. Es el Paraguay de Stroessner el que estatiza los mecanismos de cooptación de los movimientos sociales autónomos. Claro está, esto lo hace con el palo y la zanahoria: a los más idealistas los reprime, a los más flexibles los compra, pero el resultado final es la incorporación al orden económico de muchos campesinos por la vía del Estado. Algo similar a lo que ocurrió bajo Rodríguez de Francia y principalmente bajo los López. En este sentido, este proceso es diferente del que hizo posible la incorporación de los peones al orden liberal de la postguerra del 70 donde, si bien la autonomía no era la regla, el Estado no dirigía el proceso, lo hacían los capitales internacionales.

Desde que subió Stroessner, y principalmente desde su consolidación en la década de 1960, lo que se vio fue una amplia movilización de campesinos a las ciudades, en muchos casos incorporados al mundo social del capitalismo urbano por la vía de los trabajos ofrecidos por el Estado en cualquiera de las experiencias clientelistas de la Asociación Nacional Republicana en el gobierno. Esto se agudizó en la transición democrática desde 1989, con gobiernos en principio regidos por el principio de la mayoría y, por lo tanto, más obligados a dar resultados a sus masas constituyentes.

Hubo, por supuesto, grandes facilidades para hacer esto bajo Stroessner: créditos internacionales blandos en el contexto de la Guerra Fría que facilitaron la acumulación de capital en el Paraguay desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los créditos anticomunistas de Estados Unidos así como el caudal de divisas proveniente de Itaipú, que generó un crecimiento económico sin parangón en la historia del Paraguay y, finalmente, la modernización del mundo rural por vía del agronegocio, estos dos últimos factores que de alguna manera permanecen en el Paraguay del presente (Nickson, 2010).

Este proceso actual de crecimiento económico como resultado de la exportación de carne y las commodities agrícolas y que está acelerando el final del Paraguay histórico del cual expone Rivarola, se hace de nuevo de la mano del capital privado, si bien ahora con la protección selectiva del Estado que organiza el impulso económico en ciertas zonas, no en todas. Indagando sobre la actualidad, ¿cuál será el impacto

de este proceso que vivimos en el cual el desarrollo está en manos del capital privado, en que se generan muchos ingresos y se parte de la premisa de que mucho crecimiento es bueno, mientras se agudizan los índices de desigualdad, asumiendo que en un plazo –indefinidode tiempo éstas se corregirán por sí mismas?

Otra coincidencia en términos de procesos históricos es la introducción de ciudadanos no originarios del Paraguay en este proceso. Similar a lo que ocurrió tras la guerra del 70, ahora hay muchos extranjeros viabilizando desde diferentes lugares y aportes el crecimiento económico a manos del capital privado y sin la tutela específica del Estado. ¿Qué resultados podemos esperar de un proceso como éste?

Estas preguntas las formulamos pensando en el posible papel de los movimientos sociales, las clases revolucionarias del análisis marxista clásico, que ahora se desarrollan por fuera del sistema de cooptación del Estado paraguayo. En el escenario actual, con la profesionalización y transparencia (supuestas) de la función pública, previa limpieza de los actores del pasado, uno puede esperar que quienes próximamente serán ex-funcionarios del Estado puedan acompañar un proceso de reacomodo dentro del orden económico, quizá en asociación con los campesinos, esos paraguayos guaraní parlantes que siguen siendo los más castigados por los procesos de modernización que afectan al Paraguay actual y en quienes se centra el texto de Rivarola. Entonces, y como cuestión final, ¿qué impacto puede tener esta sociedad de castas a la que alude la autora en la reconstitución del Paraguay actual, con movimientos sociales que por primera vez desde la subida de Stroessner al poder actúan con cierta autonomía, asegurada al menos por la falta de intentos del gobierno de cooptarlos y que elije dejar los reacomodos sociales a manos del mercado?

Bibliografía

Nickson, A. (2010). El régimen de Stroessner. En I. Telesca, Historia del Paraguay (págs. 265-294). Asunción: Taurus, págs. 265-294.

Paredes, R. (2006). 1936-1956. Veinte años de caos y violencia política. Asunción: Última Hora.

Pérez Cáceres, C. (2004). Proceso político 1946-1954: antecedentes del golpe de mayo de 1954. Necesaria autocrítica y revisión de la actuación de los partidos políticos. Novapolis (7).

Rivarola, M. (2016). Castas y clases. Una lectura de la estructura social paraguaya. En L. Ortiz, Desigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya. Asunción: CEADUC/CLACSO/ICSO.

Rivarola, M. (1993). Obreros, utopias y revoluciones. La formación de las clases trabajadoras en el Paraguay liberal (1870-1931). Asunción: CDE.

Rivarola, M. (1994). Vagos, pobres y soldados. La domesticación estatal del trabajo en el Paraguay del siglo XIX. Asunción: CPES.

La estructura social y su reflejo en el campo político paraguayo

Ramón B. Fogel Pedroso

1. Introducción

En este artículo se caracteriza la trama de relaciones entre las clases y grupos sociales de la sociedad paraguaya prestando atención a sus últimas transformaciones, de modo a analizar sus interrelaciones con el proceso político ejercido en el marco del Estado. En el planteamiento se resalta el surgimiento de nuevos actores forjados en el proceso de sojización. Asimismo, se plantea a grosso modo un análisis retrospectivo¹. En cuanto a la dimensión temporal en la caracterización de las clases sociales, su proceso de constitución y sus transformaciones, se enfatizan las últimas tres décadas.

2. La formación social paraguaya a fines del siglo XX

Ciertamente la inserción de la economía paraguaya en los mercados globalizados, tal como se dio en las últimas dos décadas estuvo fuertemente condicionada por la estructura de clases y grupos sociales del periodo histórico precedente, sin embargo las limitaciones de espacio obligan a acotar la diacronía a las tres últimas. La formación social paraguaya, a principios de la década del 80’, tenía los rasgos de una sociedad carente de las articulaciones básicas que le proporcionara un empresariado nacional manufacturero orientado al mercado interno y una fuerza obrera progresista que tensionara y contra balanceara a aquel.

La posición de la clase dominante era ocupada por la oligarquía ganadera latifundista, que basaba su poder en el control de la tierra; hacían parte de la estructura social de la época también las capas de asalariados no productivos, la pequeña burguesía, así como categorías sociales ligadas al Estado.

Datos históricos sobre la ocupación por ramas de actividad permiten reconstruir la distribución de los agrupamientos sociales. Así la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en industrias manufactureras apenas llegaba en 1982 al 12% del total, en contraste con la dedicada a agricultura que llegaba al 41.4 % (Cuadro N°1); la participación de la fuerza de trabajo en la agricultura había sido aún mayor una década antes. En tanto, en la industria manufacturera esa participación fue ligeramente mayor a principios de la década del 70’ del siglo pasado.

Careciendo de una burguesía nacional que planteara algún desarrollo del país y sin el principal actor subalterno, quedaba la oligarquía ganadera como clase dominante, a la que se suma la emergente burguesía financiera especulativa post Itaipu que muy pronto deviene hegemónica. Los rasgos subjetivamente compartidos por los miembros de estos agrupamientos sociales que pasaron a constituir el bloque dominante no se orientaban al desarrollo del mercado interno ni la industrialización del país.

Cuadro Nº 1. Distribución de la población económicamente activa (PEA) por ramas de actividad (1962–1982)

Fuente: DGEEC. Censos de Población y Vivienda, años 1962, 1972 y 1982. (*) Sin Datos.

En una sociedad de base agraria el papel histórico de actor progresista quedaba al campesinado movilizado puntualmente, en el plano local, en sus luchas por la tierra o a través de sus organizaciones, cuestionando el modelo agroexportador y pergeñando alternativas, en planteos de alcance nacional. Ese actor campesino todavía mayoritario demográficamente en aquel momento, estaba, como lo está hoy, definido más como estamento que como clase, en la medida que sobresalen sus rasgos culturales como colectividad etnocultural guarani parlante, con agravios acumulados y luchas compartidas (Fogel, 2010a). Esa identidad se irá fortaleciendo en sus crecientes conflictos en defensa de sus territorios invadidos por brasileños y paraguayos de origen brasileño (“brasiguayos”), resistiendo la penetración de los sojeros o movilizándose en la recuperación de sus territorios.

En esa estructura de clases, estos grupos sociales estaban ligados entre sí por relaciones de dominación, articuladas por el poder político dictatorial. Con la abierta protección de ese orden autoritario se forjó “un empresariado de frontera” ligado a la triangulación comercial. Este grupo que operaba al margen del orden legal llegó a tener tanta incidencia como el de la burguesía financiera; paradójicamente las ilegalidades que alimentan la constitución y crecimiento de este actor está legitimado por el propio Estado que hace concesiones como “precio de la paz”. La división profunda de la sociedad paraguaya, con partes yuxtapuestas, y con visiones antagónicas acerca de “el bien y el mal” se manifestaba una vez más en visiones contrapuestas sobre prácticas sociales irregulares, y paradoja de paradojas, como todavía sucede hoy, el denunciante de ilícitos podía ser imputado penalmente.

Otras transformaciones importantes de la estructura social décadas atrás fueron impulsadas por la inserción progresiva de capital así como de grandes y medianos empresarios provenientes del Brasil, que dan inicio al agronegocio de la soja. La expansión de la agricultura capitalista a nivel global tuvo mayor desarrollo relativo en el Brasil (Costa, 2014). La dinámica de diferenciación socioeconómica se estaba dando no solo a nivel nacional, sino también entre los dos países.

El desarrollo desigual y combinado era parte de las estrategias de una suerte de desarrollo asociado al Brasil, apuntalada por la dictadura desde la década del 60’ del siglo pasado; esta estrategia dio sus frutos a tal punto que las fronteras vivas del Brasil se expandieron rápidamente en el borde del Este del país con la colonización de facendeiros que muy pronto ocuparon todas las tierras libres de Alto Paraná y Canindeyú.

3. La sojización y los nuevos actores

Precisamente este desarrollo dependiente de capitales brasileños y de la intermediación de empresarios brasileños con las grandes corporaciones del agronegocio, determina, en las décadas siguientes, cambios substanciales en las formas de producción y en la estructura social con la sojización de la región oriental. El nuevo modelo extractivo responde a la lógica de enclave —el de segunda generación— ligado al Brasil y representa una nueva relación sociedad-naturaleza.

En las nuevas formas de producción de capital intensivas, la naturaleza desempeña un papel de proveedor de recursos sin considerar sus límites, ya que la soja transgénica reduce la sustentabilidad de la producción al no reponer, en tierras aptas, ni el 53 % de los nutrientes extraídos. La alarmante deforestación que contribuye en medida importante con el cambio climático, que castiga más a los estratos pobres de la población, es otra consecuencia del agronegocio sojero².

El cambio del uso del suelo en la región occidental aumenta la presión sobre el Chaco para la implantación de pastura para la ganadería, también controlada por capital y empresarios brasileños, con el consiguiente desmonte. La misma lógica extractiva lleva a la destrucción masiva de los recursos naturales en la Región Occidental.

Otra consecuencia ambiental de la nueva forma de producción determinada por las grandes corporaciones es la contaminación que convierte al Paraguay en el país más contaminado de la región, y que lleva a las áreas de recarga del Acuífero Guaraní millones de litros de productos fosforados al año; los agentes más dinámicos de las fronteras vivas del Brasil están deteriorando la calidad de la fuente de agua más importante compartida por aquel país, con la complacencia de autoridades de aplicación de las normas que precautelan la calidad del agua; las políticas y leyes ambientales son sistemáticamente soslayadas por los actores del agronegocio que parecen tener tanto poder como el Estado³.

El crecimiento del cultivo de la soja a costa de comunidades campesinas e indígenas es tal que la expansión de la superficie cultivada de esta oleaginosa se duplica en los últimos diez años, llegando a 3.080.000 de hectáreas y 9.000.000 de toneladas en la campaña 2.012-2.013 (Cuadro Nº 2); esa intensa sojización tiene efectos en la sociedad, la economía y el ambiente. Entre las consecuencias sociales debe mencionarse la expulsión masiva de campesinos y la escalada en la morbi-mortalidad en malformaciones, abortos espontáneos y diversos tipos de cáncer, ligados a las agresiones ambientales⁴.

Cuadro Nº 2. Expansión de la superficie cultivada de soja⁵

Fuente: DCEA/MAG, 2014

Al examinar los cambios estructurales que trae aparejada la tecnología de la soja transgénica resulta pertinente resaltar el aumento de necesidades propias de escalas de producción, que asocia la mayor rentabilidad a mayores extensiones de tierra. En efecto, las nuevas tecnologías de producción basadas en el paquete tecnológico de la Monsanto baja el costo de producción por hectárea y unidad de producto, viabilizando la incorporación de un nuevo equipamiento productivo, atado al aumento de capital, que requiere para su amortización la incorporación de mayor superficie de tierra por unidad productiva. Esta demanda de fincas cada vez más grandes presiona sobre fincas medianas y pequeñas.

En ese proceso la historia del primer enclave, el establecido en la post guerra se repite, y, en el país que ya tenía la concentración más alta de tierra en el continente, este proceso agudizó el problema con la expulsión, masiva de campesinos de sus tierras. Mientras la constitución inicial de grandes latifundios se dio con el primer enclave agro industrial de yerba mate y madera, el que se desarrolla en los últimos años, el enclave de segunda generación, es el del sojero ligado al Brasil; el nuevo enclave expulsa a los campesinos de sus tierras, pero a diferencia del primer enclave no genera demanda de fuerza de trabajo, ya que requiere un solo trabajador por 1.000 has de cultivo.

La presencia de capital y empresarios brasileños, se expresa en el acaparamiento de tierra básicamente en los departamentos fronterizos. En el departamento de Alto Paraná en el 2008 el 62,5% de la fincas mayores a mil hectáreas era de extranjeros, de los cuales el 55% era de brasileños; en Canindeyú la proporción de brasileños entre los propietarios de más de mil hectáreas llegaba al 60%. Vale decir, un rasgo importante del nuevo actor es su nacionalidad (MAG, 2008); en una estructura social muy peculiar uno de los actores dominantes es extranjero, que además estigmatiza a la población campesina paraguaya, discriminada en su propio país.

A la expulsión masiva del actor territorial tradicional de sus territorios, la sojización suma otras consecuencias estructurales, ya que la misma está en la base de la constitución de nuevos actores con inserción en la formación social paraguaya: los actores extraterritoriales globalizados, liderados por grandes corporaciones biotecnológicas además del empresariado rural de nuevo cuño. Los nuevos actores comprenden también además de arrendatarios y agentes ligados al capital financiero orientado al agronegocio, a agentes ligados a la producción de semillas, a compañías de transporte, silos, comercialización y logística, y a productores de fertilizantes, de agroquímicos y de equipos. En relación a los arrendatarios debe tenerse en cuenta que las fincas menores de 20 has que figuran como sojeras en el Censo Agropecuario del 2.008 y que representan el 66 % del total de explotaciones que producen soja, en realidad son fincas de arrendatarios.

El referido acaparamiento de tierras por sojeros brasileños va estrechamente asociado con la concentración del ingreso; en ese sentido solo en el primer semestre del 2014 el ingreso que generó el enclave sojero fue aproximadamente de tres mil millones de dólares; conforme al informe del Banco Central del Paraguay gran parte de este ingreso fue canalizado por los empresarios brasileños⁶, confirmando que la economía agraria liderada por la sojización responde a la lógica de un enclave que opera como una prolongación de la dinámica brasileña.

En cuanto a la captación de lo que genera el agronegocio los propietarios de unas 300 grandes fincas captan la mayor parte del ingreso generado por la soja; de hecho en el 2.008, atendiendo a la participación en la superficie sojera según tamaño de la finca, el 87 % del total era producido por fincas de 100 a 1.000 has y más de 1.000 has. Gran parte de los tres mil millones de dólares que generó la soja en el primer semestre del 2.014 representa el excedente social agrario captado por las grandes corporaciones biotecnológicas y por los empresarios sojeros, que con tanto dinero pueden comprar influencia en distintos ámbitos, y sobre todo impunidad y favores legislativos para eludir el pago de impuestos.

Este es un rasgo del sector sojero, que lo comparte con otros actores dominantes: salirse del orden jurídico, establecido para proteger las relaciones socioeconómicas propias del capitalismo. Estas fracciones de clase o agrupamientos constituyen la base de un modo de producción que no se corresponde estrictamente con las características del capitalismo maduro regido por reglas de mercado. Se trata más bien de actores de un capitalismo que permanece en embrión, o que evoluciona como un capitalismo de mafia, que incorpora en sus prácticas el soborno y elementos ligados a la coerción física aplicada a las posturas críticas. Uno de los tipos de vicios legales es la utilización de títulos falsificados para la adquisición de tierras; los títulos fraudulentos de grandes fincas son de tal magnitud que el territorio nacional tiene 19,2 millones de hectáreas correspondientes a títulos de propiedad superpuestos⁷.

En este sentido debe tenerse en cuenta que la expansión del sector sojero en los últimos diez años se dio ya con las colonias nacionales donde ilegalmente se incorporó al agronegocio unas dos millones de hectáreas. Esta penetración en las colonias nacionales se dio recurriendo más a elementos compulsivos que a mecanismos de mercado, ya que al uso intensivo de agrotóxicos se suma la intervención de policías antimotines fiscales y jueces para materializar los desalojos.

Lo paradójico es el hecho que toda la violencia estatal se aplica con los campesinos paraguayos pobres para beneficiar a adinerados sojeros brasileños y, paradoja de paradojas, cuando los campesinos denuncian delitos ambientales o adquisición ilegal de parcelas en colonias nacionales acaban siendo ellos imputados. La expansión de la agricultura capitalista requiere el uso creciente de la violencia, tanto recurriendo a la policía como a los matones de los propietarios sojeros, intermediarios de las determinaciones de las grandes corporaciones del agronegocio.

En la economía agro exportadora reforzada por la soja transgénica los empresarios sojeros no son los únicos que acumulan grandes fortunas, ya que entre los dueños de grandes fortunas, mayores a treinta millones de dólares, que llegan a 165 en el 2014, existen quienes se hicieron de mucho dinero a partir de otra inserción en la estructura socio económica; entre éstos se destaca el empresariado que controla el capital financiero y los empresarios de frontera⁸. La cantidad de multimillonarios se multiplicó en un 10% en el último año. Estos multimillonarios controlan el 90 % del PIB del país (Borda, 2014). Más allá de la eventual exageración en la estimación de la participación de estos multimillonarios en la economía resulta indudable el impacto de esta enorme concentración en el ingreso y crecimiento de la desigualdad, y en el mismo desarrollo⁹.

Este crecimiento concentrado y excluyente es el resultado de la política tributaria establecida por el mismo empresariado, juez y parte; la política impositiva vigente implica que los pobres pagan, mientras la agro exportación, que movió más de 5.000 millones de dólares durante el 2013, contribuyó al total de las recaudaciones del Tesoro, al año siguiente, con solo el 1,4 %.

En cuanto a la clase media la misma es un agrupamiento social particularmente difuso; en su análisis suele enfatizarse su papel político, rasgos subjetivos compartidos y características subjetivas. Para evitar una discusión sobre la connotación como clase se alude su naturaleza a la forma de estratos o sectores medios (Adamovsky, Visacovsky, & Vargas, 2014). Conforme a la definición del Banco Mundial es el agregado estadístico que llega a un ingreso que oscila entre los diez y los cincuenta dólares per cápita diario, independientemente de factores estructurales que generan desigualdad; el mismo Banco Mundial asegura que esta categoría creció en los últimos diez años en el país elevando  esa categoría a 500.00 personas en ese lapso, llegando a representar la cuarta parte de nuestra población¹⁰; este ascenso social refleja, según la visión de los técnicos del Banco Mundial, las bondades de las políticas públicas neoliberales propuestas por los actores globalizados.

En esa perspectiva la clase media connota las ideas de trabajo sistemático y honesto, buena educación y una ocupación adecuada para ascender de las clases bajas y de las categorías vulnerables con ingreso per cápita diario que oscila entre los 4 y los 10 dólares (Adamovsky E., 2013). Solo un rango de ingresos no se proyecta en una subjetividad homogénea y nos dice poco sobre cómo se constituyen sus identidades.

Los que celebran el crecimiento de la clase media nos dicen poco de los rasgos que comparten esa posición en la estructura social y las conductas típicas como colectividad; tampoco se menciona en este enfoque que los ricos son cada vez más ricos y que los que ganan un poco más que antes se alejan más de aquellos (Adamovsky E., 2013). Asimismo, se omite toda referencia a los intereses materiales básicos que tienen en común; estas debilidades muestran que un rango de ingresos aisladamente no se proyecta en una subjetividad homogénea y que aporta poco para conocer cómo se constituyen sus identidades.

Avanzando en la caracterización de estas capas medias puede señalarse como rasgo común de quienes comparten esa situación de clase que están cooptados por el consumismo y sus promesas, en avances hacia una sociedad de consumidores, que va forjando la cultura, que busca evitar la caducidad con la adquisición de lo novedoso (Bauman, 2007; Bauman, 2012); pareciera que con el acceso a bienes y servicios se accede al status de ciudadanos y de hecho su constitución está asociada a una red de consumo en expansión impulsada por el crédito. Se sabe también que algunos de estos sectores consumen tal como lo hacen sus pares de los países desarrollados y que sus estratos superiores se toman vacaciones en el extranjero. Así los paraguayos que vacacionan en el exterior aumentaron considerablemente¹¹ y con la expansión del consumo se incrementó también la cantidad de morosos en el sistema financiero¹².

Ciertamente la transformación institucional, económica y social, asociada al proceso de globalización económica, está generando nuevos estilos de vida, de consumo y de identidades, y en esa medida una nueva clase media. Si nos fijamos en las categorías ocupacionales notamos que las mismas son heterogéneas, y comportan rasgos substantivos diferenciados aunque todos comparten las aspiraciones de ascenso y acumulación de capital humano mejorando sus niveles de capacitación; entre los obreros/empleados públicos mientras el 11,8% gana menos de un salario mínimo el 22,2% tiene un ingreso mayor a tres salarios mínimos; en cambio entre los empleados privados solo el 6,2% gana más de tres salarios mínimo (DGEEC, 2014). Los salarios de la cúpula del funcionariado público se incrementaron notablemente en los últimos años habiendo aumentado el gasto en servicios personales en 132% en seis años, a partir del 2.008¹³; estos sectores acomodados ciertamente reproducen las representaciones de las clases dominantes.

Las instituciones de cooperación al desarrollo con planteos novedosos y categorías un tanto difusas buscan profundizar el análisis de los estratos sociales a partir de la desigualdad y sus dimensiones: laboral, educacional, de género y edad. En ese planteo emergente la estratificación queda conformada por estratos en extrema pobreza, pobreza moderada, estratos vulnerables, estratos medios con seguridad económica y estratos altos (Hardy, 2014). En esta perspectiva en la explicación de las desigualdades y su crecimiento, las relaciones de clase pierden significación así como los mecanismos de captación diferencial del excedente social. Como los bienes en la sociedad de consumo, las clases sociales como categorías analíticas se declaran obsoletas y se presentan como prometedoras las nuevas categorías, que pronto entraran en caducidad, dando mayor opacidad a los determinantes de la dinámica socioeconómica.

En cuanto a las clases populares las mismas se han ido expandiendo con el crecimiento continuo de la economía que, al aumentar la desigualdad, dio más visibilidad al descontento de sectores emergentes: trabajadores precarios, habitantes de asentamientos urbanos espontáneos expulsados del campo, agrupamientos que salieron de la miseria y de la pobreza extrema y masas de asalariados fragmentados (Etchemendy, 2013; Merklen, 2014).

En el recuento de los sectores populares los cuentapropistas están entre los más numerosos, ellos no tienen relaciones de dependencia entre si y están marcados por la heterogeneidad, representa la tercera parte de la población económicamente activa; aunque su importancia relativa disminuyó en el 2013 a costa del aumento de la categoría empleado/obrero, tanto del sector privado como del sector público.

Las categorías de obreros/empleados son más numerosos que los cuentapropistas; estas categorías fragmentadas de asalariados que totalizan 1.559.731 ocupados, a los que se suman los ocupados en el empleo doméstico que representan aproximadamente el 7 % de la PEA. Estos agrupamientos sociales, en su gran mayoría, son trabajadores precarios que hacen parte de lo que puede denominarse clases populares (Ver cuadro Nº 3). En efecto, gran parte de los nuevos empleados/obreros en relación de dependencia, que totalizan 747.567 trabajadores, considerando a los que ingresaron al mercado de trabajo en los últimos 10 años, tienen como ingreso menos de un salario mínimo¹⁴.

Cuadro Nº 3. Población Económicamente Activa (PEA) 2002 – 2013

Fuente: DGEEC. Encuestas permanentes de hogares, años 2002, 2013.

El desarrollo de la economía capitalista a nivel global con la mediación de capital y empresarios sojeros, básicamente brasileños, tiene como efectos más dramáticos en el campesinado, expulsado de sus territorios por la expansión sojera y con sus líderes asesinados o imputados criminalmente.

La utilización creciente de la violencia en la acumulación del modelo sojero se expresa de diversos modos. En la expulsión de colectividades enteras, que se intensifican en los últimos años, pesan más los componentes compulsivos que los de mercado, ya que el proceso se inicia con la utilización intensiva e indiscriminada de agrotóxicos y continua con el hostigamiento policial y desalojos. El asesinato de los líderes que se oponen a la expansión sojera, al desmonte ilegal así como a la utilización de agrotóxicos, es parte de las respuestas de terratenientes, sojeros y narco ganaderos. El potencial del conflicto ciertamente es mayor cuando las luchas por el territorio enfrenta a colectividades etnoculturales marcadamente diferentes, la de brasileños y brasiguayos por un lado, y la de campesinos paraguayos por el otro; estos últimos considerados parias en su propio país (Fogel, 2010a).

Algunos informes de organizaciones de derechos humanos son ilustrativos. Así, el Informe Chokokue, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay refiere que 115 campesinos fueron asesinados desde 1989 al 2013, y que todos estos casos quedaron impunes; esta violencia estatal que deviene en terrorismo de Estado contra comunidades campesinas e indígenas se da en el marco de un plan “sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino”, impulsado por un pacto entre terratenientes, sojeros y el sistema político judicial (CODEHUPY, 2014). Las ejecuciones están a cargo de sicarios, bandas para-policiales de sojeros, ganaderos, narco-ganaderos y policías. El mapa casi invariable de las ejecuciones muestra la expansión sojera, seguida de desalojos violentos en las mismas áreas y luego los asesinatos¹⁵.

El sicariato es la nueva forma de eliminación de los líderes campesinos y de control de las luchas sociales, dándose siempre en los casos de conflictos de tierras y tiene como autores morales a los latifundistas, a los agentes ligados a la mafia narco-política, y al avance de la soja con frecuencia en tierras públicas. La protesta social que debió ser el pilar de la democracia es silenciada en muchos casos con el sicariato.

Las comunidades indígenas también hacen parte de configuración de la estructura social paraguaya, y hasta hace pocas décadas eran los únicos pobladores del Chaco; en la Región Oriental viven indígenas de etnias del tronco guaraní, con notable contribución a la cultura criolla o mestiza (Fogel, 2010b). Actualmente son 20 pueblos que totalizan unos 120.000 indígenas, pauperizados en su mayor parte como resultado del abandono por parte de las políticas públicas y el asedio de grupos externos.

Los pueblos originarios de la Región Oriental sufren la invasión de sojeros y de campesinos, una vez que se agotan las tierras disponibles; los mismos campesinos desposeídos de sus tierras presionan sobre los recursos forestales de las comunidades indígenas, que acceden a alguna parcela de tierra.

4. La incidencia política de la estructura social

La propia conformación de la estructura de clases sociales que determina la débil vertebración de la sociedad paraguaya a falta de una burguesía manufacturera nacional progresista y de una clase trabajadora relativamente numerosa con relaciones socioeconómicas con aquella, y una oligarquía terrateniente agroexportadora dominante, se proyecta en una democracia de muy baja calidad; la inserción del país en la economía globalizada a través de la soja transgénica de la mano de un empresariado rural que solo busca la acumulación, no alteró la situación previa de cara a una democratización substantiva y con la creciente concentración de recursos y de ingresos más bien la empeoró. Los partidos políticos tradicionales con vocación clientelista no logran la legitimidad requerida y alimentan sus clientelas con recursos de los narcotraficantes.

Las clases dominantes con poder basado en gran medida en el control de tierras buscan preservar sus privilegios a través de políticas marcadamente conservadoras que implementan a través de un Estado que mantienen cautivo. Cuando desde el Estado se intentó aunque sea a nivel de discurso cuestionar el crecimiento de las desigualdades estos sectores no dudaron en auspiciar el golpe parlamentario de 2012. La oligarquía se sintió más bien irritada por frecuentes referencias a la necesidad de una reforma agraria y de saneamiento de los títulos de propiedad.

Lograda la captura plena del poder, la alianza de grupos conservadores y ultraconservadores implementó políticas que favorecieron directamente a las grandes corporaciones biotecnológicas y sus clientes del agronegocio, así como a la oligarquía ganadera. Las primeras medidas incluyeron la liberación de semillas transgénicas, la desregulación de las fumigaciones a sojales y la intensificación de la criminalización de organizaciones campesinas. Las nuevas clases globales emergentes de los cambios estructurales (Sassen, 2012) ganan protagonismo en el nuevo escenario; estos nuevos actores, que comprenden profesionales, ejecutivos de trasnacionales y funcionarios públicos especializados, son los que se constituyen en torno al aparato estatal, a la economía y a la sociedad, y aunque mantienen su inserción en la esfera nacional, se desnacionalizan parcialmente.

Los profesionales, gerentes y ejecutivos estrechamente relacionados con los agentes que representan los intereses de las grandes corporaciones transnacionales intermedian entre la economía nacional y la global convirtiéndose en asesores principales del gobierno. La clase global de los desfavorecidos sumados a redes trasnacionales de defensa de los derechos humanos tratan de contrarrestar los abusos instigados desde la economía global corporativa.

Un año después del golpe parlamentario el empresariado ganó acceso directo al gobierno y la protección de sus intereses es más inmediata, sin intermediarios. Se invierte la relación con el parlamento, cuyos miembros provienen de partidos de patronazgo, que ahora es cautivo del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial, que ya desde antes no pudo mantener su independencia en relación a intereses corporativos no interfiere en los planes del gobierno. La funcionalidad de fiscales y jueces al pretendido nuevo rumbo se aprecia en la criminalización creciente de las luchas campesinas; el intensificado sicariato que asesina a líderes campesinos que defienden sus territorios queda en la impunidad, y los que denuncian ilícitos de los sojeros quedan imputados. El proyecto territorial de las clases y grupos dominantes es excluir totalmente a campesinos e indígenas, percibidos como los que sobran, los que estorban el desarrollo rural, y el Ministro de Agricultura, asesor de empresas sojeras, insiste en que la economía campesina no es viable.

Un componente central de la política social del gobierno que asumió en el 2013 es la Ley de Alianza Público Privada (APP) que es parte del paquete neoliberal. Con este instrumento legal se trata de transferir al sector privado funciones importantes del Estado. La ley permite privatizar vía concesión construcción de infraestructura y servicios sociales básicos, tales como agua y saneamiento básico, sistema de seguridad (cárceles).y otros que el gobierno decida concesionar. La normativa en cuestión establece que en casos de controversias las mismas serán dirimidas en tribunales extraterritoriales, que normalmente favorecen a las empresas, en arenas en las cuales el Estado paraguayo tendrá escasa incidencia. Esta Ley de Alianza Pública Privada polariza al empresariado que lo apoya y a diversos sectores sociales que se oponen y se movilizan pidiendo la derogación de la ley, considerando experiencias negativas como la concesión del agua en Bolivia que pudo implicar un aumento sustancial del precio del acceso al agua.

El acceso de la población carenciada a los servicios sociales básicos, también es parte de las estrategias enunciadas por el gobierno; esta propuesta seria de cumplimiento imposible teniendo en cuenta la muy baja presión tributaria del país, que se proyecta en el limitado gasto per cápita anual en programas sociales, que llega a 133 U$S, por lo menos diez veces menor que en otros países de la región (CEPAL, 2010). En un gobierno de los empresarios y para los empresarios la presión fiscal se mantiene alrededor del 12% del PIB, muy por debajo del promedio de América Latina que llega al 19% (Ramírez, 2013).

5. Los escenarios posibles

asume que las mismas continuarán sin alteraciones sustanciales. En ese caso, en una economía primarizada, mirando al desarrollo de las fuerzas productivas que predominan actualmente en la producción de la soja transgénica, cultivo emblema del modelo de desarrollo, paquetes tecnológicos que incluyen moderno equipamiento productivo, conocimientos y prácticas productivas avanzadas, en el uso cada vez más intensivo de biocidas, tienen consecuencias diferentes según actores, y sus relaciones. Por un aparte, los aumentos de productividad favorecen a las grandes corporaciones y a sus clientes los sojeros, que cuentan con la complicidad del Estado, haciendo realidad la predicción de Syngenta, de que el Paraguay hace parte de las “Repúblicas Unidas de la Soja”. En este escenario, los remanentes de colectividades campesinas paraguayas asentadas en suelos viables, serán expulsados a asentamientos urbanos espontáneos de la región central.

En este escenario la expansión creciente del agronegocio tendrá que sortear dos problemas: trastornos materiales insalvables, generados por su propia tecnología, tales como la vulnerabilidad al cambio climático y proliferación de malezas resistentes al herbicida, y por otra parte, la caída de la demanda resultante de la crisis de la economía globalizada.

En otro escenario posible y deseable, alterando las tendencias actuales, con un Estado efectivamente regulador, y que atiende las necesidades de la población en su conjunto, se recuperan para la nación los recursos naturales y los expulsados de sus territorios que continuaron sintiéndose campesinos, se movilizan en la recuperación de sus territorios y el Paraguay con su identidad redefinida renace, como el ave fénix de sus cenizas, deja de ser simplemente la “mujer bonita y fácil” para el capital extranjero, y se integra a la economía globalizada a partir del uso de sus recursos naturales, empresariales, y de su propia fuerza de trabajo.

Bibliografía

Adamovsky, E. (Julio de 2013). Clase media: una categoría fuera de control, más allá del estereotipo. Le Monde Diplomatique (169), págs. 8-9.

Adamovsky, E., Visacovsky, S., & Vargas, P. B. (2014). Clases medias. Nuevos enfoques desde la Sociología, la Historia y la Antropología. Buenos Aires: Ariel.

Bauman, Z. (2012). Daños colaterales. Desigualdades sociales en la era global. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Bauman, Z. (2007). Vida de Consumo. México: Fondo de Cultura Económica.

Benitez Zenteno, L. (1977). Las clases sociales en América latina. México: Siglo XXI.

Borda, D. (2014). Crecimiento Económico y Bienestar. Economía y Sociedad (27).

CEPAL. (2010). Panorama Social de América Latina. Santiago: CEPAL.

CODEHUPY. (2014). Informe Chokokue, 1989-2013. Asunción: CODEHUPY.

Costa, S. M. (2014). A participação brasileira no desenvolvimento do agronegócio no Paraguai: uma análise crítica. Instituto de Relações Internacionais. Rio de Janeiro: PUCRJ.

DGEEC. (2014). Encuesta permanente de hogares 2013. Fernando de la Mora: DGEEC.

Etchemendy, S. (Julio de 2013). Clases populares y Kirchnerismo. Los caminos del ascenso social. Le Monde Diplomatique (169), págs. 10-11.

Federovisky, S. (Mayo de 2014). El punto de vista de la crítica ambientalista, La soja como problema. Le Monde Diplomatique (179), págs. 8-9.

Fogel, R. (2010a). Contribuciones campesinas a la construcción del Estado Nación. En Paraguay en la visión de dos siglos (1811-2011) (págs. 542-566).

Fogel, R. (2010b). Los pueblos Guarani en la formación de la nación paraguaya. Asunción: CERI/UNDP/FONDEC.

Fogel, R. (2013). Las tierras de Ñacunday, Marina Kue y otras calamidades. Asunción: Servilibro.

Hardy, C. (2014). La desigualdad, un reto para la superar la pobreza. Los desafíos de la desigualdad en América latina. Asunción: CADEP. MAG. (2008). Centro Agropecuario 2008. Asunción.

Merklen, D. (Abril de 2014). ¿Por qué los pobres vuelven a la calle? Temporalidades sociales. Le Monde Diplomatique (178), págs. 4-5.

Morínigo, J. N. (2009). Auge de la producción rural y crisis campesina. Asunción: FONDEC.

Ortiz, L. (2014). Sociedad y Estado. Sociología política de la democratización. Asunción: FONDEC.

Ramírez, J. (2013). Mejorar la cantidad y calidad del gasto social: un desafío clave del nuevo gobierno. Economía y Sociedad (10), 13-15.

Sassen, S. (2012). Una sociología de la globalización. Buenos Aires: Katz Discusiones.

Scaletta, C. (Mayo de 2014). Pros y contras del cultivo estrella, ese yuyo. Le Monde diplomatique (179), págs. 4-6.

1 En estas formulaciones se profundizan algunos aspectos de un artículo publicado en la Revista Novapolis N° 8.

2 El Paraguay en las tres últimas décadas perdió el 50 % de sus bosques y de hecho solo queda el 13 % de lo que fue el Bosque Atlántico Interior de inicios de siglo XX. La organización Guyra Paraguay estima que de cada diez árboles que existían cinco décadas atrás han desaparecido ya nueve. Se estima que el desmonte diario llega a 1.206 hectáreas y la FAO estima en 180.000 hectáreas por año la deforestación. Véanse: www.fao.org revisado el 29/03/2014; www.lanacion.com.py revisado el 17/06/2014; www.sobrevivencia.org revisado el 07/02/2014.

3 El acuífero Guaraní es compartido también por Argentina y Uruguay.

4 En un estudio efectuado en EEUU, en 3 de cada 10 mujeres analizadas se detectó la presencia de niveles altos de glifosato en la leche materna. Asimismo estudios recientes establecieron la presencia media de veneno 10 veces superior a Europa en países donde no se cultiva soja transgénica (Federovisky, 2014).

5 Téngase en cuenta que la soja se caracteriza por su alta extracción de nitrógeno, azufre, fosforo y potasio del suelo (Federovisky, 2014; Scaletta, 2014).

6 Véase: Diario La Nación, www.lanacion.com.py revisado el 08/08/2014.

7 El territorio nacional tiene 40,6 millones de hectáreas. Véase: Diario ABC Color, www.abc.com.py revisado el 03/08/2.014.

8 Estudio de la Consultora Wealth X y el Banco Suizo UBS. Ver: Diario La Nación, www.lanacion.com.py revisado el 03/08/2014.

9 Si bien es cierto el crecimiento económico del Paraguay del 4 % en el 2012 fue superior al del resto de América Latina (2,2 %), el crecimiento referido estuvo altamente concentrado.

10 Véase: Banco Mundial, http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2012/11/14/paraguays-middle-class-grows revisado el 15/08/2012; Diario ABC Color, Diario La Nación, www.lanacion.com.py, revisado el 17 /08/2014.

11 Las playas del Caribe, básicamente Punta Cana y Cancún son destinos preferidos en los últimos años. Véase Diario ABC Color, www.abc.com.py, revisado el /25/01/2015; Diario La Nación, www.lanacion.com.py, revisado el 15/01/2015.

12 El acceso al consumo lleva a sectores de estas clases al endeudamiento, al punto que el sistema financiero tenía 110.000 morosos en el primer semestre del 2014. Véase: Diario Ultima Hora, www.ultimahora.com, revisado el 03/08/2014.

13 Véase: Diario Ultima Hora, ww.ultimahora.com, revisado el 26/01/2015.

14 En el año 2013 el 38 % de los empleados-obreros, tanto del sector público como del sector privado, tenían ingresos menores a un salario mínimo.

15 Véanse: E’a Periódico Digital, www.ea.com.py, revisado el 05/08/2014; Diario Hoy, www.hoy.com.py, revisados el 14/08/2013 y el 17/09/2013; Diario Ultima Hora, www.ultimahora.com., revisado el 13/03/2014; Archivo Nacional de Asunción, revisado el 20/02/2013

La clase: más que estructura, una relación de explotación

Marielle Palau

0. Introducción

Antes que nada, aclaramos que no fue fácil la tarea encomendada, de lectura crítica del análisis del profesor Fogel (2016), porque coincidimos en la mayoría de sus argumentos en la caracterización y la crítica del actual modelo de acumulación. Con esta aclaración y explicitando el mayor respeto a la trayectoria del profesor y a su obra, pasamos a referir algunas ideas complementarias, con más diferencias de perspectiva que de contenido.

El análisis del profesor Fogel explica sucintamente la conformación de las clases sociales en nuestro país en la actualidad. Trabajo sumamente interesante ya que ofrece un panorama de su desarrollo no solo identificando y caracterizando a los sectores dominantes y dominados, sino además proyectando escenarios futuros posibles.

Aborda el análisis de las clases asumiéndolas, no como algo estático, sino dinámicas y cambiantes, en función a las particularidades del desarrollo de la producción capitalista en el marco del proceso de acumulación por desposesión, al decir de Harvey (2004), o la segunda oleada de enclave denominada por el autor. Analiza datos estadísticos, no como mera información cuantitativa –al modo de fotografías estáticas de la realidad– sino vinculándolas en su análisis del proceso histórico.

1. Primero

En la primera parte del artículo, realiza una caracterización de las clases en la década del 80, explicitando que en ese momento histórico “la formación social paraguaya tenía rasgos de una sociedad carente de las articulaciones básicas que le podían dar un empresariado nacional manufacturero y una fuerza obrera que tensionara y contrabalanceara a aquella”, a partir de lo cual la clase dominante estaba constituida por la “oligarquía ganadera” y como “actor subalterno progresista” al campesinado, al que el autor lo caracteriza más como “estamento que como clase”.

Este análisis, si bien parte de un corte histórico explícito, difícilmente pueda ser comprendido obviando que al Paraguay -desde su constitución misma o inclusive antesel papel que el capitalismo le ha asignado es netamente de productor de materia prima agropecuaria, es decir, agroexportador; el quebracho y el tanino de antaño, fueron reemplazados a lo largo de la historia por otros rubros, siendo hoy -tal como lo plantea el autorla soja transgénica.

Así, durante la década de 1980 las tensiones fueron principalmente terratenientes vs campesinado, el tipo de desarrollo capitalista en nuestro país fomentó esa estructuración de clases, o dicho de otro modo, la estructura de clases en nuestro país está dada por el carácter de país dependiente (Marini, 2007).

Como lo señaló Tomás Palau “a diferencia de la mayoría de los países de la región –algunos antes y otros después– que de alguna manera atravesaron desde comienzos del siglo pasado por un proceso de industrialización y, posteriormente, de industrialización sustitutiva de importaciones, Paraguay pasó de un modelo dependiente de las exportaciones primarias a otro distinto, pero también de casi exclusiva actividad primaria. No vivió la experiencia de la urbanización por atracción migratoria, no consolidó una clase obrera de alguna importancia cuantitativa, no se conformó tampoco una burguesía industrial. En consecuencia, aquellas formas de producción y acumulación, mitad feudales mitad capitalistas, se mantuvieron vigentes hasta hace muy poco (muchos opinan que hasta ahora)” (Palau, 2012).

Este fenómeno estuvo favorecido por condicionantes de tipo político y económico. El periodo denominado “Paraguay Independiente” que había permitido el surgimiento de una incipiente burguesía nacional, fue truncado por los intereses del imperio de entonces a partir de la guerra grande. Los gobiernos que le sucedieron se disciplinaron a los dictados internacionales, truncando lo que comúnmente se denomina ‘desarrollo nacional’.

Sobre este tema, el profesor Lara Castro escribió un interesante material en el que analiza el proceso de lo que él denomina “contrarevolución agraria post guerra del 70” y el proceso de formación de grandes terratenientes como actores claves de la clase dominante vinculados con el capital internacional, el cual puede ayudar a comprender mejor este periodo de nuestra historia (Lara Castro, 1985).

Los dos partidos tradicionales (el Partido Colorado y el Partido Liberal) tuvieron un papel clave en este proceso, sus principales referentes son quienes entregan inmensas propiedades de tierra al capital internacional. El proceso de mayor sometimiento, tanto a los intereses norteamericanos como al subimperialismo brasileño, se intensifica durante la larga dictadura del Gral. Stroessner. El régimen autoritario cae -por dejar de ser funcional a los intereses del gran capitaly deja un modelo productivo dependiente de los intereses brasileños, las fronteras vivas descriptas y la fuertísima presencia brasileña en el territorio y en la economía nacional.

Asimismo, tal como lo plantea Fogel, es durante la dictadura cuando un empresariado producto de dudosos negocios, va adquiriendo mayor visibilidad principalmente en el comercio de frontera con Brasil, que no tardó mucho tiempo en expandirse e ir fortaleciéndose, no sólo en cuanto a su poder económico sino también en el político. Este sector fue denominado “burguesía fraudulenta” por Herken, quien remonta sus orígenes a la década de 1970 (Herken, 1975).

2. Segundo

En el segundo apartado, se plantea que “este desarrollo asociado a la mayor economía de la región, determina en las décadas siguientes, cambios sustanciales en la estructura social con la sojización de la región oriental”.

Se realiza una interesante y acertada descripción de las consecuencias del actual modelo extractivo basado en el avance de la producción transgénica de gran parte del territorio nacional: la reducción de la sostenibilidad del suelo, la deforestación, la contaminación del acuífero guaraní. Se mencionan asimismo las consecuencias sociales, como la expulsión de las comunidades campesinas, a lo que agregaría también cada vez con mayor asiduidad, la expulsión de los pueblos indígenas de sus ancestrales territorios. También la agudización del problema estructural de nuestro país, la cada vez mayor presión sobre la tierra y su tendencia a agravar la concentración ya existente, tal como se puede observar en los censos agrícolas realizados.

Como resultado de este proceso, el autor indica la constitución de nuevos actores en la formación social paraguaya: “los actores extraterritoriales globalizados, liderados por las grandes corporaciones biotecnológicas” y “un empresariado rural de nuevo cuño”, el empresariado de los agronegocios, que tiene una particularidad importante -señalada por el autores prioritariamente brasileño o “brasiguayo”.

Este nuevo actor de la clase dominante más allá de responder a la lógica del capitalismo “maduro”, actúa como un “capitalismo de mafia” -plantea Fogelindicando que opera sobre títulos de tierras irregulares, sobre el soborno, no respeta la ya débil legislación ambiental y cuando es necesario, compra al poder político. El Estado -tal como lo ha sido a lo largo de gran parte de nuestra historiaes absolutamente servil a sus intereses, e implementa toda la violencia necesaria para garantizar el avance del modelo.

Posteriormente, el autor realiza un análisis de los diferentes estratos sociales según el ingreso -criterio utilizado por el Banco Mundialidentificando en los estratos altos a los sojeros, al capital financiero y al empresariado de frontera; menciona algunas características de la clase media y una breve mención a cómo estarían conformados los sectores populares.

Es aquí donde el concepto de clase, que venía siendo utilizado para analizar las diferencias en función a la posición frente a los medios de producción, pasa a ser utilizado como simple estratificación social según el ingreso. Esto se torna ligeramente confuso ya que el mismo autor señala críticamente que con esta perspectiva “las relaciones de clase pierden significación”, acotando que “como los bienes de consumo, las clases sociales como categorías analíticas se declaran obsoletas”.

Finalmente, no se señalan claramente los cambios sustanciales anunciados al inicio del ítem, el texto se limita a plantear la conformación de nuevos actores, principalmente vinculados a la profundización del modelo sojero.

3. Tercero

En el tercer apartado, el autor asocia la “democracia de baja calidad” existente en nuestro país al planteamiento inicial de la falta de una “burguesía manufacturera nacional progresista y una clase obrera relativamente numerosa” y de una oligarquía terrateniente dominante, señalando que el surgimiento de un empresariado rural de los agronegocios empeoró la calidad de la democracia. La tierra es la base de su poder y una de sus estrategias para mantener “cautivo” al Estado paraguayo.

El golpe de Estado contra el presidente Fernando Lugo, es explicado a partir de que la clase dominante se sintió amenazada ante discursos que apuntaban a la necesidad de la reforma agraria y el saneamiento de los títulos de las propiedades rurales, es decir, ante la posibilidad de cambios en la estructura de la tenencia de la tierra, sobre la que se sustenta.

Así, el golpe significó la restauración conservadora, favoreciendo directamente a las grandes corporaciones de la biotecnología y actores locales del agronegocio. En tiempo record fueron aprobadas nuevas semillas transgénicas (entre ellas la de maíz), se desreguló la ya débil normativa ambiental y continuó la criminalización contra el movimiento campesino, principalmente en sus luchas por la reforma agraria y por el respeto de la legislación ambiental.

El profesor Fogel realiza un excelente análisis del periodo que se inicia con el gobierno de Cartes, haciendo hincapié en el funcionamiento de nuestra “democracia”, los diferentes poderes del Estado y la intencionalidad de la Ley de Alianza Publico Privada.

Sin entrar a analizar lo que implica una “democracia de baja calidad”, ya que supondría un debate sobre el concepto mismo de democracia en sociedades capitalistas dependientes (Borón, 2000) es innegable que la que se vive en el país está marcada profundamente por la historia autoritaria y la que se instala en nuestro país desde la caída de la larga dictadura, es parte del paquete neoliberal. Esta democracia neoliberal se caracteriza por limitar su funcionamiento a los aspectos puramente formales que garanticen la aplicación de las recetas neoliberales.

El actual gobierno del nuevo rumbo, es quizás la versión al desnudo de este modelo “democrático”, no sólo por las características de Horacio Cartes y cómo llega al palacio presidencial, sino por las políticas que va impulsando. La más emblemática de ellas que se sustenta en la ley de APP –tal como lo plantea Fogel– es la apertura total de los bienes nacionales a los intereses del gran capital a costa de los derechos de la población.

4. Cuarto

La continuidad y profundización del modelo llevan al país a un escenario nada esperanzador, ya que implicará la continuidad de una economía primarizada basada en la soja, terminaremos siendo efectivamente integrantes de las “Repúblicas Unidas de la Soja” -ya pre anunciada por Syngentay la población de los barrios periféricos de las ciudades continuará aumentando a partir de la profundización de la expulsión de la población campesina y comunidades indígenas.

El otro escenario, implicaría -para el autorla constitución de un Estado regulador que atienda las necesidades de la población, o dicho de otro modo, que garantice el ejercicio de derechos al cual está obligado, que la población campesina inicie un proceso de recuperación de sus territorios usurpados y que el país deje de ser servil a los intereses del capital extranjero.

En ambos escenarios, el autor define la estructura de clases esencialmente por la contradicción de terratenientes (sean sojeros o ganaderos) vs campesinado, sin embargo, justamente a partir de la profundización del actual modelo, quizás a mediano plazo la estructura de clases en nuestro país sufra transformaciones más profundas.

5. Quinto

Así el texto del profesor Fogel analiza principalmente la conformación de la clase dominante en nuestro país a partir de la profundización del modelo de los agronegocios que se ha venido intensificando desde la década del 90. Por otro lado, el artículo enfatiza en las modificaciones que se han dado al interior de la clase dominante, llamándolas inclusive de cambios sustanciales, sin embargo, un análisis o caracterización de las clases explotadas está ausente.

El profesor Fogel, a lo largo del artículo utiliza la concepción de ‘clase’ principalmente como la posición de diferentes actores en el proceso productivo. Este concepto es probablemente uno de los más importantes en la teoría marxista y, sin embargo, Marx nunca ofreció una definición acabada del concepto de clase. De todos modos es imposible obviar uno de sus más importantes señalamientos al respecto “…en la producción social de su existencia, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase del desarrollo de las fuerzas productivas materiales” (Marx, 1987).

La escuela más estructuralista prioriza la dimensión de la posición en la producción, para definir las clases, sin embargo, las clases sociales no están solo asociadas a la posición respecto a los medios de producción, son parte de las relaciones de producción, definidas por la compra o venta de la fuerza de trabajo, y ésta es una relación intrínsecamente conflictiva, una relación de lucha, motivada por intereses contrapuestos. Estas luchas que se dan entre dominadores y dominados no están visualizadas en el artículo analizado, si bien se subentiende que se manifiesta principalmente en torno a la lucha por la tierra.

Ahora bien, la clase es parte de las relaciones sociales dada estructuralmente por las relaciones de producción y por la posesión de los medios de producción, pero no se puede limitar el concepto a esta dimensión estructural, ya que es excesivamente simplista y no ayuda a comprender ni analizar cómo las mismas actúan, se cohesionan o convergen en un proyecto histórico. Tal como lo plantea Mauricio Schvartzman “las clases sociales sólo emergen de las relaciones económicas en su conjunto, en sus múltiples interacciones, no sólo en el proceso productivo. La mera emergencia no es suficiente para que las clases se constituyan” (Schvarztman, 1988).

Así, si bien la clase es parte de las relaciones sociales dada estructuralmente por las relaciones de producción, a partir de la posesión o no de los medios de producción, no se limita a una dimensión estructural, no es sólo una posición o una situación. Ese planteamiento es excesivamente simplista y no ayuda a comprender ni analizar cómo las mismas actúan, se cohesionan o convergen en un proyecto histórico. Geoffrey de Ste. Croix plantea con mucha claridad los diferentes elementos que son constitutivos del concepto, señala que la clase

“es la expresión social colectiva del hecho de la explotación, la forma en que se plasma la explotación en una estructura social. (Por «explotación» entiendo, por supuesto, la apropiación de parte del producto del trabajo de otros: en una sociedad productora de mercancías es la apropiación de lo que Marx llamó «plusvalor»). La clase es esencialmente una relación, al igual que el capital, otro de los conceptos básicos de Marx, descrito específicamente por él en unos diez pasajes que he señalado como «una relación», «una relación social de producción», etc. Y una clase (una clase determinada) es un grupo de personas en una comunidad identificadas por su posición en el conjunto del sistema de producción social, definidas sobre todo de acuerdo con su relación (primordialmente en términos del grado de control) con las condiciones de producción (es decir, con los medios y el trabajo de producción) y con las otras clases. Los individuos que constituyen una clase dada pueden o no ser total o parcialmente conscientes de su propia identidad y de sus intereses comunes como clase y pueden o no sentir antagonismo hacia los miembros de las otras clases en cuanto tales. El conflicto de clases (la lucha de clases, la Klassenkampf) es esencialmente la relación fundamental entre las clases, que implica una explotación y una resistencia a esta explotación, pero no necesariamente una conciencia de clase o una actividad colectiva en común, política o de otro tipo, si bien estos rasgos son susceptibles de darse cuando una clase ha alcanzado un cierto estadio de desarrollo y se ha convertido en lo que Marx llamó en cierta ocasión (utilizando un lenguaje hegeliano) «clase para sí»” (De Sainte Croix, 1984)

El mismo autor plantea que existen dos tipos diferentes de explotación, la directa e individual que -en el mundo capitalista actuales la explotación de los asalariados, es la acepción que tiene la palabra comúnmente. El segundo tipo, es la que denomina indirecta y colectiva, esta se da cuando el Estado “que representa primordialmente los intereses de una clase o unas clases superiores, impone cargas desproporcionadas a una clase o unas clases sometidas”, si bien puede darse a través de diferentes mecanismos, el autor menciona a los impuestos como un claro ejemplo de ella.

En este planteamiento, el concepto se vuelve bastante más abarcativo, ya que incluye como sujetos de la historia a todos aquellos que se encuentran explotados, directa o indirectamente, por el sistema capitalista. Para América Latina y sobre todo para el caso paraguayo -donde el desarrollo capitalista tuvo especificidades que no lograron constituir una fuerza obrera significativaesta perspectiva se torna sumamente interesante.

Sin embargo, no todos los y las integrantes de los sectores populares, por el hecho de ser explotados, actúan -necesaria y mecánicamentecomo clase, tal como lo plantea Thompson (Meiksins Wood, 1983). Desde esta perspectiva de la clase como proceso activo y como relación histórica, son las experiencias compartidas y la participación en las luchas las que posibilitan la formación de la clase, explican que “las relaciones de producción distribuyen a la gente en situaciones de clase, que estas situaciones llevan consigo antagonismos objetivos esenciales y conflictos de intereses, y que por consiguiente crean condiciones de lucha. Las formaciones de clase y el descubrimiento de la conciencia de clase surgen del proceso de la lucha, a medida que la gente ‘experimenta’ y ‘maneja’ sus situaciones de clase”.

En la perspectiva de clase como relación y proceso, se plantea que son las experiencias de conflictos y luchas las que van formando conciencia de clase a través de experiencias compartidas, así “es efectivamente la ‘experiencia’ y no simplemente una ‘agrupación’ objetiva lo que une a estos grupos heterogéneos en una clase; aunque ‘experiencia’ en este contexto se refiere a los efectos de determinaciones objetivas, las relaciones de producción y explotación de clase” (Meiksins Wood, 1983). También señalan que “es en el seno o medio de esta experiencia vivida donde la conciencia social se moldea, y con ella la “disposición a actuar como clase”. Una vez que el medio o ‘experiencia’ se introduce en la ecuación entre relaciones de producción y clase, también se reproducen las particularidades históricas y culturales de este medio”.

Se podría sintetizar así que el sometimiento del capital, la explotación, no es ejercida solamente a los asalariados, sino a las grandes mayorías (muchas de ellas expulsadas justamente del proceso de producción, ya sea por los altos índices de desempleo o por la expulsión de los campesinos de sus tierras), sectores que se articulan en movimientos sociales para enfrentar las consecuencias de dicho sometimiento en sus vidas cotidianas, y en la medida que van compartiendo experiencias de luchas y resistencias van no sólo asumiendo una conciencia crítica sino también proyectando un futuro distinto.

Analizar las clases sociales en nuestro país, requiere desde esta perspectiva, el análisis de la acción política -en el sentido amplio del términode los diferentes actores, para este caso específico, las luchas llevadas adelante por el movimiento popular, las estrategias, solidaridades y articulaciones que se van conformando en este escenario de disputa.

Bibliografía

Borón, A. (2000). Tras el búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo. Buenos Aires: CLACSO.

De Sainte Croix, G. (Julio-Septiembre de 1984). Las Clases en la concepción de la historia Antigua y moderna de Marx. Zona(32).

Fogel, R. (2016). La estructura social y su reflejo en el campo político paraguayo. En L. Ortiz, Desigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya. Asunción: CEADUC/CLACSO/ICSO.

Harvey, D. (2004). El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión. Socialist Register(30).

Herken, J. C. (1975). Desarrollo capitalista, expansión brasileña y condiciones del proceso político paraguayo. Revista Nueva Sociedad(17).

Lara Castro, J. (1985). Paraguay: luchas sociales y nacimiento del movimiento campesino. En P. Gonzalez Casanova, Historia política de los campesinos latinoamericanos. México: Siglo XXI.

Marini, R. M. (2007). América Latina, dependencia y globalización. Buenos Aires: CLACSO.

Marx, K. (1987). Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política. En K. Marx, Contribución a la Crítica de la Economía Política. México: Siglo XXI.

Meiksins Wood, E. (Abril-Junio de 1983). El concepto de clase en E. P. Thompson. Cuadernos Políticos(36).

Palau, T. (2012). Es lógico que una sociedad agredida se defienda. Asunción: Base IS.

Schvarztman, M. (1988). Contribuciones al estudio de la sociedad paraguaya. Asunción: CIDSEP.

Clase obrera en el Paraguay. Herencia y legado post-autoritario

José Carlos Rodríguez

1. Introducción: La Formación de la clase obrera

Expondremos sobre la conformación de la clase obrera en el Paraguay, en el tiempo en que ello ocurrió, que no es de una vez para siempre, y sacar algunas consecuencias sobre el presente, que incluye expectativas de futuro. En esta discusión nos ubicamos, queriéndolo o sin querer, dentro de un campo político y teórico del cual tenemos poca escapatoria aunque mucho que aprender. Como la burguesía lo había sido desde el renacimiento; la clase obrera viene a ser uno de los grandes mitos laicos desde la revolución francesa. En el siglo XX, en nombre de los trabajadores se construyeron sistemas económicos alternativos al capitalismo que llegaron a gobernar una tercera parte de la humanidad. Durante la llamada guerra fría, desde 1917 hasta 1989, el mundo vivió dividido entre el campo socialista y el capitalista. Pero acá se restringe la discusión teórica a los enfoques hechos ocurridos en Paraguay.

2. Enfoques

Dentro de la izquierda académica hay enfoques o paradigmas sobre la clase obrera que influyeron en la literatura y en la militancia. Se tematizan dos de ellos que tuvieron como telón de fondo la crisis del socialismo real, en vísperas del derrumbe del proyecto soviético y, después del mismo, en la democratización y la globalización neoliberal. Podemos denominar a estos el enfoque estructuralista y el historicista, sin darle, sobre todo a este último, un contenido peyorativo.

2.1. Enfoque estructuralista

La concepción que llamaré estructuralista tiene anclaje en ciertos textos socialistas, por ejemplo, en El Capital de Marx. Según este, en las modernas economías de mercado, las personas tienen dos diferentes formas de ingreso: la originada en el trabajo y la originada en el capital. La renta de la tierra se acerca a la segunda. Dentro del modo de producción capitalista, hay posiciones o lugares que determinan la participación de las personas en la distribución y en el consumo de la riqueza y el poderío.

Aunque existan en la sociedad moderna otras maneras de producción y distribución, como la artesanal o la campesina, estas son residuos o modos subalternos de producción, que complementan al modo de producción principal en cada formación histórica determinada, la tendencia dominante en el capitalismo es que las clases tengan una base directamente económica, son generadas por la estructura del modo de producción, por sus relaciones técnicas y sociales. En clave hegeliana, esta es la existencia objetiva o el en sí de las clases en la sociedad moderna. Pero, los obreros o los burgueses, pueden no actuar como tales o no hacerlo a escala nacional. Son hijos de la prehistoria de su modo de producción. Los burgueses se originan en una acumulación primitiva, previa al modo de producción. Luego se sostendrán con la reproducción capitalista, propia del sistema. Los obreros son descendientes de los pobres, esclavos, inmigrantes, siervos, proletarios urbanos o campesinos. Traen al trabajo asalariado estas formas de conciencia pre-salariales. Cuando esta población toma conciencia de sus intereses y actúa como tal, ahí aparece la clase propiamente dicha, o mejor, la clase para sí, en lugar de la clase en sí, que era una circunstancia, no un actor colectivo (Lenin, 1978, pág. 479)¹.

Uno de los célebres teóricos contemporáneos de este estructuralismo, dentro del marxismo académico fue Louis Althusser. En Leer el Capital, defendió con Etienne Balibar la causalidad estructural que conforma a la clase obrera. Esta situación le genera un desafío: defenderse del capital que lo busca aniquilar y les enfrenta a un destino, a saber, el expropiar a los expropiadores, recuperar el protagonismo perdido por la humanidad, que se encuentra esclava de su propio trabajo materializado en la forma de capital. Capital es trabajo expropiado al trabajador en el pasado. Plusvalía es el trabajo no remunerado en el presente. La historia obrera entonces, dentro de este enfoque, puede estudiarse como la condición obrera, la toma de conciencia, la actividad obrera y sus instituciones que se jalonan con éxitos y fracasos para transformarse de clase explotada en clase libertadora (Althusser & Balibar, 1968).

2.2. Enfoque historicista

La tradición historicista tiene también sus textos canónicos, como por ejemplo en Las luchas de clase en Francia, del mismo Marx (1982). Las clases no existen en una determinación directamente económica, sino política y, a veces, cultural. No actúan una burguesía y su proletariado, sino, por ejemplo, el partido de la oligarquía financiera, la fracción industrial, o los sans culottes. La estructura económica no determina directamente la historia sino a través de mediaciones y conflictos constitutivos de las identidades sociales. Las clases se originan en las luchas ocurridas y en las asimétricas condiciones de vida y trabajo de los individuos. No son un destino manifiesto ni tienen una causalidad determinable. Quizás fue Gramsci quien hizo mayor la brecha entre la base económica y la conducta política de las clases. En Los intelectuales y la organización de la cultura, mostró que la cultura renacentista ya era burguesa (post-feudal) antes que la burguesía se haya apropiado de los medios de producción y del gobierno, porque ya tenía hegemonía en el renacimiento, el predominio cultural (Gramsci, 2004).

Como se acepta este enfoque y vale citar literalmente a E. P. Thompson, que escribió la historiografía más completa del movimiento obrero más antiguo, que es el británico.

Si detenemos la historia en un instante dado, entonces, no tenemos más clases, sino una multitud de individuos con una multitud de experiencias. Pero, si observamos a esos hombres (personas) a través de un periodo elegido de cambio social, vemos ciertos esquemas en sus relaciones, sus ideas y sus instituciones. Una clase está definida por los hombres ellos mismos y según su manera de vivir su propia historia y, finalmente esa es la única definición posible de una clase² (Thompson, 1977, pág. 10).

Este enfoque se adecua a la característica temporal del objeto de estudio³. La clase es una entidad conformada por la asunción, recuerdo y evocación colectiva de una sucesión de eventos acontecidos que son tenidos como propios. Se materializa en una organización y una cultura, así como en las expectativas que ese colectivo proyecta como su futuro en base a su asunciones. Lo que va a teorizar más tarde Reinhart Koselleck (1993), Thompson lo aplicó a su trabajo historiográfico referido a la clase obrera británica.

Desde esta perspectiva, puede pensarse en forma pertinente a la historia obrera como un objeto de estudio. Y entender al sujeto de esa historia, contestando la pregunta ¿cómo se formó esa colectividad que se autodenomina obrera, cuál es su origen y cuáles sus instituciones? Investigar las experiencias, episodios, ideas y creencias que caracterizan a la colectividad que los asume como propios.

3. La prehistoria obrera

La historiografía obrera en Paraguay fue iniciada por Francisco Gaona a fines de los años ‘60 con su Introducción a la Historia Social y Gremial del Paraguay (1967). Para Gaona, no había un relato posible del mundo del trabajo antes de las postrimerías de siglo XIX.

El Paraguay que nació con la independencia se mantuvo impensado, impensable, no historiable desde el punto de vista de las clases sociales. Sólo después de la Guerra Grande, cuando ‘vinieron’ al Paraguay el capital extranjero y el liberalismo, los bancos y los enclaves agroindustriales, esto es, cuando ya habían periódicos, partidos políticos, parlamento, elecciones y revoluciones, sólo entonces el historiador obrero pudo manejarse en un paisaje reconocible para sus conceptos.

Fue Milda Rivarola quien levantó el guante de pensar el punto cero de la historia obrera, historia del trabajo, desde la primera república independiente. Ella hizo un estudio del mundo del trabajo, de las condiciones de trabajo y de vida de las clases laboriosas (Rivarola, 1993). Haciendo sinónimos, por un momento, historia e historiografía, esa fue una pre-historia, contra-historia y sub-historia.

Es una sub-historia, porque en Paraguay a nadie se le había ocurrido hacer una historia nacional de los que trabajaban. La historiografía previa había sido la historia de aquellos que no trabajaban en sentido manual: empresarios, estancieros, curas, políticos, militares, varones acomodados, mujeres de estos varones, intelectuales, artistas, estadistas, viajeros y diplomáticos. Durante la colonia la diferencia social más importante entre las personas y sus familias había sido esa. Unos hacían trabajo servil: indios, pardos y no propietarios; otros estaban exonerados de hacerlo: españoles, blancos, extranjeros y propietarios. La riqueza no era tan importante, porque muchas ‘buenas’ familias patricias eran también pobres, sobre todo en las zonas rurales. La diferenciación social estaba dada por el hecho de estar liberados del trabajo o estar condenados a trabajar. La inmensa mayoría era pobre, incluso algunos liberados del trabajo.

Es una contra-historia porque ese mundo, con poco dinero, que siguió a la independencia (1811-1870) era un mundo con una dura división social del trabajo. Parte del mismo era trabajo forzado, por ejemplo, en las Estancias de la Patria (esclavitud de ‘pardos’), en buena parte de la burocracia estatal y las empresas (levas o servicios militares) y en la economía de la selva (yerbales y obrajes) donde había una esclavitud estacional. Eso no armoniza sino compite con esa visión idealizada del viejo Paraguay reivindicada como la edad de oro. Una versión que se impuso con el siglo XX, en la confluencia del nacionalismo, el militarismo, la guerra fría y la teoría de la dependencia.

Se trata también de una pre-historia obrera. Porque ahí, el objeto de estudio, o sea, los trabajadores no toman la palabra. No hay discurso de los trabajadores, no hay episodios de reivindicación de sus intereses, no hay memoria colectiva, identidad obrera o vivencias colectivas que relacionen la pertenencia a una colectividad con su inmersión en los procesos económicos y sociales. Están la patria, sus enemigos, los legionarios; el guaraní parlante y el hispano parlante; el despotismo y la libertad; los impuestos injustos de la provincia oprimida y la colonia, pero no hay identidades que focalicen al trabajo como una seña de identidad colectiva. Esas pre, sub y contra-historia es la línea de base de la historiografía obrera del Paraguay.

4. Tradiciones formativas

Francisco Gaona estudió el Paraguay siguiente. Lo hace con un formato interpretativo clásico en el Rio de la Plata, con valor heurístico, aunque pueda ser simplificador. Los inmigrantes europeos hicieron instituciones de autoayuda, las sociedades de mutuo socorro. Estas asociaciones eran simples sociedades de solidaridad (como la Societá Italiana di Mutuo Soccorso fundada en 1971 que todavía es dueña del Sanatorio Italiano). Las Asociaciones, las Uniones y los Centros eran entidades que en algunos casos todavía se mantenían como mutuales, en otros casos ya eran organizaciones de reivindicación. En cambio, las Sociedades de Resistencia y los Sindicatos unían a las personas no solo por el vínculo económico con un patrón, sino para defender derechos y hacer reivindicaciones al propietario. En Gaona, la clase obrera hace política desde la revolución de febrero, 1936, y ahí se afirmó como clase nacional –aunque esto último no lo dijo en forma explícita–.

Podemos desconfiar de los esquemas unilineales. Un estudio de las organizaciones de trabajadores en un momento especial, que fue 1936, permite encontrar varias tradiciones obreras diversas (Rodriguez, 1985). Acá señalamos las más visibles. Otros gremios claves, como tranviarios y ferrocarrileros, que fueron muy importantes, dejaron tradiciones menos estudiadas. Tampoco hay memoria sobre el trabajo doméstico, sobre todo femenino, que tiene un gran peso cuantitativo y pocas huellas en el espacio público.

4.1. Maestros artesanos

Una tradición que ha dejado trazos fue la de los maestros artesanos, muchos de ellos con inmigrantes recientes, algunos radicales, internacionalistas, cercanos a las logias de la mazonería y al pensamiento anti-estatista libertario, tal como podemos leer en El Despertar, órgano de la FORP⁴. Esta tradición que nació solidaria con el sindicalismo del Río de la Plata entre artesanos ilustrados y privados de nacionalidad, ebanistas y maestros constructores. El teatro en guarani de Julio Correa y la pintura popular de Núñez Soler son posiblemente la desembocadura intelectual de esta tradición, a la cual apostó también Rafael Barret (1994)⁵.

4.2. Obreros ilustrados

Otra tradición es la de los obreros ilustrados, los tipógrafos, que formaban parte del mundo de los políticos y del mundo de la educación, muy asociados. Eran quienes fabricaban los periódicos de los partidos y grupos políticos, así como los libros de texto. Rufino Recalde Milesi, el primero en ambicionar una diputación socialista pertenece a esta tradición que buscó formar un partido obrero (AFG 01.11.001/ 09.05.067). Muy cercano a ellos estaban los empleados de comercio fundadores de la Escuela de Comercio y luego, estarán los trabajadores bancarios. Esta tradición no tuvo el radicalismo de la anterior, era reformista. Consiguió una ley de descanso dominical, unos de los primeros textos de legislación del trabajo en los inicios del siglo XX.

4.3. Marineros

La tradición de los “obreros del rio” (obreros marítimos) era peculiar. El río era frontera y medio de comunicación, decisivo en la economía y la política. El capital había sido mercantil desde el imperio, se movía con los medios de transporte. La conquista española había descendido de los barcos. La Guerra Grande se perdió contra los acorazados brasileños. Guerras civiles, como la revolución de 1904 se hizo desde los barcos. El río era el interior y el exterior, conectaba al país con el mundo del Rio de la Plata al sur y hacia Europa; hacia Matto Grosso al norte, conectaba con ciudades del interior por vía fluvial.

Los obreros del río enlazaban la cultura internacional con la del país profundo. La navegación exigía además disciplina militar por los problemas de seguridad que ella entraña. Las rebeliones de los marineros son difíciles de controlar y constituyeron motines. Los marineros no son sustituibles como los trabajadores de tierra, tienen poder de mando y conducen las embarcaciones. Los marineros convivían en los lugares de trabajo y de vida, con la marina de guerra, con los oficiales del río y sus comunidades, compartían esa cultura militar y los mismos barrios. Un tiempo se hablaba de dos barrios obreros. El de los marítimos y el puerto, y el otro que hoy llamamos Barrio Obrero, donde todavía se encuentra el local de la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT). Los trabajadores del rio: capitanes, marineros, timoneles, fogistas, prácticos, contramaestres, comisarios y mozos conformaban un poder económico-militar. Una forma de vida compartida hecha de partidas, largos viajes y retornos. El periódico de la Liga de Obreros Marítimos, Chispa Marina expresa el mundo fluvial sindical (AFG 11 y sgtes.).

La formación de la Liga de Obreros Marítimos en 1920, se realizó a través de un conflicto armado contra la Federación Naval. Los navalistas fueron derrotados a balazos por los liguistas. En la guerra civil del 1922, contra Chirife, los marítimos tuvieron una participación crucial en la defensa de Asunción contra la rebelión militar. Estas tradiciones de los marineros, que son peculiares también en otros países, en Paraguay tenían un gran peso, porque el país tenía el río como eje económico, político y militar.

4.4. Obreros de enclave

Los trabajadores de los enclaves industriales tenían otro perfil. Frigoríficos y saladeros, azucareras, obrajes y fábricas de tanino hicieron otra historia. Tenían locales de trabajo estables, muchas veces estacionales, localizándose en el límite entre las ciudades y el campo. Muy aislados del resto de la población urbana y trabajadora, vivían en asentamientos patronales —poblados fábrica— sin territorio doméstico o comunitario propio. La relación entre obreros y patronales era tan estrecha y subalterna que, o no ocurrían conflictos colectivos o tomaban la forma de insurrecciones. Las matanza de Puerto Pinasco en 1927 pudo haber sido un caso entre muchos otros que no pasaron a la memoria.

4.5. Los mensualeros (“mensú”)

Finalmente estaban los trabajadores de la selva. Desde la colonia, la selva, también llamadas minas, era un moridero de naturales conchabados para la explotación forestal y yerbatera. Acá se mantuvo la condición del trabajo forzado, en forma de esclavitud por deudas como un atavismo del pasado. Los “mensú”, abreviación de mensualeros, fueron el símbolo de la explotación obrera en el Paraguay liberal. No se conocen rebeliones, sino fugas. Las canciones de protesta, la literatura de Barret, o incluso del obispo Bogarín el viejo, hablan de ellos. Pero estos trabajadores no han dejado testimonios, narraciones hechas por ellos mismos que hoy se conozcan. El trabajo de la mina de recolección de maderas duras y de yerba mate bajo la supervisión del capanga, tenía lugar en las selvas paraguayas, como argentinas y brasileras. Era la soledad, sin ninguna comunicación, no había asentamientos estables, ninguna presencia del Estado. La población indígena silvícola era más cercana de la compañía que a los peones. El minero vivía en precarios ranchos, trabajaba como hachero, como recolector y para procesar y depositar las bolsas de yerba en las carretas, los troncos en las jangadas para llevarlos al exterior o a las ciudades del país. Vivía subordinado a la compañía y a sus capataces armados. Ella le vestía, le alimentaba, le castigaba, le emborrachaba y muchas veces le sepultaba.

5. Luchas en el periodo liberal

Puede decirse que, en general, en el periodo llamado liberal (1870 – 1936) el sindicalismo no fue una cuestión de Estado, ni el Estado era una cuestión fundamental para el sindicalismo. Las relaciones obrero-patronales se regían por el Código de Comercio. Los derechos se conquistaban con huelgas y se celebraban en pliegos de condiciones, los contratos de trabajo. Las cosas cambiaron en los años ‘30s.

De manera desigual, algunos gremios habían conquistado poderío. Dos elementos tenían peso en ello. Uno, era el poder del sindicato para determinar quién iba a trabajar: según los Pliegos de Condiciones, los patrones podían emplear sólo a trabajadores sindicalizados. Eso le daba a los sindicatos fuerza para disciplinar a sus miembros, exigirle cuotas y desarrollar obras sociales, entre las cuales, la asistencia social, la atención médica, la jubilación, la ayuda de emergencias y para los ciclos de vida, como los sepelios y las bodas. Los panteones gremiales que vemos hoy en el cementerio de Recoleta se originaron en aquel tiempo. También les daba fuerza para sostener los conflictos.

Otro elemento que daba fuerza a los gremios tradicionales era el trabajo por turnos. Los compañeros que no estaban en huelga entregaban a los huelguistas turnos, jornadas de trabajo, mientras durarse el conflicto, con sus respectivos jornales. De esta manera las huelgas podían prologarse por tiempos muy largos, ya que los huelguistas conseguían solidaridad y con ella algunos jornales para vivir mientras dure el paro. En el caso de los obreros del rio, hubo también solidaridad y huelgas multinacionales, la más famosa contra la Mihanovich⁶, en la cual marineros argentinos, uruguayos y paraguayos detuvieron parte de la navegación del Rio Paraguay y el Paraná por meses, en una huelga que casi duró un año.

Lo que algunos gremios habían conseguido dentro del código comercial, constituía un poder en la sociedad civil económica de cultura laica e incluso anticlerical. Distantes de la opresión omnipresente del mundo rural confesional y clientelista, estos gremios tenían sus propios medios de comunicación y sus instituciones. El fin del periodo liberal estuvo caracterizado por la acción de los gobiernos para revocar los derechos sindicales y establecer el trabajo libre. Esto es, la libertad patronal para contratar trabajadores sin intervención de los sindicatos. Los derechos puntuales de algunos gremios convivían con la carencia de derechos de la mayoría de los obreros.

En los últimos años los gobiernos, liberales se negaban conceder derechos sociales más generales, que se pedían a nivel mundial y local. Al contrario, debilitaba a los gremios que se habían arreglado para adquirir fortaleza. El mundo capitalista entró en crisis económica, los países limítrofes adoptan dictaduras militares, el liberalismo fue cuestionado mundial y localmente por el fascismo y el comunismo. El movimiento obrero paraguayo, o al menos sus direcciones, fueron seguidores de las internacionales obreras y sus políticas, a través de Argentina, influido por la III Internacional. Antes de la guerra del Chaco, el discurso obrero se opuso a la guerra, en la línea de ‘guerra a la guerra’. Contra la política crecientemente restringida de los últimos gobiernos liberales, de José P. Guggiari y Eusebio Ayala, los gremios intentaron una rebelión en 1931. El gobierno, usualmente en estado de sitio, canceló derechos adquiridos por los obreros, sobre todo la libertad de expresión y la potestad de regular al empleo (derecho que todavía hoy sobrevive entre algunos estibadores del puerto de Asunción). El decreto 1292 de 1931 que penaliza la ‘defensa de ideas comunistas’ denota el crepúsculo de las libertades liberales y constituyó el antecedente de la legislación ‘liberticida’ posterior.

6. La revolución de febrero y su secuela

Ante la rebelión de los oficiales en la postguerra, febrero 1936, los sindicatos imaginaron que los cambios les iban a ser propicios. Desde una posición en general abstencionista de la política, adoptan una

posición participacionista⁷. La revolución del 36 fue para la mayoría sindical su revolución. Quizás por ser enemiga de su enemigo que en ese momento eran los liberales. Pero también por el modo de pensar de su tiempo. Contra el liberalismo, pensamiento dominante de la época, se proponía la revolución: fascismo, stalinismo y nacionalismo gozaban de simpatía. Se esperaba que las potencias emergentes tuvieran ideas nuevas contra la vieja opresión del imperialismo europeo y la oligarquía nacional.

Resulta dramático recordar que el Decreto 152 de marzo del ‘36 fue al mismo tiempo de tregua política y sindical. Esto es, prohibición de toda actividad política opositora y de toda actividad gremial. Pero la movilización, el optimismo de los excombatientes, inmensa parte de la población masculina, así como la vacilación del gobierno era tal, que la organización gremial se expandió enormemente. Los sindicatos elogiaban al gobierno y soportaban las represiones que atribuían a un mal entendido.

Este desencuentro se desarrolló de febrero a mayo de 1936. En marzo se hizo el decreto 152 de ‘tregua’, eufemismo de prohibición, reposición del viejo estado de sitio. En abril los sindicalistas intentaron crear el Partido Nacional Revolucionario, en apoyo a la Revolución. Y como seguían siendo reprimidos, en mayo los sindicatos hicieron huelga general para que se detenga la represión sindical. Esta aumentó. Franco denunció a los dirigentes y envió su cúpula sindical al exilio (AFG 09 05 041). Incluyendo al narrador más atento y documentado, Francisco Gaona, que ya no podrá retornar al Paraguay aunque defendió siempre la revolución febrerista y en ciertas ocasiones al Partido Comunista⁸.

El gobierno de febrero solo duró un año y medio, pero fue determinante, porque inició el poderío militar y sometió a los partidos tradicionales. Los grandes electores y estadistas fueron los oficiales de las fuerzas armadas, verdaderos ‘gobierno del gobierno’. Otorgaron el poder a Franco, a Estigarribia, el general triunfante del Chaco, luego a Morínigo, otro experimentado militar⁹. En este tiempo desembarcó el dominio norteamericano. Braden, su embajador en Argentina, impuso las reglas de la Paz del Chaco. Los mismos militares del Frente de Guerra, simpatizantes del Eje fascista, hicieron la alianza con la administración de Roosevelt. Este fue un héroe democrático para el mundo, no así para el Paraguay. Al convertir el régimen militar local en brazo de su poderío mundial, le dio estabilidad e invulnerabilidad a ese militarismo. La diplomacia norteamericana se deshizo de Morínigo después de siete años; de Stroessner 34 años después de que asumiera; cuando la utilidad de los oficiales perdió vigencia, con el fin de la guerra fría, a finales del siglo XX.

7. Contra Morínigo

El liberalismo apoyó poco a Estigarribia, comandante de la guerra del Chaco y oficial de la Caballería, candidato natural de los oficiales paraguayos y de la diplomacia norteamericana. Estigarribia murió al año de acceder al gobierno en un accidente. Para los liberales, había sido humillante hacer el papel que después hicieron los colorados: ser el brazo político, subalterno, del poder militar. Fue más difícil que un ex-superior (el partido liberal) se subordine a un ex-inferior (la oficialidad), como fue el caso con Estigarribia. En cambio para los colorados era pasar de la exclusión a tener un lugar en el gobierno. Los sindicatos no se opusieron a Estigarribia. Intentaron organizar bajo su gobierno la Central de Trabajadores del Paraguay (CTP) que fue reprimida y no prosperó.

Con Morínigo (1940-47), fue otra cosa. Morínigo reprime, militariza el trabajo, crea campos de concentración y también toma medidas sociales, como el Instituto de Previsión Social (IPS), que, al mismo tiempo, constituyó una gran ventaja para los asalariados y les sacó fuerza. Concentró en el Estado las Cajas de Seguridad Social que anteriormente tenían los gremios y que les daban solidez. Fue un tiempo favorable para la economía, ya que durante la II Guerra Mundial se incrementó la demanda mundial de materias primas de América Latina y en particular del Rio de la Plata. El Paraguay recibió fuerte apoyo económico norteamericano.

Pero el movimiento sindical fue reacio a esta dictadura. Realizó una seguidilla de huelgas generales con el precio de cárcel masiva o exilio a toda una generación de militantes y dirigentes. Eso abonó la ‘primavera democrática’, la corta democratización en 1946. Pero esta no sería sino el prólogo de la más cruenta guerra civil de la historia (1947), con la cual el coloradismo y un sector de los oficiales establecieron la guerra fría, con apoyo regional peronista. Los sindicatos fueron atacados, se formaron milicias de matones obreros, la llamada Organización Republicana Obrera (ORO), ‘comisiones garrote’ que usurpaban al activismo sindical con sus brigadas y reprimían las huelgas bajo orden de los guiones, el ala fascista del coloradismo¹⁰. Pero el balance regional entre populismo local y los aliados obedientes de la nueva potencia mundial de la guerra fría no se había estabilizado.

8. Populismo colorado

El partido colorado era un partido tradicional, oligarca, rural, conservador, pero no monolítico. No faltaban sectores reacios a la dictadura que habían sufrido cuando estaban en la oposición, y tampoco partidarios del populismo afines al peronismo, cuya provisión de armas y víveres fue fundamental para el desenlace de la guerra militar-civil del ’47, también afines a Getulio Vargas del Brasil. Ese fue el momento en que los gobiernos colorados que carecían de apoyo civil urbano, reconvocaron e hicieran un pacto con los sindicatos que se materializó en la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT). El pacto incluía pluralismo sindical bajo la dirección oficialista de la central, y acompañamiento de reajustes salariales contra la inflación galopante. Los guiones colorados se apartaron del centro del escenario y los demócratas colorados comandaron con Federico Chaves y Epifanio Méndez.

De acuerdo con los signos de los tiempos, la sociedad y la economía se habían estatizado dentro y fuera del país. Control de precios, regulaciones del mercado, salario mínimo legal y un Departamento del Trabajo que mediaba en forma obligatoria en los conflictos obrero-patronales. Los sindicalistas, que desde el ‘36 habían renunciado a la abstinencia política, buscaban reivindicaciones de los gobiernos. Era más impactante conseguir un alza en el salario mínimo y conseguir control de precios de los bienes de consumo popular que realizar los convenios colectivos y reivindicaciones en cada sindicato ante cada patronal. Pero el populismo con Perón, Vargas y Chaves fueron derrocados. Las dictaduras militares retornaron e implementaron políticas contra el proteccionismo proveniente de Bretton Woods y a favor de la liberalización de la economía, favoreciendo la primacía norteamericana que, con 7% de la población, generaba el 50% del PIB mundial.

9. La dictadura militar

Agente de esos cambios en Paraguay fue Alfredo Stroessner. Entre 1954 y 1958, ni el dictador ni los sindicatos se enfrentaron. Con la huelga general de Agosto, se dio la ruptura. La dictadura aprisionó a centenares, torturó y envió al exilio a los líderes huelguistas. Intervino y transformó a la CPT en brazo sindical del partido y del gobierno. Los sindicalistas se encontraban sin discurso. La economía decayó, el Paraguay se volvió más rural, el sindicalismo disminuyó o se encontraba cada vez más maniatado.

Las cosas fueron cambiando en parte por acción de los mismos sindicatos que muy lentamente volvieron a activar gremialmente diez años más tarde, en los ‘70s con la construcción de las represas hidroeléctricas (Itaipu y Yacyreta); y veinte años más tarde incidiendo en la democratización, a finales de los años ’80s, cuando la dictadura decaía. Ante la CPT se organizó primero la CPEe, la Confederación Paraguaya de Trabajadores en el Exilio, que nunca tuvo peso dentro del país, pero logró defender su causa ante foros internacionales. Luego se formó el MIT Movimiento Intersidical de Trabajadores. Este se inicia con un grupo de la CPT que tenía la propuesta de convocar al Consejo de Delegados, que no había vuelto a reunirse desde la represión del año ‘58. Como Modesto Alí, que permitía cierta ‘apertura’ fuera desautorizado por el gobierno y Sotero Ledesma ‘electo’ en su lugar, el tímido aperturismo se desvaneció. El desarrollo del sindicalismo se prosiguió fuera de la CPT, y, ya derrocada la dictadura se conformó la Central Única de Trabajadores (CUT).

En vísperas del derrocamiento de Stroessner, en sus años de mayor auge, entre 1985 y 1988, el MIT trabajó activamente para deslegitimizar la dictadura. Se convirtió en un protagonista de nivel nacional y contraparte internacional de los sindicatos más grandes. Con la transición a la democracia se mantuvo el viejo sindicalismo nacionalista colorado, primero populista y luego directamente represivo de la CPT, aunque ya no funcionaba con esas funciones. La democracia fue muy fecunda para los sindicalistas. En pocos meses, de poco más de 20 mil afiliados, los sindicatos pasaron contar con 100 mil afiliados, aunque las centrales sindicales cumplían un papel menos importante que en el pasado. Su expansión coincide con las políticas del Consenso de Washington, esto es, lo que se llamaría luego el neoliberalismo. Los gobiernos de la transición no estaban interesados ni el reprimir ni en consentir ni en fomentar al movimiento obrero, ni siquiera como brazo represivo. El sindicalismo fue lo primero en ser privatizado.

10. Democracia neoliberal y crisis sindical

En un momento de la democratización los gremios obreros impulsaron otra manera de hacer política, presentaron candidatos y ganaron las elecciones municipales en Asunción con Carlos Filizzola y su movimiento, Asunción para Todos; participaron en la elaboración de la constitución democrática del ’92 a través de Constitución Para Todos. Sin embargo, no lograron convertirse en una alternativa política o social duradera. Se dividieron en fracciones irreconciliables, se desvincularon de las demás reivindicaciones populares, fueron seguidores del partido y de los gobiernos colorados de la transición que encontraron al gremialismo muy frágil para resistir las armas de la política tradicional, el clientelismo y el prebendarismo.

Los sindicatos evitaron algunas privatizaciones en los años ’90. El presidente Wasmosy quería privatizar hasta el palacio de López, se decía. También defendieron la democracia a fines de siglo (1999) con una

huelga general contra el intento oviedista de restaurar un régimen autoritario, parte del marzo paraguayo. Centran hoy su lucha nacional en reivindicaciones difíciles, como la mayor estatización posible de los bienes de producción. No intervienen en el gran problema del reparto de los ingresos. Esto les permitiría un diálogo más amplio con los excluidos de la prosperidad, que forman la población inmensamente mayoritaria. La mayoría sindical rompió muy rápido con las inquietudes políticas reformistas. Se interesan centralmente en reivindicaciones corporativas. Pero el crecimiento de sindicalizados fue extraordinario.

El núcleo bancario, que había convocado al MIT y a la CUT entró en una crisis profunda con las bancarrotas que eliminaron a la mitad de las instituciones de crédito. Con la nueva constitución democrática, el derecho al sindicalismo para los funcionarios de Estado conformó un nuevo gran sector. De tradición diferente no solo para el sindicalismo de la CPT, basado en los marítimos, sino de las centrales socialdemócratas CUT y CUTa, basado en los bancarios, y para la CNT. Los asalariados organizados del Estado son hoy el más numeroso núcleo asalariado.

Los trabajadores sindicalizados hoy tienen poco prestigio. Hay ocho centrales sindicales y poca coordinación seria entre ellas o con otros movimientos sociales. La prensa comercial los presenta en forma negativa. La mayor crisis del movimiento obrero es político-cultural. La prensa obrera de vísperas de la transición enmudeció. No hay entre los trabajadores inquietudes de cambio social y político para hacer sintonía con una ciudadanía más amplia, también excluida o manipulada por el clientelismo y el prebendarismo, de tal manera de poder contrapesar los procesos de desarrollo rentista y patrimonialista del capitalismo en el país.

Los sindicatos no enfrentan al pacto de hierro celebrado entre los empresarios rentistas (y favorables al modelo-país de paraíso fiscal) y los políticos tradicionales de la prebenda y clientela que gestionan estos privilegios a cambio de permitir una irresponsabilidad fiscal que impide un mínimo desarrollo con igualdad. Solo una minoría milita entre las fuerzas progresistas.

Hay situaciones que les son desventajosas. La acumulación de capital se concentra más en la empresa rural, donde no se contrata mucha mano de obra y donde no hay sindicalismo, así como en los servicios, cuyos gremios fueron desmantelados y no recobraron la fuerza que tenían. La globalización exige un esfuerzo de coordinación internacional para enfrentar las condiciones de acumulación del capital mundial. Pero también han perdido oportunidades. Durante el gobierno del Fernando Lugo, que tenía afinidad mayor, los sindicatos no intentaron unificar sus organizaciones ni sus reivindicaciones. Tampoco defendieron a ese gobierno en el 2012, aunque fuera más cercano a los intereses de los trabajadores, como habían defendido la democracia durante el marzo paraguayo.

El movimiento sindical mayoritario y más militante volvió a ser colorado y nacionalista, pero esta vez no por coacción ni violencia, sino siguiendo el paradigma del populismo colorado contra el liberalismo oligárquico, que ya no es hoy un parteaguas, ya que los gobiernos colorados son los que están conduciendo las políticas neoliberales en el Paraguay que aportan poca ventaja para los trabajadores.

Gráfico 1. Sindicalizados con la democratización

Fuente: CDE, Guías sindicales.

11. Herencia y legado

En cada caso pudimos reconocer, en su historia, un comportamiento y una colectividad que actúa, se reconoce y es reconocida como singular, que se forma en las relaciones que establece. Que cuenta su historia con versiones diferentes pero referidas a acontecimientos compartidos. Esa colectividad es histórica. Es lo que hace, si bien las condiciones de su acción no son arbitrarias. Sus propósitos varían con el tiempo y dentro de cada tiempo. Estos fueron en nuestro caso la disolución del trabajo forzado, el aumento salarial, la mejoría de las condiciones de trabajo, en particular la duración de la jornada laboral. Pero también la dignidad, las vivencias de sujeción, los sueños de libertad y prosperidad, los sueños de igualdad. Y los eventos acontecidos, huelgas, manifestaciones, protestas, congresos, ediciones, panfletos, prensa, propuestas políticas, rebeliones y movimientos de opinión. Todo esto conforma una subjetividad colectiva. Una herencia y un legado, que, como Jano, mira desde el presente hacia el pasado y al futuro. En estos espacios de experiencias y horizontes del advenir, tenemos clase obrera. Estos espacios son la materia de la cual está hecha esta colectividad y deben ser estudiadas en su temporalidad, en su historia que deja huellas, cicatrices, actitudes, predisposiciones, una cultura, una memoria. La historiografía consiste en hacer un relato con estas huellas que evoquen y nos acerque a un mundo vivido que, habiéndose perdido en parte, de otro modo permanece.

Bibliografía

Archivo Francisco Gaona (AFG), Centro de Documentación y Estudios, Asunción.

Althusser, L., & Balibar, E. (1968). Leer El Capital. México: Siglo XXI.

Barret, R. (1994). Lo que son los yerbales. En R. Barret, Germinal. Asunción: El Lector.

Gaona, F. (1967). Introducción a la historia gremial y social del Paraguay. Asunción: Arandu.

Gramsci, A. (2004). Los intelectuales y la organización de la cultura. Buenos Aires: Nueva Visión.

Koselleck, R. (1993). Futuro pasado. Por una semántica de los tiempos históricos. Barcelona: Paidos.

Lenin, V. I. (1978). Una gran iniciativa. En V. I. Lenin, Marx, Engels, marxismo. Moscu: Progreso.

Marx, K. (1982). Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850. En Marx, & F. Engels, Obras Selectas. Moscu: Progreso.

Rivarola, M. (1993). Obreros, utopias y revoluciones. La formación de las clases trabajadoras en el Paraguay liberal (1870-1931). Asunción: CDE.

Rodriguez, J. C. (1985). L’État s’empare du mouvement ouvrier. Paraguay 1936-1958. Paris: EHESS.

Thompson, E. (1977). La formación histórica de la clase obrera, Inglaterra 17801832. Barcelona: Laia.

1 La definición de Lenin es estructuralista: “Las clases son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse el trabajo de otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía social” (pág. 479).

2  Paréntesis y énfasis agregados

3 Es histórico aquello que solo tiene lugar y es comprensible en la sucesión de estados que conforman un dominio en su temporalidad. Desde ese punto de vista, hay también historia natural. Las leyes de Darwin (selección natural, sobrevivencia de los más aptos) no son observables sino en el transcurso de varias generaciones. Ciertos fenómenos materiales y culturales existen sólo en el tiempo. Una melodía es inteligible en una materialidad temporal. Sólo puede ser escuchada en el proceso de su ejecución. Un momento de una melodía no tiene forma, sino cuando está precedida por el fragmento que le antecede y seguida por el posterior. En cambio, la escultura o la pintura, son predominantemente espaciales.

4 “Esta Federación, puramente económica, es diferente y opuesta a todos los partidos políticos burgueses y obreros”, Declaración de Principios publicada en el Periódico El Despertar (Archivo Franciso Gaona, CDE).

5 Barret, R. (1943), “Lo que son los yerbales”, http://www.portalguarani.com/332_rafael_barrett /11299_lo_que_son_los_yerbales ensayo_de_rafael_ barrett.html, revisado en agosto 2014.

6 El ciudadano austro-húngaro Nicolás Mihanovich fue un inmigrante que se hizo de fortuna en la guerra de 1865-70 contra el Paraguay y en la ‘conquista del desierto’ 1878-85 contra los pobladores indígenas del sur de Argentina. Llegó a tener 350 embarcaciones y fue el armador más poderoso del Rio de la Plata a principios del siglo XX. Después de la primera Guerra Mundial pierde preeminencia, después de haber apostado contra Inglaterra y a favor de los perdedores.

7 Dentro de la tradición política, los términos de participacionista (o infiltrista) y abstencionista estaban consagrados.

8 Gaona siguió haciendo sindicalismo en Buenos Aires, hasta su muerte. Sus manuscritos póstumos fueron editados por Rafael Peroni (RP ediciones) y el Centro de Documentación y Estudios (CDE). Su archivo fue adquirido por el CDE.

9 Terminaron entregando el poder a Alfredo Stroessner y, ellos mismos, renunciaron al gobierno con Andrés Rodríguez, más de medio siglo después.

10 Bajo el cuello, para reconocerse, los matones usaban una cinta roja. De ahí que se denominen guiones rojos.

Sobre la existencia de la “clase trabajadora” en Paraguay. Un análisis empírico

Marcello Lachi

1. Introducción

Tanto en el ámbito político y social, como también en el académico, ya hace tiempo se tiende a utilizar el concepto “clase trabajadora” como un simple sinónimo de movimiento sindical.

Esta práctica, cuyas consecuencias no son particularmente negativas cuando se limita al debate público, puede sí resultar perjudicial en el ámbito académico, en cuanto la investigación científica implica en primer lugar una definición precisa de los conceptos utilizados.

En este sentido, “clase trabajadora” es un concepto históricamente instituido en las ciencias sociales, con características y elementos que lo definen de manera precisa, y que en el ámbito académico deben ser tenidos en consideración.

A partir de esta premisa hemos decidido realizar este ensayo cuyo doble objetivo es, por un lado, determinar las características que definen lo que entendemos como “clase trabajadora”; y por el otro lado, analizar si en Paraguay, por lo menos en las dos últimas décadas, podemos identificar de manera efectiva la existencia de una “clase trabajadora” según la conceptualización anteriormente presentada.

Es por ello que primeramente realizaremos un análisis de las características que nos permiten definir de manera precisa el concepto de clase, y específicamente el de “clase trabajadora”. A continuación, analizaremos empíricamente la realidad del movimiento sindical desde el fin de la dictadura stronista hasta hoy en día, a fin de verificar si las características anteriormente identificadas pueden observarse en el accionar del movimiento sindical paraguayo, y por lo tanto, si éste puede o no ser definido como “clase trabajadora”.

2. El concepto de clase

Como ya hemos señalado, para poder evaluar de manera concreta la existencia de una “clase trabajadora” como tal en Paraguay, en primer lugar tenemos que definir precisamente qué implica el concepto de “clase”. Para ello nos referiremos al concepto de clase instituido por Karl Marx quien, en el conjunto de su obra, ha establecido claramente los parámetros que permiten una exhaustiva definición de este concepto.

Así que nos ocuparemos ahora de recuperar los elementos que definen el concepto de “clase trabajadora” según la filosofía marxiana, utilizando para el efecto un estudio realizado hace algunos años por el sociólogo brasileño Mauro Iasi. Se trata del ensayo “El concepto y ‘no noncepto’ de clases en Marx” (Iasi, 2008), que basándose en la vasta obra del mismo, reconstruye las características esenciales que identifican el concepto marxiano de “clase”.

Según Iasi, las características que definen una clase, en una primera aproximación, serían las siguientes:

1. La posición ante la propiedad o no propiedad de los medios de 

producción;

2. La posición al interior de ciertas relaciones sociales de producción;

3. La conciencia que se asocia a o distancia de una posición de clase;

4. La acción de esta clase en las luchas concretas al interior de una forma social. (Iasi, 2008, pág. 131)

A partir de esta primera conceptualización Iasi realiza un análisis exhaustivo de cada uno de estos cuatro componentes, de manera a definir claramente las fronteras dentro de las cuales debe entenderse el concepto de “clase” en general, y específicamente el de “clase trabajadora”, análisis que presentamos a continuación.

Con respecto a la relación de propiedad o no propiedad de los medios de producción, Iasi señala:

Con relación a la propiedad, en el caso de la sociedad capitalista, podríamos llegar al concepto de burguesía y proletariado, como aquellos que detentan la propiedad de los medios de producción y los que venden su fuerza de trabajo. Sin embargo, esto es insuficiente, pues, un latifundista es propietario de medios de producción, pero no los utiliza como capital y al no contratar fuerza de trabajo asalariada, no se constituye en burgués, formando una clase aparte. Lo mismo podríamos decir de un campesino que en sí es un propietario de tierra, pero no es un latifundista ni extrae renta de la tierra de la misma forma que éste (Iasi, 2008, pág. 131)

Con esto Iasi nos indica que el concepto de clase no puede basarse solamente en la simple relación de propiedad o en las relaciones sociales que a partir de ésta se establecen, por más que este componente resulte parte esencial de su definición. Hay también otros elementos a tener en cuenta.

El segundo elemento, como ya indicamos, se refiere a las relaciones que establece una clase con las otras, y en este sentido Iasi subraya:

El proletariado no es en sí proletariado a no ser que venda su fuerza de trabajo a cambio de un salario, y esto involucra a la clase que la compra. Pero sólo el acto de la compra no caracteriza la relación, la fuerza de trabajo debe ser comprada como mercancía para ser consumida en un proceso de producción de mercancías, que produzca, además, plusvalía, para que estemos hablando de una relación capitalista. Es solamente en el interior de esta relación que unos se vuelven proletarios para que otros se vuelvan capitalistas (Iasi, 2008, pág. 131)

Así que además de existir una cierta relación con los medios de producción es esencial también que las relaciones de producción presenten ciertas características específicas – como la mercantilización de la fuerza de trabajo, la producción de mercancías y la generación de plusvalía– para poder identificar la existencia de “clases”.

Estas dos primeras características son las que tradicionalmente más se utilizan para definir el concepto de “clase”. Sin embargo, a juicio de Iasi, las mismas no permiten una comprensión exhaustiva, al menos no de la manera en que Marx entendía a las “clases sociales”. Es por ello que hay que tener en cuenta también las otras dos características señaladas anteriormente, es decir, la conciencia y la acción.

Iasi señala que en efecto, siempre según Marx, la forma en que las clases actúan en el campo concreto de la historia, es decir la “conciencia” que presentan en un determinado momento, es otro factor determinante que las caracteriza, y esto, según Iasi, significa específicamente que:

Una persona puede ser una asalariada por su posición al interior de las relaciones sociales, por lo tanto, una no propietaria de medios de producción, pero debido exactamente al punto

que ocupa en estas relaciones, o por otros motivos, actúa y piensa como burgués, se suma al partido burgués en las luchas concretas de la historia y se dispone a representar a esta clase si una oportunidad se le presenta, sea produciendo teoría, ocupando un cargo parlamentario o participando de la gestión de una empresa. Este señor es parte orgánica de la burguesía, o mejor dicho, compone en este nivel de análisis, el burgués colectivo. (Iasi, 2008, pág. 132)

Pero eso puede ocurrir también en el campo del proletariado. En efecto, Iasi concluye su reflexión, señalando:

Una persona que no vende su fuerza de trabajo (o porque nadie la quiere comprar o porque tiene su existencia garantizada por otra vía), no es asalariada, tiene su origen social en el interior de otra clase que no es la de los trabajadores, y por sus convicciones y su conciencia se suma a la acción concreta de la clase trabajadora en su lucha contra el capital, se vuelve parte de lo que podríamos llamar proletariado, aunque en cuanto individuo no lo sea (Iasi, 2008, pág. 132)

Esto con respeto a la característica de la conciencia; pero Marx no se queda allí, y según Iasi, para completar su concepto de “clase” incluye una característica más, tan importante como las anteriores: la clase, para ser tal, debe protagonizar luchas concretas como sujeto histórico.

Es de común conocimiento que para Marx la historia es movida por la lucha de clases y, a partir de eso, Iasi, citando a Przerwoski, señala que “Las clases deben ser consideradas como efectos de las luchas estructuradas por condiciones objetivas que son simultáneamente de orden económico, político e ideológico (…) Precisamente por ser, la formación de clases, un efecto de luchas, los resultados de ese proceso son, en cada momento de la historia, en cierta medida, indeterminados” (Przeworski, 1989, pág. 67)

Como sujeto histórico, Iasi nos recuerda, la clase tiene al mismo tiempo un aspecto que podemos llamar “estructural” y otro que podríamos llamar “político”:

El aspecto “estructural” se refiere a la concepción de Marx por la cual una sociedad entra en proceso de superación y cambio, en la medida en que el desarrollo de las fuerzas productivas materiales alcanza un grado en que entran en contradicción con las relaciones sociales de producción dentro de las cuales se había movido la sociedad hasta entonces. Esta contradicción estructural es mediada en el terreno de la historia por clases que en cada momento representan la necesidad de desarrollo de las fuerzas productivas en un nuevo estadio y los intereses de manutención de ciertas relaciones sociales de producción. Es en la dinámica de la lucha entre estas clases que podemos insertar la dimensión política en la cual una clase particular de la sociedad reúne las condiciones de representar los intereses generales, volviéndose lo que Marx llama clase revolucionaria o universal. Es en este ámbito que Marx afirma que el sujeto histórico son las clases. (Iasi, 2008, pág. 133)

Es así que según la interpretación del concepto de “clase” en Marx, la misma claramente no puede definirse solamente a partir de un “grupo de individuos” unidos por su relación con los medios de producción y por sus relaciones sociales dentro del sistema productivo, como se tiende a pensar comúnmente. Muy por el contrario las dos primeras características señaladas resultan ser solamente una parte dentro de un conjunto más amplio en el cual juega un rol fundamental la presencia de actitudes y convicciones. Dicho de otra manera, se necesita de la “conciencia” de ser parte orgánica de un “conjunto” que actúa concretamente en el campo político como representante de intereses generales y universales que se contraponen -inclusive de manera irreconciliablecon los de las otras clases.

De esta forma, una “clase trabajadora” como tal no es identificable solamente a través de la existencia de un sistema productivo capitalista y por las relaciones de dependencia que existen entre ésta y la clase que detenta el control de los medios de producción (la burguesía), o en otras palabras, mediante el trabajo asalariado. Más bien, la “clase trabajadora” existe solamente cuando a esta condición estructural se une también la “conciencia” de su rol dentro de la sociedad capitalista (Iasi, 2008, págs. 50-51) y una concreta acción como sujeto histórico que representa los intereses reales de los trabajadores, precisamente como “clase”.

3. La “clase trabajadora” en Paraguay

Antes de empezar el análisis que realizaremos a continuación, es decir, la discusión sobre la efectiva existencia de una “clase trabajadora” en Paraguay a partir del concepto marxiano de “clase” presentado en la sección anterior; queremos subrayar en primer lugar que este trabajo no apunta a ser un análisis exhaustivo a nivel histórico: como hemos señalado, nos ocuparemos solamente de los últimos 25 años, es decir, desde el inicio de la transición democrática hasta hoy. En segundo lugar, tampoco pretende ser una discusión exhaustiva a nivel investigativo, dado que se concentrará exclusivamente en el análisis empírico de ciertos acontecimientos registrados en las relaciones sociales entre los actores laborales (sindicatos, patronal) que consideramos relevantes para identificar la actitud “clasista” del movimiento gremial paraguayo.

A partir de lo especificado, resulta sin embargo esencial y altamente oportuno establecer primeramente unos cuantos postulados que permitirán enmarcar nuestro análisis empírico dentro fronteras precisas, para evitar dispersarnos más adelante en explicaciones innecesarias, cuando evaluaremos los hechos concretos.

En primer lugar hay que asumir que la existencia o no de una clase trabajadora en Paraguay no puede ni debe medirse en términos cuantitativos, es decir, por el hecho -o noque todos los trabajadores o que todas las organizaciones sindicales presenten las 4 características anteriormente señaladas que definen a la “clase”. La perfecta coincidencia de todos los asalariados con la “clase trabajadora” como concepto o tipo ideal nunca se ha realizado y hasta es improbable que se realice jamás. Lo que importa es que por lo menos una parte del movimiento gremial, sin importar su relación en términos cuantitativos, presente esas cuatro características que la identifiquen como “clase”.

En este sentido, que existan actualmente en el país ocho centrales sindicales y centenares de sindicatos de empresa o institución pública -muchos de los cuales ni siquiera se hallan asociados a una Centralpor sí mismo no es indicador de la inexistencia de la “clase trabajadora” en Paraguay, porque no impide pensar que dentro de esta disgregación organizacional existan igualmente sectores y organizaciones que actúan como “clase”. Eventualmente lo que nos indica es que el movimiento sindical paraguayo en su totalidad no aparenta ser “clasista”.

En segundo lugar hay también que asumir que, aunque no exista una relación laboral estrictamente capitalista, o citando nuevamente a Iasi, aunque no se dé el caso donde “la fuerza de trabajo [es] comprada como mercancía para ser consumida en un proceso de producción de mercancías, que produzca, además, plusvalía” (Iasi, 2008, pág. 131), tampoco podemos automáticamente descartar en este ámbito la existencia de una “clase trabajadora”. Este es el caso del trabajo asalariado dentro de estructuras estatales (función pública o empresas de propiedad estatal). Sostenemos esto no solamente porque las relaciones de producción asalariado-empleador existentes entre trabajadores públicos y administradores estatales son en esencia iguales a las que existen en el sector privado (y que producen plusvalía), sino porque justamente debido a la existencia de estas relaciones es también posible que los trabajadores públicos adquieran, tal como ocurre en el sector privado, conciencia de su propio rol dentro del sistema sociopolítico así como de su voluntad de acción como sujeto histórico universal.

Finalmente y con el objetivo de cerrar nuestra terna de postulados básicos del análisis que estamos realizando, hay que asumir también que de las cuatro características anteriormente señaladas que definen la existencia de una “clase”, nos concentraremos de aquí en adelante esencialmente en las últimas dos. Esta decisión obedece a que, como actuamos en un sistema económico capitalista donde está claramente definida la relación entre capital y trabajo y las correspondientes relaciones de producción empleador-asalariado, se puede asumir que las dos primeras características del concepto de clase ya están dadas de manera intrínseca, inclusive en el sector público (como señalamos antes). Al contrario, resulta sí necesario verificar de manera concreta la presencia o no de las dos últimas características del concepto marxiano de “clase”, es decir, la existencia de una “conciencia” en el trabajador asalariado acerca de su rol en el sistema, y de la voluntad de éste de actuar como sujeto de representación de intereses generales (de la clase trabajadora) frente a los intereses de la burguesía, porque es esencialmente por la presencia o no de estos dos elementos que podremos establecer si se puede hablar o no de “clase trabajadora” en el Paraguay.

Asumido todo esto, empezamos ahora nuestro análisis arrancando desde el inicio de la transición democrática, partiendo específicamente de los años1989-1993, es decir, de su primer cuadrienio cuya historia tiene fuentes relevantes (Céspedes, 2009). Aquí podemos encontrar ya muchos datos interesantes acerca del movimiento sindical y su realidad “clasista”.

En agosto de 1989, pocos meses luego de la llegada de la democracia, de las cenizas del Movimiento Intersindical de Trabajadores del Paraguay (MIT-P), conformado en 1985 con el fin de devolver autonomía a un movimiento sindical hasta entonces controlado por el Gobierno dictatorial de Stroessner (Gonzalez, 2013, pág. 52) se conformó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que desde su fundación se definió como “clasista” (Iasi, 2008, págs. 135-137)

Claramente el autodefinirse clasista no determina automáticamente que lo fuera, pero si analizamos sus acciones concretas en estos primeros años de transición democrática sin duda alguna hay que rescatar algo al respecto.

En efecto, entre 1991 y 1993, la CUT, además de reorganizar el movimiento sindical en el país después la larga noche stronista, conformando sindicatos donde fuera posible, asumió expresamente un rol de actor político relevante. Esto se verifica a través del apoyo brindado a la candidatura (finalmente ganadora) de Carlos Filizzola como Intendente de la capital del país en el marco del movimiento políti-

co Asunción Para Todos; así como a través de la participación en la coalición Constitución para Todos en las elecciones para la asamblea constituyente. En este marco, la CUT eligió a propios miembros en la coalición, consiguiendo resultados importantes en los contenidos de la Constitución elaborada, lo que repercutió positivamente en la aprobación de un nuevo Código del Trabajo que instalaría en el país un sistema de reglas en las relaciones laborales más modernas y coherentes con los dictámenes de la OIT (Gomez Romero, 2013, págs. 79-93)

Aunque quizás para algunos puristas estos tres aspectos podrían ser considerados pueriles de cara a lo que comúnmente es considerado como conciencia de la clase trabajadora y su efectivo actuar como actor histórico universal dentro de un proceso revolucionario, no podemos evitar considerar que tanto en la participación en las elecciones municipales como en las constituyentes, así como en el proceso de lucha para la aprobación del Código del Trabajo, la CUT actuó de manera consciente en su rol social en el sistema e incidió como actor relevante en el cambio político del país. Sin duda alguna, no se trató de cambios expresamente revolucionarios, pero haber conseguido una ruptura en el sistema bipartidista burgués tradicional (con la elección de Filizzola), haber llevado representantes obreros a la Asamblea Constituyente y finalmente haber obtenido una importante reforma en las relaciones laborales (mediante la aprobación del Código del trabajo), permitió a la CUT incidir de manera activa y universal sobre todo el conjunto de los trabajadores del país y no solamente sobre sus afiliados, algo que evidentemente resulta ser una actitud mucho más clasista que corporativa.

Los años sucesivos, sin embargo, vieron desarrollarse una progresiva crisis de la CUT y del movimiento sindical paraguayo en general, con las centrales que después de unos años de auge y acciones victoriosas fueron progresivamente apagándose, perdiendo paulatinamente aquellas características de actor social “clasista” que se evidenciaron en los primeros años de la transición y adquiriendo su acción cada vez más aspectos sustancialmente corporativos.

Será solamente en el período 1999-2000, durante el fallido proceso de privatización de las empresas estatales (principalmente ESSAP y COPACO) empezado por el Gobierno de González Macchi, que el movimiento sindical se despertará momentáneamente del proceso de decadencia en que estaba sumergido y mediante su participación en el Frente Sindical y Social (FSS) y el Congreso popular, del cual participaban también otros movimientos sociales y políticos, volverá a actuar como sujeto histórico de interés general y colectivo, y no más como organismo corporativo defensor de intereses parciales (Coronel Prosman, 2010, págs. 230-233)

Pero este despertar momentáneo dentro de una lógica de lucha en contra de las privatizaciones, vistas como algo que iba a desfavorecer los intereses de los trabajadores y de la población en general, al compararlo con la experiencia de la CUT de inicios de los años noventa, en realidad se demuestra como algo mucho más tibio y de menor alcance. Sostenemos esto porque más allá de que la acción gremial desarrollada se vislumbraba como “clasista”, dirigida a la defensa de intereses globales y colectivos de todos los trabajadores del país, en realidad la misma no pasaba de ser esencialmente una acción de defensa de los intereses específicos y corporativos de los trabajadores de las empresas públicas afectadas. Esto se volvió patente cuando, finalizado el conflicto a través de la firma de un acuerdo entre el Gobierno y la FSS que supuestamente ponía punto final al proceso privatizador, la FSS misma desaparecía y los sindicatos de empresas volvían a ser los protagonistas de las relaciones laborales, negociando finalmente las trasformaciones de ESSAP y COPACO en empresas privadas (de capital público), actuando en este proceso esencialmente en defensa de sus propios intereses particulares y sin tener en cuenta los intereses colectivos de la población en general.

Así que, más allá de que en algún momento del período 1999-2000 quizás hubo una oportunidad de que el movimiento gremial actuara como “clase trabajadora”, esto resultó de hecho ser más apariencia que sustancia, y el corporativismo sindical dio un paso más en su proceso de consolidación. Paralelamente, las centrales sindicales, estructuralmente las más adecuadas para cubrir un rol de sujeto histórico universal, continuaban su proceso de hundimiento y desaparición como actor social relevante.

En efecto, después de esta experiencia de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, el movimiento gremial paraguayo como actor social unitario volvió a desaparecer, resurgiendo solamente cada vez que se debía negociar el aumento del salario mínimo debido al 10% de incremento de la inflación desde el aumento anterior. Por lo demás, el protagonismo era dejado el resto del tiempo a los sindicatos de empresa, que desarrollaron constantemente su acción de manera esencialmente corporativa en favor de sus asociados y, dado que la ley lo imponía¹, también indirectamente en favor de los otros trabajadores de la empresa.

La desaparición de la acción gremial colectiva, la que nos permitiría acercarnos por lo menos tímidamente a aquel concepto de “clase trabajadora” que hemos descrito anteriormente y cuya existencia estamos buscando verificar dentro del movimiento de los trabajadores paraguayos, se volvió de hecho la principal característica de la acción sindical durante toda la primera década del siglo XXI. Toda acción gremial permaneció entonces esencialmente atomizada dentro del ámbito de cada empresa (o institución pública), sin presentar ningún aspecto global y aún menos, universal.

Si analizamos los datos recolectados por el Observatorio Sindical realizado por el Centro de Estudios y Educación Popular Germinal desde el año 2007 hasta el año 2010, podemos verificar empíricamente la realidad que hemos recién descrito.

De acuerdo a lo registrado por esta publicación, durante los cuatros años señalados se registraron en el país 324 conflictos sindicales; y entre ellos, ninguno tuvo características o alcance que fueran más allá de la simple acción gremial de defensa de intereses específicos y corporativos.

Las únicas excepciones de esta “regularidad” de comportamiento han sido: las marchas por el día del trabajador (primero de mayo) y los actos recordatorios del Día del Trabajo Decente (7 de octubre). Pero en ambos casos, más que momentos de toma de “conciencia” o de acción universal de las centrales sindicales en pos de una acción de “clase”, se trató más bien de una mera celebración y recordatorio formal, algo que “hay que hacer” pero que ha perdido todo elemento de compromiso colectivo para convertirse en pura forma sin contenido.

Descripción que se ajusta perfectamente sobre todo a las celebraciones del primero de mayo, que se han vuelto en Paraguay tan formales y vacías que han acabado por ser acompañadas finalmente por pocas decenas de dirigentes sindicales, sin ninguna incidencia real en la masa de los trabajadores.

Dentro de esta realidad de sustancial desaparición de toda conciencia y acción de “clase” en el movimiento sindical paraguayo, que nunca como en este periodo histórico se ha vuelto sustancialmente corporativo y alejado de toda acción protagónica dentro del proceso histórico del país, debe sin embargo señalarse una excepción. Se trata de una experiencia, desarrollada desde mitades de 2008 hasta los primeros meses de 2009, que en algún momento pareció ir a contracorriente de lo anteriormente descrito. Nos referimos a la experiencia de la Mesa Intersindical del Sector Público (MISP).

La Mesa Intersindical del Sector Público tuvo como origen un intenso debate realizado durante los meses de junio y julio de 2008 entre importantes sindicatos del sector público, en el marco de la elaboración de una nueva ley de la función pública que tuviera en cuenta los intereses genuinos de los trabajadores públicos. Este debate surgió en torno al nuevo gobierno Lugo que estaba por asumir la guía del país (el 15 de agosto de 2008), a quien habría de presentársele el nuevo proyecto de ley. A partir de este proceso, que produjo un documento muy avanzado de principios y lineamientos para la redacción de una nueva ley, el MISP fue conformándose rápidamente, llegando a representar casi el 85% de los trabajadores públicos sindicalizados (excluyendo de este cálculo los docentes). A continuación, el MISP impulsó una campaña denominada “vida digna” para que, por primera vez después de muchos años, todo el sector de los trabajadores públicos actuara conjuntamente a favor de un aumento salarial generalizado, algo bastante novedoso dado que hasta el momento generalmente cada sindicato negociaba directamente con los parlamentarios la inclusión de sus aumentos en el Presupuesto General de la Nación.

Este proceso de unificación que había empezado a transformar paulatinamente al sector sindical de los trabajadores públicos en un actor unitario con visión colectiva, tuvo una ulterior etapa en la participación conjunta y coordinada en una mesa de diálogo sobre la función pública realizada a fin del año 2008 por la Secretaría de la Función Pública. Además, el MISP como grupo consolidado participó en una mesa de diálogo con el Gobierno en su conjunto, presidida por el mismo Fernando Lugo, para empezar a establecer un diálogo permanente sobre una reforma general del estado. En ese periodo el MISP también elaboró un propio Manifiesto en el cual se establecían las bases de la acción conjunta que se quería desarrollar.

Entre otras cosas el manifiesto señalaba: “en el marco de la nueva fase histórica abierta con las elecciones del pasado 20 de abril de 2008, reivindicamos, desde nuestros lugares de trabajo, una función pública que esté realmente al servicio del interés colectivo y del pueblo que lo encarna, y propugnamos un cambio que signifique respeto a los derechos y a la profesionalidad de todo trabajador público” (Mesa Intersindical, 2008) y también “como organizaciones sindicales activas en el sector público, nos hemos reunido en una Mesa Intersindical del Sector Público para que a través de la Unidad de todos los trabajadores del Estado (…) podamos luchar para que nuestros derechos sean finalmente reconocidos, para que podamos gozar de una vida digna y para que los servicios públicos a los que hemos sido llamados a ejercer sean desarrollados en base al interés de todo el pueblo paraguayo” (Mesa Intersindical, 2008).

Sin duda alguna el MISP intentaba entonces actuar como un actor unitario, impulsando acciones universales a favor de todo trabajador público, acercándose así como ningún otro a lo que fue la citada experiencia de la CUT como actor colectivo, a principio de la transición democrática.

Pero finalmente todo esto no resultó ser más que un espejismo: En los primeros meses de 2009, después de unas encendidas reuniones donde los principales representantes del MISP iniciaron una lucha por un lugar dentro de la Mesa permanente de diálogo instaurada por el Gobierno, demostrando así que los intereses específicos y corporativos de cada uno eran más importantes para ellos que el interés colectivo del grupo (y de la “clase”); el grupo se desarticuló, mostrándonos una vez más que la realidad del gremialismo paraguayo continuaba siendo, sin solución de continuidad, algo muy lejano a un movimiento de “clase”.

Para concluir nuestro recorrido de estos 25 años de historia del movimiento gremial paraguayo nos queda solamente evaluar la experiencia de la huelga general declarada por las centrales sindicales de manera conjunta el pasado 26 marzo de 2014. A primera vista este acontecimiento podría parecer, finalmente, el desarrollo de una acción colectiva y universal del movimiento sindical paraguayo, que asumiendo su rol como actor de representación universal de los intereses generales de los trabajadores, actuó consecuentemente paralizando el país en contra de una acción de claro tinte pro-capital del gobierno.

Pero en realidad también detrás de este evento hay más apariencia que sustancia. Cabe señalar, primeramente, que la huelga en sí misma consiguió ser general sólo gracias a la errónea acción propagandista del gobierno que asustó tanto a la población sobre los riesgos y la alteración del orden público que la misma produciría, convenciendo a la gran mayoría de los trabajadores de no acudir al trabajo ese día, que finalmente permitió de manera indirecta el éxito de la misma. Esto no habría ocurrido si el gobierno hubiera desatendido el tema, dado que actualmente el movimiento sindical paraguayo no consigue incidir más que sobre una reducida parte de conjunto de los trabajadores.

Pero además de esto si analizamos el manifiesto de llamado a la huelga general queda claramente al descubierto que no estamos frente a una acción consiente y universal de la “clase trabajadora”, sino bien frente a una unión coyuntural de intereses específicos y corporativos.

En efecto, aunque el manifiesto señale que la huelga general era “Contra el modelo neoliberal del Gobierno Cartes, por un modelo de desarrollo inclusivo”, finalmente las reivindicaciones específicas que allí se señalan muestran toda su particularidad estando allá solo para garantizar la adhesión a la acción de diferentes grupos. La simple lectura de las mismas es absolutamente clarificadora al respecto: “Por la derogación de la ley APP; por el reajuste salarial del 25%; en contra de los tarifazos, por la reducción del precio del pasaje; por la reforma agraria; por una salud y una educación gratuita y de calidad; por el respeto de los derechos humanos y sindicales”². Es decir se reivindica “cualquier cosa”, porque cada una de esas cosas permite incluir en el proceso a un grupo específico. En ningún momento, sino por vagas y genéricas afirmaciones, se busca con esa huelga reunificar bajo una visión de interés colectivo y universal al movimiento sindical paraguayo, limitándose a buscar que actúe como un conjunto unitario de intereses específicos y particulares, atados entre sí solamente por la comprensión de que unidos resultaban ser más fuertes que separados, algo totalmente insuficiente a identificar en eso una actuación de “clase”.

4. Conclusiones

Hay poco más que añadir a lo desarrollado en la sección anterior. Según se demostró en nuestro análisis empírico, consideramos resulta suficientemente comprobado que fue sólo en el primer periodo de vida de la CUT que la misma registró una actitud hacia la acción como sujeto histórico portador de intereses universales, que acercó de manera importante a esta organización a un actuar como “clase trabajadora”. Posteriormente, en las dos décadas siguientes, el movimiento sindical paraguayo no volvió a presentar estas características, convirtiéndose esencialmente un instrumento de defensa de intereses particulares y específicos, sustancialmente corporativos.

Así que creemos que resulta comprobado que en Paraguay, por lo menos en la actualidad, de “clase trabajadora” no hay rastro alguno, y por ello sería oportuno, que por lo menos en ámbito académico, se busque evitar utilizar este concepto como sinónimo del sindicalismo paraguayo, limitándose a utilizar sinónimos más coherentes como “movimiento gremial” o sencillamente “organismos sindicales”.

Queda siempre la esperanza de que algún día esta situación pueda cambiar radicalmente, y que efectivamente los trabajadores paraguayos puedan ser definidos como “clase trabajadora” porque finalmente su organización asumió conciencia de su rol como sujeto histórico dentro de la sociedad paraguaya y su acción representa los intereses colectivos y universales de todos los trabajadores del país.

Bibliografía

Céspedes, R. (2009). Autoritarismo, Sindicalismo y Transición en el Paraguay. Asunción: Arandurâ/Germinal.

Coronel Prosman, J. (2010). Historia de SITRANDE. En J. Coronel Prosman, SITRANDE, 20 años de lucha haciendo historia. Asunción: Arandurâ/Germinal.

Gomez Romero, C. (Abril-Septiembre de 2013). El movimiento sindical como actor político de la transición. Novapolis(6), 73-93.

Gonzalez, I. (2013). El Nuevo Despertar. Asunción: Arandurâ/Germinal.

Iasi, M. (2008). El concepto -y no conceptode clases en Marx. En M. Iasi, El proceso de conciencia (págs. 123-144). Asunción: Arandurâ/ Germinal.

Iasi, M. (2008). Reflexión sobre el proceso de conciencia. En M. Iasi, El proceso de conciencia. Asunción: Arandurâ/Germinal.

Lachi, M. (2010). El desequilibrio entre actores arrasa con los derechos laborales y sindicales. En M. Lachi, Derechos Humanos en Paraguay 2010 (págs. 529-545). Asunción: CODEHUPY.

Mesa Intersindical, S. P. (2008). Manifiesto de Conformación. Asunción: Mimeo.

Przeworski, A. (1989). Capitalismo y Social Democracia. Sâo Paulo: Cia. das Letras.

Rodriguez, J. C. (2016). Clase obrera en el Paraguay. Herencia y legado post-autoritario. En L. Ortiz, Desigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya. Asunción: CEADUC/CLACSO/ICSO.

Otras fuentes

Germinal (2008), Observatorio Sindical 2007, Asunción: Germinal.

Germinal (2009), Observatorio Sindical 2008, Asunción: Germinal.

Germinal (2010), Observatorio Sindical 2009, Asunción: Germinal.

Germinal (2011), Observatorio Sindical 2010, Asunción: Germinal.

Volante de la Huelga General del 26 de marzo de 2014

1 El artículo 330 del Código del trabajo paraguayo (ley 213/93) establece que “Las estipulaciones de los contratos colectivos se extienden a todas las personas que trabajan en la empresa, aun cuando no sean miembros del sindicato que los hubiesen celebrado”.

2 Volante de la Huelga General del 26 de marzo de 2014

Transformación del modelo agrícola y cambios en la estructura de clases

Luis A. Galeano

1. Planteamientos previos

El objetivo del presente estudio radica en analizar los alcances de la transformación que está experimentado el modelo productivo agrícola, en el transcurso de los años recientes, y las principales consecuencias que dicho proceso está generando en el ámbito de la estructura de las clases sociales.

En una primera sección, se examinarán las más importantes tendencias del proceso de modernización de la estructura agraria, a través de la concentración y la extranjerización de la tierra, verificadas en determinadas regiones del país. También se analizarán los alcances que ha tenido y está teniendo, en determinados contextos regionales, la cada vez más fuerte articulación existente entre el campo y la ciudad, en la actual era de la globalización.

Seguidamente, se analizarán los cambios generados por dicho proceso de modernización. Se examinarán, específicamente, los cambios que han, y están, experimentando tanto la clase campesina como la clase terrateniente.

2. Modernización agraria intensiva en el marco de la globalización

Durante los años noventa y en el transcurso de estas dos primeras décadas del siglo XXI, el proceso de modernización agraria capitalista se ha intensificado y sus impactos sobre el conjunto de estructura del sector rural y, en especial, de las clases sociales, que han sido y son resaltantes.

2.1. El afianzamiento de la empresa agraria

En esta fase más reciente y actual, se constata la tendencia ya iniciada en el período histórico precedente, correspondiente a la dictadura stronista (1954-1989), referida a la fuerte difusión de la empresa agropecuaria capitalista en la mayoría de las regiones rurales del país.

En ese sentido, cabe puntualizar que, en el transcurso de las últimas décadas, las empresas agrícolas familiares, farmer, perdieron su importancia relativa. En efecto, las explotaciones de 20 a 49,9 hectáreas, que comprendían el 10 % sobre la cantidad total de unidades productivas, registradas por el Censo Agropecuario de 1991, descendieron al 8 % según las informaciones del Censo de 2008. Igual tendencia experimentaron las explotaciones de 50 a 99,9 hectáreas (1991: 2,5% y 2008: 2,1 %). Por el contrario, el peso relativo de las medianas empresas agrarias aumentó, tal como lo evidencian las informaciones de las explotaciones de 100 a 499,9 hectáreas (1991: 2,5 % y 2008: 3,8 %). Dicho fenómeno igualmente involucró a la grandes empresas, que operan con 500 y más hectáreas de tierra (1991: 1,6 % y 2008: 2,7 %). Estas tendencias tuvieron fuertes impactos en la estructura y en el proceso agrarios del país. En un contexto histórico signado por la intensificación del fenómeno de la globalización, la articulación de los mercados nacionales con los centros hegemónicos mundiales exige que las modalidades productivas agropecuarias reúnan las capacidades de competitividad que poseen precisamente la mediana y la gran empresa capitalista; capacidades que limitadamente disponen las explotaciones farmer y de las que prácticamente carecen las unidades productivas campesinas. Si la soja y la carne vacuna nacionales tienen, en la actualidad, una importante inserción en los grandes mercados mundiales se debe, en gran medida, a la vigencia de dichas modalidades productivas.

Cabe puntualizar que la reciente y actual concentración de la tierra, en gran medida, está siendo impulsada por el proceso de extranjerización, sobre todo en determinadas regiones del país¹. La mayor penetración de las empresas agrarias extranjeras se está verificando en las regiones fronterizas con el Brasil y la Argentina. En ellas, están localizados los Departamentos de Canindeyú, Alto Paraná y Caaguazú. Según el Censo Agropecuario de 2008, en esas circunscripciones territoriales, alrededor del 63 % de los propietarios de las explotaciones de 1.000 y más hectáreas son extranjeros; nivel que está muy por encima de la proporción nacional (23 %). También en los Departamentos de Amambay, igualmente limítrofe con el Brasil, el nivel de extranjerización del mencionado estrato productivo es importante (41 %); así como acontece en Itapúa (44 %), limítrofe con la Argentina, y, en cierta medida, en Alto Paraguay (34 %), ubicado en el Chaco, en la frontera con Bolivia y Brasil.

Una importante proporción de las empresas agrarias extranjeras se dedican, de forma preferente y combinada, a los siguientes rubros productivos: soja, trigo, maíz y ganado bovino. La soja es el cultivo producido mayoritariamente por empresarios extranjeros. De las 2.463.510 hectáreas cultivadas de dicho rubro en el 2008, alrededor el 64 % de esa superficie correspondió a tales productores, y cerca del 63 % de la misma estuvo a cargo de explotaciones de 500 y más hectáreas de tierras, gestionadas mayoritariamente por medianas y grandes empresas.

Los empresarios brasileños predominan en casi todas las áreas regionales, como compradores de tierra en el transcurso de los años más recientes. La excepción está dada por el Departamento de Itapúa, donde la intervención en el mercado de tierra de los empresarios de otras nacionalidades tiene más peso. Además del Brasil, los empresarios provienen preferentemente de la Argentina y del Uruguay, entre los países sudamericanos. Igualmente proceden de países europeos (Alemania, España, Francia y Portugal), y de algunos asiáticos (Japón principalmente).

2.2. Intensificación de la diferenciación y la exclusión campesina

Las mencionadas concentración y extranjerización de la tierra, además de otros factores, están generando la intensificación de los procesos de diferenciación y exclusión campesina. Desde 1991 hasta 2008, según los censos agropecuarios correspondientes, las explotaciones menores de 5 hectáreas tuvieron un pequeño incremento del peso relativo (40 % y 43 %, respectivamente). Por lo tanto, el peldaño más bajo del minifundio campesino continuó siendo el estrato más numeroso del conjunto de las unidades productivas agrarias. El promedio de 2 hectáreas de tierra del que disponen las casi 120 mil familias evidenció que la economía campesina ha llegado a un límite mínimo de su base productiva, y que el sustento de las mismas depende cada vez de los trabajos extra-prediales de sus miembros. En esas condiciones, la opción de la migración del campo a la ciudad se está difundiendo cada vez más, en comparación a la tendencia ya observada en el período de la dictadura. En efecto, en el Paraguay, la urbanización es un proceso de transformación estructural que recién comenzó a acelerarse desde los años 90. El crecimiento experimentado por las poblaciones de los centros urbanos del interior del país, se está debiendo, en medida importante, a la migración de corta distancia por parte de estos campesinos desarraigados (Galeano, 2002).

En los años más recientes, y en la actualidad, el proceso de descomposición está afectando al conjunto de los estratos productivos campesinos. En ese sentido, resulta pertinente destacar que, al comparar los datos de los dos últimos censos agropecuarios (1991 y 2008), no sólo se incrementó el peso de las pequeñas explotaciones, como se ha visto, sino que igualmente los valores correspondientes a las explotaciones campesinas de más envergadura, correlativamente, han decrecido. Por consiguiente, dicho proceso está afectando, además de los sin tierra y de los minifundistas semi-asalariados, a los campesinos autosuficientes, que generalmente suelen ubicarse en el estrato de 10 a 20 hectáreas. El principal factor condicionante de esta descomposición campesina es la intensificación de la modernización, vía la excluyente difusión de la empresa capitalista agropecuaria, en un contexto en el que la globalización tiende a acentuar sus impactos. Una de las manifestaciones de este último fenómeno vendría dado por el hecho de que precisamente los miembros jóvenes de las familias de este estrato campesino medio se están sumando a los contingentes de migrantes dirigidos al extranjero, a España preferentemente. Según un estudio realizado, ya en el 2006 aproximadamente el 30 % de los ingresos extra-prediales de las familias del mencionado estrato provenía de las remesas (CPES, 2006).

En la actualidad, debido a las transformaciones que está impulsando la modernización de la estructura agraria, tiende a predominar dos grandes escenarios rurales², donde las estrategias de vida de los grupos campesinos adquieren singularidades, que merecen ser destacadas.

● En las zonas rurales de los departamentos Central, Cordillera, Paraguarí y parte de Guairá, cuyo epicentro (económico, social y político) es el Área Metropolitana de Asunción, se está verificando un proceso de readaptación de la economía campesina al proceso de la nueva ruralidad. En esta región, por cierto, la articulación de dicha economía con el mercado y con el principal conglomerado urbano del país, representado por la Capital y ciudades vecinas, tiene remotos antecedentes históricos, concretados desde principios del siglo XX. En el transcurso de los años más recientes, las variaciones provienen, preferentemente, de la intensificación de dicha articulación que está teniendo lugar no sólo a nivel nacional, sino también en el escenario internacional, en el marco del actual proceso de globalización.

Una de las estrategias de sobrevivencia a las que recurren más intensivamente los grupos campesinos es la realización de los trabajos extra-prediales. En efecto, tiende a difundirse la práctica de los trabajos asalariados, permanentes o temporales, en los mercados labores existentes en las zonas rurales y, con mayor asiduidad últimamente, en las zonas urbanas. Las informaciones referidas a los empleados y obreros rurales presentan incrementos significativos entre 2002 y 2009 en los departamentos Central (28 % y 40 %, respectivamente), Cordillera (20 % y 31 %) y Paraguarí (10 % y 25 %). Mientras que los hombres se insertan, preferentemente, en los sectores de la construcción y de la industria; las mujeres se incorporan en actividades de servicios y en las del comercio, de forma creciente (Galeano, 2013).

Otra de las principales opciones consiste en potenciar estrategias destinadas a fortalecer la unidad productiva campesina, como fuente del ingreso familiar. Si tal objetivo es logrado, los miembros de los hogares campesinos no necesitan recurrir al trabajo asalariado extra-predial. Estudios realizados sobre las estrategias productivas de las familias dedicadas, en la actualidad en esta región, a la horticultura, fruticultura y floricultura, confirman que las condiciones de vida de las mismas no corresponden a la situación de pobreza y de exclusión social que involucra a una alta proporción del campesinado del país (Galeano, 2005).

En este contexto regional de nueva ruralidad, la pobreza y la exclusión social de sectores y grupos campesinos, por cierto, siguen estando presentes. No obstante, tales procesos no adquieren los niveles más críticos e impactantes que se observan en los otros contextos rurales del país.

● La otra región es la que se caracteriza por el creciente impacto que la modernización agraria empresarial está teniendo sobre el proceso de descomposición campesina, y cuyos impactos más impactantes se están verificando en los departamentos limítrofes con el Brasil y la Argentina de la Región Oriental (Amambay, Canindeyú, Alto Paraná e Itapúa), tal como se adelantó previamente. Desde allí, dicha modernización, sin penetrar en el escenario regional de la nueva ruralidad, además de algunas áreas del Chaco, se está expandiendo hacia el centro de dicha región, de norte a sur (departamentos de Concepción, San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Misiones y Ñeembucú).

En aquellos contextos rurales en los que no sólo las familias sino que también las propias comunidades campesinas se ven sometidas a procesos intensivos de vulnerabilidad, ante el fuerte debilitamiento de sus capitales sociales, el proceso de empobrecimiento y de exclusión está siendo más crítico. Este tipo de proceso es el que estaría teniendo lugar en el Departamento de Caaguazú. Según los datos de una encuesta aplicada a explotaciones de hasta 50 hectáreas de tierra, en el año 2006, se constató que, en el mencionado Departamento, la situación de pobreza alcanzaba al 72 % de las familias, y la pobreza extrema comprendía al 53 %. Por el contrario, en otros departamentos la exclusión campesina es menos impactante, como en Concepción, donde, según la misma fuente informativa, la pobreza total abarcaba al 57 % de las familias y la extrema al 30 %. (CPES, 2006). La pervivencia de relaciones propias del capital social comunitario y la mayor inserción de los campesinos a organizaciones de productores, entre otros, serían los factores que, en este último departamento, explicarían la menor incidencia de la pobreza.

Entre las consecuencias de proceso intensivo de descomposición y exclusión social, se destacan, por un lado, el antiguo e interminable conflicto de la lucha por la tierra, y, por otro lado, la creciente migración de las familias campesinas e indígenas, que pasan a poblar los asentamientos marginales cercanos a las ciudades, que están teniendo una rápida difusión, especialmente en aquellos contextos regionales donde están localizados los conglomerados urbanos más densamente poblados del país (Área Metropolitana de Asunción, Ciudad de Este y Encarnación).

3. Cambios en la estructura de las clases rurales

Las transformaciones de la estructura socio-económica, impulsadas por el proceso de modernización productiva, analizadas previamente, están generando importantes cambios en la estructura de las clases rurales. Los principales rasgos y las implicancias básicas de tales cambios serán presentados, sintéticamente, a continuación.

3.1. Los cambios en la clase campesina

3.1.1. La intensificación de la diferenciación interna

Como se adelantó, una de las principales consecuencias del mencionado proceso de modernización está consistiendo en la cada vez más notoria diferenciación interna del campesinado. Al respecto, cabe mencionar que, en la actualidad, dicha diferenciación se está traduciendo en la existencia de tres estratos que poseen los siguientes perfiles específicos:

a. Campesinos autosuficientes: Comprenden un estrato en el que la unidad productiva agrícola genera los bienes e ingresos suficientes para el acceso a la satisfacción de las necesidades básicas por parte de los miembros de la familia, que opera en la misma. Por lo tanto, los campesinos no tienen la necesidad de salir de sus hogares, para realizar trabajos asalariados temporales, en búsqueda de ingresos complementarios, en los mercados laborales o urbanos. Los principales rubros agrícolas a las que, en la actualidad, se dedican las familias pertenecientes a este estrato campesino, como se adelantó, son: la horticultura, la fruticultura y la floricultura. Acceden a tierras que están tituladas, en una alta proporción, y cuyas extensiones no son muy reducidas. Cabe señalar que, dada la situación económica en la que se encuentran, cantidades cada vez más altas de los jóvenes, miembros de estas familias, llegan a completar el nivel educativo secundario e inclusive ingresan en la educación superior. En síntesis, son familias que no están inmersas en situación de pobreza, sobre todo de la pobreza extrema. Alrededor de un 25 % del sector campesino comprenderían los grupos integrantes de este estrato.

b. Minifundistas semi-asalariados: Son miembros de familias que tienen poca tierra (generalmente menos de 5 hectáreas), que, entre otros condicionamientos, impide generar la producción de bienes, suficientes para el auto-consumo y el ingreso necesarios, tal como sucede en el estrato caracterizado previamente. Dado este condicionamiento estructural, los jóvenes y adultos, miembros de las familias, tienen necesariamente que recurrir a trabajos asalariados extra-prediales. Si estos trabajos no pueden realizarse en los contextos rurales donde están localizadas las comunidades campesinas respectivas, que es la tendencia que se está verificando dada la difusión de las empresas agrarias mecanizadas, las opciones más viables es la de insertarse en los mercados de trabajo urbanos. Cuando la accesibilidad a estos mercados es limitada, como sucede en las comunidades campesinas ubicadas en localidades distantes de los centros urbanos, las opciones prioritarias radican en acceder a nuevas tierras o migrar. Este es el estrato más numeroso, pues estaría abarcando aproximadamente a un 50 % del campesinado y, al mismo tiempo, es el que está sumido casi íntegramente en la pobreza, preferentemente a la de índole extrema.

c. Campesinos sin tierra: En el transcurso de los años recientes y en la actualidad, se está incrementando este estrato que no posee tierra, o, si cuenta con ella, la misma es de muy reducidas dimensiones, que, en la práctica, alberga a las viviendas y, en determinados casos, es usada para cultivar rubros agrícolas de mera subsistencia. Tal como se adelantó, en el sector rural se está verificando la disminución de la demanda de trabajo asalariado, que fue importante en las décadas precedentes cuando se inició la difusión de las empresas agropecuarias (años 70 y 80 principalmente), debido a la mecanización intensiva de estas últimas. Como sucede con los 

minifundistas semi-asalariados, en las regiones donde las mencionadas empresas predominan (áreas rurales del Este y del Centro de la Región Oriental) las principales opciones que tienen los sin tierra son: la migración y la demanda de nuevas tierras. La diferencia, relativa, con relación al estrato precedente, radica en el hecho que los grupos integrantes a este estrato campesino, debido a la carencia en que se encuentran, son los más activos demandantes y luchadores por el acceso a la tierra. Estimativamente, este estrato alcanzaría a un 25 % del campesinado.

d. Asalariados semi-urbanos: Se ha señalado, previamente, que en las antiguas comunidades rurales de los Departamentos Central, Cordillera y Paraguarí, se viene concretando un proceso de asalarización de los miembros, predominantemente de jóvenes, de las familias de extracción campesina, que debido a la también antigua minifundización de sus parcelas, tuvieron que recurrir a la inserción en los mercados de trabajo urbanos. Dicha inserción se ve posibilitada por la fuerte articulación entre el campo y la ciudad, a través de los medios de transporte y comunicación. En estas condiciones, estos asalariados semi-urbanos regresan diariamente a sus comunidades rurales. Son comunidades que, por cierto, están experimentando un creciente proceso de urbanización, en la actual era de la globalización. Alrededor del 85 % de los hogares rurales, de los mencionados departamentos, cuenta con televisión y celular (Galeano, 2012).

En síntesis, la intensificación de este proceso de diferenciación interna se está traduciendo, estructuralmente, en una mayor heterogeneidad de la clase campesina. Por lo tanto, la identidad de clase relativamente homogénea que caracterizaba al campesinado tradicional estaría cediendo paso, hasta cierto punto. Esto no implica que la misma haya desaparecido, sobre todo teniendo en cuenta que uno de sus ejes históricos continúa vigente, como lo es la lucha por la tierra.

3.1.2. Las organizaciones campesinas: coincidencias y diferencias

Las principales organizaciones campesinas existentes, en la actualidad, son tres. Las mismas son: la Federación Nacional Campesina (FNC), la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y la Organización Nacional de Agricultores Campesinos (ONAC). Las tres, junto con otras organizaciones menos protagónicas, surgieron en los años 90, en la fase histórica en la que se estuvo encarando el proceso político de la transición democrática, después de la caída de la dictadura stronista, en 1989.

Cabe consignar que la mayoría de los miembros de las mencionadas organizaciones pertenecen, coincidentemente, a grupos campesinos localizados en los departamentos de Concepción, Caaguazú, San Pedro y Caazapá. Dicho fenómeno resulta comprensible al constatar que, precisamente, es en esos contextos rurales donde el proceso de exclusión social y pobreza se está intensificando, debido al intensivo avance de las empresas agrarias capitalistas. Dado tal condicionamiento, tampoco resulta extraña la coincidencia que tienen las mencionadas organizaciones en la promoción de las demandas básicas, especialmente la referida al acceso a nuevas tierras, a través del proceso de la reforma agraria.

El otro aspecto que debe enfatizarse, teniendo en cuenta las implicancias que surgen de los señalados fenómenos de la intensificación de la diferenciación campesina y del relativo debilitamiento de una homogénea identidad de clase social, es el relacionado con las diferencias que existen entre las citadas organizaciones.

Al respecto, cabe mencionar que las principales diferencias provienen de los ejes ideológicos en los que sustentan sus estrategias de acción. En este sentido, es importante señalar que en la FNC participan, como socios, grupos que provienen preferentemente de los estratos de campesinos minifundistas semi-asalariados y campesinos sin tierra, y que sus demandas y reivindicaciones se sustentan en una ideología clasista de orientación ortodoxa.

Por su parte, la MCNOC incorpora a grupos que provienen de los tres estratos campesinos (auto-suficiente, minifundistas semi-asalariados y sin tierra) y, aunque, en principio, también asume la mencionada ideología, lo hace apelando a una estratégica más bien pragmática. Por lo tanto, tiene una composición social más heterogénea y una ideología menos ortodoxa que la FNC.

Y, finalmente, en la ONAC el mayor protagonismo corresponde a los grupos campesinos autosuficientes, y, a su vez, hay que considerar que esta organización apela, como fundamento de su ideología, a los principios del sindicalismo cristiano. Dichas características explican que la ONAC haya recurrido a iniciativas y acciones que no han sido compartidas por las dos anteriores organizaciones.

En términos significativos, estas diferencias, existentes en la composición de sus bases campesinas y en sus perspectivas ideológicas, han incidido para que dichas organizaciones recurran a demandas y reivindicaciones coincidentes algunas, en especial la referida a la promoción de la reforma agraria, pero también no coincidentes otras. Además, el principal resultado de dichas diferencias se tradujo en la no concreción de una organización inclusiva y en el debilitamiento del movimiento campesino como actor social unificado, tal como fue el que estuvo en vigencia a través de la Ligas Agrarias Cristianas, desde principios de los años sesenta hasta mediados del setenta, durante la dictadura.

3.2. Los cambios en la clase terrateniente

3.2.1. El surgimiento de la burguesía nacional y el predominio de la burguesía internacional

Los cambios generados por el mencionado proceso de modernización, en esta era de la globalización, también repercutieron notoriamente en la composición de la clase empresarial agraria. Uno de los cambios más importantes ha consistido en la transformación de la antigua clase terrateniente ganadera en una burguesía rural moderna.

En efecto, aquel modelo de ganadería extensiva, que operaba a través de grandes latifundios, a partir de los años ochenta y noventa, se transformó en una empresa moderna capitalista, cimentada en la producción biológica artificial y en la inserción de la carne vacuna paraguaya en los mercados internacionales. Es importante especificar que en ese cambio, económico y social, han participado, y están participando, preferentemente empresarios paraguayos. Por un lado, los descendientes de los antiguos ganaderos se convirtieron en los nuevos empresarios. Por otro lado, empresarios también nacionales, provenientes de otros sectores económicos (comerciales, financieros e industriales), empezaron a invertir en esta moderna producción ganadera.

Lo señalado no desconoce que, en el transcurso de los últimos años, empresarios extranjeros, asimismo, se estén sumando en la promoción de este modelo productivo ganadero moderno, fuertemente vinculado a los mercados internacionales. En parte, dicha inserción se está verificando mediante el desplazamiento de los empresarios nacionales, que llegan a vender sus unidades productivas a los agentes del capital extranjero, especialmente en algunas regiones. Entre los empresarios ganaderos, de inserción reciente en la economía nacional, se destacan los brasileros y, últimamente, los uruguayos, que se están instalando preferentemente en el Chaco (Galeano, 2012).

También en el ámbito de la producción de los cultivos agrícolas de exportación existe un segmento pequeño de empresarios paraguayos que, por cierto, en una proporción significativa, son descendientes de antiguos inmigrantes extranjeros, europeos y asiáticos (japoneses), que arribaron al país en la primera mitad del siglo pasado, y que están localizados en zonas del sur de la Región Oriental, en el Departamento de Itapúa preferentemente.

Ahora bien, como se señaló previamente, la mayoría de las grandes y medianas empresas, dedicadas a la producción de dichos rubros agrícolas, especialmente de la soja, pertenece a extranjeros, mayoritariamente brasileños. A lo adelantado, sobre esta temática, cabe agregar que, generalmente, los dueños y directivos de dichas empresas supervisan el manejo de sus unidades productivas desde sus países de residencia; actividad que, en la actualidad, se ve facilitada por la utilización de la tecnología más avanzada de comunicación existente, de índole satelital.

En el ámbito de la exportación de los mencionados productos, estas empresas extranjeras, a su vez, están conectadas con grandes cadenas de agro-negocios, pertenecientes a empresas transnacionales, que son las que predominan en el acceso a los principales mercados del mundo.

3.2.2. Los gremios empresariales³

En el país existen dos grandes gremios que representan a los principales sectores empresariales agrarios. Uno de ellos es la Asociación Rural del Paraguay (ARP), que aglutina a la mayoría de los grandes ganaderos del país.

La mencionada organización inicialmente asumió la denominación de Sociedad Ganadera del Paraguay, que fue creada en 1903. Luego, se reestructuró, en 1938, bajo la denominación de Asociación Rural del Paraguay (ARP). Esta recomposición respondió no sólo al objetivo de encarar la defensa de los intereses gremiales, sino también al propósito de estimular y promover la modernización productiva de los segmentos de la mediana y, preferentemente, de la gran ganadería, incluyendo su articulación con el sector industrial⁴. Aunque empezó a adoptarse en este período -sobre todo desde fines de la década del cuarenta⁵-, la modernización productiva recién se afianzará a partir de la década del setenta, cuando la exportación de la carne a los mercados externos se tornó en actividad permanente.

Desde entonces hasta la actualidad, la ARP se ha constituido en una de las organizaciones empresariales más influyentes del país. En efecto, ha sido y continúa siendo, una instancia corporativa que incide no sólo en los ámbitos específicos de las políticas económicas vinculadas directamente a la producción y la comercialización del ganado vacuno, sino también en otros campos económicos, sociales y políticos, en los que, directa o indirectamente, estaban y están en juego sus intereses, dentro del marco del modelo de desarrollo agro-exportador promovido.

En ese sentido, una de las áreas prioritarias de intervención de la ARP ha sido, y sigue siendo, la de los conflictos de tierras entre los grupos campesinos y sus asociados. En los años más recientes, otra de las prioridades viene consistiendo en acompañar muy de cerca el gran crecimiento que está experimentando la exportación de la carne vacuna nacional. Y en lo atinente al escenario político, la ARP ha tenido participaciones clave, especialmente en las instancias donde se definen leyes (Parlamento) o bien políticas y programas (Poder Ejecutivo), que inciden directa o indirectamente en la producción y comercialización de la carne.

El otro gremio empresarial agrario influyente es la Unión de Gremios de la Producción (UGP), que fue creada en el año 2005. Si bien aglutina también a gremios de distintos sectores de la producción agropecuaria, incluida la propia ARP, en la práctica, la UGP se ha constituido, durante estos últimos años, como uno de los principales gestores de la defensa de los intereses de los empresarios dedicados a los rubros más estrictamente agrícolas, a través de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), especialmente los más fuertemente articulados con el proceso de exportación: la soja, el trigo y el maíz.

En ese sentido, cabe mencionar que, por un lado, esta organización empresarial ha continuado promoviendo acciones de protestas, en respuesta a las reacciones que grupos campesinos realizaban contra el uso de agro-tóxicos, y en las que sus asociados salían con sus maquinarias en las rutas interrumpiendo el tráfico inclusive⁶. También, por otro lado, la UGP ha llevado a cabo, además de otras iniciativas, gestiones tendientes a impedir la aplicación del impuesto a la exportación de la soja; gestiones que, por cierto, han tenido éxito.

4. La lucha por la tierra continúa

En el Paraguay, como se ha adelantado, el conflicto social y político más antiguo y persistente es el referido a la lucha por la tierra. En efecto, las primeras experiencias de este conflicto se concretaron a principios del Siglo XX, debido a la exclusión de grupos campesinos de la tenencia de la misma, generada por la creciente difusión de grandes latifundios pertenecientes a empresas extranjeras, que se instalaron en el país, a través de la venta de las tierras públicas, verificada con posterioridad a la conclusión de la Guerra de la Triple Alianza (1870)⁷.

En el transcurso de los primeros años del Siglo XXI, la lucha campesina por la tierra continuó siendo uno de los principales ejes de conflicto de la sociedad paraguaya. Entre los años 2000 y 2007, tuvieron lugar 403 conflictos de tierra (CDE, 2007). La agudización de la exclusión campesina generada por el avance cada más firme de la modernización agraria capitalista y la vigencia de una democracia más bien electoral, centrada en los actos eleccionarios y sin asumir la solución de los problemas generados por la desigualdad social, han sido y son los factores que más recientemente, y en la actualidad, continúan recreando los condicionamientos propicios para la persistencia de esta lucha social.

En el transcurso de los años correspondientes a la actual década, los conflictos de tierra continuaron manifestándose en las regiones donde la modernización de la estructura agraria es más intensa. Ya se mencionó que las principales y más dinámicas organizaciones campesinas existentes (FNC, MCNOC y ONAC) han asumido como una de sus prioritarias demandas el acceso a nuevas tierras y, por lo tanto, la puesta en ejecución de la reforma agraria. En la medida que la respuesta del Estado no ha sido eficiente, debido -en gran partea la oposición cada vez más firme de los agentes del capitalismo agrario, nacional e internacional, dichas organizaciones vienen apelando a medidas de fuerza, como han sido y son las ocupaciones de las grandes propiedades.

Ahora bien, los conflictos no se limitan exclusivamente a los referidos a la tenencia de la tierra y en los que suelen intervenir, preferentemente, las organizaciones campesinas reivindicativas y los grupos campesinos directamente afectados. También han existido conflictos en los que participaron comunidades campesinas enteras de forma espontánea, reaccionando ante las consecuencias directas e indirectas que las acarreaba el proceso extranjerización de la tierra. Así lo expresa un campesino entrevistado⁸:

“En una zona del Distrito de Pastoreo (departamento de Caaguazú), las tierras compradas por un brasilero no pudieron ser utilizadas de manera tranquila. La comunidad entera se manifestó, varias veces, oponiéndose al cultivo mecanizado, por miedo al envenenamiento. Por eso, el dueño brasileño la alquila a los mennonitas de Campo 9. Estos ofrecen de 2 a 3 hectáreas para que los campesinos de esa comunidad cultiven maíz o sésamo. El objetivo es quedar bien con ellos y así lograr dividir a la comunidad. La realidad es que existen campesinos que se oponen y otros que aceptan el cultivo mecanizado”.

La reacción de esta comunidad se explica por los impactos negativos que el mencionado proceso acarreó sobre la cohesión de la misma. Teniendo en cuenta ésta y otras experiencias similares, en un estudio reciente sobe la extranjerización de la tierra en el Paraguay, se ha sostenido que “los mecanismos económicos, básicamente conformados por el alquiler y la venta de tierra, y otros procesos de endeudamiento, debilitan la cohesión comunitaria, lo que a (mediano) y largo plazo impulsan la migración de las familias campesinas. Con la entrada de la soja, se inició un aumento exponencial del precio de las tierras, que a su vez está atrayendo a especuladores inmobiliarios y a funcionarios corruptos” (Glauser, 2009).

Los conflictos por la tenencia de la tierra generados por el actual proceso de extranjerización no solamente se están manifestando en los contextos de la Región Oriental. En la Región Occidental, o Chaco, también este tipo de problemas comienzan a verificarse. Uno de los casos más reciente es el que tuvo lugar en el Departamento de Alto Paraguay (fronterizo con Brasil y Bolivia). El mismo consistió en que unos pobladores campesinos, que se dedicaban a la ganadería en pequeña escala, fueron expulsados, en el año 2009, de las tierras que ocupaban desde hacía más de 30 años, por empresarios brasileños que las habían adquirido, juntas con otras de más extensas dimensiones, con el fin de instalar en ellas modernas estancias ganaderas.

En otro de los departamentos chaqueños, Boquerón, igualmente están presentándose disputas por la tenencia de la tierra. Una empresa brasileña que había comprado tierras públicas hacia fines de siglo XIX (1886) -proceso histórico mencionado previamente-, en la actualidad, está reclamando la titularidad de 60.000 hectáreas. Esas tierras, a la altura de la década del 40, habían pasado a otras manos, debido al total abandono en las que las dejó la mencionada empresa y al hecho de no haberse presentado a la regularización del título entonces exigida por los agentes del Estado paraguayo. A partir de ese momento, las instituciones estatales encargadas de los programas de colonización fueron vendiendo esas tierras a pequeños y medianos estancieros nacionales. Y ante el presente reclamo de la mencionada empresa, son éstos los que se ven inmersos en el conflicto de tenencia, tal como lo señala uno de ellos:

“Nosotros, tenemos nuestros títulos y estamos al día con el impuesto inmobiliario. Pero, ahora, nos encontramos que la firma Agrochac (la que había comprado las tierras públicas) también cuenta con un título sobre las mismas tierras y las está reclamando”⁹.

En síntesis, la lucha por la tenencia de la tierra, entre los campesinos y los actuales empresarios agrarios, extranjeros en una alta proporción, continúa en la actualidad, después de más de un siglo de vigencia. Teniendo en cuenta sus implicancias socio-económicas y políticas, en otro estudio (Galeano, 2012) hemos planteado que en el futuro, al menos para el mediano plazo, podrían darse dos opciones:

● Una primera podría consistiría en consensuar entre los grupos campesinos e indígenas y los empresarios, nacionales y extranjeros, el fortalecimiento de territorios donde impere la agricultura familiar campesina, y sean sostenibles las comunidades indígenas, en las regiones donde, en la actualidad, predomina la empresa agraria. Para ello, entre otros condicionamientos imprescindibles, resultaría necesario definir y poner en ejecución una política de desarrollo rural, que promueva la coexistencia entre los mencionados modelos productivos, y que, a su vez, requeriría de un Estado que sea capaz de lograr el consenso social y, sobre todo, político entre los actores sociales que, hasta ahora, están confrontados.

● La otra opción sería la que ese consenso socio-político y la puesta en vigencia de la política de desarrollo rural inclusivo no se puedan lograr, por la agudización de la lucha por la tierra y porque el Estado no llegue a encontrar las vías para alcanzar tales objetivos.

En cualquiera de las dos opciones, el papel de los agentes del capital extranjero y el de los Estados extranjeros vecinos, tendrían incidencias importantes.

5. Conclusiones

Del análisis formulado previamente, cabría destacar las siguientes conclusiones:

1. Una de las consecuencias resaltantes de la reciente y actual modernización capitalista de la estructura agraria paraguaya radica en la intensificación del proceso de diferenciación de la clase campesina. En la actualidad, junto a los minifundistas semi-asaliariados, por un lado, se está incrementando el estrato de los campesinos sin tierra, que, ante la creciente dificultad que encuentran tanto en el acceso a nuevas tierras, como a las muy limitadas inserciones al empleo asalariado, además continuar luchando por la puesta en vigencia de una efectiva reforma agraria, se ven obligados a sumarse a la creciente masa de sub-proletarios marginales urbanos. Por 

otro lado, sigue perviviendo el segmento de campesinos autosuficientes, integrados por grupos familiares que atienden sus necesidades básicas a través de la producción y del ingreso generados en sus explotaciones, aunque continúan enfrentado restricciones en el acceso a los mercados de venta y las cadenas agro-industriales, manejadas por las grandes corporaciones empresariales, nacionales y extranjeras. Dado este proceso de creciente heterogeneidad estructural, se explica la existencia de organizaciones campesinas (FNC, MECNOC y ONAC) que, a pesar de sustentar demandas comunes (entre ellas: la reforma agraria), apelan a estrategias de acción propias, fundamentadas en ciertas diferencias ideológicas y en el mayor peso que al interior de las mismas poseen algunos de los estratos mencionados. Son diferencias que están impidiendo la conformación de un único y fortalecido movimiento campesino.

2. Los cambios generados por el mencionado proceso de modernización, en esta era de la globalización, también están repercutiendo en la composición de la clase empresarial agraria. La capa latifundista ganadera tradicional ha sido sustituida por la burguesía rural, conformada por empresarios nacionales, que empiezan, a su vez, a ser desplazados por el empresariado extranjero. Donde este empresariado predomina es en la producción de los rubros agrícolas exportables, de la soja principalmente, que, entre otras consecuencias, se traduce en la pronunciada extranjerización de la tierra y en la fuerte vinculación con las cadenas de agro-negocios internacionales. En estas condiciones, la antigua organización gremial ganadera, la ARP, ha aumentado su peso de influencia, no solo en las políticas económicas vinculadas a dicho sector productivo, sino también en las referidas a otros ámbitos del conjunto del modelo de desarrollo agro-exportador. Igualmente, el gremio de los empre

sarios agrícolas, la UGP, está adquiriendo un creciente protagonismo en la puesta en vigencia de dicho modelo de desarrollo.

3. Dados estos procesos de transformación de la estructura agraria, deviene comprensible la pervivencia del más antiguo y crítico conflicto social y político del país: la lucha por la tierra, entre los campesinos excluidos y los empresarios “atrapalotodo”. Al igual que en épocas históricas precedentes, los conflictos de tierra que se han verificado en los últimos años no solo tuvieron repercusiones sociales, sino también importantes implicancias políticas. Por consiguiente, en el Paraguay, la antigua deuda de la reforma agraria sigue estando pendiente.

Bibliografía

ARP. (1949). Revista Agropecuaria. Asunción: ARP. CDE. (2007). Informativo campesino. Asunción: CDE.

CPES. (2006). Proyecto de Desarrollo RurAnálisis de aspectos socio-económicos, ambientales e institucionales en cinco departamentos. Asunción: CPES.

Galeano, L. (2005). Capital social, agricultura familiar y empleo. Asunción: CADEP/Universidad de Toronto.

Galeano, L. (2012). Dinámicas del mercado de la tierra en América Latina y el Caribe: concentración y extranjerización. El caso de Paraguay. Santiago: FAO.

Galeano, L. (2012). La nueva ruralidad: transformaciones y desafíos del Paraguay rural contemporáneo. En D. Abente, & D. Borda, Los retos del Paraguay ante la conmemoración del Bicentenario. Asunción: MH/CAF.

Galeano, L. (2002). La sociedad dislocada. Asunción: CPES.

Galeano, L. (2013). Pobreza rural y políticas públicas en América latina y el Caribe. El caso Paraguay. FAO: Santiago.

Glauser, M. (2009). Extranjerización del territorio paraguayo. Asunción: Base IS.

Pastore, C. (1972). La lucha por la tierra en el Paraguay. Montevideo: Antequera.

Vazquez, F. (2006). Territorio y Población. Nuevas dinámicas regionales en el Paraguay. Asunción: UNFPA/GTZ/ADEPO.

1 La concentración y la extranjerización de la tierra, las analizamos con detenimiento en otro estudio (Galeano, 2012)

2 Los alcances que están teniendo las transformaciones recientes en los principales contextos regionales rurales del país pueden verse en (Vazquez, 2006)

3 En esta sección presentamos una síntesis del análisis formulado en otro estudio (Galeano, 2012)

4 Al respecto, el Art. 1º de los Estatutos de la ARP, aprobados en 1938, establecía que: “Los propósitos de la ‘Asociación Rural del Paraguay’ son: provocar y fomentar el desarrollo y adelanto de la agricultura, ganadería e industrias derivadas; prestigiar toda iniciativa que pueda beneficiarles; propender a la mejora de los métodos culturales y de crianza; celebrar exposiciones y congresos rurales; promover estudios técnicos e investigaciones científicas; estimular la iniciativa privada; coadyuvar a la de los poderes públicos; y en general propender por todos los medios a la defensa de los intereses agrícolas del país, el desarrollo de la capacidad productora y valor social de los trabajadores rurales y la unidad y armonía del esfuerzo rural”.

5 La primera exposición ganadera fue realizada en 1949, bajo el patrocinio de la ARP; en ella se exhibieron los resultados obtenidos en el mejoramiento de razas, por parte de los establecimientos pecuarios de mayor envergadura del país (ARP, 1949).

6 Ha sido por ello que a estas protestas empresariales se las denominaba “tractorazo”.

7 Un análisis clásico sobre esta cuestión agraria ha sido realizado por Carlos Pastores (1972)

8 Este testimonio ha sido extraído de un estudio nuestro (Galeano, 2012)

9 Entrevista publicada en el diario Última Hora, www.ultimahora.com, revisado el 19/09/2009

Nuevos escenarios rurales y agrícolas: lectura crítica sobre la estructura agraria y las clases sociales

Fabricio Vázquez

1. Introducción

Los abordajes de la cuestión agraria y rural han insistido en las últimas décadas en las condiciones productivas y de acceso a la tierra, al crédito y a la asistencia técnica a los agricultores familiares. Esta mirada incluía casi siempre el tamaño de la finca como principal indicador de la situación jurídica de la misma, su porvenir productivo tanto como su crítica supervivencia (Morínigo, 2009). El trabajo de Pastore (1972) es uno de los más importantes en esta línea.

Los cambios estructurales ocurridos en la última década y principalmente en la estructura productiva, la expansión de las vías de comunicación, el equipamiento creciente de varias ciudades del interior del país, la intensificación de los flujos de comunicación e información, vienen reconfigurando las diferentes zonas del territorio nacional. La alteración de las relaciones entre el mundo rural y el urbano es una de las principales novedades del mundo rural actual, donde los servicios, bienes y sobre todo el modelo cultural se han acelerado bastante, alimentando una migración, o al menos una movilidad relativamente cotidiana entre ambos espacios. La motocicleta se convirtió en un poderoso factor de conectividad y de acceso a bienes, servicios y oportunidades que hasta hace poco tiempo solo se ofrecían en Asunción (Goetz & Vazquez, 2014).

Tres elementos mayores parecen necesarios para comprender el nuevo escenario rural y agrícola. Primero es necesario asumir a todos los actores del mundo agrícola, analizar sus lógicas e interpretar sus motivaciones y estrategias futuras. Esto incluye necesariamente incorporar a los agricultores tecnificados, denominados también empresariales o intensivos, considerados como actores, y no solamente como factores de presión a la agricultura familiar campesina. De igual forma, los actores que practican la ganadería, en las diferentes escalas Una nueva tipología de actores rurales se impone para comprender el impacto y los resultados de las últimas transformaciones.

En segundo lugar se precisa una nueva mirada sobre el papel que cumplen las ciudades emergentes como plataformas de acceso a bienes, servicios y oportunidades a las zonas con menor desarrollo relativo. La reciente expansión y densificación de la red vial acelera aún más los vínculos entre diferentes regiones, convirtiendo a las ciudades en nodos atractivos y reanimados que atraen a la población rural de los alrededores (Vázquez, 2013).

Finalmente, el tercer aspecto hace relación a la necesidad de reconocer y comprender, más allá de las críticas hacia el modelo de la agricultura intensiva, las nuevas significaciones de los sistemas productivos rurales, la preeminencia, al menos en la economía, de los conceptos de productividad, eficiencia y adaptación, principalmente de la agricultura empresarial, al mismo tiempo de adelantar escenarios prospectivos sobre el porvenir, cada vez más sombrío, de la agricultura familiar campesina.

2. El nuevo inventario rural

El escenario rural no ha escapado a los diversos cambios económicos, sociales, culturales y geográficos. Se suele presentar una imagen reductora de la estructura agraria, dominada por la imagen de los agricultores familiares que son amenazados por la expansión de la agricultura tecnificada o empresarial. Las situaciones, problemáticas y desafíos de todos los actores agrarios o rurales es definitivamente mucho más diversa y no se limita a los actores de la agricultura familiar campesina. A continuación se presenta una propuesta de inventario de los actores rurales que pretende dar cuenta de forma actualizada del nuevo escenario agrario del país.

La clase campesina, hoy denominada agricultura familiar, es uno de los grupos más importantes, por el contingente de población y por la situación de vulnerabilidad social. La preeminencia histórica de la población rural en el país hace que los agricultores familiares sean considerados como la base del poblamiento histórico, inclusive el de la zonas urbanas, teniendo como mecanismo a la migración.

La agricultura familiar campesina muy pocas veces ha sido beneficiada de políticas públicas sistemáticas y eficientes que aseguren el acceso a la propiedad jurídica de la tierra, ni a nuevas tierras como resultado de iniciativas de fortalecimiento de esta clase social, o si lo han hecho, los resultados no han sido los deseados.

En la última década la sociedad campesina ha debido hacer frente a algunos desafíos ya conocidos, como la atomización de las parcelas productivas, por la escasa capacidad de los sistemas productivos de generar renta suficiente para la compra de nuevas tierras. Si bien esto puede ser relativizado, atendiendo que la agricultura familiar tiene una clara orientación a la agricultura de subsistencia y una escasa capacidad de producir para el mercado, atendiendo el escaso tamaño de la demanda interna y externa. Así, una agricultura muy poco vinculada al mercado y con márgenes decrecientes de producción incluso para el autoconsumo familiar y por la pérdida de capacidad de trabajo debido a la emigración hacia otras zonas, principalmente urbanas, ha venido deteriorando sistemáticamente su capacidad productiva e, inclusive y más preocupante aun, agrega incertidumbre sobre su futuro socio-económico y cultural (Almada, Canales, Barrail, & Benitez, 2011).

La agricultura familiar no pudo recomponerse ni encontrar su lugar de forma estable, sostenida ni sostenible con la abultada cooperación internacional de la década de 1990, periodo en que entraba en profunda crisis el modelo productivo del algodón, siendo este una de las pocas intervenciones del sector público, aunque también ineficiente para generar crecimiento sostenido y arraigo en la agricultura familiar. En términos productivos, el descenso paulatino del algodón, no fue sustituido por otros rubros, quedando la agricultura familiar sin ningún programa oficial que la encuadre.

El esquema de ascensión social de la sociedad rural funcionaba entonces a través la migración a Asunción, Ciudad del Este y al extranjero, sobre todo a Argentina, desde la década de 1970 y, en los últimos años, a España. De a poco, el modelo cultural de la agricultura familiar tradicional, centrada en la producción de autoconsumo y sin las herramientas, incentivos ni motivaciones suficientes para el desenvolvimiento de su veta comercial, paulatinamente fue erosionando su capacidad de retener población. La colonización interna del periodo democrático no hizo más que confirmar la ineficiente estructura pública y, por el lado de la población rural, la frustración de la instalación agrícola como modelo socioeconómico a largo plazo, sobre todo en los jóvenes rurales.

Al analizar los datos de los últimos tres censos agropecuarios y al focalizar la mirada en la evolución de la cantidad de fincas, se aprecia que la agricultura en general se expandía con más cantidades de fincas en casi todos los departamentos entre 1981 y 1991. Sin embargo, esta progresión sufre una marcada disminución en varios departamentos, sobre todo en aquellos donde prima la agricultura familiar campesina, revelando una crisis histórica que hasta las décadas pasadas era muy poco perceptible, además del agotamiento de la frontera agropecuaria en la región oriental. Desde el último censo (MAG, 2009) es probable que la población rural de la agricultura familiar así como las fincas de la misma sigan en declive.

Gráfico Nº 1. Cantidad de fincas entre 1981 y 2008

Fuente: MAG, Censos agrícolas del Paraguay, años 1981, 1991, 2008.

En la década del 2000 se visualizan con mayor intensidad algunos conflictos puntuales entre la agricultura familiar y una agricultura empresarial que se expandía desde los departamentos del extremo este de la región oriental. Sin embargo, estas escaramuzas entre agricultores capitalizados por una parte, y los agricultores de subsistencia por el otro, no han sido generalizadas en todos los departamentos. El encuentro de los dos tipos de agriculturas o de uso de la tierra se saldó la mayoría de las veces por la venta de tierras de los campesinos a otros actores en los departamentos del extremo este de la región Oriental, como Alto Paraná, Canindeyú y Caaguazú. Sin embargo, al observar los datos de los censos agropecuarios, la disminución de las fincas, especialmente de las pequeñas aparecen otros departamentos bastante distanciados de las zonas de contacto entre la agricultura tecnificada y la campesina. Así, los departamentos que perdieron fincas en mayor porcentaje son los tradicionalmente campesinos como Central, Guaira y Cordillera.

Gráfico Nº 2. Mayores pérdidas de fincas entre 1991 y 2008

Fuente: Censos Agrícolas del Paraguay.

Otro indicador de la crisis del modelo de la agricultura familiar es la evolución de la población rural analizada por grupos de edades. En este caso se observa que las zonas rurales han perdido población adolecente, joven y adulta. Solamente en el grupo de 45 años en adelante, hasta los de 65 y más años, se aprecia una gran estabilidad del número de personas. El espacio rural ya no es atractivo para la población joven a lo que se agrega una miríada de nuevas oportunidades para acceder al modelo de vida urbana en las diversas ciudades del interior del país.

Gráfico Nº 3. Población rural por grupos de edad

Fuente: Censos Agrícolas del Paraguay.

En resumen, la agricultura familiar campesina arrastra problemáticas muy antiguas como el acceso a la tierra y su baja capacidad para incorporarse a modelos productivos rentables. La presión de la agricultura empresarial solo agrega y agrava una situación crítica que se comenzó a gestar mucho antes.

El segundo grupo de actores de la agricultura del Paraguay está conformado por los agricultores tecnificados, que si bien en su gran mayoría no son empresas jurídicas, tienen un funcionamiento empresarial, es decir aplican métodos productivos y herramientas financieras exclusivamente para lograr ingresos monetarios. Esta agricultura se rige por el principio de rentabilidad, productividad y eficiencia.

La agricultura empresarial incorpora paquetes tecnológicos caracterizados por el uso de semillas mejoradas, defensivos agrícolas, maquinaria moderna y un conjunto de servicios y logística que permite la vinculación comercial con los mercados mundiales.

La agricultura empresarial surge a partir de la producción agrícola destinada al comercio, una vez que se generan los stocks suficientes para llegar al mercado. El escaso poblamiento en las primeras décadas del siglo XX y las condiciones de comunicaciones muy básicas frenaron solo en parte el surgimiento del comercio de productos agrícolas, principalmente de yerba mate y de aceite de tung. Uno de los factores que explica el éxito productivo y la transición de la implantación de cultivos de autoconsumo o subsistencia a la de los cultivos de orientación comercial, ha sido la trayectoria agrícola de las familias, siempre caracterizada por un espíritu comercial y una ética del trabajo, inversión y ahorro también importada de Europa y muchas veces asociada al protestantismo.

Los primeros colonos, inclusive con serias limitaciones tecnológicas, de infraestructura vial y científicas, lograron replicar el modelo cultural de trabajo, ahorro, inversiones y acumulación que introdujo una particular diferenciación con el resto de los agricultores del país, cuyos cultivos se orientaban casi exclusivamente al consumo familiar, comercializando de forma esporádica los excesos de producción.

Posteriormente con la modernización y expansión de vías de comunicación, el mejoramiento de las técnicas de cultivo, así como la mayor disponibilidad de maquinarias agrícola, la agricultura empresarial comenzó a disponer de mayores posibilidades de expansión, con nuevos rubros como el trigo y la soja en la década de 1970.

Un último grupo de agricultores inmigrantes se asienta en el extremo este de la región Oriental a partir de la década de 1970, esta vez proveniente de Brasil, aunque técnicamente se trata de descendientes de agricultores europeos, sobre todo de alemanes e italianos nacidos en Brasil. Estos agricultores repiten el proceso de transición rápida de una agricultura de subsistencia durante los primero años para luego, en la medida de sus posibilidades, expandir los cultivos mediante su vinculación al mercado, es decir mediante una lógica comercial.

Paulatinamente y principalmente a partir de la década de 1990, varios agricultores de origen paraguayo que no pertenecían a los grupos de colonos inmigrantes comenzaron a aplicar el modelo productivo de la agricultura empresarial, capitalizando el aprendizaje así como las condiciones productivas y comerciales existentes.

Comúnmente se asocia a la agricultura empresarial con parcelas de gran porte, pero lo que más caracteriza a este modelo productivo es su lógica de funcionamiento, orientación al mercado y su estructura vertical de integración. Esto puede producirse en parcelas de 10, 50 o 1.000 hectáreas, aunque la economía de escala exige superficies cada vez más extensas para reducir los costos de producción y maximizar los ingresos.

Tradicionalmente se asocia a los agricultores empresariales al cultivo de la soja, pero debe incorporarse necesariamente al maíz y al trigo, que conforman un trío productivo asociado a la práctica de siembra directa que permite mantener y enriquecer la fertilidad de los suelos. El último rubro que se incorpora a la agricultura empresarial es el arroz y su expansión se realiza en zonas marginales, principalmente tierras bajas e inundables que, de pronto, adquieren relevancia y se valorizan.

El esquema económico de la agricultura tecnificada o comercial ha tenido un éxito considerable, constituyendo una de las escasas excepciones donde la agricultura permite salir de la pobreza y lo más relevante aun, de forma muy rápida, es decir en menos de una generación.

Las últimas transformaciones de la agricultura empresarial son la intensificación productiva, una tecnificación creciente, el funcionamiento a escala y una presión fuerte sobre sistemas productivos ineficientes (ganaderos y de agricultura familiar). Este tipo de agricultura representa la incorporación al capitalismo de la estructura productiva y rural paraguaya, que suele ser percibida de forma negativa porque rompe con las prácticas, valores, tecnología, orientaciones, cantidad de población y estilo de desarrollo de la estructura productiva tradicional, la campesina. La eficiencia y la rentabilidad, conceptos conocidos pero que no representaban el ideal agrario paraguayo hasta la década de 1990, se han convertido en los principales vectores de las transformaciones productivas, rurales y territoriales, deseadas o no, del Paraguay actual.

Ya casi no existen terratenientes, es decir propietarios que disponen de tierras, actualmente abundan los que utilizan las tierras. La estrategia de los actores ya no consiste en tener tierra, sino en producirla. El terrateniente es un concepto antiguo que ya no revela la complejidad ni la problemática actual, donde la tierra perdió valor de especulación en favor de la producción.

Un tercer grupo de actores rurales está conformado por productores ganaderos, principalmente bovinos que han sufrido un proceso sostenido de presión por parte de la agricultura empresarial y que motivó un movimiento de sentido este-oeste en la región Oriental, obligando muchas veces a la ganadería bovina a cruzar el rio Paraguay para expandirse en el Chaco.

Un aporte importante que presenta Galeano (2016) es la tipología de agricultores familiares que se genera como consecuencia de la influencia de diferentes factores.

Gráfico Nº 3. Población rural por grupos de edad

Otro aspecto de reciente emergencia en la discusión rural es la adquisición de tierra por parte de extranjeros. Este fenómeno puede ser entendido como la continuidad o el final de un largo proceso de considerar la tierra no como un factor de producción sino como elemento de especulación. La llegada de compradores externos alimentados por el agotamiento de la frontera agrícola en sus respectivos países, o a veces solamente la oportunidad de adquirir tierras dado su baja valoración financiera, es aprovechada por los especuladores paraguayos. Desde otra perspectiva, se produce la transferencia de la tierra de un actor ausente y absolutamente ineficiente, a otro, quizás ausente, pero eficiente. Por lo general el nuevo propietario implanta algún sistema productivo. El Chaco es la macro región de preferencia de los extranjeros, principalmente de los uruguayos, que disponen de más de 1,4 millones de hectáreas.

No existen políticas públicas eficientes que frenen, limiten o al menos regulen la adquisición de tierras por extranjeros. Ni siquiera el hecho de que las tierras se encuentren en zonas fronterizas, zonas muy sensibles a las estrategias nacionales, ha generado herramientas o acciones específicas por parte del Estado. Los compradores extranjeros además disponen de varias alternativas para eludir los controles, mediante la creación de sociedades anónimas con lo cual se diluye en gran parte la nacionalidad del propietario.

3. A modo de conclusión

El mundo rural y agrario ha experimentado una serie de transformaciones aceleradas que exigen rever, adaptar y modernizar los abordajes, asumiendo las características actuales sin que esto implique la aceptación de las desigualdades producidas.

Un desafío mayor para los cientistas sociales que se interesan en los procesos rurales y agrarios es la ampliación de la mirada sobre los actores del sistema, al mismo tiempo de modernizar el abordaje de la problemática campesina, entendiendo que es una clase que ha cambiado bastante y los métodos, herramientas y comprensión de los mismos también deben ser ajustados.

El escenario de actores rurales se ha diversificado. Han aparecido categorías poco estudiadas e incluso invisibilizadas, como la agricultura empresarial. Durante muchas décadas, la mirada al mundo rural se redujo y concentró en la categoría de la agricultura familiar. Comprender el funcionamiento, las motivaciones y el esquema tecnológico de la agricultura empresarial constituye una necesidad urgente, no solo porque representa al conjunto de actores menos conocido ni comprendido, sino sobre todo por el papel que tiene esta agricultura en la economía nacional, así como en el espacio ocupado.

El avance de la agricultura empresarial, la crisis interna del modelo productivo y cultural de la agricultura familiar parecen procesos irreversibles que merecen abordajes modernos e inclusivos, que permitan repensar los modelos de ocupación del espacio, de pervivencia de la agricultura familiar campesina y las características deseables y los límites de la agricultura empresarial.

La mirada sobre el mundo rural actual debe incluir indefectiblemente a las diferentes modalidades de producción pecuaria, sobre todo la ganadería bovina, así como la naciente agricultura realizada por indígenas. Definitivamente Paraguay se encuentra en un periodo de transformaciones sociales, económicas y territoriales, que exigen actualizar los enfoques y métodos para dar cuenta de las características e impactos de los cambios, al mismo tiempo de generar herramientas para que las políticas públicas sectoriales puedan adelantarse a los procesos en curso.

Bibliografía

Almada, F., Canales, M., Barrail, A., & Benitez, C. (2011). La ruralidad y los territorios agrarios del Paraguay. Asunción: IICA.

Galeano, L. (2016). Transformación del modelo agrícola y cambios en la estructura de clases. En L. Ortiz, Desigualdad y clases sociales. Estu-dios sobre la estructura social paraguaya. Asunción: CEADUC/ CLAC-SO/ICSO.

Goetz, K., & Vazquez, F. (2014). La intensificación de la urbanización en el Paraguay profundo: el despertar de las ciudades del interior. Re-vista de Investigación en Ciencias Sociales, 1 (1), 11-35.

MAG. (2009). Centro Agropecuario Nacional 2008. Asunción: MAG.

Morínigo, J. N. (2009). Auge de la producción rural y crisis campesina. Asunción: FONDEC.

Pastore, C. (1972). La lucha por la tierra en el Paraguay. Montevideo: Antequera.

Vázquez, F. (2013). Ciudades intermedias y sustentabilidad urbana en Paraguay. En KAS, Economía, sociedad y medio ambiente: el desafío del desarrollo sustentable (págs. 223-243). Santiago: KAS-SOPLA.

Clase, género y pobreza. Algunas ideas para el debate

Verónica Serafini Geoghegan

1. Presentación

Abordar el análisis de las desigualdades entre hombres y mujeres requiere dos dimensiones analíticas muy diferenciadas en su concepto y contenido pero fuertemente relacionadas: el rol de la mujer en la familia y su acceso a los recursos productivos. Por un lado, no se puede perder de vista el papel que juega la mujer tanto en las labores domésticas y en el cuidado como en la generación y administración de los recursos económicos que permiten la sobrevivencia familiar. Por otro lado, una de las características fundamentales de las mujeres es su falta de acceso a los medios de producción que le permitiría lograr mejores condiciones de vida.

2. Paraguay y las desigualdades económicas de género

Paraguay es uno de los países más desiguales de América Latina si se tiene en cuenta el ingreso o el acceso a la tierra. Pero estas no son las únicas desigualdades. El análisis de las brechas de género también muestra desventajas para las mujeres, que se acentúan si son campesinas.

Según la Encuesta Permanente de Hogares 2013, las mujeres ganan en promedio el 71,0% del ingreso masculino. La distancia se amplía si incorporamos pobreza y área de residencia al análisis. Las mujeres campesinas pobres ganan solo el 15,7% de lo que ganan los hombres urbanos no pobres.

Esto es resultado de la existencia de discriminación salarial, de menores horas de trabajo derivadas del tiempo que debe dedicar a su hogar, de su participación en ocupaciones de menor valoración social y mayor vulnerabilidad y, por ende, de menores remuneraciones como el trabajo doméstico o por cuenta propia.

Las desigualdades se observan no sólo entre hombres y mujeres, sino también entre diferentes grupos de mujeres. Las mujeres campesinas ganan poco más de la mitad (53,1%) del ingreso de las mujeres urbanas.

Estas desigualdades de ingreso no se explican únicamente por variables vinculadas a la productividad. Por un lado, las mujeres trabajan menos horas, por lo que ganan menos; pero aun cuando ellas trabajen las mismas horas y teniendo el mismo nivel educativo que los hombres sus ingresos son menores.

Este resultado tiene que ver con varias cuestiones. En primer lugar el tipo de ocupación en el que trabajan hombres y mujeres. El trabajo doméstico ocupa a una gran proporción de mujeres, siendo una de las de menor remuneración en el mercado y menor protección legal. El trabajo por cuenta propia también absorbe a un grupo importante de mujeres, especialmente en el sector rural. Al igual que el trabajo doméstico se encuentra desprotegido legalmente y los ingresos que genera son volátiles e inestables. De esta manera, la segregación ocupacional es uno de los factores que ayuda a entender las brechas económicas y la probabilidad de ser pobre.

El trabajo en estas ocupaciones está relacionado con la construcción social de los roles de hombres y mujeres y la división social del trabajo. Tanto las familias como el mercado contribuyen a limitar las opciones laborales de las mujeres generándose una oferta y demanda de trabajo vinculada a dichos patrones sociales.

No obstante, la segregación ocupacional no explica todas las desigualdades, ya que al interior de una misma ocupación o función se encuentran desigualdades de género, probablemente relacionadas con la percepción del rol secundario de las mujeres como proveedoras del hogar.

La inactividad económica es un factor determinante de la desigualdad económica, no solo porque las mujeres en esta situación no tienen ingresos propios, sino porque se mantienen excluidas de ámbitos que contribuyen a la construcción de una trayectoria de vida autónoma como el acceso a la seguridad social, a organizaciones laborales y sociales. Solo el 12,9% de los hombres mayores de 18 años se encuentra fuera del mercado laboral, frente al 38,0% en las mujeres. En situación de pobreza, la proporción de mujeres pobres inactivas llega a casi la mitad (49,1%). Las principales razones de inactividad de las mujeres son las labores del hogar o “motivos familiares”, mostrando la relevancia que tiene la división sexual del trabajo en la autonomía económica de las mujeres y las posibilidades de dejar o permanecer en pobreza.

3. La complejidad de la subordinación de las mujeres

El género como categoría de análisis surgió en la segunda mitad del siglo XX cuando los movimientos feministas adquirieron relevancia en el debate político y académico. Estos movimientos buscaron explicar los fundamentos del dominio masculino sobre las mujeres a partir de un nuevo enfoque cultural. El determinismo biológico fue marginado buscando encontrar la respuesta en las construcciones sociales que conforman las desigualdades sociales y políticas. Las nuevas premisas planteaban la necesidad de estudiar la subordinación de las mujeres a partir de las relaciones hombre/mujer, mujer/mujer y hombre/hombre creadas en el marco del intercambio social.

Surge así la idea del género como categoría social en contrapartida al sexo biológico y fisiológico de las ciencias biológicas. Uno de los trabajos más importantes en estos términos es el de Gayle Rubin, quien define al género como socialmente construido en un sistema de sexo/ género. El género es para esta autora

“el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el que se satisfacen esas necesidades humanas transformadas” (1986, pág. 99).

De esta manera, se reconoce otra dimensión de la igualdad que no es debida precisamente a los factores económicos estudiados en las teorías de clases o de estratificación social, incorporando al análisis el factor cultural e ideológico en el estudio de las desigualdades.

El énfasis en la “diferencia” y en las desigualdades que se derivan de ésta pasa a ser relevante en el debate. Adicionalmente, la lucha y la actividad intelectual profundizaron el análisis de las mujeres, dándole importancia a la diversidad social y cultural existente entre ellas mismas, agregando complejidad. No son iguales las mujeres jóvenes que las adultas mayores, ni las campesinas frente a las urbanas, mucho menos entre las diferentes etnias.

El género es, para las feministas economistas, una categoría de análisis, como lo constituye la clase para el marxismo. Es una categoría “relacional” que busca explicar los procesos sociales a partir de las relaciones socialmente construidas entre hombres y mujeres. Sin embargo, no sólo es importante su construcción en el ámbito de la cultura y de las ideologías, sino también son fundamentales sus implicancias prácticas en la vida de hombres y mujeres (Cagatay, Elson, & Grown, 1995, pág. 1828).

El debate acerca de los orígenes de la posición subordinada de la mujer frente al hombre tiene históricamente dos vertientes principales. Éstas son las que han cobrado mayor relevancia en los debates acerca del tema y se relacionan con el énfasis que le dan los diferentes autores a los dos conceptos anteriores, -clase y género-. Por un lado, el marxismo, que busca encontrar la respuesta en el proceso de apropiación que el sistema capitalista legó al mundo. Por otro lado, las feministas, -socialistas y radicales-, que enfatizan el análisis de género a partir del rol del patriarcado como raíz de la opresión femenina.

Los primeros marxistas como Bebel y Engels, ya escribieron sobre la posición de la mujer. Las mujeres trabajadoras son vistas como superexplotadas primero por el trabajo asalariado y segundo por el menor salario que reciben en comparación al recibido por los hombres. Desde esta perspectiva, la condición necesaria y suficiente para que ellas dejen de ser explotadas y se igualen al hombre es la eliminación del sistema capitalista.

Este argumento esquiva el problema del género y lo supedita a un problema de clase, ya que solucionando éste automáticamente se soluciona el otro. Sin embargo, la historia demostró que aún en las sociedades no clasistas, la subordinación de la mujer es una de las características de las relaciones sociales. Las críticas a este enfoque se dirigen, principalmente, hacia su reduccionismo económico en el tratamiento de dicha subordinación, ya que ubica a las jerarquías de género por debajo de las desigualdades de clase.

Surge así la idea de un orden patriarcal en las relaciones entre hombres y mujeres. El patriarcado como categoría de análisis tiene sus antecedentes ya en el siglo XIII. Sin embargo, es desde las feministas socialistas que su uso se formaliza para el estudio de las relaciones de género. Engels, en 1884, ya había formulado observaciones en torno al tema. Alejandra Kolontai, en 1927, profundizó el análisis del patriarcado desde la filosofía, haciendo hincapié en la articulación entre la propiedad, la familia y el Estado como bases de éste.

Kate Millet en su obra Política Sexual proporciona una definición consensuada de patriarcado por las diferentes corrientes feministas:

“si consideramos el poder patriarcal como una institución en virtud de la cual la mitad de la población (es decir, las mujeres) se encuentra bajo el control de la otra mitad (los hombres), descubrimos que el patriarcado se apoya sobre dos tipos fundamentales de relaciones: el macho ha de dominar a la hembra y el macho de más edad ha de dominar al más joven. No obstante, como ocurre con cualquier institución humana, existe a menudo una gran distancia entre la teoría y los hechos; el sistema encierra en sí numerosas contradicciones y excepciones” (1975, pág. 34).

Los principales desarrollos en torno al tema fueron realizados por feministas de tradición marxista, quienes trataron de incorporar el patriarcado en la lucha por la reproducción humana. La Dialéctica del Sexo, de Firestone (1976), analiza la lucha de clases en la producción y traslada esta teoría casi paralelamente a la lucha entre los sexos en el ámbito de la reproducción, señalando que la dominación del hombre sobre la mujer en el hogar se fundamenta en su posición en el trabajo asalariado, lo cual le proporciona poder sobre la fuerza de trabajo femenina.

Esta perspectiva tiene serias deficiencias. Una de ellas es la imposibilidad de encontrar el objeto de lucha, al no incorporar la posibilidad de excedente o de creación de valor en los trabajos de la reproducción, ya que desde la perspectiva del marxismo ortodoxo, el trabajo al interior de las familias no produce valor ni excedente. El análisis cae así en un determinismo difícil de solucionar.

Otros trabajos, principalmente desde el socialismo feminista, buscaron recoger los aportes de cada uno de estos enfoques, no sólo con vistas a utilizar los andamiajes teóricos ya existentes, sino con la perspectiva de unir ambas categorías: la clase y el capitalismo con el patriarcado en una sola, coherente teóricamente y adecuada en términos de sus consecuencias prácticas, con el objetivo de resolver el problema de la subordinación de las mujeres a partir de su clase y de su género conjuntamente (Hartmann, 1981).

A partir de este nuevo enfoque se quiebra el supuesto de que con la sola eliminación del sistema de clases se garantizará la igualdad entre hombres y mujeres.

En la década de los ochenta este enfoque es reformulado por diferentes autores, quienes acentúan el papel ideológico en la construcción social del género que se incrusta en las relaciones económicas capitalistas (Barret, 1980). La nueva propuesta critica el problema implícito en el anterior, determinado por la posible dualidad entre el capitalismo y el patriarcado para examinar una realidad concreta e histórica que se manifiesta en términos ideológicos y materiales, dando lugar a la conformación de una estructura social basada conjuntamente en la clase y el género.

Dicha perspectiva no separa ambos análisis ya que existe una interdependencia entre el patriarcado y el capitalismo. Aquí es importante introducir dos esferas que en los análisis anteriores eran tratados separados e independientes: la de la producción y la de la reproducción.

Al hablar de reproducción se hace referencia tanto a la biológica como a otros tipos de reproducción. La reproducción material de la vida tiene dos dimensiones: la reproducción afectiva y la procreación y reposición cotidiana (reproducción de la fuerza de trabajo). Pero también es necesaria la reproducción política y cultural a través de la cual, y por un proceso de socialización, se enseña e interiorizan normas, valores, juicios, creencias, relaciones de poder.

Desde esta perspectiva más amplia, la reproducción no se limita sólo a la fuerza de trabajo, pues se incluyen los aspectos que hacen referencia a la conformación de una identidad, específicamente, la de género. Por otro lado, este concepto permite introducir el trabajo doméstico como una actividad fundamental para lograr la reproducción humana y como uno de los determinantes de la posición de la mujer en la sociedad. La división sexual del trabajo determinó que sea la mujer la encargada principal de la reproducción y, por lo tanto, del trabajo doméstico.

La mujer cumple con dos roles fundamentales: dentro de la familia y en el trabajo remunerado. Ambos roles determinan una relación subordinada frente al hombre. Por las expectativas culturales, la mujer esposa/madre tiene la responsabilidad por el cuidado de los niños y el mantenimiento del hogar, mientras que el esposo es primariamente responsable, como jefe de hogar, de satisfacer las necesidades materiales. En estos arreglos, el relacionamiento del hombre con los recursos económicos siempre es directo debido a su mayor participación en el trabajo remunerado, mientras que el de la mujer es, generalmente, a través del esposo. A pesar de que esto es lo “ideal”, muchos hogares no logran satisfacer sus necesidades con el ingreso del hombre, por lo cual se hace imprescindible la participación de la mujer como proveedora de un ingreso más.

En estos hogares, la relación entre el patriarcado y el capitalismo, más que ser un “matrimonio infeliz”, utilizando los términos de Hartmann (1987), contribuye al conflicto, ya que la mujer, al acceder a recursos económicos derivados de su inserción al trabajo remunerado, adquiere una mayor capacidad de negociación al interior del hogar.

La familia es, en este sentido, un “locus” de lucha y conflicto donde se enfrentan diferentes intereses en torno a la producción y reproducción, tanto de bienes materiales (alimentos, vestimenta, vivienda) como de recursos intangibles (poder, afectividad, satisfacción sexual, etc.).

En estos hogares, la relación entre la mujer y los recursos económicos empieza a ser más directa. A pesar de que por ello su situación no pasa automáticamente a ser igual que la del hombre, el mismo sistema capitalista crea las bases para debilitar el patriarcado cuando, al deprimir el ingreso masculino, empuja a la mujer al trabajo remunerado.

De esta manera, la relación tan directa entre el capitalismo y la dominación del hombre sobre la mujer, defendida por las feministas marxistas más ortodoxas, es sin embargo, para Hartmann, relativa, teniendo en cuenta que el mismo capitalismo constituye una potencial fuente de conflicto en las relaciones de dominación hombre-mujer al interior de la familia.

La posición subordinada de la mujer en la familia es reproducida en toda la sociedad y constituye la base material de la subordinación de la mujer. Estas relaciones desiguales al interior de la familia de los hogares pobres significan que la pobreza es diferente para hombres y mujeres, traduciéndose, a su vez, en relaciones desiguales en otros ámbitos de la sociedad (trabajo, comunidad, organizaciones sociales y políticas). Sin embargo, la tarea pendiente del desarrollo económico y social es lograr la equidad e igualdad a partir de una perspectiva que vincule factores económicos con los culturales e ideológicos; que considere la estrecha relación entre el trabajo al interior de los hogares y el trabajo remunerado así como a la familia como una esfera donde las diferencias existen igual que en el plano económico.

4. La pobreza como resultado de la subordinación

Abordar el problema de la pobreza implica una serie de dificultades. Tanto la definición como la medición han originado incansables debates entre quienes pretenden, en el marco del desarrollo, lograr identificar a los hombres y mujeres que integran a este amplio grupo socioeconómico, el de los pobres.

En este sentido se encuentran quienes se acercan al tema definiendo a la pobreza como característica de aquellos grupos sociales que no tienen acceso a los satisfactores que les permitirán llevar un estilo de vida acorde a sus patrones culturales (Sen, 1981; 1984; 1987). Este concepto nace de nociones acerca de la dignidad humana y de la universalidad de los derechos humanos, creando, de esta manera, un conjunto de bienes, servicios y capacidades a los que cualquier hombre o mujer tiene derecho de poseer en virtud de su naturaleza humana, al margen del contexto económico en el cual se desenvuelven. Ser pobre, en este caso, significa estar privado de cualquiera de dichos recursos. Sin embargo, para otros como Townsend, citado en Boltvinik (1990), la pobreza debe ser definida en función de un grupo de referencia, teniendo en cuenta que las necesidades son diferentes, tanto temporal, geográfica como culturalmente.

El problema de la definición de la pobreza tiene que ver con la reflexión en torno al tema de las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de los seres humanos y los satisfactores requeridos para satisfacerlos? La búsqueda de las respuestas constituye una tarea fundamental para quienes tienen puesta la mirada en el desarrollo, la equidad y la pobreza y, en este sentido, implica tener en cuenta, además de la subsistencia física, todas las dimensiones de la vida de los hombres y mujeres. Max Neef y otros (1986), en el marco de su propuesta de “desarrollo a escala humana”, construyen una matriz donde incluye necesidades y satisfactores. Para los autores, no se puede hablar de pobreza sino de pobrezas, teniendo en cuenta que cualquiera de estas necesidades insatisfechas revela una pobreza humana. Esta forma de definir a las necesidades va más allá de las visiones reduccionistas que definen a las necesidades desde una perspectiva biologicista, de supervivencia física o de las “economicistas”, que restringen la satisfacción de las necesidades a aquéllas que pueden ser adquiridas a través del ingreso. Las necesidades no son vistas sólo como medida de carencia, se les atribuye la capacidad de lograr que los seres humanos se desarrollen plenamente en virtud de sus potencialidades.

Uno de los problemas a los que se enfrentan la teoría social y económica es la dificultad para conceptualizar la pobreza. No obstante, existe, actualmente, un consenso en la forma de calcular la proporción de pobres en una determinada sociedad. Algunos autores enfatizan la idea de privación, lo cual permite ubicar a personas o grupo de personas despojadas de los elementos necesarios para su sobrevivencia, fundamentalmente física.

Los dos métodos de medición usualmente aplicados en América Latina tienen fundamento en el concepto de pobreza absoluta. Éstos son el método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el de la línea de pobreza (LP).

El primero de ellos se basa en la determinación de un conjunto de necesidades consideradas básicas, sus indicadores y sus niveles mínimos. No sólo se incluyen bienes y servicios destinados al mantenimiento físico de las personas, sino también otros satisfactores, como la alfabetización y los servicios públicos. Los hogares o las personas se definen como pobres o no pobres de acuerdo a su acceso o no a los niveles mínimos de los satisfactores.

El segundo método, el de la Línea de Pobreza, se basa en la construcción de una “canasta normativa de satisfactores esenciales” y del cálculo de su costo. Aquellos hogares cuyos ingresos se encuentren por debajo de dicho costo son considerados pobres.

Esta conceptualización se centra en los medios necesarios para llegar a ciertos fines: el conjunto de bienes definidos en la Canasta Normativa, reduciendo la pobreza a términos puramente cuantificables, lo cual tiene muchos peligros si lo que se quiere es avanzar en el análisis teniendo en cuenta otros aspectos como por ejemplo, el género y la generación.

Las críticas a ambos enfoques han sido muy bien formuladas por Julio Boltvinik (1993) quien, además, propone un indicador alternativo que integra ambos enfoques, con nuevos elementos. Para él, los recursos que conforman el nivel de vida son:

valores de uso comprados (por medio del ingreso),

valores de uso recibidos de terceros,

valores de uso autoproducidos,

conocimientos y habilidades,

tiempo libre.

El ingreso corriente, desde esta perspectiva, constituye sólo una de las fuentes de bienestar. A éste se agregan el acceso a bienes gubernamentales gratuitos, la propiedad, el nivel educativo, las habilidades y destrezas, el tiempo disponible para recreación, descanso o educación y la capacidad de endeudamiento del hogar.

Con estos elementos Boltvinik construye el “método de medición integrada de la pobreza”, proponiendo, de esta manera, un indicador que permite medir la pobreza desde una mirada más amplia del problema, distinguiendo la importancia no sólo de los bienes económicos (alimentación, vestido, vivienda) como satisfactores, sino también de los recursos “no tangibles” como potenciales para la obtención de ingreso (educación, destrezas, habilidades) y como medios para lograr satisfacción o realización personal (tiempo para recreación, descanso, pasatiempos favoritos). Este punto de vista permite incorporar aspectos que interesan particularmente a las mujeres: el tiempo de trabajo doméstico y la producción de bienes de autoconsumo, dimensiones que han sido marginadas de los análisis anteriores y, particularmente, en los métodos de medición.

Este concepto, que si bien privilegia el hogar como unidad de análisis, -lo cual tiene la ventaja de poder trasladar el análisis de la pobreza como condición individual de la persona hacia el grupo humano donde la mujer tiene particular importancia: la familia-, toma en cuenta sólo el ingreso del hogar y su suficiencia para lograr un nivel aceptable de bienestar. La forma en que los hogares distribuyen el ingreso es vista como una elección privada más que de política pública. Losprincipios de optimización se encargan de la distribución de la pobreza intrafamiliar. En este punto se encuentra el gran problema teórico de las conceptualizaciones de pobreza usualmente utilizadas. Ni el género ni las generaciones son tomados en cuenta cuando se analiza este fenómeno.

Al no incluir el género como categoría de análisis queda fuera también el problema de la desigual distribución de los recursos entre hombres y mujeres al interior del hogar, lo cual puede ubicar a las mujeres como miembros más pobres frente a los hombres.

La perspectiva de las mujeres pobres proporciona un punto de vista importante desde donde examinar el desarrollo teniendo en cuenta que, como lo indican Gita Sen y Caren Grown, el objetivo de éste es la supresión de la pobreza, el mejoramiento de los niveles de vida, el acceso a un empleo digno y la reducción de la desigualdad social (Sen & Grown, 1987).

Considerar a las mujeres pobres como sujetos de las políticas es relevante teniendo en cuenta que constituyen una parte importante de la población pobre, pero además, porque los efectos de la pobreza no son necesariamente los mismos para hombres y mujeres y, por lo tanto, afectan diferenciadamente a los hogares donde ellos y ellas desarrollan su vida cotidianamente.

La necesidad de compatibilizar las responsabilidades domésticas con las laborales restringe las opciones en el mercado de trabajo; la discriminación salarial y la segregación ocupacional se traduce en niveles de ingresos menores que los hombres; su falta de acceso a recursos (capital financiero y humano) limita sus posibilidades de inversión y el tamaño de sus emprendimientos; la pobreza de tiempo las excluye de

ámbitos de construcción de capital social. Todos estos factores disminuyen sus ingresos y aumentan el riesgo de pobreza en las mujeres.

Por otro lado, los efectos de la pobreza no son los mismos para hombres y mujeres. Gran parte de la responsabilidad de la supervivencia de las familias pobres recae sobre sus mujeres. Dicha responsabilidad incluye, según Fernández Poncela, la implementación de estrategias de sobrevivencia que permiten “asegurar la reproducción material y biológica del grupo familiar mediante la participación económica de los miembros de la unidad doméstica” (Fernandez Poncela, 1994). Para las mujeres pobres, el trabajo familiar, es decir, el cuidado de niños y dependientes y las labores domésticas es, generalmente, de exclusiva responsabilidad suya y en condiciones peores que el de las mujeres de posiciones económicas más ventajosas, ya que no cuentan con el apoyo de aparatos electrodomésticos ni con la posibilidad de pagar a una persona ajena a la casa. En muchos casos también deben encargarse de la obtención de combustible y agua ante la inexistencia de servicios públicos. El trabajo remunerado es realizado muchas veces en condiciones de precariedad, con baja remuneración, al margen de la ley y, por lo tanto, sin prestaciones sociales, en labores poco creativas y monótonas que requieren mucha paciencia y desgaste físico y sicológico. En ambas esferas, -las del trabajo remunerado y no remunerado-, se suman, además de la carga proveniente de la clase a la que pertenecen, también las cargas impuestas por jerarquías y subordinaciones basadas en el género.

Una perspectiva de género en la pobreza nos lleva a señalar que el ingreso no puede ser igualado al bienestar individual (Kabeer, 1995; Sen, 1990). Esto implica la necesidad de desagregación de la información sobre la pobreza en el nivel de los hogares teniendo en cuenta el género. Es necesario asumir que para disminuir la pobreza no es suficiente incrementar el ingreso, sino cambiar la forma en que se distribuyen los medios -materiales y no materiales-, al interior de las familias teniendo en cuenta que tanto éstos como los fines podrían ser diferentes para hombres y mujeres. Es necesario incluir entre los fines no sólo a las necesidades básicas, sino también una dimensión más cualitativa como la autoestima, la autonomía así como el mayor poder de decisión y acción de las mujeres (Sen A. , 2000).

5. Breves conclusiones

La distribución de los medios económicos (trabajo, ingreso, propiedad) como no económicos (poder, educación) constituye la base de la desigualdad social y económica, -una de las causas principales de la pobreza-. Esta distribución tiene que ver no sólo con un análisis de clase, sino también de género y tampoco es un problema exclusivo de derechos de propiedad o de las reglas formales que gobiernan el uso de los recursos sociales. La distribución debe ser vista a partir de las diferencias entre hombres y mujeres e inserta en estructuras sociales que se basan en ciertos supuestos como el del hombre como principal proveedor y la mujer y los niños en calidad de dependientes. La mujer -que no tiene normalmente acceso a dichos recursos-, no tiene, por lo tanto, la capacidad para movilizar recursos, ni siquiera la de su propia fuerza de trabajo, pues se encuentra en medio de relaciones contractuales familiares y de parentesco que la obligan a tomar decisiones con base en sus obligaciones adscriptas a la familia. Las ideologías, normas y prácticas determinan “contratos implícitos” en el hogar y en el parentesco que restringen a las mujeres el control de los recursos, incluyendo su fuerza de trabajo.

La imposibilidad de la mujer para ejercer derechos sobre el producto social -tanto tangible (tierra, capital) como no tangible (educación técnica o superior, tiempo)genera grandes diferencias con los hombres. Ellos tienen mayores opciones en el ámbito laboral, ya sea por su mayor capacitación, por su mayor dotación económica o porque no se hallan restringidos por leyes, normas sociales y obligaciones familiares de la misma forma que las mujeres.

Desde esta perspectiva, la pobreza y las desigualdades deben ser estudiadas y abordadas a partir de complejas relaciones en las que se cruzan variables culturales relacionadas a la división sexual del trabajo así como a las económicas vinculadas al acceso y control de los recursos.

Bibliografía

Barret, M. (1980). Women’s oppression today. London: Verso. Bolvitnik, J. (1990). Pobreza y necesidades básicas. Caracas: PNUD.

Bolvitnik, J. (1993). Indicadores alternativos del desarrollo y mediciones de pobreza. Estudios Sociológicos, 11(33).

Cagatay, N., Elson, D., & Grown, C. (1995). Introduction. World Development, 23(11), 1827-1836.

Fernandez Poncela, A. (1994). Estrategias de sobrevivencia en la Nicaragua post-sandinista. LASA XVIII International Conference. Atlanta: LASA.

Firestone, S. (1976). La dialéctica del sexo. Barcelona: Kairos.

Hartmann, H. (1981). The family as a locus of gender, class and the political struggle: the example of housework. Signs, 6, 366-394.

Hartmann, H. (1987). El infeliz matrimonio entre marxismo y feminismo: hacia una unión más progresista. Cuadernos del Sur(6).

Kabeer, N. (1995). Reversed realities. London: Verso.

Max Neef, M., Elizalde, A., & Hopenhayn, M. (1986). Desarrollo a escala humana: una opción para el futuro. Development Dialogue (Especial).

Millet, K. (1975). Política sexual. México: Aguilar.

Rubin, G. (1986). El tráfico de mujeres: notas sobre la ‘economia política’ del sexo. Nueva Antropología, 95-145.

Sen, A. (1981). Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation. Oxford: Clarendon Press.

Sen, A. (1984). Resources, values and development. Oxford: Harvard University Press.

Sen, A. (1987). On Ethics and economics. New York: Basil Blackwell. Sen, A. (1990). Gender and cooperative conflicts. En I. Tinker, Persistent inequalities: women and world development. Oxford: Oxford University Press.

Sen, A. (2000). Desarrollo como libertad. Buenos Aires: Planeta.

Sen, G., & Grown, C. (1987). Development, Crises and Alternative visions. New York: Monthly Review Press.

Género y clase, una imbricación ineludible

Clyde Soto

Hay motivos prácticos urgentes para rechazar la noción de que el patriarcado y el capitalismo son sistemas separados que implican luchas políticas distintas. Tal punto de vista continúa colocando la acción política feminista sobre y más allá de la acción política socialista anticapitalista. (…) Una teoría de la opresión a la mujer bajo el capitalismo, que lo muestre como esencialmente patriarcal, podría cambiar la relación entre la práctica feminista y la lucha por transformar las instituciones y relaciones capitalistas. Si es efectivamente el caso que la marginalización de la mujer y nuestra función como fuerza laboral secundaria han sido centrales para el desarrollo histórico y la existencia del capitalismo, entonces la lucha contra nuestra opresión y marginalización dentro de esta sociedad es, en sí misma, anticapitalista.

Iris Young

“Género” y “clase” son dos conceptos que nos ayudan a entender la realidad, son categorías conceptuales. Sería una limitación para la comprensión de ambos conceptos considerar que hablar de género equivale a hablar sólo de las mujeres, tanto como creer que hablar de clase es sólo referirse a las personas trabajadoras. No se puede entender cómo opera la clase sin el género ni viceversa. El concepto de género, sin el análisis de clase, queda vacío de su componente económico y “productivo” fundamental. Si la clase permite entender la posición de las personas en el proceso de producción, el género permite comprender cómo opera la reproducción de la fuerza laboral para que la estructura social sea posible. Aquí entramos en la cuestión de la reproducción que, hoy en día, sería imposible entender sin el análisis de género:

No se puede realizar un análisis de clase sin comprender cómo se reproduce la fuerza de trabajo y qué supuestos existen para atribuir valor a los trabajos necesarios para sostener la vida.

Tampoco es posible entender de qué manera las desigualdades de género se manifiestan en el mundo si no analizamos cómo éstas se desarrollan en vínculo directo con desigualdades de clase sostenidas por sistemas de producción y por estructuras sociales que tienden a mantener las disparidades económicas.

1. Conceptos que se precisan mutuamente

El concepto de clase permite observar y explicar la posición de las personas a partir de la mirada sobre su ubicación en el proceso productivo y en el sistema de intercambios y de acumulación (o privación) de riquezas a partir de la posesión o no de los medios de producción y sus derivaciones para el intercambio de la fuerza de trabajo. El concepto de género nos permite comprender de qué manera la sexuación biológica de la especie humana activa un sistema de posiciones y sentidos atribuidos a las personas según su ubicación sexual. “El género es la construcción social de la diferencia sexual” (De Barbieri, 1993, pág. 149) y esto implica no solo cómo se entiende y se da un lugar en el mundo a las personas según sean mujeres u hombres, sino también qué pasa con quienes de alguna manera se salen de los márgenes admitidos en las sociedades para la variabilidad de posiciones sexo-genéricas y cómo se organiza la vida social a partir de estas construcciones culturales: qué valores, estereotipos, deseos, expectativas, prohibiciones, relaciones, instituciones y poderes circulan sobre la base del género.

El género permite entender cómo las sociedades interpretan la posición de las personas en función de su sexualidad biológica y del producto de ésta: la reproducción de la especie. Esto es fundamental para el sostenimiento (o la modificación) de la estructura y de las posiciones de clase, pues deriva en reproducción de la fuerza de trabajo, así como en el traspaso de los medios de producción por vía de mecanismos tales como la herencia. Por todo esto, para entender esta imbricación es necesario recurrir a conceptos y análisis elaborados desde la teoría de género, en especial en lo relativo a la división sexual del trabajo. Aquí se movilizan cuestiones como el concepto mismo de trabajo que manejamos, el valor atribuido a los diferentes trabajos necesarios para sostener a la especie humana, quiénes realizan esos trabajos, qué riquezas y capacidades les reportan, quiénes se benefician del producto de ese trabajo, en qué medida hay personas desposeídas del valor y del producto de su trabajo, incluidos los derechos derivados de la inserción en el mundo laboral, entre muchas otras problemáticas abordadas por el análisis de género.

Obviamente, la asignación “generizada” de las mujeres al trabajo reproductivo es central para sostener las relaciones de producción basadas en las desigualdades de clase. Y por ello es imprescindible comprender la vinculación entre sexualidad y reproducción, así como entre reproducción y economía:

El control de la sexualidad, como mecanismo de estabilidad del sistema (y de control de la reproducción), lo que para las mujeres se ha traducido en numerosos dispositivos culturales y sociales de sujeción y limitaciones a la autonomía personal, en especial en los planos de la vida sexual y reproductiva.

El sentido económico de la reproducción humana, porque la disponibilidad de seres humanos es básica para sostener la especie

y la capacidad social de satisfacer las necesidades del conjunto, así como para establecer las condiciones para la persistencia o el cambio de las desigualdades vigentes.

Como categorías analíticas ambos conceptos, clase y género, solo pueden ser correctamente interpretados por vía de una adecuada ubicación histórica, de una mirada a sus expresiones y transformaciones en distintas temporalidades y según la diversidad de sociedades en la humanidad. En el caso del concepto de género, la necesidad de comprenderlo y aplicarlo en sus intersecciones e imbricaciones con otras categorías de análisis y diferenciación social, está fuertemente reconocida y ha dado lugar a un potente cúmulo de abordajes teóricos y metodológicos.

Un aspecto importante es el uso político de ambos conceptos: por un lado, han sido centrales para los análisis y debates del movimiento obrero y de las izquierdas y, por el otro, constituyeron categorías claves para el movimiento feminista y las organizaciones de la diversidad sexual y genérica. La politicidad de estos conceptos deviene de su aporte a la ruptura con el esencialismo y el consecuente inmovilismo en cuanto a las posiciones sociales. Si éstas son de orden político y si son construcciones, pueden ser discutidas, disputadas y modificadas.

No tienen gran sentido los esfuerzos por determinar “qué viene primero” (clase o género), pues ambas son categorías analíticas que ayudan a comprender la realidad y su omisión –en ambos casos– empobrecería cualquier análisis o lo sesgaría gravemente. Ni por interés político esto debería resolverse con una prioridad excluyente, como muchas veces se ha pretendido en los espacios de izquierda al indicar que primero se debe abordar la cuestión de clase como contradicción principal, y luego vendría (alguna vez, indeterminadamente o por evolución natural) la resolución de las demandas feministas (a veces llamadas de manera equivocada como “cuestiones de género”). Así tampoco se puede dar plena cuenta de las desigualdades de género olvidando la estructura de desigualdades y las posiciones políticas derivadas de la clase social, así como de sus intersecciones con otras categorías de diferenciación –y exclusión de derechos– que operan en las sociedades humanas, como las de etnia, sexualidad, entre otras.

2. Posiciones de género y clase imbricadas en la desigualdad social

Las diferencias de género tienen un alto impacto en las desigualdades injustas que afectan a las mujeres. Si bien la aplicación del concepto de género no debe limitarse a la categoría “mujeres”, los estudios de género han tenido un amplísimo desarrollo con relación a éstas. Como ejemplo de la imbricación estrecha y compleja entre la categoría de clase y la de género, se puede hacer referencia a algunas circunstancias específicas que requieren de un análisis que integre el uso de ambas categorías analíticas para su adecuada comprensión y que, en Paraguay, se traducen en problemáticas y sectores afectados por graves discriminaciones.

El foco del análisis es cómo se cruzan los ámbitos considerados productivos (en particular la actividad laboral remunerada) con los reproductivos (en particular las actividades consideradas fuera del campo productivo o de producción de valor de intercambio en el sistema económico). Para ello, es necesario observar cómo es el desempeño de mujeres y hombres, de manera comparada, en la vida laboral, en la vida doméstica y en el trabajo doméstico remunerado como cruce que refuerza las discriminaciones. A continuación, algunas de las situaciones críticas que afectan perjudicialmente a las mujeres:

La inserción laboral: La posición social de las mujeres es visualizada en la sociedad paraguaya como dependiente principalmente de su situación familiar y en particular con relación a la maternidad. Esto hace que la vida laboral remunerada pase a un segundo plano y que quede supeditada a las necesidades de la crianza y del cuidado del hogar, de las personas dependientes y de la prole. A su vez, ello deriva en graves limitaciones para el acceso de las mujeres a los beneficios de la seguridad social y de la jubilación. Sobre todo, tiene un alto impacto en la autonomía de las mujeres: su capacidad para tomar decisiones se ve impedida por la carencia de ingresos propios y de libre disponibilidad. A esto se suma que el sostenimiento de hijas e hijos, si sucede en ausencia de corresponsabilidad masculina, deriva en una grave sobrecarga de trabajo para las mujeres o en un riesgo serio de caída en condiciones de pobreza.

El cuidado y el trabajo doméstico no remunerado: La contrapartida a la posición desventajosa de las mujeres en el mundo laboral está en su sobrerrepresentación en la realización del trabajo doméstico y de cuidados para sus propios hogares. La mayor inactividad económica de las mujeres (casi la mitad de la población en edad de trabajar, frente a un cuarto de los hombres) tiene como razón la dedicación a las labores del hogar y a los motivos familiares, mientras que para los hombres es principalmente el estudio. Como afirma Verónica Serafini, esta situación “da cuenta del impacto que podría estar teniendo la asignación de los roles de género en la exclusión del mercado laboral y por consiguiente en la autonomía económica de las mujeres” (Serafini Geoghegan, 2015, pág. 36).

El desconocimiento del valor económico de la actividad de cuidado y del trabajo doméstico implica para quienes desempeñan esas actividades la negación de varios derechos reconocidos a las trabajadoras y los trabajadores. Las personas dedicadas a los quehaceres del hogar en el Paraguay no tienen acceso al sistema de seguridad social, ni al seguro médico ni -menos aúna la jubilación. Pese a la existencia de algunas organizaciones que reivindican este tipo de prestaciones para el sector (e incluso un salario social), el debate en torno a las mismas no puede considerarse instalado en el Paraguay.

El trabajo doméstico remunerado: El campo donde se manifiestan más crudamente las desigualdades de género y clase de manera imbricada es en el trabajo doméstico remunerado, es decir, donde se cruza lo considerado productivo con lo considerado como reproductivo. En general, existe igual reconocimiento a los derechos laborales de las mujeres ante la ley, sin embargo la declaración general se contradice con las normas específicas referidas al trabajo doméstico, que es discriminado. En Paraguay, apenas en 2015, se cambiaron varias de las condiciones discriminatorias del trabajo doméstico remunerado, por largo tiempo vigentes, con la aprobación de la Ley Nº 5407 del Trabajo Doméstico. Sin embargo, la discriminación salarial continúa, pues el piso para las trabajadoras doméstica es del 60% respecto del salario mínimo vigente para las demás personas trabajadoras. Por la magnitud de este sector de trabajadoras entre las mujeres¹ y porque se trata de tareas consideradas como “femeninas” por tradición, esta discriminación debe 

ser considerada como general hacia el trabajo de las mujeres, en beneficio de una pequeña proporción de la población, posiblemente la más pudiente, que se beneficia de los servicios contratados bajo condiciones de explotación.

3. Redefinir conceptos y debates para un mundo con justicia económica y social

Las desigualdades sociales deben ser comprendidas a partir de su génesis en la intersección de las categorías de clase y género, así como de otras posiciones sociales derivadas de diversas categorías que generan discriminación. Qué se entiende por trabajo es central para entender cómo se cruzan las desigualdades de género y clase:

Una comprensión amplia del trabajo permite reconocer que el trabajo remunerado (que proporciona una retribución económica tangible, en general monetaria) y el trabajo productivo (que produce bienes con valor de intercambio), no son los únicos que existen, ni representan todo el trabajo que se precisa para satisfacer las necesidades humanas.

Entran en juego, entonces, los conceptos de trabajo no remunerado (que no recibe compensación monetaria) y de trabajo reproductivo (el que se invierte en la generación y el cuidado de la vida humana).

La desigualdad en la asignación del trabajo por razón de género es una base fundamental para el sostenimiento de la desigualdad social en términos económicos. En una sociedad desigual en dichos términos, donde se expropia el trabajo de las personas para beneficio de la acumulación capitalista, el trabajo gratuito y desventajoso de las mujeres para sostener la vida de las personas es fundamental. Si el trabajo doméstico y de cuidado se reconociera en términos monetarios, el valor del trabajo remunerado debería aumentar y disminuiría la ganancia de los que poseen los medios de producción. También hay desigualdad en la asignación de este trabajo entre las mujeres: las que se ubican en los sectores dominantes trasladan el trabajo reproductivo hacia otras mujeres, mediante la remuneración en un sistema altamente discriminatorio.

Por tanto, no se puede construir justicia social y económica sin cambiar la división sexual del trabajo, lo que implica:

Reconocimiento de la relevancia del trabajo reproductivo (sin él, no hay seres humanos).

Reformulación del concepto de trabajo, incluyendo al trabajo reproductivo.

Redistribución del trabajo reproductivo (doméstico y de cuidad) entre mujeres y hombres así como entre quienes integran los hogares.

Revalorización del trabajo reproductivo, en términos económicos.

Reasignación de responsabilidades entre las personas, la comunidad, el mercado y el Estado.

La construcción de igualdad y justicia social requiere no solo de redistribución, sino sobre todo de una crítica frontal a las bases sobre las cuales se organiza en la actualidad nuestro mundo, así como a los supuestos sobre los que descansan gran parte de las ideas de futuro y las decisiones que están sobre las mesas de decisión globales y locales. Desde el feminismo se están trabajando perspectivas críticas que pretenden precisamente cambiar el foco de atención, anteponiendo la sostenibilidad de la vida frente a la perversa prevalencia de los mercados capitalistas (Perez Orozco, 2014). Desarrollar esta perspectiva implica un profundo debate sobre conceptos e ideas pocas veces contestados, incluso desde las izquierdas, tales como qué es el crecimiento y su necesidad, la validez del desarrollo como una aspiración incrustada sobre el inválido supuesto de un planeta con recursos ilimitados, el empleo y el salario como mecanismos básicos de la redistribución, entre otros. Género, clase, trabajo, producción, reproducción, desigualdad, son términos que necesariamente estarán presentes en dicho debate sobre el presente y el futuro.

Bibliografía

De Barbieri, T. (1993). Sobre la categoría género. Una introducción teórico metodológica. Debates en Sociología (18), 145-169.

Perez Orozco, A. (2014). Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de Sueños.

Serafini Geoghegan, V. (2015). La mujer y la economía. En A. Varios, Paraguay a 20 años de Beijing 1995. Informe de la sociedad civil sobre el cumplimiento de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer (págs. 25-38). Asunción: CDE/CLADEM/CMP/ CODEHUPY/EFC.

Young, I. (1992). Marxismo y feminismo. Más allá del ‘matrimonio infeliz’ (una crítica al sistema dual). El cielo por asalto, 2 (4).

1 Para el año 2014, unas 219.255 mujeres constituyen el personal de trabajadoras domésticas en el país. El trabajo doméstico representa el 7,2% del total de personas ocupadas aunque entre las mujeres ocupadas se trata de un 16%, mientras que entre los hombres ocupados un 0,9% apenas. Esto significa que casi 220.000 mujeres trabajadoras, de las 1.370.345 que están ocupadas, trabajan bajo condiciones de discriminación. De un total de 1.733.294 hogares existentes en el país aproximadamente, un 13% estaría contratando a una trabajadora doméstica, si cada una de las trabajadoras prestara sus servicios en un hogar diferente. Ver: DGEEC, Encuesta permanente de hogares, Fernando-de-la-Mora, 2014.

Apuntes para el estudio de las clases en la sociedad paraguaya

Luis Ortiz

1. Introducción

La historia de las disciplinas que tratan lo social, en especial la Sociología, estuvo signada en la segunda mitad del siglo XX por un difícil proceso de institucionalización en el marco de un régimen autoritario que conjugó la censura con la autocensura (Robledo, 2014). La posibilidad de plantear estudios de la estructura social desde la desigualdad de clases entrañaba el temor a la represalia por su consideración de ideología política proscripta. No obstante, el ensayo de alternativas analíticas para el abordaje estructural recurrió a la práctica eufemística, de “insinuar sin enunciar” las relaciones entre las clases sociales recurriendo a un vocabulario basado en perspectivas teóricas que enfatizan el orden y la integración antes que la crisis y el conflicto.

Con el cambio de régimen que tiene lugar en 1989, el abordaje de las clases sociales en Paraguay, sus características y sus cambios, tuvo un avance, aunque a un nivel más descriptivo que explicativo. Pocos esfuerzos para describir las características del proceso de democratización comportaron análisis sistemáticos de la estructura de clases y sus horizontes explicativos (Fogel, 2005). La mayoría de los estudios, aunque dieron aportes importantes, no supusieron una ruptura teórica con la tradición precedente, con criterios definidos de conceptualización de las clases para movilizarlos en investigaciones empíricas. Los ejercicios se limitaron a describir el desarrollo social a través de categorías que evocan tímidamente o incluso disimulan la estructuración en clases de la sociedad paraguaya.

De este modo, la ausencia de discusión acerca de las clases sociales en el análisis de los problemas del desarrollo y bienestar resultó en los factores “3G”, a saber, la geografía (rural-urbano), el género (varones-mujeres) y la generación (jóvenes-adultos) como criterios predominantes en los cuales descansaban el análisis de las desigualdades, permaneciendo invisible el factor de clase para explicar la diferenciación social y la heterogeneidad en la estructura productiva.

La poca oscilación de los índices de concentración de los recursos (tierra e ingresos) y de las oportunidades (educación, empleo, protección) en los últimos 25 años, constituye un indicio del carácter determinante de las relaciones de clase en la reproducción de las desigualdades. Las evidencias y discusiones que las ciencias sociales aportaron en el mismo lapso abrieron camino al entendimiento de las características históricas y estructurales de esas relaciones, que en la actualidad requieren ser revisadas y aggiornadas.

En este marco, los planteamientos contenidos en este artículo hacen lugar a interpelaciones sobre la realidad social paraguaya en campos en los que los análisis de las clases movilizan y discuten estos planteamientos. Las referencias sobre obras y autores consideran las transformaciones económicas y sociales del país que repercuten sobre la estructura social e informan sobre las tendencias del régimen democrático, aun con deudas..

2. Antelación teórica: los criterios de estructuración de clases

El mercado capitalista constituye la base de la diferenciación social a partir de la división social del trabajo (Marx, 1959) generando una estructura de desigualdad social inherente a su régimen institucional.

Ahora bien, el capitalismo no presenta las mismas características en las diferentes formaciones sociales pues depende de una serie de factores entre los cuales emergen como cruciales el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la racionalización del proceso productivo y la estructura del poder. La racionalización de la empresa capitalista y del poder político sientan las bases de un proceso más amplio de racionalización social en el que los diferentes arreglos institucionales convergen paulatinamente en un orden social legítimo, es decir, una estructura de poder integrada por las relaciones políticas y de mercado (Weber, 1964). El mercado al constituir la base institucional de la diferenciación social es una estructura de poder donde la posesión de ciertos atributos otorga ventajas a algunos grupos sociales respecto de otros. En este marco, las clases constituyen relaciones sociales de diferenciación que disputan y compiten en torno a esos atributos.

Florestán Fernandes sostiene que la estructura de clases en América latina, donde el capitalismo tuvo un desarrollo tardío, carece de un “impulso igualitarista” en las relaciones sociales debido a la naturaleza singular del orden social que lo constituye. Fernandes define como orden social competitivo a la estructura social donde las disparidades socioeconómicas de baja magnitud hacen posible una lógica competitiva en la disputa por los recursos y las oportunidades propia de un mercado capitalista no monopólico (Fernandes, 1983). La posibilidad que abre un orden social competitivo es la extensión del sistema productivo en su función estratificadora y el mercado en su función clasificadora.

La diferenciación social predominante en un orden social no competitivo se basa en privilegios estamentales de orden etnocultural y la movilidad social permanece cerrada institucionalmente. Con bajos niveles de movilidad, las clases fuertemente diferenciadas, se rigen por lógicas que no apuntalan el igualitarismo y la democratización, de modo que

“no pueden contribuir a acelerar la creación de condiciones esenciales ni siquiera a la estabilidad y a la consolidación del orden existente (y por lo tanto, al desarrollo del capitalismo). Pueden difundir hábitos de consumo en masa y ciertas exterioridades de la ‘comodidad’ y de la ‘vida civilizada’. Sin embargo, no pueden universalizar y fortalecer impulsos igualitarios relacionados con la redistribución de la riqueza y del prestigio social, o con la democratización del poder, necesarias para la misma estratificación en clases sociales. En otras palabras, no pueden absorber las inequidades sociales, heredadas del pasado remoto o construidas a través de la implantación del orden social competitivo, ni servir de para el surgimiento más o menos rápido del ‘pluralismo democrático’ (considerado por muchos como el índice ideal del ‘capitalismo maduro’)” (Fernandes, 1983, pág. 220).

El escaso desarrollo de un orden social competitivo auspicia la heterogeneidad estructural de la formación económica y social, en la cual como sostiene Fernando Cortés, “el régimen de acumulación dirigido por un sector capitalista transnacional, cada vez más concentrado, tiende a impedir que los resultados del crecimiento se difundan sobre el resto de la economía y genera condicionamientos para que el país usufructúe de las ventajas comparativas y competitivas, a través del aumento en las remuneraciones y del empleo en el sector más productivo. En consecuencia, la apertura hacia el exterior tiende a provocar una caída en los ingresos de los sectores informales tradicionales incapaces de enfrentar con éxito la competencia internacional, a la vez que tiene lugar un aumento en la productividad en los sectores modernos insertos en el mercado internacional que ya tienen los más altos niveles, en consecuencia se desencadenan procesos que presionan hacia una mayor concentración del ingreso” (Cortés, 2016).

Los atributos favorables o desfavorables en el mercado constituyen mecanismos de separación definida, o clivajes, que operan para diferenciar a las clases. Así, los clivajes propios de la división social del trabajo¹ y de la distribución de la autoridad, están acompañadas de las relaciones distributivas que proceden de las capacidades de mercado. En función de los niveles de desarrollo económico y de institucionalización política, diferirán los clivajes entre modos más marcados a otros menos marcados de diferenciación y estructuración de clases (p.ej.: estructura social basada sólo en clases propietarias y no propietarias o bien estructura social basada en clases propietarias, clases medias calificadas y clases trabajadoras manuales).

Según Marx, la propiedad de los medios de producción resultante de la división social del trabajo constituye el criterio fundamental de diferenciación de clase en la estructura social. La acumulación de capital se origina en la expropiación de los medios de producción de productores directos liberando fuerza de trabajo a disposición de la clase burguesa que la adquiere en el mercado de trabajo. La propiedad privada (de los medios de producción) convierte a un sector de la sociedad en clase dominante y, la carencia de ella a otro sector en clase dominada (Marx, 1986). Por su parte Weber considera igualmente a la propiedad como principio de diferenciación social, pero de carácter pluri-clasista, distinguiendo, por una parte, las clases propietarias de las clases adquisitivas, ambas de las clases dominantes; mientras que, por otra parte, distingue las clases no propietarias calificadas de las clases trabajadoras no calificadas (Weber, 1964).

En las clases dominantes, el tipo de propiedad para obtener beneficios en el mercado puede distinguirse en medios de ingresos (rentas) o bien en oferta de bienes y servicios (ganancias), generando clases rentistas y clases empresariales. Por otra parte, las clases carentes de propiedad se diferencian en los niveles de monopolización que disponen de cualificaciones negociables en el mercado. Entre éstas, la situación de clase de los que disponen de calificaciones con cierto grado de “valor de mercado” se diferencia de la que no disponen de cualificaciones sino sólo su trabajo no-calificado (Weber, 1964).

Este planteamiento redefine los principios de diferenciación al interior de los sectores no-propietarios, en los cuales la posición respecto de la propiedad (situación de clase) no determina la posición en el mercado. Weber denominó capacidad de mercado a los atributos que los individuos pueden movilizar para definir una posición en el mercado en tanto “grupo de status”. En este sentido, las diferencias en la capacidad del mercado no se derivan solamente de la propiedad sino que dependen cada vez más del valor de escasez de ciertas facultades (v.gr. cualificaciones certificadas y reconocidas) que los agentes “poseen” y que pueden ofrecer en el mercado.

En un orden social competitivo, la desigualdad social que resulta no sólo de la distribución de la propiedad sino de la distribución de las calificaciones negociables, admite sectores sociales intermedios en la estructura social, delineándose una estructuración tripartita de las clases: clases superiores, clases medias y clases inferiores, cuyo esquema estructural se resume empíricamente en la articulación de la estructura productiva y el sistema educativo (Wright, 1994). Las clases sociales, en tanto formas estructurales de agrupaciones de agentes conjugan las dos dimensiones cruciales de la estructura social, a saber, la propiedad y las credenciales, ordenando jerárquicamente a los agentes en un continuum de esas formas estructurales2 en las que de mayor volumen de propiedad y calificación se desciende a las de menor volumen (Goldthorpe, Erikson, & Portocarrero, 1979).

La capacidad de mercado está constituida por la propiedad o por las calificaciones negociables, o bien, por la combinación de ambas, otorgando acceso a recursos y oportunidades en la sociedad. Según Weber, la posición de mercado obtenida por las capacidades de mercado, puede definir la pertenencia a grupos de status que se superponen con la situación de clase por el acceso a atributos sociales como la riqueza, el poder o el prestigio. La disputa por el acceso y la calidad educativa se hace más frecuente y más intensa porque constituye el recurso en la sociedad paraguaya de mayor disponibilidad, es decir, con la masificación educativa su acceso se volvió relativamente de bajo costo, pero sobre todo, no supone derechos de origen social que se traducen generalmente en la disposición de la propiedad privada. Ante la carencia de cualificaciones negociables entre los sectores sociales más desfavorecidos en la estructura social (productores minifundistas), la propiedad de la tierra continúa, por lo tanto, siendo objeto crucial de disputa³.

El reconocimiento más o menos difuso, más o menos definido, de la identificación propia y de otras clases depende del cierre absoluto o relativo a la movilidad social. La conciencia de clase en el sentido de “clase para sí” de Marx, no se instaura directamente como efecto de las contradicciones en las relaciones de producción sino depende de la experiencia social que tamiza las actitudes y las acciones subjetivamente orientadas para definir su emergencia. La experiencia social de clase se delinea y estructura en estilos de vida en los cuales los agentes se reconocen intersubjetivamente sobre la base de atributos sociales compartidos que operan como criterios de identidad social.

Los estilos de vida reflejan empíricamente experiencias compartidas de clase cuando la identificación social en torno a factores de estima y prestigio genera intersubjetivamente grupos más o menos definidos. Aquí los conceptos de clase y status vinculan las bases objetivas de la experiencia de clase y las expresiones subjetivas de los contenidos de esa experiencia. Los contenidos comunes que se movilizan en los estilos de vida comportan un reconocimiento de clase, es decir, la aceptación de creencias y costumbres entre los miembros de una clase que se traducen en disposiciones y prácticas comunes. En este sentido, el reconocimiento de clase es distinto de la conciencia de clase, que implica además una afiliación de clase particular y la identificación de otras (Bourdieu, 1984).

3. Desarrollo capitalista y transformación de la estructura productiva

La transición del dominio colonial al capitalismo, en Paraguay, involucró fases de co-existencia de varios modos de producción. La formación económico-social de la provincia del Paraguay estuvo dominada durante los dos primeros siglos de colonización por el sistema encomendero, con una vasta apropiación patrimonial de la tierra para la producción agropecuaria extensiva. El agotamiento del modo de producción encomendero se debió, en perspectiva de Fogel, a la sobre-explotación de la fuerza de trabajo (Fogel, 2005, pág. 210) dando lugar a la transición hacia el control monopólico del Estado en el siglo XIX. La formación social avanzó a otro modo de producción dominante, resultante de la combinación de las formas sociales de servidumbre personalista -propias de la encomiendacon elementos protocapitalistas a un nivel de enclave neocolonial.

Este modo de producción fundiario mercantil, dominó la conformación del Estado nacional en el siglo XIX, durante el proceso de inserción al capitalismo internacional en el que la organización estamental del trabajo aglutinó y concentró la propiedad rural otrora encomendera así como expropió de sus tierras a los pueblos indígenas de los “tava”, sentando las bases de un territorio redefinido con carácter patrimonialista (Cosp, 1983). La expropiación por parte del Estado nacional de las propiedades comunales en 1848 constituyó la primera fase de constitución de una población trabajadora rural apta para el proceso de mercantilización de la economía; población desposeída de sus medios de producción abocada a la generación de excedentes para el Estado (Pastore, 1972). Como refiere José C. Rodriguez, “ese mundo, con poco dinero, que siguió a la independencia (1811-1870) era un mundo con una dura división social del trabajo. Parte del mismo era trabajo forzado, por ejemplo, en las estancias de la patria (esclavitud de ‘pardos’), en buena parte de la burocracia estatal y las empresas (levas o servicios militares) y en la economía de la selva (yerbales y obrajes) donde había una esclavitud estacional” (Rodriguez, 2016)

El proceso de expropiación y de mercantilización de la economía se resumen en lo que Weber definió como el desarrollo capitalista por impulso burocrático (Weber, 1964). Es importante indicar que el Estado nacional entre 1811 y 1870, que controlaba la propiedad rural en un vasto sistema neocolonial, requirió un cuerpo administrativo poco extendido pero eficaz para asegurar cierta protección del territorio⁴, propiciar la expropiación del excedente y asegurar la acumulación patrimonial en las instancias del poder gubernamental.

Con la destrucción del Estado independiente en la guerra de la Triple Alianza (1864-1870) y la privatización de la propiedad rural desde 1883, la estructura agraria se reestructuró con la aparición de propietarios privados que protagonizaron la usurpación y la acumulación fundiaria. El “path dependency” (o trayectoria del camino seguido) hasta antes de la guerra fue la limitada y centralizada burocracia pública, que tras la debacle de la conflagración repercutió en la incapacidad estatal de control de la población y del territorio. Así, la formación del mercado capitalista con la concentración agraria se vio facilitada por el Estado dada la debilidad de sus agentes jurisdiccionales y la endeblez de los registros públicos. La transformación en la formación económica y social a finales del siglo XIX comportó un progresivo avance de la división social del trabajo por la instauración de regímenes salariales en sistemas de enclave, basados principalmente en la extracción de los recursos naturales ligados a la explotación forestal y, en menos grado, agrícola.

Con el ocaso del sistema extractivista a mediados del siglo XX y el auge del sistema agropecuario exportador, el orden social escasamente competitivo en que el país se vio sumido con el Estado liberal, constituyó el fundamento de los cambios que experimentó la estructura productiva bajo el régimen político autoritario desde 1954. El sistema agroexportador en la segunda mitad del siglo veinte no requirió la separación decisiva de los productores directos de sus condiciones de producción, sino un proceso dual en el que el Estado consolidó, por una parte, un sistema de producción minifundista con pequeños propietarios excluidos de la acumulación y, por otra parte, un extendido sistema de trabajo no mercantilizado en el que la población rural remanente se urbanizó con la marginalización de sus condiciones de vida.

A partir de entonces, el desarrollo del capitalismo agrario no comportó una estructura social de carácter binario, de propietarios terratenientes y productores sin propiedad sino, como refiere Rodolfo Stavenhagen, la forma típico-ideal de la estructura agraria a lo largo de América latina requirió el acceso de la población rural a variadas formas –aunque fueran mínimas– de posesión de la tierra en el marco del cual las clases rurales se diferencian en función del tamaño de la finca y de la función productiva de la explotación agrícola: minifundio, mesofundio familiar, finca empresarial y hacienda (Stavenhagen, 1980, págs. 102-103). En Paraguay, específicamente la estructura agraria reunió a cuatro sectores fundamentales: los terratenientes ganaderos, los agricultores empresariales, los campesinos minifundistas y los campesinos no-propietarios –sin tierra o bajo variadas formas de aparcería–, que integraron el mercado de trabajo rural tras el declive del sistema extractivo (Fogel, 2005).

Las políticas agrarias, desde mediados del siglo XX, destinaron a cada uno de los sectores referidos una función en la transformación capitalista de la agricultura: los propietarios terratenientes, cuya actividad principal fue la ganadería para la exportación de carne, constituyeron los agentes dominantes articuladores del poder político con las bases sociales, los agricultores empresariales, cuya actividad principal fue la producción de cereales y oleaginosas articularon la estructura agraria local al mercado mundial, y los pequeños propietarios minifundistas, productores de bastimentos de consumo, se insertaron en el mercado capitalista a través de la producción mercantil simple y destinaron ciertos rubros agrícolas a la generación de ingresos bajo el régimen de intermediación⁵. Éstos últimos cumplieron una función política crucial en el Estado autoritario, que fue de constituir la base social de la estructura de poder. De este modo, las políticas públicas conformaron una estructura social adecuada a un régimen político de dominación de modo que, como sostiene Ralph Dahrendorf, la distribución de la autoridad constituyó un factor crucial en la estructuración de las clases (Dahrendorf, 1962, pág. 108).

La concentración de la propiedad en la estructura agraria fue un factor gravitante en el desarrollo capitalista paraguayo estableciendo los criterios de diferenciación social entre las clases propietarias y no propietarias. Sobre la base de la propiedad “la diferenciación social estaba dada por el hecho de estar liberados del trabajo o estar condenados a trabajar” (Rodriguez, 2016). El problema del acceso a la propiedad de la tierra fue una constante en la sociedad paraguaya y la lucha por la tenencia, entre campesinos y empresarios agropecuarios, continúa ininterrumpidamente luego de un siglo. En efecto, “las primeras experiencias de este conflicto se concretaron a principios del siglo XX, debido a la exclusión de grupos campesinos de la tenencia (legal) de la tierra, generada por la creciente difusión de grandes latifundios pertenecientes a empresas extranjeras, que se instalaron en el país, a través de la venta de las tierras públicas, verificada con posterioridad a la conclusión de la Guerra de la Triple Alianza” (Galeano, 2016).

La concentración fundiaria repercute en las características socioeconómicas de la población campesina, intensificando la descomposición social y empujando a su diferenciación interna. “En síntesis, la intensificación de este proceso de diferenciación interna se está traduciendo, estructuralmente, en una mayor heterogeneidad de la clase campesina. Por lo tanto, la identidad de clase relativamente homogénea que caracterizaba al campesinado tradicional estaría cediendo paso, hasta cierto punto. Esto no implica que la misma haya desaparecido, sobre todo teniendo en cuenta que uno de sus ejes históricos continúa vigente, como lo es la lucha por la tierra” (Galeano, 2016).

Las transformaciones que operaron desde 1960 y que se acentuaron a finales del siglo XX, lejos de conllevar la persistencia de modos de producción pre-capitalistas, arrastran a los sistemas productivos a integrar la estructura agraria capitalista de manera diferenciada socialmente. El distintivo en este proceso es el debilitamiento de la familia en su función de articulación de la población con la estructura productiva: el auge de la competitividad desplaza la organización económica basada en el parentesco situando a las reglas impersonales de la productividad económica en el centro de la empresa capitalista. Como refiere Galeano,

“(…) en el transcurso de las últimas décadas, las empresas agrícolas familiares, farmer, perdieron su importancia relativa. En efecto, las explotaciones de 20 a 49,9 hectáreas, que comprendían el 10 % sobre la cantidad total de unidades productivas, registradas por el Censo Agropecuario de 1991, descendieron al 8 % según las informaciones del Censo de 2008. Igual tendencia experimentaron las explotaciones de 50 a 99,9 hectáreas (1991: 2,5 % y 2008: 2,1 %). Por el contrario, el peso relativo de las medianas empresas agrarias aumentó, tal como lo evidencian las informaciones de las explotaciones de 100 a 499,9 hectáreas (1991: 2,5 % y 2008: 3,8 %). Dicho fenómeno igualmente involucró a la grandes empresas, que operan con 500 y más hectáreas de tierra (1991: 1,6 % y 2008: 2,7 %). Estas tendencias tuvieron fuertes impactos en la estructura y en el proceso agrarios del país. En un contexto histórico signado por la intensificación del fenómeno de la globalización, la articulación de los mercados nacionales con los centros hegemónicos mundiales exige que las modalidades productivas agropecuarias reúnan las capacidades de competitividad que poseen precisamente la mediana y la gran empresa capitalista; capacidades que limitadamente disponen las explotaciones farmer y de las que prácticamente carecen las unidades productivas campesinas. Si la soja y la carne vacuna nacionales tienen, en la actualidad, una importante inserción en los grandes mercados mundiales se debe, en gran medida, a la vigencia de dichas modalidades productivas (Galeano, 2016).

La extranjerización del territorio acentúa la despersonalización de la estructura agraria empujando a las familias campesinas a su desarticulación y migración (Galeano, 2012; Glauser, 2009). El desarrollo de las condiciones para la acumulación de capital en las empresas agropecuarias, como sostienen Tomás Palau y Victoria Heikel, redefine la estructura agraria forzando la retracción de la frontera agrícola para los sectores minifundistas que se insertan en el mercado combinando lógicas de producción mercantil con lógicas de reproducción no mercantil (Palau & Heikel, 1987, págs. 140-150). La diferenciación social que opera con la transformación capitalista de la agricultura refuerza el deterioro de las condiciones de reproducción de las unidades campesinas restando fuerza a criterios estamentales que se supone aún persisten en la organización social en los espacios rurales, despuntando una estructura agraria basada predominantemente en la acumulación de capital y la desposesión de medios de producción.

El incremento de la productividad agropecuaria con la modernización de la estructura agraria, se desarrolló en correspondencia con el aumento de la expulsión rural y de la urbanización de la población (Vazquez, 2016; Galeano, 2016; Fogel, 2016). El desarrollo capitalista rural comportó un claro desarrollo de las clases sociales y el mercado atravesó fronteras territoriales y culturales empujando a un proceso de mayor concentración fundiaria y de difusión extendida de lógicas de eficiencia, de los cuales se favorecieron algunos sectores, al mismo tiempo que empujó a otros a la reformulación de estrategias de supervivencia para adecuarse a los cambios. El régimen de intermediación fue la forma dominante de la relación capitalista, aunque no la única. El proceso de auge del capitalismo agrario implicó también la extracción del trabajo excedente por vínculos salariales estacionales entre propietarios y trabajadores agropecuarios así como la apropiación del excedente de productores agrícolas que entablan vínculos de arrendamiento sin contraprestación a cambio de una parcela para la producción de consumo propio. Cabe incluir todas las combinaciones entre estas formas (Fogel, 2005, págs. 51-52) aunque no sean dominantes estructuralmente.

Las condiciones favorables para las empresas agropecuarias y las condiciones difíciles para las unidades campesinas, de participar en el mercado, repercuten en la concentración fundiaria y en la desigualdad social, que en su conjunto es resultado de una estructura de poder en el espacio rural. Ésta se expresa fundamentalmente en la asociación entre los sectores agro-empresariales y las instituciones del Estado. En este sentido,

“debe tenerse en cuenta que la expansión del sector sojero en los últimos diez años se dio (…) recurriendo más a elementos compulsivos que a mecanismos de mercado, ya que al uso intensivo de agrotóxicos se suma la intervención de policías antimotines fiscales y jueces para materializar los desalojos.

Lo paradójico es el hecho que toda la violencia estatal se aplica con los campesinos paraguayos pobres para beneficiar a adinerados sojeros brasileños y, paradoja de paradojas, cuando los campesinos denuncian delitos ambientales o adquisición ilegal de parcelas en colonias nacionales acaban siendo ellos imputados. La expansión de la agricultura capitalista requiere el uso creciente de la violencia, tanto recurriendo a la policía como a los matones de los propietarios sojeros, intermediarios de las determinaciones de las grandes corporaciones del agronegocio” (Fogel, 2016).

Desde otro lugar de revisión, Fabricio Vázquez refiere la diferencia entre los sectores agro-subsistentes y los agro-empresariales, como efecto de la capacidad de respuesta a los estímulos del mercado. “De a poco, el modelo cultural de la agricultura familiar tradicional, centrada en la producción de autoconsumo y sin las herramientas, incentivos ni motivaciones suficientes para el desenvolvimiento de su veta comercial, paulatinamente fue erosionando su capacidad de retener población (…) mientras que los agricultores empresariales, si bien en

su gran mayoría no son empresas jurídicas, tienen un funcionamiento empresarial, es decir, aplican métodos productivos y herramientas financieras exclusivamente para lograr ingresos monetarios. Esta agricultura se rige por el principio de rentabilidad, productividad y eficiencia” (Vazquez, 2016).

La agricultura empresarial pergeña el mercado fundiario interno para responder al mercado externo, reconfigurando el territorio rural para acomodarlo a la producción agropecuaria de alta valorización internacional. Como indica Vázquez, “comúnmente se asocia a la agricultura empresarial con parcelas de gran porte, pero lo que caracteriza a este modelo productivo es su lógica de funcionamiento, orientación al mercado y su estructura vertical de integración. Esto puede producirse en parcelas de 10 has., 100 has. o 1.000 has., aunque la economía de escala exige superficies cada vez más extensas para reducir los costos de producción y maximizar los ingresos” (Vazquez, 2016).

Para Rodríguez, los enclaves rurales de alta productividad, conectados con el mercado externo, contribuyen poco en la absorción de la fuerza de trabajo, razón por la que su impacto en la estructuración de clases no es preponderante. “La acumulación de capital se concentra más en la empresa rural, donde no se contrata mucha mano de obra y donde no hay sindicalismo, así como en los servicios, cuyos gremios fueron desmantelados y no recobraron la fuerza que tenían” (Rodriguez, 2016).

Dado el desmesurado peso del sector agropecuario en una formación social donde la estructura productiva se caracterizó históricamente por la concentración fundiaria y por la predominancia de la población rural, la conformación de una “burguesía industrial” urbana presentó sus debilidades en la sociedad paraguaya. Su diferenciación interna estuvo marcada por la predominancia de una fracción manufacturera-artesanal con baja contribución en el valor agregado nacional y la debilidad de una fracción de impronta tecnológica cuya contribución en el valor agregado y en el empleo es proporcionalmente mayor pero de baja incidencia en el conjunto de la industria. A propósito, se hace oportuna la afirmación de Agustín Cueva de que “la burguesía nace aquí confundida y entrelazada en su origen y su estructura con la aristocracia terrateniente y, este hecho, no deja de repercutir a su turno sobre el desarrollo económico, aunque sólo fuese porque en este caso el capitalista, o más bien, el propietario criollo, posee el concepto de la renta antes que el de la producción” (Cueva, 1994, págs. 85-86).

La proporción de establecimientos industriales fue históricamente baja en el conjunto de ramas de actividad económica y en la participación en el producto interno bruto. Además, la parte más importante de las denominadas industrias están representadas por establecimientos de baja dotación de mano de obra y de activo tecnológico, lo que lleva a caracterizarlos como refirió Mauricio Schvartzman como “empresas de tipo artesanal” (Schvarztman, 2011, pág. 116). Asimismo, las empresas industriales de mediano y gran porte, con alta inversión tecnológica y generación de empleo presentaron una eclosión durante los emprendimientos hidroeléctricos, en especial de las obras de Itaipu, pero limitaron su expansión y dominio en la estructura productiva al transferir el componente del capital destinado a la acumulación en el sector industrial, a otros sectores, en especial el financiero-inmobiliario con un fuerte carácter especulativo (Fogel, 2005).

El capitalismo en la formación social paraguaya se caracterizó por una marcada heterogeneidad estructural, es decir, por una estructura productiva en la que cohabitan sectores y ramas de actividad donde la productividad del trabajo es alta y consonante con el nivel tecnológico disponible, con sectores y ramas de actividad en las que la productividad es baja. Asimismo, comporta una estructura ocupacional con fuerza de trabajo empleada en condiciones de productividad alta y fuerza de trabajo empleada en condiciones de productividad baja constituyendo el subempleo (Pinto, 1974). Esto se traduce en “mayores excedentes de población sumidos en la pobreza, excluidos de la seguridad social y de la información, educación e integración ciudadana, por lo que no tienen otra posibilidad sino insertarse en actividades de refugio con baja productividad, altamente intensivas en el uso de fuerza de trabajo y de baja remuneración. Este conjunto de cambios modifican la estructura del mercado de trabajo, se produce una mayor concentración de empleos regulados en el sector formal, aumento de la tasa de desempleo en el sector rezagado y crecimiento en las actividades de autoempleo” (Cortés, 2016, pág. 62).

Como refiere Agustín Cueva, “el desarrollo del capitalismo no es otra cosa que el desarrollo de sus contradicciones específicas, es decir, de un conjunto de desigualdades presentes en todos los niveles de la estructura social” (Cueva, 1994, pág. 99). En este sentido, el capitalismo paraguayo no promovió la diversificación de la estructura económica que hiciera posible una sociedad con articulaciones básicas (Fogel, 2016). Esta es la razón por la que “en un país que apenas benefició de procesos industrializadores, con mínima clase obrera, de una burguesía altamente dependiente de los privilegios del poder político (…) y un resto de clases campesinas en proceso de disolución, las formas de las antiguas desigualdades de castas continúan compitiendo con la difícil lectura de clases sociales” (Rivarola, 2016).

A modo típico ideal, el desarrollo histórico del capitalismo en Paraguay tuvo las siguientes características en el marco de las cuales se hace posible entender la estructura de clases, en especial en su conformación durante el siglo XX: i. proceso dual de liberalización de la fuerza de trabajo, y ii. socialización progresiva de las relaciones de mercado.

4. Cambios en la composición y disposición de la fuerza de trabajo

El mercado empezó a adquirir un papel importante en la estructuración de las clases después de que las bases económicas e institucionales de un orden social estamental hayan sido arrasadas con la Guerra en 1870. Esto no implica que una estructura de clases propia de un orden social competitivo sucedió al periodo mercantilista pero entró en declive, como señala Milda Rivarola, el criterio de diferenciación, de naturaleza etnocultural, de la sociedad estamental (“sociedad de castas”) en que el cambio de posición estructural de los agentes estaba vedado moral o legalmente⁶. Dicho criterio fue reemplazado por uno mercantil en el que, como sostuvo Weber, la pertenencia a una u otra posición social deja de anclarse en la costumbre o en la ley y pasa a depender de las posibilidades de movilidad social que otorgan las capacidades de mercado (Weber, 1964).

La variedad de formas que asumió históricamente la expropiación de productores directos (separación de los medios de producción) en la estructura social paraguaya, puede sugerir cierta dificultad de aprehender la especificidad de la transformación capitalista de la agricultura. Sin embargo, se hace posible entenderlo como un proceso dual en que, por un lado, aunque los grupos campesinos constituyeron la mayoría de la población, el desarrollo capitalista no implicó para ellos inicialmente la desposesión compulsiva de la tierra sino, por el contrario, el acceso a pequeñas parcelas para sujetarlos a un régimen de intermediación. Por otro lado, los grupos de asentados urbanos en su mayoría no ingresaron inexorablemente a un sistema contractual de venta de su fuerza de trabajo sino que se insertaron en formas laborales no-mercantiles, de baja productividad.

La interdependencia capital-trabajo asalariado tuvo así un margen restringido en la economía paraguaya y el conflicto en la relación de explotación capitalista propio del esquema dicotómico industrial, se definió más bien como un esquema multivariado de interdependencias y de diferenciación social en la estructuración de clases⁷. A contrario de la tesis de que la explotación capitalista se desarrolla solamente en la relación entre el trabajo asalariado y el capital, la misma presenta también modalidades por fuera de la mercantilización del trabajo. Requiere especial atención el proceso según el cual el mercado capitalista extrae el excedente de la población trabajadora que se halla fuera del sector formal del mercado de trabajo, por medio de los mecanismos indirectos de las transacciones en el mercado (compra-venta de bienes y servicios). En éstas, los sectores desfavorecidos transfieren a través de los impuestos indirectos como el que se impone al valor agregado, parte considerable de su renta a la recaudación fiscal con la cual el Estado subvenciona la producción y comercialización del enclave agroexportador. Así, el sistema impositivo opera como una fuente de extracción de excedente del trabajo de la población trabajadora, dado el carácter regresivo del mismo, es decir la proporcionalidad de la contribución no se halla en función de la magnitud de la renta.

Por otra parte, la población rural excedente, se trasladó progresivamente a los territorios urbanos para insertarse como asentados precarios en el sector terciario de la economía (comercio y servicios) estableciendo sus formas de reproducción a través de prestaciones no mercantilizadas de su fuerza de trabajo (trabajo informal). El proceso de liberación de la fuerza de trabajo y la estructuración de las clases en las zonas urbanas comportó, en el caso paraguayo, la conformación de “trabajadores independientes” que emplean su fuerza de trabajo principalmente en el autosustento sin poder enajenarla en la forma mercantil. Si bien, una parte de esos trabajadores corresponden a sectores dotados de calificaciones negociables y por lo tanto, con capacidades de mercado, el sector preponderante lo constituye la fuerza de trabajo independiente, disponible pero excluida de la mercantilización del trabajo⁸. Fernando Masi sostiene que “contrariamente a la mayoría de los países de la región (latinoamericana), las causas del deterioro del empleo y el aumento del empleo informal en Paraguay, no debe buscarse en la reducción del Estado ni en un proceso de industrialización acelerada –y por lo tanto de tecnologización– del país. Es decir, no habido un proceso de expulsión de mano de obra del sector público (…) sino un aumento del empleo público” (Masi, 2003, págs. 253-254).

En suma, campesinos que disponen de sus medios de producción pero vetados de la acumulación de capital y trabajadores que disponen de su fuerza de trabajo pero vetados de la mercantilización laboral, conforman una población económicamente activa que no traba interdependencia directa con el capital y destina su fuerza laboral a producir por sus propios medios sus condiciones de existencia. Por la baja productividad conforman una población económicamente activa en sub-explotación⁹. Como refiere Schvartzman la lógica específica de la acumulación del capital en la sociedad paraguaya remite al análisis de la reproducción a escala ampliada en la que un remanente de la población económicamente activa opera como población excedente, en especial como población de reserva “itinerante” de la fuerza de trabajo (Schvarztman, 2011, pág. 143)

En este sentido, la sub-explotación implica la exclusión relativa de las relaciones de mercado en tanto la población sub-empleada participa de forma subalterna en el mercado pero no se ausenta de él puesto que el mismo constituye su esfera predominante de intercambio y transacción de bienes y servicios. Como estructura de poder, el mercado no implica la ausencia de explotación sino que, como demostró Marx, la forma típica capitalista de explotación, la plusvalía, se realiza en él. La sub-explotación, entonces, es una forma específica de inserción de la población trabajadora en las relaciones capitalistas de producción.

Las formas no mercantilizadas del trabajo excluyen del mercado, no solamente a los grupos rurales migrantes en las zonas urbanas, sino en especial a las mujeres. En efecto, la baja participación económica femenina constituye un indicador del bajo desarrollo capitalista porque la economía no empuja a la mujer a superar su función en la reproducción social ocupando una función importante en la producción económica, dado que la estructura productiva, de baja diversificación, no lo requiere.

Esto tiene implicaciones en la autonomía económica de la mujer que se ve limitada a depender del hombre en el acceso a los ingresos. El carácter patriarcal de la sociedad no se explica solamente por factores económicos como el rezago de la productividad y la consecuente baja participación económica de las mujeres, pero las posibilidades de su crisis y superación se hacen cuesta arriba cuando ellas se hallan en relación de dependencia económica. Como expresa Verónica Serafini,

“(…) muchos hogares no logran satisfacer sus necesidades con el ingreso del hombre, por lo cual se hace imprescindible la participación de la mujer como proveedora de un ingreso más. En estos hogares, la relación entre el patriarcado y el capitalismo, más que ser un ‘matrimonio infeliz’ (…) contribuye al conflicto, ya que la mujer, al acceder a recursos económicos derivados de su inserción al trabajo remunerado, adquiere una mayor capacidad de negociación al interior del hogar.

Y sostiene que en esas condiciones,

(…) la relación entre la mujer y los recursos económicos empieza a ser más directa. A pesar de que, por ello, su situación no pasa automáticamente a ser igual que la del hombre, el mismo

sistema capitalista crea las bases para debilitar el patriarcado cuando, al deprimir el ingreso masculino, empuja a la mujer al trabajo remunerado” (Serafini, 2016).

En suma, la exclusión de grupos específicos de la sociedad es expresión de las características y tendencias de la estructura productiva del país. Como refiere Schvarztman “La reducción de la participación de la fuerza de trabajo en la renta nacional, es un indicador importante del proceso de depauperación relativa de una mayoría de la población, de la que produce bienes y servicios relacionados a la producción. (…) el proceso de acumulación capitalista se abre camino por la pérdida creciente del valor relativo del trabajo social. A su vez, la devaluación del trabajo tiene efectos en la disminución de su demanda efectiva, en la pérdida de significación de ocupaciones artesanales (…) y en la selectividad orientada a la especialización del trabajo y a la productividad. Por lo tanto, se crean dos situaciones concomitantes: la pérdida de valor del salario y la expulsión o no absorción de fuerza de trabajo” (Schvarztman, 2011, pág. 165).

5. Socialización del mercado y despunte de las capacidades de mercado

La estructuración de clases en la actualidad tuvo sus orígenes con la socialización de las relaciones de mercado a partir de la privatización de la tierra en el siglo XIX, proceso en el cual la mayor parte del capital estatal remanente después de la guerra triplealiancista pasó a constituir el patrimonio privado de contadas empresas extractivas y la fuerza de trabajo “liberada” entró en relaciones de interdependencia y sobre-explotación. La expansión del mercado como instancia dominante y exclusiva del intercambio económico tras la venta de tierras públicas (1883) da lugar a los sistemas de enclave de la economía extractiva y la formación de las clases trabajadoras en el periodo liberal.

“La liberalización económica supuso privatizar empresas públicas –como el ferrocarril– y tierras fiscales, que a fines del XIX dieron lugar a inmensas ciudades fabriles tanineras y a una explotación masiva de la yerba mate y los montes de madera. A esto se sumó la inmigración hacia las ciudades de artesanos y pequeños industriales, de origen argentino o europeo. Dos décadas después de la guerra, estas clases trabajadoras “modernas” -es decir, asalariadas y no sometidas a mecanismos extraeconómicos de extracción del trabajotenían ya sus Uniones, Sociedades de Socorros Mutuos, o de Resistencia, y empleaban el instrumento clásico de obtención de derechos laborales: la huelga.

El censo oficial levantado por J. Jacquet en 1886 dio una lectura social basada en criterios no étnicos sino de relación con el capital, las tierras y el trabajo. Un 3,4 % de las 105 mil personas mayores de 15 años –lo que hoy llamaríamos población económicamente activa– era industrial, hacendado o comerciante. Entre artesanos, trabajadores asalariados y no calificados, peones estacionales y servidumbre sumaban más del 13%, mientras cuatro de cada cinco paraguayos (82,7%) seguían siendo campesinos agricultores” (Rivarola, 2016).

La socialización del mercado, es decir, su expansión territorial como relación social dominante de intercambio económico, comportó la diversificación del mercado de trabajo y repercutió en la estructura de clases. Desde entonces adquirió preponderancia la capacidad de mercado como atributo relevante de estructuración social, a diferencia de la estructuración más elemental basada en la propiedad de los medios de producción –en particular la tierra– durante más de tres siglos.

La intensificación del desarrollo capitalista, en la segunda mitad del siglo XX, repercutió en la estructura productiva paraguaya y en el cambio de los criterios de diferenciación social. Aparecen como uno de estos criterios las diferencias de calificación productiva propias de del carácter dual de la estructura productiva. “El incremento del capital productivo y de la escala de la producción, tiene efectos en la disminución de la demanda de fuerza de trabajo que se hace cada vez más selectiva. Al mismo tiempo que pierden significación profesiones y especialidades tradicionales, adquieren cada vez mayor importancia la calificación del trabajo relacionada con la mayor productividad” (Schvarztman, 2011, págs. 142-143).

Dichas transformaciones apuntalaron las ramas de actividad basadas en los servicios cuya expansión fue la más importante en la estructura económica. “La incorporación de un sector terciario o de servicios en el producto social relativiza la verdadera magnitud de la estructura productiva y sus resultados” (Schvarztman, 2011, pág. 144) lo que comportó la extensión creciente en ocupaciones administrativas así como las ocupaciones de comercios y servicios, empujando a un creciente número de individuos a demandar por calificaciones negociables que sirvieron para luchar contra la exclusión. Este escenario dio lugar a aspiraciones inéditas en la población paraguaya de búsqueda de oportunidades en un mercado de trabajo extendido desde la oferta laboral y restringido desde la demanda formal.

Por su lógica constitutiva el mercado capitalista valoriza ciertos atributos cuya desigualdad de posesión entre los agentes entraña desigualdades sociales, base de la explotación entre los grupos que disponen, en diferentes grados, de esos atributos. La educación constituyó el mecanismo por excelencia para el acceso a las cualificaciones negociables que otorgan oportunidades en el mercado cuando se expandió el acceso a la educación desde la última década del siglo XX. Las credenciales que el sistema educativo otorga da lugar a la emergencia de lo que Randall Collins (1989) definió como “sociedad credencialista”, es decir, una estructura social regida crecientemente por la valorización de los diplomas y donde, con el credencialismo, la desigualdad adquiere nuevas formas.

La búsqueda de recursos y oportunidades en el mercado moviliza progresivamente a los agentes para desarrollar sus capacidades de mercado, sea por el acceso a la propiedad o bien a las credenciales, redefiniendo los clivajes de la división del trabajo y, por tanto, redefiniendo los criterios de clase. En este sentido, la propiedad y las credenciales comportan componentes de la capacidad de mercado cuya desigualdad de disposición se traduce en relaciones de explotación, en tanto origina la apropiación del excedente de una clase por la otra y refuerza la desigualdad social¹⁰.

La socialización del mercado comporta la socialización de las relaciones de explotación que según Marielle Palau son constitutivas de la clase social en el capitalismo paraguayo, operando en una modalidad dual: la explotación directa y la explotación indirecta (Palau, 2016). Con base en las tesis de De Ste. Croix (1984), esta autora define la primera forma como directa e individual que concierne la explotación del trabajo mercantilizado en la que el capital extrae el excedente directamente en el proceso productivo y la segunda forma como indirecta y colectiva, que actúa a través de la carga impositiva desproporcional en la que el Estado apuntala los intereses de unas clases en detrimento de otras¹¹.

Pero la relación de explotación no necesariamente desemboca en el conflicto abierto de clases en el sentido de que la disputa sea por la propiedad. Ésta hace parte del conflicto social pero no se agota en ella puesto que al involucrar también las credenciales, el objeto del conflicto social se redefine. En este sentido, las capacidades de mercado cuentan en el conflicto en torno a la tasa de explotación capitalista, la que varía según las credenciales disponibles. La discusión sobre la acción colectiva se hace crucial. En efecto, la interacción entre las condiciones objetivas de inserción en las relaciones de clase -sea por el acceso a la propiedad o bien por la disposición de calificaciones negociablesy la acción colectiva basada en una conciencia de clase, remite a abordar de qué modo se tramita institucionalmente la desigualdad y la tolerancia a la exclusión, ambos aspectos fundamentales para comprender el conflicto social¹².

Cuando la desigualdad implica el acceso restrictivo a los recursos que otorgan capacidades de mercado tales como la propiedad o las credenciales, menor resulta la tolerancia a la exclusión y emergen condiciones objetivas de acción colectiva (Giddens, 1992). Estas condiciones objetivas no se traducen automáticamente en acción de clase ya que como refiere Palau, “son las experiencias compartidas y la participación en las luchas las que posibilitan la formación de la clase” (Palau, 2016). Ahora bien, tampoco la acción colectiva que despunta de las experiencias compartidas y las luchas conllevan por fuerza la conciencia de clase. La construcción de ésta se hace tanto más difícil cuando las posiciones en la estructura social no conllevan un cierre de la movilidad social tanto intergeneracional como interocupacional. Es decir, si como efecto de las instituciones no se logra abrir las oportunidades de movilidad social, entonces se constata que la acción colectiva apuntala en su proceso la formación de una conciencia de clase. Este es el caso de las clases campesinas cuyas condiciones de vida dependen casi exclusivamente del acceso a la tierra así como del desarrollo de la productividad de sus fincas. Cuando sus luchas no despuntan en una ni otra, estos sectores sociales se identifican como clase social en conflicto con oponentes identificables en la estructura social (Fogel, 2005).

Con el advenimiento del proceso de democratización en Paraguay, a partir de 1989, inicia un proceso de burocratización de la pluralidad política con el creciente reclutamiento en la función pública de afiliados de diferentes partidos políticos. Este proceso, conocido también como “clientelismo plural” (Setrini, 2011), comportó el aumento de los niveles de credenciales exigidas para el acceso a la burocracia y se combinó con la forma prebendaria de reclutamiento, presionando por la expansión de las demandas educativas en la población que percibió en el empleo público un espacio plausible para sus aspiraciones de movilidad.

El arribo de nuevos agentes a las clases superiores, en gran parte de extracción rural (guarani hablante), se debió a la acumulación económica dentro de la burocracia estatal y al emprendimiento de negocios con el Estado así como actividades ilícitas fuera de él pero con su anuencia. En correspondencia, nuevas relaciones distributivas se configuraron en términos de grupos de status basados en el consumo, que tal como señala Fogel constituye el “rasgo común de quienes comparten esa situación de clase (…) cooptados por el consumismo y sus promesas, en avances hacia una sociedad de consumidores, forjando la cultura que busca evitar la caducidad con la adquisición de lo novedoso” (Fogel, 2016). El sistema educativo permitió el acceso a cierto poder de definición sobre esas relaciones distributivas: habilitó el acceso a cierto prestigio relativo haciendo visible para los sujetos su pertenencia a ciertos grupos de status, con estilos de vida definidos, lo cual se tradujo en procesos de diferenciación y de acción colectiva.

Las manifestaciones sociales, entre 2011 y 2016, contra la corrupción en la administración pública, por el acceso a la información, por la democratización del gobierno en la universidad pública y por la calidad educativa, tiene como denominador común que moviliza a los sectores sociales que accedieron recientemente a altos perfiles de calificación educativa, fundamentalmente de clases medias. Si contamos las primeras cohortes de egreso de la reforma educativa (2005 en adelante) y las primeras cohortes de egreso en la educación superior de esa misma generación (2010 hasta la actualidad), nos hallamos con una proporción significativa de población, especialmente urbana, que dispone de mayor volumen de credenciales y que está lista para disputar puestos y cargos en el sector público (donde las medias de ingresos son, como se constata en el sgte. acápite de este texto, más elevadas), pero cuyo acceso se presenta aún fuertemente limitado por la lógica prebendaria y patrimonial. En este marco, la demanda creciente de “transparencia” o “calidad” expresa un conflicto social de clase en la magnitud en que implica la disputa de las clases medias, por las oportunidades que la educación habilita, a saber, el acceso al trabajo y la movilidad social.

Las desigualdades sociales, constituidas tanto por la desigual distribución del acceso a la propiedad como del acceso a las credenciales, interpelan las posibilidades objetivas de satisfacción de las demandas de bienestar para los sectores desfavorecidos en la estructura social así como establecen las condiciones de acumulación y concentración para los sectores privilegiados. En este sentido, el conflicto social se configura cada vez menos en torno al acceso a bienes satisfactores como a atributos calificadores, es decir, capacidades que aseguran condiciones de vida exigibles como derechos así como a oportunidades de equidad en condiciones de vida comparables como status.

La importancia de las credenciales como indicadoras de nuevos estilos de vida, desdibujó las tradicionales formas de capacidad de mercado ligadas a la propiedad, repercutiendo en nuevas formas de estructuración de clases. En efecto, procesos como la emergencia de “nuevas clases medias” en los espacios urbanos -celebrada por organismos multilaterales como el Banco Mundialo bien, procesos de emergencia de “ciudades intermedias” (Goetz & Vazquez, 2014), constituyen la expresión social y territorial, respectivamente, de un cambio en la estructura productiva en la que el aumento de la importancia de las calificaciones negociables alientan la búsqueda de credenciales educativas y una redefinición de las capacidades de mercado.

En suma, la socialización del mercado a lo largo del siglo XX tuvo como consecuencia la diversificación de los criterios de estructuración de clases en la ausencia de un orden social competitivo (Fernandes, 1983), el cual fue socavado por los agentes dominantes de la estructura social paraguaya, alzados con el control del Estado y en favor de un orden oligárquico, con fuerte base agraria y con la exclusión de la población trabajadora de los procesos de mercantilización del trabajo.

6. Enclasamientos y clasificaciones¹³

6.1. Cambios morfológicos versus cambios estructurales

Los cambios sociales que conciernen al volumen y composición de las clases -cambios morfológicos-, no repercutieron, en veinticinco años, en el modelo de apropiación del producto social y no comportaron cambios estructurales que afecta la desigualdad entre las clases. El carácter sistemático de la concentración de los recursos y las oportunidades nos persuade de que el poder subyace en las relaciones entre los grupos dando cuenta de la continuidad de un status quo estructural.

En este marco, el enclasamiento de los grupos sociales bajo los criterios de propiedad y de calificación se puede constatar con verosimilitud en las categorías de medición estadística que expresan tanto las características empíricas de la diferenciación como de la jerarquización social en el proceso histórico, es decir, que dan cuenta empíricamente de la distribución del poder (Graciarena, 1972; Bourdieu, 1979). El desarrollo histórico-concreto de la estructura social paraguaya comportó, desde 1991, cambios que no fueron de orden estructural pero sobre los cuales la existencia y emergencia de clases sociales presentaron redefiniciones significativas. A través de las categorías socio-ocupacionales se hace posible entender el cambio morfológico de las clases y comprender la condición de posibilidad de las subjetividades -y de acciones colectivasque, al concatenarse con los procesos de urbanización y masificación educativa, hacen posible la interpelación del orden social dominante marcado por la concentración y la desigualdad (Ortiz, 2008; Galeano, 2002).

Con el planteamiento de los criterios teóricos y sus fundamentos histórico-concretos para la clasificación de la diferenciación social, el enclasamiento de los grupos diferenciados empíricamente parte de la organización social constituida por relaciones de clase según el acceso a la propiedad y a las credenciales, haciendo inteligible la homogeneidad de los grupos sociales al interior de cada uno (clases) así como la heterogeneidad entre los diferentes grupos. Son varios los modos de definición y medición de los enclasamientos. A partir de la información de las características socioeconómicas de la población y del mercado de trabajo, relevada a través de encuestas de hogares, las condiciones de la estructura productiva y del campo cultural constituyen las dos dimensiones que, en su interconexión, desglosan las categorías de diferenciación y jerarquización requeridas. “Lo que importa es que estas distinciones y otras ocurren dentro de un sistema socioeconómico determinado, en el que las clases en oposición son también complementarias y están dialécticamente ligadas entre sí, ya que son parte integral del funcionamiento de un todo” (Stavenhagen, 1980, pág. 32).

Las definiciones con pretensión de clasificación empírica pueden evidenciar o bien desplazar el problema de las relaciones sociales en función de una definición de las categorías y sus “puntos de corte” sin considerar los condicionamientos económicos, políticos o simbólicos. Es el conjunto de estos condicionamientos “lo que refuta la supuesta neutralidad formal del concepto de estratificación así como de todo y cualquier concepto en ciencias sociales. Ya que responden según cada orientación escogida o de la que se parte para comprender e interpretar dicho objeto y problema, se considerará de una manera u otra el que exista uno u otro tipo de estructura de diferenciación, así como el criterio que la define: clases, estratos, posiciones, etc.” (Caballero, 2006, pág. 239).

6.2. Las categorías de ocupación económica

A propósito, valga el ejemplo de la variable identificada como un “proxy” corriente de la estratificación social, a saber, la “categoría de ocupación económica”, que clasifica a la población de 10 años y más de edad según la forma de inserción en el mercado de trabajo: obrero, empleado, patrón, trabajador independiente, familiar no remunerado o empleado doméstico.

En el periodo 1997-2006 la categoría de empleador o patrón constituye la categoría con mayores ingresos medios, seguida de los empleados, pero éstos con diferencias de ingresos según se trate de Empleados públicos o Empleados privados”. Ahora bien, y este es un problema de esta clasificación, estos últimos se asemejan en su tendencia con los Obreros públicos en términos de los ingresos, mientras que los Obreros privados presentan una tendencia sus ingresos similar a la de los Trabajadores independientes.

Es sintomático el bajo nivel de representación de los Empleados y Obreros (sean éstos del sector público o privado), que hasta el año 2014 no representaban más del 48,8 % de la población ocupada a nivel nacional. Al mismo tiempo, concita la atención el peso de los Trabajadores independientes (31,2 %), lo que traduce el débil nivel de industrialización de un país cuya estructura económica se compone de pequeñas unidades productivas. Esta categoría de trabajadores dispone de bajos niveles medios de ingreso así como de bajos niveles de escolarización. Asimismo, se constata la relativamente alta representación de los Trabajadores familiares no remunerados (6,8 %) y de los Empleados domésticos (6,8 %). Estas últimas tres categorías concentran la mayor parte del empleo informal en el país.

El que los Empleados públicos cuenten con ingresos medios más altos que los Empleados privados traduce el bajo nivel general de remuneración de estos últimos, lo cual se debe a la predominancia de unidades productivas de tamaño pequeño y de bajo desarrollo productivo, es decir, la relativamente baja productividad del sector privado. Como se constata en el gráfico 1, las diferencias de ingresos medios entre la categoría Empleador y patrón –en principio aquella con mayor poder adquisitivo– y la categoría de Empleado doméstico es apenas de proporción 1 a 7, lo cual resulta inconsistente dada la fuerte concentración del ingreso y la desigualdad económica en el país.

Gráfico Nº 1. Categorías de ocupación económica según Ingresos medios, periodo 1997-2006

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, Encuestas permanentes de hogares 1997-2006.

Para el siguiente periodo, como se constata en el gráfico 2, si bien la categoría Empleador o patrón conserva la tendencia de ingresos medios superiores a la de las demás categorías –con fluctuaciones marcadas– el cambio en las encuestas de la agrupación de categorías llevaron a condensar la información en torno a la situación de dependencia respecto del sector público con la nueva categoría Empleado y Obrero público, que cuenta con medias de ingresos notoriamente superiores a los de la nueva categoría, también Empleado y Obrero privado, con ingresos medios similares a los de los Trabajadores independientes y no muy distantes a los de los Empleados domésticos. Los ingresos medios de los Empleadores y patrones es el que más aumenta, casi duplicándose entre 1997 y 2006, pero con una retribución relativa baja, a juzgar por los montos que tienen más parecido con los de la retribución al trabajo en general. Además, las diferencias de ingresos entre los Empleados y Obreros del sector público con los del sector privado son marcadas, constituyendo los niveles de remuneración del sector privado montos marcadamente bajos. En efecto, entre 2007 y 2014 los Empleados y obreros del sector público lograron duplicar sus niveles medios de ingresos, no así los Empleados y Obreros del sector privado.

Gráfico Nº 2. Categorías de ocupación económica según Ingresos medios, periodo 2007-2014

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, Encuestas permanentes de hogares 2007-2014.

Por otra parte, las categorías de ocupación económica indican sus principales discordancias con un criterio de intra-homogeneidad y extra-heterogeneidad cuando en el periodo 1997-2006 (gráfico 3) se constata que, en términos de la escolaridad media, la categoría de Empleado público presenta la tendencia con mayores medias de años de estudio, por encima de la tendencia media de la categoría de Empleador o patrón e incluso de la categoría Empleado privado. Esta tendencia es consistente, no en función de la diferenciación social para la definición de los enclasamientos y las clases sociales, sino para verificar que el empleo público –codiciado en la sociedad paraguaya– aumentó la demanda de calificación para el acceso a los puestos, aun si ello no se traduzca –lejos de eso– en el aumento de efectividad y eficiencia del sector. Asimismo, los años de estudio de los Empleadores y patrones se hallan alrededor de 9 en el periodo considerado (1997-2006), lo que corresponde apenas al nivel equivalente de culminación del tercer ciclo de la educación escolar básica. Los años de escolaridad de todas las demás categorías de ocupación sugieren que el nivel de formación no supera el nivel secundario.

Gráfico Nº 3. Categorías de ocupación económica según Escolaridad media, periodo 1997-2006

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, Encuestas permanentes de hogares 1997-2006.

Sin embargo, como se constata en el gráfico 4, la inconsistencia no varió para el periodo 2007-2014 sino se intensificó: la nueva categoría de Empleado y Obrero público presenta mayor escolaridad media que los mismos Empleadores y patrones cuando la tendencia era la inversa en el periodo anterior, en especial en lo que respecta a la relación de la escolaridad de esta categoría con las categorías de Obreros, tanto del sector público como privado. En el nuevo periodo, la categoría de Empleado y Obrero privado presenta exactamente la misma tendencia de escolaridad que la de Empleador y patrón, contradiciendo la tendencia del periodo anterior.

Gráfico Nº 4. Categorías de ocupación económica según Escolaridad media, periodo 2007-2014

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, Encuestas permanentes de hogares 2007-2014.

En síntesis, no siempre se observa que las categorías con mayores ingresos son las que disponen de más años de escolarización: este es el caso de los empleadores y patrones que tienen los mayores niveles de ingresos pero no el mayor número de años de estudio. Sin embargo, en el periodo 1997-2006, se observa una correspondencia entre ingresos medios y escolaridad media en el caso de los Empleados públicos y de los Empleados privados. No obstante, en el mismo periodo, los ingresos de los Obreros públicos son similares a los de los Empleados (públicos y privados), mientras que sus años de estudio son inferiores. En el periodo siguiente (2007-2014), la categoría de Obreros aparece agregada con la de Empleados, por lo que no se puede efectuar las mismas observaciones. Sin embargo, se sigue notando la correspondencia entre ingresos medios y años de estudio para los Empleados y Obreros públicos, así como para los Empleados y Obreros privados, no así para los Empleadores y patrones.

Caballero y Fogel refieren a estas categorías ocupacionales como una de las modalidades plausibles para indicar la posición ocupada en la estructura productiva (Fogel, 2005; Caballero, 2006), sin embargo, la “categoría de ocupación económica” da más bien cuenta del tipo de relación entre los trabajadores y el establecimiento empleador no así de la posición en la estructura productiva general. Esto porque, en primer lugar, constituye una descripción limitada de la posición en la estructura productiva (por la referencia de la sola ocupación económica) obviando la diferenciación visible –incluso económica– al interior de cada una de ellas, lo que contradice el principio de intra-homogeneidad. En segundo lugar, no captura la diferenciación educativa y su carácter jerárquico en las categorías ordinalmente organizadas, lo que dificulta dar cuenta de criterios robustos en la conformación de las clases y, por lo tanto, de diferenciación con otras categorías contradiciendo el principio de extra-heterogeneidad. En tercer lugar, su medición concreta en las encuestas de hogares atravesó una modificación en términos de las categorías definidas hasta el año 2006, dificultando la comparación entre un primer periodo de medición (1997-2006) y un segundo periodo (2007-2014). De este modo, el ordenamiento de las categorías de posición superior y de posición inferior no queda claramente definido, pudiéndose advertir solamente la diferenciación en términos de los ingresos, es decir una diferenciación económica y no de otros criterios de diferenciación, en especial la educativa.

6.3. Las categorías socio-ocupacionales

Los enclasamientos inconsistentes tanto en términos de los ingresos como en términos de la escolaridad, indican que la variable “categoría de ocupación económica” no constituye un indicador adecuado en la clasificación de las clases sociales. La categoría que se adecua con verosimilitud es la categoría socioocupacional. En el esquema 1 se puede constatar sus diferencias comparativas.

Esquema Nº 1. Comparación entre categorías de ocupación de 1er. y 2do. periodo

de medición vs. categorías socio-ocupacionales

Categorías de ocupación

1997-2006

Categorías de ocupación

2007-2014

Categorías socio-ocupacionales

1997-2014

» Empleado público

» Empleado privado

» Obrero público

» Obrero privado

» Empleador o Patrón

» Trabajador independiente

» Familiar No remunerado

» Empleado doméstico

» Empleado y Obrero público

» Empleado y Obrero privado

» Empleador o Patrón

» Trabajador independiente

» Familiar no remunerado

» Empleado doméstico

» Patrones de empresas y grandes propietarios agrícolas

» Miembros Poderes de Estado/ Directivos de empresas

» Profesionales, Científicos e Intelectuales

» Técnicos y Profesionales de nivel medio

» Empleados de oficina

» Trabajadores de servicios y Comerciantes

» Operadores de instalac. y maquinas, Montadores

» Oficiales, Operarios y Artesanos

» Trabajadores no calificados

» Agricultores, Trabajadores agropecuarios y Pesqueros



≠

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, Encuestas permanentes de hogares 2007-2014.

Las virtudes de las categorías socio-ocupacionales radican en tres aspectos: i. su consistencia en indicar ordinalmente las posiciones en la estructura social en función de la asociación de los indicadores de ingresos y escolaridad, asegurando los criterios de intra-homogeneidad y extra-heterogeneidad, ii. su distribución acorde al proceso histórico-concreto dando cuenta de los cambios que operaron en la sociedad paraguaya durante las dos últimas décadas y, iii. la continuidad metodológica de su medición en el periodo considerado (1997-2014).

En primer lugar, la categoría social que históricamente concentró los recursos y las oportunidades, a saber, los Patrones de empresas y grandes propietarios agrícolas, es la categoría con mayores niveles de ingresos medios, marcadamente superiores al resto de las categorías (gráfico 5). Además la tendencia en el tiempo de la distribución de los ingresos se expresa en una curva con pendiente creciente y marcadamente pronunciada en el caso de ésta categoría social, diferente al del resto, cuyas tendencias son de crecimiento moderado.

Debajo de esta categoría, se hallan los Miembros de poderes del Estado y directivos de empresas cuyas medias de ingresos se hallan a su vez por encima de la categoría subsiguiente, a saber la de los Profesionales, científicos e intelectuales y cuya tendencia fue creciente salvo en un periodo (2007-2008) en el que experimentó una caída notoria. Por otra parte, las categorías más desfavorecidas de la estructura social, a saber, los Agricultores, trabajadores agropecuarios y pesqueros conjuntamente con los Trabajadores no calificados cuentan con los ingresos medios más bajos hasta el 2013, año en el que esa media de ingresos no alcanzaba siquiera al monto del salario mínimo legal vigente en el país.

Gráfico Nº 5. Categorías socio-ocupacionales según Ingresos medios. Periodo 1997-2014

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, Encuestas permanentes de hogares 1997-2014.

Por otra parte, la distribución de la escolaridad media indica que las categorías sociales mantuvieron, a lo largo de dos décadas, diferencias medias de escolarización (desigualdad educativa) a pesar del aumento relativo de años de estudio de todas las categorías. Esto es propio de un proceso de masificación educativa en el cual todos los sectores sociales se beneficiaron con un incremento de su escolaridad.

Las categorías con mayores niveles de años de estudio son, en primer lugar, los Profesionales, científicos e intelectuales seguidos de los Patrones de empresas y grandes propietarios agrícolas. Estos últimos aumentaron considerablemente su capital educativo entre 1997 y 2001 pasando de 10 a 14 años de estudio en dicho periodo. Por su parte, una categoría con altos niveles de ingresos, a saber la de los Miembros de poderes del Estado y directivos de empresas, presentan altos niveles de escolaridad aunque con similares proporciones de categorías sociales de clase media tales como los Técnicos y profesionales de nivel medios y Empleados de oficina. Entre las categorías de clase desfavorecida, cuatro presentan escolaridad media similar, que son los Operadores de instalaciones y maquinarias, los Trabajadores de servicios y comerciantes, los Oficiales, operarios y artesanos así como los Trabajadores no calificados, mientras que marcadamente por debajo se hallan los Agricultores, trabajadores agrícolas y pesqueros, que para el año 2014 apenas alcanzaban los 6 años de estudio equivalentes a la educación primaria del sistema educativo que precedió al actual, sin lograr los 9 años de estudio que se pretendió extender a la población con el nuevo sistema educativo (que data de 1993) al prescribir la obligatoriedad de la educación escolar básica hasta el noveno grado.

Gráfico Nº 6. Categorías socio-ocupacionales según Escolaridad media. Periodo 1997-2014

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, Encuestas permanentes de hogares 1997-2014.

En el transcurso de 18 años uno de los sectores tradicionales de la sociedad paraguaya, a saber, el de los Agricultores y trabajadores agrícolas disminuyó su proporción demográfica en la estructura social paraguaya del 27% en 1998 al 18% en 2014 debido al proceso de concentración de la tierra, dándose paulatinamente una expulsión de la población rural y la migración hacia los espacios urbanos. En contrapartida, la categoría de Trabajadores de servicios y comerciantes propia de una economía urbana aumentó en el periodo pasando de un volumen de 13% al 18%. Por primera vez en el periodo y en la historia paraguaya, la categoría socio-ocupacional ligada al sector rural deja de constituir el sector social más representado (ver gráfico 7). Mientras que en 1997 la categoría de Trabajadores de servicios y comerciantes tenía un peso relativo que representaba la mitad del peso de los Agricultores, trabajadores agrícolas y pesqueros, en 2014 esta tendencia se modifica y el peso de los Trabajadores de servicios y comerciantes pasa a ser superior. En el mismo periodo, la categoría de Trabajadores no calificados se mantiene estable y alta. Esto indica que la tercerización de las ocupaciones también mantiene altos niveles de precariedad. Si la presencia de una clase media emergente es claramente perceptible en los espacios urbanos, se constata su correspondencia con la precarización de los asentamientos.

Gráfico Nº 7. Evolución del volumen de las categorías socio-ocupacionales. Periodo 1997-2014

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, Encuestas permanentes de hogares 1997-2014.

Efectivamente, las categorías de las clases desfavorecidas tales como los Trabajadores no calificados” y los Oficiales, operarios y artesanos mantuvieron relativamente su proporción en la estructura social. Por otra parte, las categorías de Profesionales, científicos e intelectuales así como la de Técnicos y profesionales de nivel medio incrementaron su proporción en la estructura social de una media similar para cada una de 3%, a una de 7%. La extensión del credencialismo en la sociedad, tal como se indicó arriba, se verifica con el aumento relativo de este tipo de categorías sociales. La tendencia de los Empleados de oficina y los Operadores de maquinaria y montadores es de mantenimiento de su volumen proporcional en la estructura social.

Finalmente, los Patrones de empresas y grandes propietarios agrícolas conjuntamente con los Miembros de los poderes del Estado y directivos de empresas constituyen las categorías con más baja representación, siendo la primera alrededor de solamente el 1% de la población mientras que la segunda manteniéndose en torno al 3%, aunque entre los años 2012 y 2014 esta última ascendió al 5% de la población. La débil representación de estas categorías debe ser puesta en perspectiva respecto de sus niveles medios de ingresos, que son ampliamente superiores a los de las demás categorías, indicando la alta concentración de los ingresos en el país.

Si la distinción entre las clases no puede verificarse sino a lo largo de un proceso cuya tendencia se expresa en el tiempo, la distribución en un momento de ese proceso de los volúmenes de activos que otorgan fuerza en las relaciones de poder, da cuenta de que la composición de las clases se da por el activo global del que disponen. En efecto, como se constata en el gráfico 8, ciertas categorías sociales se hallan marcadamente alejadas de las medias de los indicadores de esos activos mientras otras se acercan en unos y se alejan en otros. En los primeros casos, cuando la dispersión respecto de las medias de uno y otro indicador toma signo negativo, las categorías se definen como categorías desfavorecidas en la estructura social. Este es el caso de los Agricultores, trabajadores agrícolas y pesqueros, de los Trabajadores no calificados así como de los Oficiales, operarios y artesanos. Asimismo, cuando la dispersión toma signo positivo las categorías se definen como categorías privilegiadas, siendo el caso de los Patrones de empresas y grandes propietarios agrícolas, de los Miembros de los poderes del Estado y directivos de empresas, así como de los Profesionales, científicos e intelectuales.

En los casos en que se alejan de la media de un indicador y se acercan al otro, y viceversa, las categorías se definen como categorías intermedias. Este es el caso de los Profesionales de nivel medio, los Empleados de oficina, éstos con mayor volumen de un tipo de activos, a saber los ingresos medios, mientras que por otra parte están los Operadores de maquinaria y montadores así como los Trabajadores de servicios y comerciantes, con menor volumen de ingresos medios respectivamente.

Gráfico Nº 8. Distribución de las clases en la estructura social según correspondencia entre niveles de ingresos y escolaridad. Año 2014

Fuente: Dirección Gral. de Estadística, Encuestas y Censos, Encuestas de hogares 1997-2014.

La distribución de las categorías socio-ocupacionales en la estructura social paraguaya indica altos niveles de concentración de los tipos de capital de mayor apreciación en la sociedad, a saber, el capital económico y el capital cultural (Bourdieu, 1979). En función de sus indicadores característicos que son los ingresos monetarios y los años de estudio, las diferencias de volúmenes de uno y otro respectivamente operan como mecanismos de separación entre las clases sociales, generando distancias sociales no sólo en términos socioeconómicos, sino también en términos de las condiciones de existencia y de estilos de vida entre unas clases y otras, constituyendo esas distancias el principio explicativo de la diferenciación jerárquica de los grupos en la sociedad (Ortiz, 2015).

Con base en este análisis de correspondencia, se puede identificar la lógica de enclasamiento de las categorías, es decir, la estructura subyacente en la cual éstas adquieren la forma de agrupaciones sociales (clases) con experiencias sociales compartidas que organizan las prácticas y representaciones.

Gráfico Nº 9. Categorías agrupadas (clases) según distribución en la población. Periodo 1997-2014

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, Encuestas permanentes de hogares 1997-2014.

En el transcurso de casi dos décadas, el carácter tripartito de la estructura social paraguaya revela algunas tendencias. La primera es que la diferencia demográfica entre las clases privilegiadas y las clases medias es marcadamente inferior que la de las clases desfavorecidas de la sociedad y las clases medias conjuntamente con las clases privilegiadas (gráfico 9). La segunda tendencia, de que el volumen de las clases desfavorecidas en la población paraguaya es marcadamente superior que de las clases dominantes y clases medias juntas, constituyendo la media histórica, en el periodo analizado (1997-2014), de aproximadamente el 80%. La tercera tendencia es que, a pesar de esta proporción, las clases desfavorecidas disminuyen demográficamente de modo que en el periodo comprendido entre 2004 y 2013 pasó de un 81% a un 71% con el correlativo aumento de la proporción de las clases dominantes, que del 2004 al 2013 pasaron del 7% al 12%, al igual que las clases medias que pasaron del 13% al 17% respectivamente.

Esto nos indica que las desigualdades constatadas en la posesión de los principales activos que confieren bienestar socioeconómico y viabilizan el ejercicio de los derechos en la sociedad paraguaya continuarán su curso, pero se verifica que uno de los criterios, a saber, el de las calificaciones educativas (credenciales), otrora despreciable en su incidencia sobre la estructuración de clases, cobró fuerza y redefine la lógica de la acumulación generando márgenes de oportunidades inusitadas a las clases medias.

7. Conclusión

La historia del capitalismo paraguayo comportó avances y retrocesos en la estructuración de clases bajo un impulso igualitarista. El horizonte limitado que ofrece el mercado capitalista para el desarrollo de un orden social competitivo es una de los condicionamientos cruciales para hacer lugar a una estructura de clases donde el conflicto social, factor constitutivo de la misma, se institucionalice en un régimen democrático. La estructura de poder en la sociedad paraguaya configura la diferenciación social no para la introducción de las relaciones de clase en la institucionalidad pública, sino para la instrumentalización de la desigualdad en favor de la acumulación por parte de las clases dominantes y la explotación de las clases subordinadas.

Históricamente las clases sociales disputaron la apropiación del producto social en el marco de regímenes jurídico-políticos que institucionalizaron la desigualdad social con bajos niveles de movilidad social. Si bien el criterio de estructuración de clases perdió la preponderancia de los factores etnoculturales que caracterizó a la colonia y a la primera república (1811-1870), bajo la forma mercantil en la actualidad esa estructuración aun relega, a través de las políticas públicas, a ciertos sectores sociales históricamente desfavorecidos, restringiendo sus oportunidades sociales y sus capacidades de mercado.

La desigualdad social se configura con sectores sociales intermedios en la estructura social y delinea una estructuración tripartita pero polarizada de clases: las clases superiores y clases medias, de baja representación demográfica, concentran los recursos de propiedad y calificación, así como comparten una experiencia social (estilos de vida) que clausura su apertura a las clases subordinada¹⁴, éstas últimas vetadas del acceso a la propiedad y con bajos niveles de calificación, aún si constituyen el sector demográficamente mayoritario de la población. El corolario de este modelo es la marcada debilidad de la movilidad social en la estructuración de las clases, es decir, que los clivajes no comportan relaciones distributivas por medio de las cuales el acceso a recursos y oportunidades se dirimen en la competencia y en cierta meritocracia, contrario a sistemas asociados a linajes sociales.

La estructura productiva en la actualidad tiene al sistema agroindustrial con orientación exportadora, el núcleo fundamental de la acumulación y concentración, limitando la ampliación del mercado interno y avanzando en la expulsión de la población rural. La urbanización por desruralización –y no por industrialización– se caracteriza por la no-planificación social ni espacial, así como mantiene el carácter dual de la productividad económica, verificándose un desarrollo capitalista con baja racionalización social.

Tanto el régimen de intermediación en el mercado rural como la informalidad laboral urbana constituyen las formas a través de las cuales la extracción del excedente opera en detrimento de la mercantilización del sistema minifundista y de la fuerza laboral, limitando el desarrollo productivo en todos los niveles. La vía directa como indirecta de explotación (que concierne la contribución impositiva a través de impuestos indirectos) restringe la participación en el mercado de todos los sectores, limitando a algunos su capacidad de disputar los recursos y las oportunidades con capacidades comparables.

La burguesía urbana, de fuerte carácter artesanal y de baja participación en el producto social, deja el margen a la burguesía rural y a los hacendados ganaderos, apuntalar la forma y lógica de la estructura productiva en su conjunto. De hecho, la expansión de las credenciales se valoriza sobre todo en la empresa capitalista agropecuaria, donde se verifica el más alto incremento relativo de los ingresos y de la escolaridad media. En contrapartida, las ramas de comercio y servicios presentan bajos niveles de productividad a juzgar por la magnitud de los ingresos y de los años de estudio de las categorías sociales conformantes.

En suma, la concentración de la propiedad en el sector de mayor productividad (el agropecuario) y la acumulación de las credenciales en la empresa agrícola, en las ramas de profesiones liberales y en la burocracia pública, centralizan el acceso a los derechos y oportunidades en las clases superiores y en las clases medias, en las cuales se congregan los grupos que detentan el poder económico, político y cultural del país.

Los cambios constatados en la sociedad paraguaya se deben a las transformaciones morfológicas de la estructura social propias de los efectos de la transición demográfica que se acompaña de una cierta extensión de las posibilidades de movilidad socio-espacial de la población (Zelinsky, 1971). La tercerización acelerada de la economía nacional es, a la vez, causa y consecuencia de este proceso sociodemográfico. La disminución del número de hijos por hogar o la apuesta por la educación superior indican que operan redefiniciones en las decisiones de estructuración y de planificación de la vida de la población. Este proceso es correlativo con el aumento de los empleos en el sector terciario y con la masificación del sistema educativo. Estas transformaciones terminan alimentando la urbanización, que no es un simple efecto coyuntural, sino una consecuencia espacial convergente entre los procesos demográficos y sociológicos.

La transformación de la estructura social en la actualidad presenta desafíos impostergables para las ciencias sociales en su proceso de institucionalización y consolidación como campo científico con estatuto reconocido. El primer desafío comporta la deconstrucción de la estructura de poder que rige las relaciones de clase, informando sobre estrategias de contestación y mecanismos de superación de la dominación social en la sociedad paraguaya. El segundo implica la interpelación del Estado y de las políticas públicas impulsando mecanismos redistributivos contra la concentración, de modo que los sectores sociales históricamente desfavorecidos se vean honrados en la deuda histórica de la sociedad en su respecto, para concretizar la igualdad social y la democratización.

Bibliografía

Bourdieu, P. (1979). La distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Seuil.

Bourdieu, P. (1984). Espacio social y génesis de las clases. Actes de la Recherche en Sciences Sociales.

Caballero, J. (2006). Conceptos y contextos de la estratificación social en Paraguay. Estudios Paraguayos, 237-263.

Collins, R. (1989). La sociedad credencialista. Sociología histórica de la educación y estratificación. Madrid: Akal.

Cortés, F. (2016). Discusiones sobre desigualdad y clases sociales en América Latina en los albores del siglo XXI. En L. Ortiz, Desigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya. Asunción: CEADUC//CLACSO/ICSO.

Cosp, J. (1983). Contribución al estudio de la acumulación de capital en Paraguay 1870-1940. México: Inédito.

Cueva, A. (1994). El desarrollo del capitalismo en América latina. México: Siglo XXI.

Dahrendorf, R. (1962). Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial. Madrid: Rialp.

Fernandes, F. (1983). Problemas de conceptualización de las clases sociales en América latina. En R. Benitez Zenteno, Las clases sociales en América latina (págs. 191-276). México: Siglo XXI.

Fogel, R. (2005). Estructura social y Procesos políticos 1980-1990. En R. Fogel, Estructura social y Procesos políticos (págs. 107-160). Asunción: Servilibro.

Fogel, R. (2016). La estructura social y su reflejo en el campo político paraguayo. En L. Ortiz, Desigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya. Asunción: CEADUC/CLACSO/ICSO.

Galeano, L. (2002). La sociedad dislocada. Asunción: Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos.

Galeano, L. (2016). Transformación del modelo agrícola y cambios en la estructura de clases. En L. Ortiz, Desigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya. Asunción: CEADUC/CLACSO/ICSO.

Giddens, A. (1992). La estructura de clases en las sociedades avanzadas. Madrid: Alianza.

Goetz, K., & Vazquez, F. (2014). La intensificación de la urbanización en el Paraguay profundo: el despertar de las ciudades del interior. Revista de Investigación en Ciencias Sociales, 1(1), 11-35.

Goldthorpe, J., Erikson, R., & Portocarrero, L. (1979). Intergenerational class mobility in three Western European societies: England, France and Sweden. British Journal of Sociology, 415-441.

Gomez, C. (2016). Sobre castas y clases. Complementos de una lectura sobre la estructura social paraguaya. En L. Ortiz, Desigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya. Asunción: CEADUC/CLACSO/ICSO.

Graciarena, J. (1972). Poder y clases sociales en el desarrollo de América latina. Barcelona: Paidos.

Lachi, M. (2016). Sobre la existencia de la “clase trabajadora” en Paraguay. Un análisis empírico. En L. Ortiz, Desigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya. Asunción: CEADUC/ CLACSO/ICSO.

Marx, K. (1959). El Capital. Crítica de la economía política. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Marx, K. (1986). Contribución a la crítica de la economía política. Moscú: Progreso.

Masi, F. (2003). El mercado laboral paraguayo. En F. Masi, & D. Borda, El trabajo precario. Asunción: CADEP.

Ortiz, L. (2015). Prácticas culturales y acceso a la cultura en Paraguay, Politicas Culturais em Revista, 2(8), 131-172.

Ortiz, L. (2008). Cultivar y cambiar. La cultura campesina ante la mercantilización de los espacios rurales en Paraguay. México: FLACSO Ediciones.

Palau, M. (2106). La clase: más que estructura, una relación de explotación. En L. Ortiz, Desigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya. Asunción: CEADUC/CLACSO/ICSO.

Palau, T., & Heikel, M. V. (1987). Los campesinos, el Estado y las empresas en la frontera agrícola. Asunción: Base/PISPAL.

Pastore, C. (1972). La lucha por la tierra en el Paraguay. Montevideo: Antequera.

Pinto, A. (1974). La heterogeneidad estructural: aspecto fundamental del desarrollo latinoamericano. En G. Drekonja, Modelos de desarrollo en América latina (págs. 1-29). Berlin: Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional.

Rivarola, M. (2016). Castas y clases. Una lectura de la estructura social paraguaya. En L. Ortiz, Desigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya. Asunción: CEADUC/CLACSO/ICSO.

Robledo, M. L. (2014). El Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (1964–1972). Un hito en el proceso de institucionalización de la sociología paraguaya. Revista de Investigación en Ciencias Sociales, 67-84.

Rodriguez, J. C. (2016). Clase obrera en el Paraguay. Herencia y legado post-autoritario. En L. Ortiz, Desigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya. Asunción: CEADUC/CLACSO/ ICSO.

Schvarztman, M. (2011). Contribuciones al estudio de la sociedad paraguaya. Asunción: Secretaría Nacional de Cultura.

Serafini, V. (2016). Clase, género y pobreza. Algunas ideas para el debate. En L. Ortiz, Desigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya. Asunción: CEADUC/CLACSO/ICSO.

Setrini, G. (2011). Veinte años de democracia electoral en Paraguay. Del clientelismo monopólico al clientelismo plural. En D. Borda, & F. Masi, Estado y economía en Paraguay 1870-2010. Asunción: CADEP.

Soto, C. (2106). Género y clase, una imbricación ineludible. En L. Ortiz, Desigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya. Asunción: CEADUC/CLACSO/ICSO.

Stavenhagen, R. (1980). Las clases sociales en las sociedades agrarias. México: Siglo XXI.

Vazquez, F. (2016). Nuevos escenarios rurales y agrícolas: lectura crítica sobre la estructura agraria y las clases sociales. En L. Ortiz, Desigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya. Asunción: CEADUC/CLACSO/ICSO.

Weber, M. (1964). Economía y Sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.

Wright, E. O. (1994). Clases. Madrid: Siglo XXI.

Zelinsky, W. (1971). The hypothesis of the mobility transition. Geographical Review, 61(2), 219-249.

1 La división del trabajo comporta la especialización de la actividad ocupacional, la que estará más desarrollada conforme la estructura productiva conlleve mayor sofisticación técnica. Asimismo, la división del trabajo implica una división social respecto del excedente, en la cual los no-productores someten a los productores, es decir, éstos ceden el control de su propia actividad a otros.

2 Su indicador empírico lo constituyen las categorías socio-ocupacionales cuya característica principal es la correspondencia estadística, en cada categoría, entre el ingreso medio y la escolaridad media.

3 La propiedad de la tierra de los campesinos medieros, generalmente en situación legal indefinida, no sirve para la extracción de excedentes orientados a la acumulación capitalista. La propiedad minifundista, en este sentido, es una propiedad negativa, no mercantilizada, y su posesión no resulta frecuentemente en el desarrollo de capacidades de mercado.

4 Inmensas superficies quedaron desprovistas de una delimitación territorial con los demás territorios neocoloniales, en especial con el Brasil.

5 Éste consiste en la extracción del excedente a favor de los propietarios de los medios de distribución (comerciantes) de la diferencia resultante de la sub-cotización en la compra de los productos campesinos y la sobre-cotización en la venta de mercancías para su consumo.

6 Las contradicciones sociales, tales como las pronunciadas desigualdades, casi estamentales, perduraron como resultado de la expropiación de productores directos desde 1883. En este sentido, Carlos Gómez (2016) cuestiona si, con la expansión del capitalismo, el criterio étnico perdió fuerza en los procesos de diferenciación social. Según Gómez el Estado nacionalista reivindicó un discurso que, ante la realidad de un progresivo avance del capitalismo, buscó sustancializar las jerarquías económico-políticas anteriores al Estado liberal. Sin embargo, no debe confundirse el discurso nacionalista de ideología étnica y la diferenciación social con criterio étnico, que fue cobrando centralidad en la sociedad paraguaya ante la predominancia creciente del mercado. En este proceso se enmarca la furibunda crítica de J. Natalicio González al liberalismo paraguayo.

7 A contrario de la tesis de que la explotación capitalista se desarrolla solamente en la relación entre el trabajo asalariado y el capital, la misma presenta también modalidades por fuera de la mercantilización del trabajo. Requiere especial atención el proceso según el cual el mercado capitalista extrae el excedente de la población trabajadora que se halla fuera del sector formal del mercado de trabajo, por medio de los mecanismos indirectos de las transacciones en el mercado (compra-venta de bienes y servicios). En éstas, los sectores desfavorecidos transfieren a través de los impuestos indirectos como el que se impone al valor agregado, parte considerable de su renta a la recaudación fiscal con la cual el Estado subvenciona la producción y comercialización del enclave agroexportador. Así, el sistema impositivo opera como una fuente de extracción de excedente del trabajo de la población trabajadora, dado el carácter regresivo del mismo, es decir la proporcionalidad de la contribución no se halla en función de la magnitud de la renta.

8 Entenderemos por mercantilización del trabajo como el proceso de inclusión formal de la fuerza de trabajo en la estructura económica bajo la forma del empleo basado en un contrato de trabajo, un salario mínimo legal establecido en función del costo de vida del trabajador y prestaciones sociales establecidas conforme a las condiciones legales de la relación laboral. La mercantilización del trabajo, en Paraguay, concierne sólo a una minoría de la población económicamente activa mientras que la mayoría no entra en interdependencia formal con el capital aunque traba relaciones con él en el mercado.

9 Para Masi “el subempleo se ha caracterizado por su carácter no permanente e incierto, por contrataciones y sub-contrataciones flexibles y por jornadas de trabajo prolongadas. Es decir, por trabajos de corta duración, de baja productividad, de remuneraciones reducidas y con pérdida de la protección laboral (…). Todas las características mencionadas se asocian al concepto de empleo precario” (Masi, 2003: 249).

10 Este proceso se verifica, igualmente, en la lógica patriarcal de la sociedad en la que la asignación tradicional de posiciones de clase va atada a posiciones de género, sentando las bases para una imbricación entre uno y otro nivel que refuerza las desigualdades sociales entre mujeres y varones en tanto implican desigualdades emergentes de la explotación de sectores pudientes y carentes de la sociedad (Soto, 2016)

11 En todos los casos en que la propiedad de los medios de producción comporta una distinción dicotómica de la estructura productiva entre propietarios y no-propietarios, la extracción de excedente se da en el contrato de trabajo y, en todos los casos en que la extracción de excedente no opera de este modo, la misma se asegura a través de los impuestos –en especial los indirectos– a través de los cuales el Estado transfiere los costos de acumulación de capital de los sectores con altos ingresos a los sectores de bajos ingresos, dada la disparidad impositiva según la cual éstos contribuyen proporcionalmente en mayor magnitud que los primeros.

12 Marcello Lachi plantea que la conciencia de clase define en su conjunto a la clase social en tanto empuja a la acción organizada para la defensa de intereses comunes. De este modo, este autor cuestiona la existencia de una clase trabajadora en Paraguay en la magnitud en que la reivindicación de intereses sucede de modo difuso y el carácter desarticulado de las acciones de clase, específicamente de los sindicatos, muestra el carácter desvanecido de la conciencia de clase” (Lachi, 2016).

13 Agradezco a Kevin Goetz por su apoyo en el análisis de los aspectos socio-espaciales de este acápite.

14 El mecanismo típico es la conformación de grupos de status, referido por Weber.

Sobre los autores

Fernando Cortés

Economista. Doctor en Ciencias Sociales. Profesor Emérito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México.

Ramón Fogel

Sociólogo. Máster en Ciencias Políticas. Doctor en Sociología. Profesor de la Universidad Nacional de Asunción y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Paraguay). Investigador del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI), Paraguay.

Luis Galeano

Sociólogo. Máster en Ciencias Políticas. Doctor en Derecho. Profesor de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Paraguay). Investigador del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES).

Carlos Gómez

Politólogo. Máster en Ciencias Políticas. Candidato a Doctor en Historia. Profesor de la Universidad Nacional de Asunción y de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.

Marcello Lachi

Politólogo. Doctor en Ciencias Políticas. Profesor de la Universidad Nacional de Asunción. Investigador del Centro de Estudios y Educación Popular “Germinal”.

Luis Ortiz

Sociólogo. Máster en Ciencias Sociales. Doctor en Sociología. Profesor de la Universidad Nacional de Asunción, de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Paraguay (FLACSO-Paraguay). Investigador del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO).

Marielle Palau

Socióloga. Máster en Sociología. Profesora de la Universidad Nacional de Asunción y de la de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Investigadora de Base Investigaciones Sociales.

Milda Rivarola

Historiadora y socióloga. Máster en Historia. Investigadora independiente.

José C. Rodríguez

Psicólogo social. Doctor en Sociolingüística. Profesor de la Universidad Nacional de Asunción. Investigador del Instituto Investigación para el Desarrollo.

Verónica Serafini

Economista. Máster en Ciencias Sociales. Doctora en Economía. Profesora de la Universidad Nacional de Asunción y de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Investigadora del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).

Clyde Soto

Psicóloga. Especialista en Género y Políticas Públicas. Investigadora del Centro de Documentación y Estudios (CDE). Feminista y activista de derechos humanos.

Fabricio Vázquez

Geógrafo. Doctor en Geografía. Profesor de la Universidad Nacional de Asunción. Investigador de Investor.